A comienzos de 2017 Mariano Rajoy afirmó en una carta abierta en El País que España es “un país orgulloso de su capacidad de acoger y de integrar”. Lo hacía amparándose en datos publicados por Eurostat: el 23% de las concesiones de nacionalidad en el ámbito europeo son españolas. Sin embargo, algo más de un año después, nuevos datos de este mismo servicio estadístico europeo demuestran que la realidad es más compleja y que España se encuentra lejos de cumplir los estándares regionales en integración: durante 2017, nuestro país solo otorgó el 0,9% –4.700 personas– de las solicitudes de asilo aprobadas en la UE. 

Durante el año pasado, los veintiocho estados de la Unión Europea aprobaron cerca de 538.000 solicitudes de protección internacional. La cifra, un 25% inferior a la de 2016, incluye entre los solicitantes de asilo tanto a refugiados, como a personas bajo protección subsidiaria o a las acogidas por razones humanitarias.

Según los datos publicados por Eurostat, durante 2017 se hicieron 973.000 peticiones iniciales de asilo a Europa, de las que se aprobaron solo la mitad (442.880). Se presentaron también 266.700 apelaciones, de las que apenas el 36% (95.000) fueron concedidas en última instancia. Finalmente, entre solicitudes de primera instancia y apelaciones, fueron 538.120 las solicitudes finales con luz verde.

En el reparto por países, un Estado comunitario destaca por encima del resto en peticiones de protección aprobadas: Alemania. El país centroeuropeo otorgó más del 60% (325.370) del total de solicitudes de asilo en la Unión Europea en 2017. Los siguientes países en la lista, a mucha distancia, son Francia (40.600), Italia (35.100), Austria (34.000) y Suecia (31.200). Por el lado contrario, los que menos solicitudes de asilo aprobaron fueron Eslovaquia (60), Estonia (95) y República Checa (145).

España tiene un porcentaje mucho más bajo si se tiene en cuenta su demografía:100 solicitudes de protección aprobadas por cada millón de habitantes

Los datos de Eurostat también muestran cuál es la proporción de solicitudes aprobadas respecto del total de población de los países de la UE. Una vez más, Alemania arroja la mejor ratio, con casi 4.000 solicitudes autorizadas por cada millón de habitantes. Le siguen Austria, con un porcentaje similar, y Suecia, que también sobrepasa las 3.000 solicitudes por cada millón de habitantes. España, por su parte, tiene un porcentaje mucho más bajo si se tiene en cuenta su demografía: 100 solicitudes de protección aprobadas por cada millón de habitantes, lejos de las 605 de Francia o las 580 de Italia.

Los datos de los servicios europeos establecen tres categorías para distinguir el estatus de las personas que han logrado acceder al asilo internacional en el continente: refugio, protección subsidiaria o por razones humanitarias. Según los datos de Eurostat, bajo la primera formula se aprobaron más de 271.000 solicitudes en 2017. A través de la protección subsidiaria, los países de la UE dieron luz verde a cerca de 189.000, mientras que las razones humanitarias –la única categoría que se establece individualmente a través de legislaciones nacionales– otorgaron protección para 77.530 personas.

En cuanto a los países de origen, Siria, Afganistán e Iraq fueron los principales países emisores de solicitudes aprobadas finalmente por la UE en 2017. Desde comienzos del milenio, los tres Estados han vivido el intervencionismo occidental en distintas escalas: invasión, guerra o, más recientemente, bombardeos, como los protagonizados por EE.UU. y la llamada coalición internacional –Francia y U.K– en Siria contra el régimen de Bashar al Asad. 175.000 personas de este país, que ya afronta su séptimo año de conflicto, lograron el estatus de protección en Europa el año pasado, un 33% de total de los asilos concedidos. La UE otorgó también protección internacional a más de 100.000 personas provenientes de Afganistán, así como a cerca de 64.000 de Iraq.

El pasado mes de marzo se cumplieron dos años desde que el Consejo Europeo aprobó una serie de documentos con los que pretendía solucionar la ‘crisis’ migratoria que enfrentaba el continente en ese momento. El acuerdo consistía en deportaciones masivas de migrantes y refugiados  a Turquía con la promesa de que, posteriormente, serían reasentados en Europa. Unos meses antes, en septiembre de 2015, la UE aprobó la reubicación de 160.000 refugiados mediante un sistema de cuotas. Dos años después, en septiembre de 2017, apenas habían sido reubicadas el 18% de estas personas, con la inmensa mayoría de los Estados miembro incumpliendo sus compromisos.

Pese al medio millón de personas que han logrado alcanzar un estatus de protección internacional en Europa, la UE sigue generando serias dudas sobre su compromiso con el cumplimiento de los Derechos Humanos y la legislación internacional: desde 1993, más de 33.000 personas han muerto tratando de llegar a la fortaleza europea, según datos de UNITED for Intercultural Action. Por otra parte, la presión judicial y policial contra las organizaciones humanitarias que trabajan en las fronteras es habitual, y los acuerdos con terceros países para externalizar el control de los flujos migratorios están provocando graves crisis humanitarias en los países de tránsito.

-------------------------

Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.