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Uno ya no sabe si es miopía, torpeza o mala baba. Lo que parece inapelable es que existe una predilección congénita por la mordaza y la picota, por calzar un capirote al disidente y arrastrarlo al pilón de la plaza del pueblo para que cundan el ejemplo y el miedo. Así son los mecanismos ancestrales de esta democracia de baratillo a la que nos hemos ido acostumbrando entre el estupor, la indignación y la impotencia por no ser capaces de conquistar las calles y restablecer el sentido común, si es que tal virtud existió en algún momento.

Este martes pasado, el mismo día en que se cumplían quince años del cierre ilícito del periódico Egunkaria a manos de la Guardia Civil, el Tribunal Supremo propinaba tres años y medio de prisión al rapero mallorquín Valtònyc. Incapaces de detectar un solo rastro de dinamita en sus canciones, la hinchada ultra ha llevado el debate al terreno del escándalo y el mal gusto, como si fueran cometido de la justicia las consideraciones morales y las valoraciones estéticas. Valtònyc enaltece el terrorismo aunque no exista terrorismo que enaltecer. Valtònyc injuria a la Corona porque el Código Penal concede a la familia real un rango divino de especie protegida. Qué más da que en 2011 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenara a España a indemnizar a Arnaldo Otegi por haberle imputado de forma "desproporcionada e injustificable" este mismo delito. Y es que Otegi había señalado al rey Juan Carlos como "responsable de los torturadores" que interrogaron durante cinco días de incomunicación al director de Egunkaria, Martxelo Otamendi, durante la clausura y desguace del periódico. Para cerrar este círculo de arbitrariedades y bochorno internacional, Estrasburgo volvió a condenar a España en 2012 por no investigar aquellas torturas.

El mismo martes en que se confirmaba la sentencia contra Valtònyc, una jueza concedía al ex alcalde de O Grove, Alfredo Bea Gondar, el secuestro cautelar del libro Fariña, de Nacho Carretero. Fariña es un fresco despiadado del narcotráfico gallego y a Bea Gondar, que defendió las siglas de Alianza Popular en Pontevedra durante los años de pujanza de Sito Miñanco y Laureano Oubiña, no le ha gustado figurar entre sus páginas. Lo cierto es que en 1991, cuando quedaban apenas tres días para el pleno de su última investidura, Bea Gondar fue arrestado por narcotráfico. La Audiencia Nacional le condenó a cuatro años de cárcel y 600.000 euros de multa, pero el Tribunal Supremo terminó anulando aquella sentencia por un defecto de forma. Sí fue condenado, en cambio, a cuatro años de prisión por un delito de blanqueo de capitales con agravante de pertenencia a organización criminal. Nacho Carretero se limita a reproducir unos hechos probados en el sumario que instruyó Baltasar Garzón, pero Bea Gondar apela a su derecho al honor después de una carrera política muy poco honorable.

A la mañana siguiente de conocerse la orden de secuestro de Fariña, el presidente de Ifema mandaba retirar una obra de Santiago Sierra de la feria de Arte ARCO de Madrid. Sierra había cometido la osadía de colgar veinticuatro retratos pixelados bajo el título de Presos Políticos en la España Contemporánea. Entre el galimatías de píxeles era posible discernir los rostros de Andrés Bódalo y Alfon junto a la anarquista Noelia Cotelo, el vicepresident Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, los titiriteros de Alka-ETA y los jóvenes de Altsasu. El mural resultaba tan apabullante que la institución ferial prefirió descolgar las piezas y exhibir una pared desnuda. Nunca una superficie en blanco había resultado tan elocuente. Al fin y al cabo, han tenido que transcurrir 37 ediciones de feria desde 1982 para que alguien se atreva a silenciar un proyecto artístico.

Si la sentencia contra Valtònyc ha servido para difundir sus letras proscritas y multiplicar las contrataciones en festivales, la cacería contra Fariña ha resucitado las ventas de la pequeña editorial Libros del K.O. igual que se ha prodigado en las redes el panel carcelario de Santiago Sierra. Este efecto Streisand es el resultado paradójico de la censura en la era de la viralidad, y sin embargo, corremos el peligro de la complacencia en las victorias menores. La realidad más descarnada es que un escritor de canciones va a ser devorado durante tres años y medio por el superpoblado enjambre de los centros penitenciarios españoles. Que este régimen cuartelario de charanga y peineta en que se ha convertido España persigue delitos políticos con una saña directamente proporcional a la clemencia que dispensa a los corruptos. Que este estado de excepción encubierto en que vivimos nos impulsa cada vez más arriba en el ránking de la infamia inquisitorial, lejos de cualquier democracia avanzada y mordiéndole los talones a Turquía.

Valtònyc, Nacho Carretero y Santiago Sierra no son iguales pero son lo mismo. Porque en este hat-trick de censura y cerrojo hay castigos de distinta severidad pero persiste el hilo común de la persecución contra toda forma de discrepancia política. Por supuesto que el artículo 20 de la Constitución reconoce y protege el derecho a expresarse libremente. El problema es que de esa Constitución ya solo queda el artículo 155 para secuestrar gobiernos enemigos y el 135 para entregar el sistema público a los bancos alemanes. Para humillar al débil y humillarse ante el poderoso sí que son patriotas.