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Muchos economistas ven en la economía un problema de decisiones: un juego en el que hay que encontrar la mejor estrategia. Un juego impersonal, extremadamente calculador y matematizado, donde un objetivo concreto prevalece a pesar de todo –o mejor dicho– a pesar de todos y todas. Sea esta visión tomada como un hecho incuestionable en el sistema económico o no, la realidad sí que nos plantea tomar decisiones. Pero a qué razonamiento atienden las decisiones tomadas es otro asunto. No podemos olvidar que el sistema económico no es un ente decisor en sí mismo, con límites de naturaleza propia, sino que está formado por las medidas que toman quienes lo manejan. Es decir, que si se rescatan autopistas pero no se revalorizan las pensiones, no es porque no se pueda, sino porque no se quiere poder. 

El argumentario que ilustra sobre la imposibilidad de revalorizar las pensiones es extenso. Pero, dejando a un lado las decisiones estratégicas y matemáticas, y buscando las que reflejan la realidad encontramos una frecuentemente utilizada. Un problema empírico, observable: la crisis demográfica. 

La crisis demográfica: a menos nacimientos, más inmigración

Los datos sobre el movimiento natural de la población, publicados por el INE en junio de 2017, revelan que, otro año más, España presenta un decrecimiento, formalmente conocido como crecimiento vegetativo negativo, es decir, que la diferencia entre el número de nacimientos y el número de muertes tiene un valor negativo. Esto supone que, si mueren más personas de las que nacen, la población no renueva. En esta situación, el sistema de pensiones financiado por los trabajadores se vería debilitado. En este caso, el peso la recaudación caería sobre los pocos trabajadores futuros (los reducidos bebés que ahora nacen), que tendrían que hacerse cargo de pagar las pensiones de los adultos que en el futuro habrían envejecido y que les superarían en número. 

Los motivos por los que los nacimientos se han visto reducidos son diversos, pero entre ellos está la crisis económica, que aceleró la caída de la natalidad. Además, la edad media con la que se tienen hijos ha aumentado, y ahora se sitúa en lo 32 años de media. Otra de las razones deriva del fenómeno conocido como transición demográfica, que explica cómo el crecimiento natural de la población se ajusta a las condiciones de vida de un país en concreto.

La teoría de la transición demográfica, formulada por Warren Thompson en 1929, constaba de cuatro fases, la última de las cuales se alcanza cuando las tasas de natalidad y mortalidad caen a mínimos y se igualan gracias, entre otros factores, a la estabilidad económica y al desarrollo de la medicina. El paso del tiempo ha hecho necesaria la adición de una quinta fase, denominada de crecimiento cero. En ella los índices de mortalidad son superiores a los de natalidad y se produce un decrecimiento poblacional o envejecimiento de la población, que puede verse compensado por la inmigración. Debemos asumir que España se encuentra lo suficientemente avanzada como para pertenecer a esta quinta fase, pero ¿está lo suficientemente avanzada como para incluir definitivamente a los migrantes en sus planes de futuro y reconocer su importancia socio-económica? ¿Quieren los responsables del sistema económico (y político) poner solución a la excusa que frena la subida de las pensiones?

El racismo en España y por qué no temer a las mejoras

La causas que explican la quinta fase de la transición demográfica atienden a motivos estructurales. Esta etapa se relaciona directamente con el modelo económico –el capitalismo– que aleja de las prioridades el cuidado de la vida. Es decir, a causa del ritmo de vida que tiene Occidente –pues esta situación se extiende a la Europa más desarrollada económicamente, no solo España– se tienen menos hijos. Intentar cambiar este hecho es una tarea no sólo difícil, sino contraproducente, ya que la expansión demográfica generalizada a nivel mundial tendría muy malas consecuencias para el planeta y no pondría solución a las migraciones. 

Intentar potenciar la inmigración frente a la opción de incentivar la natalidad no es un problema complejo sin más, es un problema que choca con unas convicciones muy asentadas en nuestro país. Y es que España es racista, o dicho de otra manera, es indiferente hacia el racismo. A día de hoy España es uno de los únicos dos países que forman parte del Consejo de Europa que no disponen de un organismo independiente  contra el racismo, junto con el microestado de San Marino. Esta desprotección tiene un resultado, y es que no se realicen tareas de integración y contra la discriminación. Observando que durante 2016 las denuncias por racismo en España se incrementaron un 25%  respecto al año anterior o la impunidad de grupos como Hogar Social, podemos afirmar que el racismo no solamente no se ha erradicado en la península, sino que no parece tener ninguna pérdida de poder. 

Pero la realidad sobre la situación de los migrantes que se incluyen en las sociedades occidentales es otra. Lejos de provocar algún mal con su integración, un estudio realizado en colaboración entre cuatro universidades estadounidenses demuestra que existe una disminución del número de crímenes asociada al crecimiento de la inmigración en las áreas metropolitanas estudiadas. El artículo, que se basa en un análisis sobre datos recabados a lo largo de cuarenta años (1970-2010) describe cómo el aumento de la población migrante, así como su descendencia, está sólidamente conectado con la disminución del crimen. Contrariamente a lo que asumiría la economía neoclásica o la criminología clásica, un incremento de población de diferentes orígenes no solo disminuye los índices de violencia y criminalidad, sino que además ayuda al desarrollo económico de las zonas, ya que se abren nuevos negocios y compran casas que anteriormente estaban deshabitadas. “La integración de los inmigrantes trae una vitalidad social y económica a las áreas metropolitanas que las beneficia”, afirma Robert Adelman, el principal autor del estudio. 

Los migrantes en su proceso de adaptación a las nuevas comunidades desarrollan lo que es conocido como “identidad bicultural”. Esta característica supone que son capaces de hacer propia la cultura del país en el que se instalan, además de expresar en mayor o menor medida la propia o la nueva, según la situación les requiera. Hasta llegar a ese punto de identidad bicultural, las personas migrantes atraviesan un proceso de aculturación. Esta transformación fue también estudiada en un grupo de jóvenes latinos, de nuevo en Estados Unidos, obteniendo como resultado un nivel de identidad bicultural satisfactorio, pero que variaba dependiendo de las circunstancias de cada familia. 

En general, podemos asumir que el incremento de la inmigración es beneficioso en muchos aspectos y que tendría una influencia directa sobre el problema demográfico español. Además podemos observar que representa una solución viable y ventajosa frente al problema de las pensiones que, ¿por qué no habríamos de aprovechar? 

Las soluciones son tan sencillas y tan discutidas que se nos plantea una duda, ¿se está descuidando el bienestar de las personas por los motivos económicos alegados o por desinterés? Es inevitable pensar que quizás ninguna de las dos, y que el motivo real sea un interés claro de beneficiar mediante la inseguridad a las opciones privadas, para que cumplan con la cobertura social que el Estado debería brindar de forma adecuada. Por muchos motivos que encuentren para no solucionar los problemas que afectan a la sociedad y que la hacen vulnerable, el principal y único, es que no quieren solucionar nada.