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Después de años de una estrategia de goteo a través de cambios legislativos y políticas de gobierno que han contribuido activamente al deterioro progresivo de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), parece que nos enfrentamos a la última ola del plan para la entrada a gran escala del aseguramiento sanitario privado. Una vez minadas las conciencias, los medios de comunicación nos bombardean presentando la única salida lógica: planes de pensiones y aseguramiento sanitario privado en busca de un sistema complementario, el denominado sistema dual, que ayude a sostener el cada vez más esquilmado Sistema Nacional de Salud por el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la prevalencia de enfermedades crónicas, que conducen al incremento incontrolado del gasto sanitario público. 

¿Quién está privatizando la sanidad?

Para ser rigurosos el proceso de privatización de la sanidad pública no es un proceso reciente, aunque se haya agudizado en los últimos años. De hecho, una parte importante de la población, si no en número sí de forma cualitativa, con alto poder de influencia, ha tenido asistencia a través del sistema de mutualidades (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) donde se compartía el uso de seguro público con aseguradoras privadas desde el principio, hace ya más de 30 años. Esto es, el Sistema Nacional de Salud, tras la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, partía de base con dos millones de personas (funcionarios de la Administración General del Estado, de Justicia y de las Fuerzas Armadas) que estaban fuera del sistema. Por aquel entonces, y la cuestión no ha cambiado, el Estado no iba a enfrentarse con cuerpos de funcionarios de élite (jueces, abogados del Estado, etc.) y obligarles a pasar por el médico de familia de su centro de salud antes de acudir al especialista, ni a que pudieran elegir al especialista de aseguramiento privado para evitar convenientemente demoras para consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas, con la posibilidad de acogerse cuando ellos decidieran al sistema general.

Desde entonces han sido varias las modificaciones legislativas las que han ido ahondando en la posibilidad de provisión con recursos ajenos a la Administración (privados), que se precipitaron con la Ley 15/1997 de nuevas formas de gestión, o el más reciente Real Decreto 16/2012, que además rompía con el principio de universalidad. Medidas que bajo el amparo de la sostenibilidad y de frenar el incremento de gasto sanitario han ido degradando cada vez más el sistema público, mientras se insinuaba, de forma más o menos velada, la complementariedad, bien dentro del SNS a través de conciertos, bien fuera a través del doble aseguramiento. 

Es este doble aseguramiento –cuyo crecimiento se ha intensificado a medida que se han ido retirando recursos del sistema público– el que está contribuyendo, a través de decisiones individuales y silenciosas y sin que seamos plenamente conscientes, al apuntalamiento en fase de capitulación del Sistema Nacional de Salud, en una estrategia similar a la seguida con el sistema público de pensiones.

El doble aseguramiento da la posibilidad al usuario de poder saltar del seguro público al privado, o viceversa, según necesite con mayor rapidez una prueba diagnóstica, o dependiendo de la complejidad de un tratamiento

¿Cómo está funcionando este doble aseguramiento? En dar la posibilidad al usuario de poder saltar del seguro público al privado, o viceversa, según necesite con mayor rapidez una prueba diagnóstica, o dependiendo de la complejidad de un tratamiento quirúrgico al que deba someterse. El argumento que rodea esta complementariedad es que, a través del aseguramiento privado, se reduce la presión al sistema público y ahorra tiempo y pruebas que redundarían en una mayor congestión de las infraestructuras públicas. Lo que no se dice es que si hay cada vez menos población que acude exclusivamente al sistema público no van a permanecer los mismos recursos, sino que la situación va a servir para normalizar la disminución de la financiación actual y restringir cada vez más la cartera de servicios, pues las expectativas del sistema sanitario público también se reducen y, a la larga, las peticiones para reducir la presión fiscal o bonificar fiscalmente las pólizas privadas será el siguiente paso lógico.

La justificación moral del doble aseguramiento

Desde el punto de vista individual, el ciudadano, además de emplear su dinero en lo que quiera, no está quitando ninguna oportunidad a nadie, incluso da trabajo a otros, y evita gastos al sistema público, a cuyo sostenimiento contribuye con sus impuestos, que paga todos los meses como asalariado. Sería injusto que el sistema público lo penalizara por acudir a su seguro privado en vez de contribuir a la saturación del sistema público, que todos sabemos cómo está.

Desde el punto de vista colectivo, la interpretación inmediata, sin más reflexión, es parecida a la anterior: menos mal que hay un grupo de gente que no hace uso de la sanidad pública, si no sería peor aún. Y desde la Administración se sonríen pues saben que son precisamente esos grupos poblacionales con mayor poder de influencia y de acceso a ciertos niveles de la Administración quienes rebajarán la demanda sobre los servicios y calidad del sistema público de salud, lo que les permitirá retirar cada vez más financiación pública. El sector privado se frota las manos ante las oportunidades de negocio y las puertas giratorias empiezan ya a chirriar también en los servicios sanitarios.

Conclusiones

Este mirar para otro lado individual, colectivo e institucional se está cargando poco a poco el sistema nacional de salud. Se está fomentando que el que pueda se salve contratando un seguro privado. Todavía los mensajes no son tan claros como ocurre con las pensiones; no deben ser demasiado explícitos para no asustar a la gente que no puede contratarlo (por ejemplo, los pensionistas). Los mensajes son para los futuros pensionistas. Hay un notable nicho de negocio, más evidente que nunca, en la asistencia sanitaria. Las aseguradoras y sus financiadores están convencidos de que ese espacio irá creciendo. Con cuotas asequibles ahora, ¿lo serán tanto cuando se extienda? ¿Hemos mirado hacia las primas que pagan países como EE.UU que tienen implantado este sistema?

Y, si no se corrige, la tendencia de buscar soluciones individuales,  que es la idea dominante hoy para las pensiones, tendremos un sistema sanitario público mixto en el que los pacientes se moverán en dos ámbitos funcionales entreverados: el normativo que atenderá las urgencias, y lo no urgente con servicios masificados y demoras excesivas, sin exclusión formal de ningún procedimiento, y el de calidad, al que se accederá combinando el seguro público y el privado, pasando de uno a otro.

Si rebajamos la presión y las expectativas en el sistema sanitario público, normalizando que no existe un sistema de gestión alternativo y más eficiente que el salvapatrias de sistema dual –con aseguramiento privado para el que se lo pueda permitir, y de beneficiencia para los pobres–, la privatización silenciosa supondrá la capitulación final de lo que hasta ahora habíamos conocido como el Sistema Nacional de Salud. 

La pregunta al aire sería la siguiente: ¿estamos a tiempo de cambiar?

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Gustavo Laguardia. Médico (@GustavoLaguard2)

Juan Antonio Gil de los Santos. Economista, máster en gestión sanitaria. Portavoz de salud en el grupo parlamentario Podemos Andalucía (@juangilpodemos)