En mayo de 2017, Human Right Watch visitó España y denunció la situación que viven las personas migrantes y refugiadas que llegan por mar. 7 meses más tarde, la ONG destaca y amplía esta investigación en su reciente Informe Mundial 2018. El texto señala las “deficientes condiciones en instalaciones policiales y las dificultades para solicitar asilo” que sufren estas personas en nuestro país. La organización internacional también subraya el aumento de inmigrantes que llegaron a las costas españolas durante el año pasado: según sus datos, más de 16.000 personas lo hicieron en los primeros diez meses de 2017, y más de 5.000 cruzaron la frontera en Ceuta y Melilla, muchas de ellas saltando las vallas. Por su parte, ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), que ha contabilizado el año completo, cifra en 22.103 las personas que entraron en España a través del mar.

El informe de HRW destaca además el gran aumento del número de personas que mueren o desaparecen durante o tras estos viajes: de 77 fallecidos en 2016 a 193 en 2017; 116 personas más, un aumento del 150%. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) llega a contabilizar en 223 las personas fallecidas.

Esta publicación de HRW llega poco tiempo después de otro informe, en este caso de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), que alerta del empeoramiento de esta situación. España es la tercera frontera, tras Italia y Grecia, en número de llegadas por mar de personas inmigrantes. El Informe de CEAR resalta el aumento de la peligrosidad en las rutas de acceso al continente, las deficiencias en la coordinación de respuesta, la falta de protección o el papel de Marruecos como país de destino forzado. Además, la organización española propone soluciones para paliar este escenario, como un Plan de Acción Estatal que permita dar respuesta unificada, proporcionar protocolos que solucionen la coordinación y garantías ante el aumento de las llegadas.

Estos informes, junto al reciente caso de la investigación en Marruecos de la activista Helena Maleno y la muerte en la cárcel de Archidona, han vuelto a poner el foco en la creciente emergencia humanitaria en las costas españolas. Este problema es, en teoría, uno de los grandes retos de la Unión Europea para este 2018. En estos términos se expresaron los líderes europeos durante la IV cumbre de países del sur de Europa que se celebró el pasado día 10 de enero en Roma, a la cual asistieron los presidentes de los gobiernos de Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal. El tema central de la reunión era la inmigración, que afecta a todos estos países del Mediterráneo. La reunión acabó con un documento de compromiso conjunto, con la apuesta por un "nuevo y común sistema de asilo europeo".

Desde Roma, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió ayuda a la Unión Europea para el control de la situación y sostuvo que no se puede dejar solos a los Estados ante este problema. Mientras tanto, a finales del año pasado España apenas había reubicado a 2.000 de los más de 17.000 refugiados con los que se comprometió formalmente hace dos años, y ya hay 290 personas que han llegado a España por mar en estas condiciones en lo que llevamos de 2018.

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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.