Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

   Artículo 50. Constitución española

Desde hace al menos veinte años, la viabilidad del sistema público de pensiones es cuestionada por nuestros gobernantes y cada cierto tiempo entra en la agenda política, siendo debatida con profusión de datos en los principales medios de comunicación. Según los políticos que apoyan un sistema económico neoliberal cada vez más extendido en Occidente, que defienden la idea de un Estado más pequeño en el cual la empresa privada tendrá un peso cada vez mayor y un poder más omnímodo, entre los principales problemas para el mantenimiento de las pensiones está un hecho incuestionable: que la tasa de natalidad de las naciones avanzadas permanece estancada desde finales del siglo XX, lo cual hace que menos personas laboralmente activas trabajen para más personas que ya no trabajan y que cada vez van a vivir más tiempo como dependientes del Estado de Bienestar. La premisa de la pirámide invertida es cierta, pero no es una verdad absoluta porque los partidarios del sistema neoliberal mienten cuando nos dicen que el único modo de financiar las pensiones públicas es mediante las cotizaciones de los trabajadores en activo. Esto es una falacia, porque los Estados disponen de otros ingresos diferentes de las aportaciones directas de los trabajadores. En nuestro país, las pensiones se financian, básicamente, mediante esas aportaciones, pero en otros países se sufragan también a través de los impuestos o de otros ingresos.

Fraude fiscal y economía sumergida:

En el caso de España, Gestha, la organización que agrupa a técnicos de Hacienda, declara que el 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas. Gestha calcula que la suma del dinero que pierde el Estado anualmente asciende a 88.000 millones, 59.000 millones en impuestos y 29.000 en cotizaciones a la Seguridad Social. Jesús Barcelona, coordinador en Asturias del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, señala que el Estado no reconoce estas cifras pese a que están avaladas por estudios de varias universidades y por la propia Comisión Europea. Las cifras de Gestha son claras: el fraude fiscal en España se sitúa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%. Si España consiguiese reducir el fraude a niveles europeos podría ingresar 38.000 millones de euros adicionales al año, lo que supondría cuatro veces más que la cantidad recaudada si se aumentase el impuesto del IVA en dos puntos. La diferencia entre los 88.000 millones de fraude fiscal estimado y los 38.000 millones que el Estado podría recuperar se establece porque ningún país del mundo es capaz de detectar la totalidad del fraude que se produce en su territorio. 

La organización que agrupa a técnicos e inspectores de Hacienda declara que el 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas

La importancia de estas cantidades está determinada por el presupuesto anual que el Estado español dedica al pago de pensiones, una cifra que ascendió a 139.647 millones de euros en 2017. Los últimos datos completos del déficit público de los que disponemos son los de 2016, año en que el déficit alcanzó el 4,51%, es decir, 50.401 millones de euros. El año 2017 se cerró con una cifra estimada del 3,1%. Informes de la Unión Europea cifran en algo más de 12.000 millones de euros los recortes llevados a cabo en gasto sanitario en nuestro país entre 2009 y 2016. En cuanto al gasto público dedicado a Educación de las diferentes administraciones en España, la cifra alcanzaba en 2015 (último ejercicio del cual se tienen datos completos) los 43.979 millones de euros. De los 28 países que conforman la Unión Europea, España ocupa el puesto 23º en cuanto al porcentaje de dinero público destinado a la Educación, con un 4,1% del PIB, muy lejos del 7% de Dinamarca; el 6,5% de Suecia; el 6,4% de Bélgica; o el 6,2% de Finlandia. También estamos lejos de la media europea de gasto en Educación por habitante, que se sitúa en 1.405,38 euros; en este sentido, nuestro país ocupa el puesto 17º de la Unión, con 957,68 euros per cápita. Los recortes en Educación entre 2009 y 2013 fueron de 9.000 millones de euros. Los efectos de estos recortes han sido devastadores: un informe de Comisiones Obreras estima que entre 2012 y 2017 la enseñanza pública perdió 22.531 profesores. Se produjo un incremento de 20.791 personas en el personal interino, así como un envejecimiento de las plantillas, un incremento del número de alumnos por clase y una pérdida para los alumnos de horas de biblioteca, de tutorías y de atención a los alumnos con necesidades especiales. También se han producido recortes en las becas destinadas a la compra de libros de texto y en las ayudas de comedor. Comparemos todas estas cifras de recortes con las cantidades que España puede recaudar anualmente si mejora sus procedimientos a la hora de perseguir el fraude fiscal y la economía sumergida.

El fraude fiscal en España se sitúa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%

Entre las principales dificultades a la hora de afrontar el problema del fraude fiscal está la insuficiente dotación de medios humanos, puesto que en los países de nuestro entorno se destinan entre cuatro y cinco veces más recursos económicos y más personal para detectar el fraude. La organización del trabajo dentro de la Agencia Tributaria también es determinante ya que, aunque el 72% del fraude lo cometen las grandes empresas o las mayores fortunas, cuatro de cada cinco trabajadores de Hacienda de nuestro país que trabajan en la lucha contra el fraude se dedican a investigar a ciudadanos con recursos menores y a empresas pequeñas. El porcentaje entre los técnicos de la Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude respecto a la población está en 1 empleado por cada 1.928 ciudadanos, mientras que la media de la OCDE se sitúa en 1 empleado por cada 900 ciudadanos (1 por cada 860 en Francia; 1 por cada 729 en Alemania; y 1 por cada 551 en Luxemburgo). La falta de inversión también explica la poca eficacia de la Hacienda pública en la lucha contra los defraudadores: tan solo el 30% del personal de la Agencia Tributaria se dedica a la inspección, en contraste con el 42% de la media de la Unión Europea. De resultas de estos datos, los inspectores sólo consiguen detectar el 10% del dinero defraudado. Buena parte del fraude prescribe porque los expedientes iniciados no finalizan a tiempo. Las cantidades que el Estado podría obtener con una inversión más eficiente en la lucha contra el fraude son estimadas, pero se consideran bastante realistas porque los países de nuestro entorno tienen niveles de impuestos similares, lo que significa que, si bien no habría un incremento espectacular de las cantidades conseguidas a corto plazo, sí serían importantes a medio y largo plazo.

La economía sumergida en su conjunto se define como una variable no observada: esto significa que sólo puede evaluarse mediante variables medibles que no son directas. Según un estudio de la universidad alemana de Tubinga, la economía ilegal en España equivale al 17,2% del PIB, lo que nos sitúa en el tercer puesto a nivel europeo, sólo por detrás de Italia y Grecia, segundo y primero con un 19,8% y un 21,5% respectivamente. Naturalmente, el ciudadano medio tiene una responsabilidad decisiva en el fraude fiscal porque este no se circunscribe tan solo al fraude que llevan a cabo las grandes empresas, sino al rechazo de facturas por trabajos menores con el fin de evitar el pago del IVA, la evasión fiscal a escala menor, la contratación no declarada de trabajadores en negocios pequeños, el fraude en el número de horas declaradas de los trabajadores por parte de los empresarios en PYMES o la producción clandestina de bienes de todo tipo. 

De los 28 países que conforman la Unión Europea, España ocupa el puesto 23º en cuanto al porcentaje de dinero público destinado a la Educación, con un 4,1% del PIB, muy lejos del 7% de Dinamarca; el 6,5% de Suecia; el 6,4% de Bélgica; o el 6,2% de Finlandia

El estudio de la universidad de Tubinga contrasta con el informe elaborado por el profesor Jordi Sardà, de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), en 2014. Este estudio fue presentado por técnicos de Hacienda pertenecientes a Gestha y en el mismo se aseguraba que en 2012 la economía sumergida había alcanzado los 253.000 millones de euros, cifra equivalente al 22,6% del Producto Interior Bruto español de entonces. El informe analizaba variables como el sector de la construcción, el desempleo, el consumo eléctrico o la tasa de actividad para evaluar de forma fiel el porcentaje de economía sumergida. El estudio señalaba que el desplome de la construcción-un sector clave de la economía ilegal en nuestro país- no produjo un afloramiento de su actividad oculta ante Hacienda. También se destacaba que, en las regiones con mayor nivel de desempleo, que a la vez fueron las más afectadas por el impacto de la caída del sector de la construcción se registraba una mayor actividad de fraude fiscal: así, el nivel de economía sumergida llegaba al 31,1% en Extremadura; al 29,2% en Andalucía; o al 29,1% en Castilla-La Mancha. Madrid es la Comunidad Autónoma con menos fraude con una tasa del 17,3%, si bien los técnicos de Hacienda señalan que los datos de Madrid pueden inducir a engaño, puesto que la capital de España es la sede del 60% de las empresas más grandes, que son más tendentes a evitar el pago de impuestos por medio de la ingeniería fiscal y no mediante el fraude directo. El informe también puso de manifiesto que la economía sumergida es un mal endémico en provincias como Toledo, Orense, Ávila y Albacete, todas estas áreas son provincias de interior, su economía apenas tiene estructura industrial y la inversión exterior es escasa o nula. 

La enorme diferencia entre las cifras de economía sumergida (entre 180.000 millones si nos atenemos a los números presentados por el estudio de la Universidad de Tubinga y los 253.000 millones citados en el informe de Jordi Sardà) y las de fraude fiscal (88.000 millones de euros) se produce porque el primer concepto se refiere a todas las formas de economía no declarada, mientras que el segundo hace alusión, únicamente, al hecho de eludir el pago de impuestos. Las cifras han de ser obligatoriamente dispares, puesto que sólo una parte de la actividad económica generada se destina al pago de tributos.        

El porcentaje entre los técnicos de la Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude respecto a la población está en 1 empleado por cada 1.928 ciudadanos, mientras que la media de la OCDE se sitúa en 1 empleado por cada 900 ciudadanos

Los conocidos como papeles de Panamá fueron una serie de documentos confidenciales pertenecientes al bufete de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, que fueron filtrados a través de una fuente no identificada al diario alemán Süddeutsche Zeitung. El periódico germano compartió los datos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), mostrando como se ocultaban las propiedades, empresas, activos financieros, dinero y otros productos destinados a la evasión tributaria por parte de personas del mundo de la política, las finanzas, el deporte, el arte, etcétera. El bufete Mossack Fonseca prestaba labores de asesoramiento con el fin de ocultar la identidad de los propietarios de bienes y de dinero. El 13 de diciembre de 2017, se aprobó en el Parlamento Europeo un informe elaborado por la Comisión Panamá Papers, pero los votos en contra del Partido Popular Europeo y los liberales de ALDE (grupo en el que se encuentra Ciudadanos), a los que hubo que sumar la abstención de los Socialistas de Europa, lograron suprimir varias de las enmiendas para luchar contra la economía ilegal. El resultado final fue un informe menos exigente respecto a las medidas a tomar para prevenir la evasión fiscal y el lavado de dinero. El PP, el PSOE y Ciudadanos se alinearon en el Parlamento Europeo para disminuir el número de recomendaciones del informe definitivo para la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales. 

El informe final eliminó la posibilidad de acabar con el 'dumping fiscal', una práctica que consiste en adoptar medidas fiscales laxas para atraer capital y que es común en países como Malta, Holanda, Irlanda y Luxemburgo. El texto definitivo tampoco recogió la petición de revisión de la legislación de la Unión Europea para acabar con los acuerdos de doble imposición, que facilitan que las empresas establezcan lazos con paraísos fiscales y territorios de baja tributación para evitar el pago de impuestos. También fueron eliminadas las recomendaciones respecto a las transferencias de beneficios a través del pago de dividendos, una práctica que consiste en la transferencia de beneficios de una sociedad matriz radicada en un país de la Unión Europea con una fiscalidad normal, hacia filiales del grupo cuya sede se sitúe fuera de la Unión. El informe tampoco incluyó medidas de cooperación e intercambio de información fiscal entre los diferentes estamentos de los Estados miembros. Esta recomendación habría sido útil en la lucha contra las empresas 'offshore' y otras sociedades ocultas en paraísos fiscales porque dificultaría la utilización de la opacidad de estos territorios para evadir impuestos y ocultar capitales.       

Según un informe de Intermon Oxfam, exceptuando el caso de AENA, la totalidad de empresas del Ibex 35 poseen filiales en paraísos fiscales

Pero ¿qué hacer cuando quienes deberían ser los más ejemplares se comportan como delincuentes? Según un informe de Intermon Oxfam, exceptuando el caso de AENA, la totalidad de empresas del Ibex 35 poseen filiales en paraísos fiscales. Con datos de 2016, podemos decir que estas empresas contaban con 996 filiales en esta clase de territorios. De las 34 empresas, 10 copan el 79% de esas 996 sociedades. Banco Santander encabeza la lista con 225 sociedades, seguida de ACS con 108, en tercer lugar, se encuentra Repsol con 93 filiales, a continuación, se encuentran Arcelor Mittal, BBVA, Ferrovial, Iberdrola, Acciona, Iberia y Mapfre.

Moral ciudadana y transparencia en la gestión del dinero público:

Otra cuestión fundamental para entender el problema es la moral de los ciudadanos, que se convierte en una causa intrínseca que explica por sí misma la ineficacia de la lucha contra el fraude porque el mismo tiene un carácter masivo. Según el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), casi la mitad de los españoles justifican el fraude y declaran que no pagar el IVA no constituye problema moral alguno, algo impensable en la mayoría de los países de nuestro entorno. De manera que la aceptación de la economía clandestina se traduce en comportamientos extraordinariamente enraizados en nuestra sociedad y en nuestras instituciones al no existir condena social hacia los mismos. A ello debemos añadir la conducta nada ejemplar de las élites políticas y económicas, que sólo dimiten, si es que lo hacen, cuando se produce una condena judicial, y esta anomalía también socava la confianza del ciudadano en las instituciones. De cualquier forma, los casos de corrupción más graves que se han producido en nuestro país tienen como escenario el sector público y como actores principales a nuestros políticos. Si tenemos en cuenta que los ciudadanos tienden a cooperar más con los entes y organismos en los que confían, también tendremos que valorar de forma extraordinaria la confianza o la desconfianza en instituciones públicas poco proclives a la transparencia. Las leyes de transparencia que regulan el tratamiento de datos de las diferentes administraciones públicas y su conocimiento por parte de los ciudadanos en nuestro país datan de 2014 y su desarrollo es claramente insuficiente respecto a los países de nuestro entorno. Estudios llevados a cabo en EE. UU. señalan que en los estados del país donde son mayores los niveles de confianza social en las instituciones, mayor es la responsabilidad cívica del ciudadano medio y menor el fraude fiscal, un compromiso no escrito que constituye una de las bases de la cooperación entre el individuo y el Estado.

 Los ciudadanos consienten en pagar impuestos de forma voluntaria por dos razones principales: en primer lugar, por una cuestión simplemente utilitaria, es decir, por un retorno de los impuestos pagados en forma de inversiones en el sector público, que redundan en una mejora de las condiciones de vida de toda la población; en segundo lugar, por una cuestión puramente ética porque se considera moralmente lícito contribuir, de acuerdo a nuestra capacidad económica, a la construcción de una sociedad mejor, más justa e igualitaria; es, por tanto, una cuestión de solidaridad. Los datos de Eurostat referidos a 2015, los últimos de los que disponemos, sitúan a España en un nivel de presión fiscal del 34,6%, lo que contrasta con el 40% de la media de la Unión Europea y el 41,4% de los países de la zona euro. Estos datos muestran a las claras que en Europa existen muchos países con una presión fiscal superior a la nuestra (a la vez que con un mayor porcentaje de gasto en pensiones respecto a su PIB) y que, sin embargo, tienen niveles menores de fraude fiscal, lo que desmiente la creencia de que a mayor presión fiscal mayor será el fraude. La explicación del fraude, pues, la encontramos tomando como referencia dos elementos: los insuficientes controles tributarios por parte de la distintas administraciones y el nivel de conciencia fiscal de los ciudadanos. 

Según el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), casi la mitad de los españoles justifican el fraude y declaran que no pagar el IVA no constituye problema moral alguno

Por otro lado, los países con mayores niveles de transparencia son los menos corruptos y los que tienen menos fraude fiscal. Es necesaria una labor pedagógica más intensa por parte de los gobiernos porque a mayor percepción de un sistema tributario injusto (pagan menos los que más tienen) mayor es la tendencia al fraude fiscal. Los países nórdicos son los más transparentes y menos corruptos del mundo, y en ellos el concepto de legalidad no se restringe al ámbito fiscal y laboral, sino que se extiende a todas las prácticas de la sociedad. Pese a los altísimos impuestos que se pagan en los países escandinavos, las obligaciones tributarias son consideradas como algo sagrado y como un deber ineludible de todo ciudadano. Para los ciudadanos de un país nórdico, la picaresca, el engaño y el robo de dinero público o privado constituyen conductas duramente reprobables que forman parte de los problemas que terminan por corroer y destruir una sociedad. Tanto los políticos como la sociedad tienen la misma actitud ante los casos de corrupción: tolerancia cero. La percepción de retorno de impuestos mediante obras públicas en las sociedades nórdicas también es muy elevado, lo que aumenta el sentido del compromiso en los contribuyentes. No existen muchos ejemplos de fraude en los países nórdicos, al menos en el sector público. En comparación con España, en los países nórdicos hay pocos funcionarios con capacidad de manejar dinero público, y los que tienen ese poder han de dar explicaciones claras y concisas ante los diferentes órganos de control sobre el destino de esos fondos.

Los datos de Eurostat referidos a 2015, los últimos de los que disponemos, sitúan a España en un nivel de presión fiscal del 34,6%, lo que contrasta con el 40% de la media de la Unión Europea y el 41,4% de los países de la zona euro

En las sociedades escandinavas, el concepto de delito social, independientemente de sus consecuencias e implicaciones legales, se amplía no sólo a los casos de soborno o malversación de dinero público, sino a las ocasiones en las que un político miente u oculta información. En definitiva, la moral tributaria forma parte de la relación entre el ciudadano y el Estado en los países del norte de Europa, donde el ciudadano paga con conciencia plena de que está manteniendo un sistema del cual todos cuidan en la medida de sus posibilidades y con la total seguridad de que su dinero no se destinará a gastos innecesarios o al beneficio personal de los políticos que gobiernan. Esa conciencia cívica nace en la escuela y en la educación que se recibe en los hogares y tiene que ver con un entorno que, de manera simultánea, enseña a colaborar para obtener un bien común, en contraposición a defraudar o mentir para obtener ventajas económicas y materiales de manera individual, y condena con dureza cualquier desviación por parte de los ciudadanos de las conductas aceptadas y respetadas por la sociedad.

 Autoridad moral del Estado

La cuestión institucional es algo crucial para entender el problema del fraude en nuestro país: ningún gobierno ha elaborado o solicitado un informe acerca de la economía sumergida en España. Según los expertos, existe la creencia ciudadana de que el gobierno no dedica los esfuerzos necesarios para combatir el fraude fiscal y la economía ilegal, lo que provoca un aumento de las actividades clandestinas. Los estudios dedicados a la economía sumergida también destacan que la existencia de la misma explica que en España no se haya producido un estallido social teniendo en cuenta el nivel de paro registrado durante la crisis financiera de 2007-2008 (más de 6 millones de parados en 2013, lo que equivale a más de un 27% de la población activa), lo cual alimenta la duda de hasta qué punto los diferentes gobiernos quieren investigar el fraude porque combatir el mismo nos conduciría a una cierta inestabilidad social. Tampoco ayuda, desde luego, de cara a una acción pedagógica por parte de las autoridades, el conocimiento que tenemos del diferente tratamiento que la Agencia Tributaria otorga a determinados ciudadanos y empresas. Los medios de comunicación han informado ampliamente acerca de aquellos casos en los que la Hacienda pública ha jugado un papel más polémico. 

 1. Caso Cemex

 En abril de 2014, la filial en España de la empresa de cementos mejicana Cemex sufrió una sanción por parte de la Agencia Tributaria de 455 millones de euros por engordar sus créditos fiscales en 3.042 millones de euros para no pagar impuestos. Antes de que la multa fuera comunicada de forma oficial a la empresa se produjeron varios hechos controvertidos: la inspectora encargada de sancionar a la empresa, Dolores Linares, fue destituida tras rechazar un recurso de la cementera contra la sanción. Su superior en Hacienda, Ignacio Ucelay, dimitió, y también lo hizo el director de Inspección, Luis Jones, en una serie de diligencias dentro de la institución que los sindicatos de inspectores y técnicos de Hacienda definieron como “injerencias políticas”. José María Mollinedo, secretario general de Gestha, dio a entender que funcionarios del entorno del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, podrían haber asesorado a Cemex con el fin de que la cementera saliera indemne de su enfrentamiento con la Agencia Tributaria y declaró que Cemex intentó eludir la deuda utilizando su influencia política. Mollinedo también afirmó que el problema de Cemex se saldó con la destitución de altos cargos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes contrarios a las directrices provenientes del poder político para cancelar la deuda de la cementera.

El secretario general de Gestha dio a entender que funcionarios del entorno del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, podrían haber asesorado a Cemex con el fin de que la cementera saliera indemne de su enfrentamiento con la Agencia Tributaria

La organización de Inspectores de Hacienda (IHE), mayoritaria dentro de la Agencia Tributaria, también se mostró crítica y remitió una nota de prensa en la que cuestionaba la excesiva dependencia de la Agencia Tributaria respecto a los cargos de libre designación y señalaba: “la intromisión de criterios ajenos a los técnicos, o de voluntades distintas a las de los órganos encargados de decidir los expedientes tributarios, supondría traspasar una línea roja que, en caso de demostrarse […] sería objeto del repudio público”. Los inspectores encargados de auditar la contabilidad de Cemex consideraron de forma inequívoca que el gigante mejicano simulaba operaciones entre las diferentes empresas del grupo para eludir el pago de impuestos. La Agencia Tributaria determinó que la cuantía final del fraude de Cemex era de 4.550 millones de euros y comunicó la multa a la cementera, que interpuso un recurso ante los tribunales. El caso está aún en manos de la Justicia.      

2. Caso Pujol

El propio ministro Montoro desveló el que es, tal vez, el caso más claro de injerencia política en la Agencia Tributaria, el caso Pujol. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados en julio de 2014, Cristóbal Montoro acusó directamente a Pujol: “No podemos descartar uno o varios delitos”, para después asegurar que, incomprensiblemente, las investigaciones por posibles irregularidades fiscales contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña habían comenzado cuando Aznar aún era presidente del Gobierno: “Hay indicios de investigaciones desde antes de que llegara yo al Gobierno”, manifestó Montoro. El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, se mostró muy explícito acerca del caso: “Una inspección se inicia y se acaba en seis meses o, en todo caso, en un año, si se tiene que prorrogar. Pero no dura diez años”. Mollinedo sostiene que la Agencia Tributaria elaboró “un dossier” contra Pujol para utilizarlo de forma política y no cumplió “el deber de perseguir el delito”, lo cual supone un “incumplimiento de la obligación” por parte de la Administración.    

 3. Caso HSBC y lista Falciani 

En 2009, durante la segunda legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se produjo otro caso que, según los técnicos e inspectores de Gestha, supone una buena muestra de la politización de la Agencia Tributaria en nuestro país, el caso HSBC. Ese fue el momento en que el Gobierno español conoció los nombres de los más de 650 defraudadores españoles incluidos en la conocida como lista Falciani (un listado de grandes fortunas con cuentas en el banco británico HSBC, que Hervé Falciani, ingeniero informático del banco, sustrajo antes de abandonar la entidad). La lista completa estaba formada por unas 130.000 personas con cuentas no declaradas en la sede que el HSBC tiene en Ginebra. En el período comprendido entre 2006 y 2008, Hervé Falciani copió presuntamente datos del HSBC en Ginebra que incluían los nombres de titulares de cuentas opacas de varias nacionalidades del continente.    

Falciani trató de informar a las autoridades suizas, que no mostraron interés. El 20 de marzo de 2008, la Asociación Suiza de Banqueros denunció que dos empleados del HSBC trataron de vender datos de cuentas bancarias al banco libanés Audi en Beirut. En diciembre del mismo año, Falciani fue procesado en Suiza por este incidente. Después de declarar ante las autoridades del país, fue puesto en libertad. Tras este episodio, huyó a Francia. A comienzos de 2009, las autoridades francesas lo detuvieron en cumplimiento de una orden de detención internacional emitida por Suiza. La policía gala encontró en el domicilio de Falciani archivos informáticos con los datos de los 130.000 potenciales evasores fiscales, 24.000 de los cuales eran ciudadanos de la Unión Europea, y dio comienzo a una investigación. Poco después, el Gobierno de Francia devolvió a Suiza los archivos de Falciani, pero antes compartió la información proporcionada por el ingeniero informático con todos los países con los que mantiene acuerdos de colaboración fiscal, entre los que se encuentran Italia, Reino Unido y España. En octubre de 2010, la Agencia Tributaria española ingresó 260 millones de euros que provenían de la regularización de dinero de 300 ciudadanos que tenían cuentas opacas en la filial suiza del HSBC.       

Entre todos los que figuraban en la lista Falciani acumulaban más de 100.000 millones de dólares en unas 30.000 cuentas bancarias en la filial suiza del HSBC 

Falciani fue detenido en Barcelona en julio de 2012 a petición de las autoridades suizas, aunque España no extraditó al ingeniero francés y lo dejó en libertad el 12 de diciembre del mismo año, después de permanecer seis meses en prisión preventiva en el centro penitenciario de Valdemoro. Falciani pasó entonces a colaborar con las autoridades españolas. El 8 de mayo de 2013, la Audiencia Nacional rechaza la extradición a Suiza de Hervé Falciani, en consonancia con el criterio de la Fiscalía, que sólo un mes antes se había opuesto a la extradición en virtud de su colaboración con las autoridades españolas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales e investigación de financiación del terrorismo. La resolución de la Audiencia fue firme, por lo que quedó en libertad sin ninguna medida cautelar. A comienzos de 2015, sale a la luz el contenido de la lista Falciani gracias a una investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La relación de personalidades presentes en la lista incluye a importantes empresarios, banqueros, aristócratas, deportistas y artistas. Entre todos acumulaban más de 100.000 millones de dólares en unas 30.000 cuentas bancarias en la filial suiza del HSBC.   

En el caso de España, en 2009 el Gobierno tuvo conocimiento, gracias a los datos compartidos por las autoridades francesas, de 659 casos de defraudadores españoles en una estructura de más de 3.000 cuentas opacas con las que se logró evadir más de 3.000 millones de euros. La actuación de la Agencia Tributaria es más que cuestionable porque la Hacienda española no abrió una investigación con el fin de dilucidar si existía o no fraude por parte de los supuestos defraudadores, sino que entregó a la mayor parte de ellos un comunicado instándoles a que presentaran declaraciones complementarias con el fin de regularizar el dinero oculto en un plazo máximo de diez días. “A estas personas se les otorgó la posibilidad de presentar unas declaraciones complementarias, y se les dio un tratamiento más que cuestionable”, declaró José María Mollinedo, secretario general de Gestha. En 2013, Gestha presentó una querella contra varios ex altos cargos de Hacienda al entender que, además de las sanciones por posibles delitos fiscales, las irregularidades, de haber seguido su trámite administrativo, hubieran supuesto “condenas para directores de entidades financieras” y su inhabilitación para ejercer cargos de dirección. La querella de Gestha mencionaba a miembros de la familia Botín.    

4. Caso Noós  

En 2013, la Agencia Tributaria dio por válidas tres facturas (que había declarado falsas meses atrás) emitidas por el imputado y socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, a la empresa Aizoon, propiedad de Urdangarín y de la infanta Cristina. Este paso jurídico libró a la infanta de la acusación de delito fiscal en el Impuesto de Sociedades, que se habría producido si las tres facturas se hubieran contabilizado dentro del total de justificantes falsos emitidos por Aizoon. A través de la empresa Aizoon, Torres y Urdangarín deducían gastos personales, además de detraer -facturando trabajos que en realidad no hacían- dinero procedente del Instituto Nóos, la fundación que recibía fondos públicos de administraciones dirigidas por el Partido Popular. Gestha denunció que los peritos designados por la Agencia Tributaria aceptaron las tres facturas rompiendo todas las prácticas de Hacienda. El magistrado encargado del caso, el juez Castro, incluyó las tres facturas entre los gastos supuestamente ficticios de la empresa Aizoon en el auto en el cual acusó a la infanta Cristina de un delito contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales. Las tres facturas fueron emitidas por Torres Tejeiro Consultoría (sociedad que cambió de nombre en noviembre de 2007, pasando a llamarse Intuit Estrategy) por el concepto “asesorías”, el más utilizado por Urdangarín y su socio para sustraer dinero público. El importe de las tres facturas ascendía a 69.900 euros de un total de más de 8 millones de euros en facturas falsas intercambiadas por las diferentes empresas del entramado Nóos con el fin de generar gastos ficticios. En el definitivo informe del 14 de noviembre de 2013, Hacienda concluyó que Aizoon defraudó en cuatro años 281.000 euros.

Urdangarín utilizó su posición y su influencia para abrir puertas y recibir favores que se le hacían precisamente por ser quien era. Al menos desde 2005, la Casa del Rey conocía las actividades de Iñaki Urdangarín y le advirtió del carácter presuntamente ilegal de las mismas a través de José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao y asesor legal de Juan Carlos I. Por los correos electrónicos aportados por Diego Torres, se supo que Urdangarín también consultaba todas sus actividades con Carlos García Revenga, secretario de las infantas. Según publicó el diario El País, el exsocio de Urdangarín presentó tres correos que revelaban una supuesta intermediación del rey Juan Carlos a favor de su yerno con el fin de que consiguiera la participación de un nuevo equipo de vela en la 33ª edición de la Copa América de 2007. El proyecto fue bautizado con el nombre de Ayre y no llegó a prosperar pese a la implicación del Rey que, presuntamente, llegó a realizar trámites directos con el expresidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps.       

en febrero de 2017, Iñaki Urdangarín fue condenado a seis años y tres meses de prisión por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos fiscales

Finalmente, en febrero de 2017, Iñaki Urdangarín fue condenado a seis años y tres meses de prisión por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. La Audiencia Provincial de Baleares absolvió a la infanta Cristina de dos delitos fiscales, aunque considera que se benefició de los delitos cometidos por su marido y le impuso la devolución de 265.088 euros que había cargado a la tarjeta de crédito de Aizoon que compartía con Urdangarín. El marido de la infanta Cristina presentó de inmediato un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Supremo. Este órgano decidió no aplicar medidas cautelares, por esta razón, Urdangarín, en tanto el Tribunal Supremo no se pronuncie, puede disfrutar de libertad y tampoco está obligado a abonar fianza.   

Este tipo de actuaciones de la Agencia Tributaria son de dominio público y su ocultación ante la opinión pública no sólo es contraria a la ética, sino imposible en la sociedad de la información en que vivimos. Hechos como los descritos redundan en un desprestigio de nuestras instituciones y tienen un efecto económico nefasto para la sociedad en su conjunto porque el dinero defraudado que no se recauda acaba repercutiendo en todos los servicios públicos-incluyendo el dinero dedicado a las pensiones- que un Estado de bienestar moderno tiene la obligación de mantener.     

Tal vez no debamos extrañarnos de ninguna de estas actuaciones dentro de la Agencia Tributaria ni de que los delitos de las grandes empresas no se persigan de forma implacable en todos los casos. El ciudadano tiene derecho a pensar que existe una clara connivencia entre los altos cargos de Hacienda y los altos directivos de las mayores empresas. Buena muestra de ello es lo que ocurrió en marzo de 2017, cuando la organización de técnicos del Ministerio de Hacienda denunció en el marco de su XV Congreso Nacional celebrado en Alicante que altos directivos de Hacienda instruyen a las grandes multinacionales sobre cómo eludir el pago de impuestos y evitar sanciones fiscales. Inspectores de Gestha señalaron en un comunicado que los dos máximos responsables de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional “imparten clases en un máster sobre ingeniería fiscal para grandes multinacionales”. Gestha solicitará en el Parlamento que se regulen estas “prácticas tóxicas”. Según el sindicato de inspectores, existen cientos de cursos en los que altos responsables de Hacienda aleccionan a asesores internacionales y grandes despachos tributarios en técnicas para evitar el pago de impuestos y para sortear las medidas de control, “rayando el límite del decoro y de la Ley de Incompatibilidades”.   

El sindicato de técnicos e inspectores de Hacienda señaló que, pese a sus altas retribuciones, “es frecuente encontrar en los claustros de profesores a subdirectores generales y altos responsables de la OFNI, de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (DCGC) o de la Dirección General de Tributos, por citar algunos ejemplos”. Estos directivos reciben salarios de entre 70.000 y 111.000 euros anuales, pese a ello utilizan su posición privilegiada para atraer alumnos a los cursos. En su nota de prensa, Gestha afirmaba que el ejemplo más claro es el del máster de Dirección de Fiscalidad Internacional, un curso dirigido por 27 profesores, 16 de los cuales son inspectores de Hacienda en activo y 4 en excedencia. Entre los 16 que aún están en activo se encuentran los dos máximos responsables de la OFNI, responsables de la DCGC y también de la Dirección General de Tributos -hasta diciembre de 2016- y 5 subdirectores generales. Según el sindicato de técnicos de Hacienda, “curiosamente este máster dedica una parte de su temario, sin ser exhaustivos, a las principales características de los paraísos fiscales más notables y regímenes fiscales privilegiados de mayor interés”.        

la organización de técnicos del Ministerio de Hacienda denunció que altos directivos de Hacienda instruyen a las grandes multinacionales sobre cómo eludir el pago de impuestos y evitar sanciones fiscales

Gestha llamó la atención sobre la frecuencia con la que muchos funcionarios participan en estos cursos, en ocasiones en horario matinal, algo que podría constituir una infracción de la Ley de Incompatibilidades, que exime de la ley las actividades docentes sólo cuando sean ocasionales. Por estas razones exigieron a la Inspección de los Servicios de Hacienda que abran una investigación sobre el centenar de cursos organizados por empresas privadas en los que han formado parte como docentes altos responsables de la Agencia Tributaria. Entre los organizadores de estos cursos están algunas de las grandes consultoras y asesorías tributarias, que han recibido asesoramiento directo por parte de miembros de Hacienda respecto a prácticas tributarias y proyectos normativos. Desde Gestha se señala que la alta actividad docente supone un contacto entre altos directivos de grandes multinacionales y altos responsables de Hacienda que sirve para “engrasar las puertas giratorias” porque muchos altos cargos de la Agencia Tributaria terminan prestando sus servicios en las grandes empresas.       

 La tributación de las SICAV

Otra posible fuente de ingresos para el Estado español, no sólo para financiar las pensiones, sino otros servicios públicos (si bien el tema a tratar ahora es de una complejidad enorme), procedería del trato más equitativo y justo hacia las grandes fortunas, que gestionan buena parte de su patrimonio a través de las llamadas SICAV. Una SICAV es una sociedad de inversión que sirve como instrumento utilizado por las grandes fortunas, principalmente en Luxemburgo, Italia, Francia, Suiza y España, con el fin de pagar menos impuestos. Su carácter jurídico propicia la evasión de impuestos y facilita la inversión en activos financieros como los fondos de inversión. Las SICAV son sociedades bastante comunes en Europa entre las familias más ricas del continente y también como grandes gestoras de fondos de inversión gracias a sus ventajas fiscales: en nuestro país, estas sociedades tributan a un exiguo 1%. Las operaciones de constitución, aumento de capital, unión con otra SICAV (en la práctica, esto significa que se puede traspasar dinero de una SICAV a otra sin tributar) o escisión también permanecen exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la modalidad de operaciones societarias.    

Manejando estadísticas de 2015, estos son los datos más destacables: 

Las mayores SICAV de nuestro país son Torrenova de Inversiones, vinculada a la familia March (valor de 1.539 millones de euros y 5.445 accionistas); Morinvest, propiedad de Alicia Koplovitz (valor de 556 millones de euros, con el 99,86% de las acciones en manos de su principal accionista); Cartera Bellver, también es propiedad de la familia March (valor de 551 millones de euros, ningún accionista supera el 20%); Soandres de Activos, vinculada a Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega (propietario del grupo Inditex) y de Rosalía de Mera (valor de 405 millones de euros); Elitia Invest, propiedad de los hermanos Gallardo Ballart, dueños de los laboratorios Almirall (valor de 403 millones de euros); Allocation, vinculada a la familia Del Pino, fundadores de la constructora Ferrovial (valor de 380 millones de euros); y Soixa, propiedad de Antonio Hernández, presidente de Ebro Foods, multinacional de la alimentación (valor de 364 millones de euros).    

Los datos proporcionados por la CNMV a finales de 2015 aumentan las sospechas de fraude de ley respecto a las SICAV a causa del reducido número de accionistas suscritos a estas entidades

Los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a finales de 2015 aumentan las sospechas de fraude de ley respecto a las SICAV a causa del reducido número de accionistas suscritos a estas entidades. La cantidad de accionistas resulta ser fundamental para las SICAV porque es lo que determina su carácter de sociedad de inversión colectiva y lo que permite que su tributación ante Hacienda sea tan solo del 1% sobre los beneficios declarados. La ley dice que las SICAV deben tener al menos 100 accionistas, cuantos más accionistas tenga una SICAV, menos sospechosa será ante la Agencia Tributaria; al contrario, cuantos menos accionistas tenga, más sospechosa será. La razón es que alguien con una gran fortuna puede poner la mayor parte del dinero exigido con el fin de constituir una de estas sociedades (2,4 millones de euros), para después adjuntar a la sociedad más accionistas que apenas aportan dinero (los conocidos como “mariachis”), hasta llegar al número de 100 socios.  

Los datos manejados por la CNMV confirman que los “mariachis” son utilizados en la mayoría de las SICAV de nuestro país. De las 3.335 entidades que habían enviado sus balances a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tan solo 24 superaban la cifra de 500 accionistas, datos suficientemente claros para la CNMV para sospechar que las SICAV estuvieran sirviéndose de “mariachis” en un fraude a escala masiva. Un número de 295 sociedades declararon superar los 200 accionistas, una razón para no ser investigadas. 

Hay 605 entidades con más de 150 accionistas, lo cual supone el 18% de las 3.335 sociedades. El resto de ellas, el 82%, es decir, 2.730 SICAV, tienen una cifra de accionistas inferior a 150. En este último caso, las sospechas de fraude son absolutas. Existen 77 sociedades con un número de socios inferior a 100. Estas SICAV están incumpliendo el mínimo de accionistas exigido por la ley. A finales de septiembre de 2015, las SICAV en España tenían 468.940 accionistas, el 65%, es decir, 307.835 accionistas figuraban en entidades con menos de 150 socios, lo cual significa que formaban parte de las sociedades más sospechosas de fraude. 

Hay 605 entidades con más de 150 accionistas, lo cual supone el 18% de las 3.335 sociedades. El resto de ellas, el 82%, es decir, 2.730 SICAV, tienen una cifra de accionistas inferior a 150

Las cifras en poder de la CNMV ponen de relieve el uso instrumental de estas sociedades mediante la utilización de los “mariachis” con el fin de beneficiarse del trato jurídico otorgado a las SICAV. Los inspectores de la Agencia Tributaria llaman la atención sobre el hecho de que las SICAV tributen tan solo al 1%, pero también en las prácticas fraudulentas de la “contratación” de “mariachis”. El criterio de los inspectores de Hacienda en este asunto es claro: la Agencia Tributaria debería recuperar el control de las SICAV, una supervisión que recae en la CNMV desde 2005. Pero ¿cómo pasaron las SICAV de la jurisdicción de la Agencia Tributaria a la de la CNMV? En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue advertido por los inspectores de la Agencia Tributaria de que las SICAV eran sociedades expresamente creadas para defraudar. El Gobierno no sólo no hizo nada a este respecto, sino que cambió el ámbito jurídico de estas sociedades, que pasaron de depender de la Agencia Tributaria -con sus respectivas inspecciones- a hacerlo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un ente que no tiene las competencias ni los medios para detectar las anomalías que se producen en las SICAV. El 1 de julio de 2005, el Congreso de los Diputados aprobó que fuera la CNMV el órgano que controlara a las SICAV. El único grupo que se opuso a esta medida fue Izquierda Unida.

La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado declaró entonces que la medida suponía la aprobación de una amnistía fiscal para las SICAV y que no existía problema de competencias entre la CNMV y Hacienda, sino que se había buscado la “fórmula más idónea” para beneficiar económicamente a las sociedades que incumplieron la condición legal de tener al menos 100 socios con el fin de tributar al 1%. Según José María Peláez, entonces portavoz de la organización, el quid de la cuestión consistía en que “No podrán prosperar las actas abiertas, más de 200, porque la ley no considera que la falta de cien socios sea motivo suficientemente grave para que la CNMV repruebe a una SICAV. Si no se reprueba, no se podrá eliminar la tributación del 1% porque la norma aprobada por el Congreso se aplicaría con carácter retroactivo al resultar más beneficiosa”.

Tras la aprobación de la ley, las sociedades investigadas aprovecharon el nuevo marco jurídico para evitar que las actas prosperasen y acudieron al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) para evitar las posibles sanciones. El TEAC dictó en 2007 una resolución claramente favorable a las SICAV, dictaminando que el único órgano con capacidad para ejercer tareas de supervisión sobre las SICAV era la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La utilización de los llamados “mariachis” o testaferros hace que la mitad de las SICAV estén bajo sospecha de fraude. Según informaciones de ex directivos de diferentes entidades bancarias, era habitual que al banco llegase el cliente, que solía ser una familia, y que sus miembros se convirtieran en los accionistas mayoritarios de la SICAV que iban a formar. Posteriormente, el banco conseguía a los accionistas necesarios para llegar al mínimo legal de 100 y así poder disfrutar de una tributación al 1%. Esta práctica era habitual en el resto de entidades bancarias españolas: un número menor de accionistas poseen la mayor parte del capital de la sociedad y el resto de inversores apenas una o dos acciones. Con el fin de conseguir inversores ficticios, el banco solicitaba a sus propios empleados que estuvieran dispuestos a figurar como “mariachis” en las SICAV que gestionaban para no perder cuota de negocio. Entre los “mariachis” también se han llegado a detectar empleadas domésticas y menores de edad.

Como consecuencia de inexplicables lagunas jurídicas, existen SICAV en las cuales figuran inversores que tan solo aportan 1 ó 2 euros al total del capital, mientras que el grueso del mismo está en manos de los accionistas mayoritarios. Entre 2003 y 2005, el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda trató de regular las SICAV y no sólo comprobaron el número de accionistas de algunas entidades, sino que investigaron a cada inversor que figuraba como accionista. Los inspectores llegaron a levantar cientos de actas en las que se daba cuenta de forma detallada del uso sistemático de testaferros. Aunque todas las sociedades tenían más de los 100 socios requeridos legalmente, se llegó a la conclusión de que gran parte de los accionistas tan solo estaban presentes con el fin de llegar al mínimo de inversores que la ley exigía.

Como consecuencia de inexplicables lagunas jurídicas, existen SICAV en las cuales figuran inversores que tan solo aportan 1 ó 2 euros al total del capital, mientras que el grueso del mismo está en manos de los accionistas mayoritarios

El inspector José María Peláez declaraba dos años y medio atrás: “A ver quién se cree que una persona ha puesto 10 euros para entrar en una SICAV”. Un claro ejemplo es Riotiron, que en la práctica tiene un solo accionista que detenta el 99,99% del capital de la sociedad, que asciende a más de 2.800.000 euros, mientras que el resto de los accionistas de esta SICAV poseen de media la irrisoria cifra de 2,23 euros.

Por increíble que parezca, la tributación al 1% no era la principal ventaja de la que disponían los máximos accionistas de una SICAV. El privilegio más importante del que disfrutaban los propietarios de estas sociedades era la llamada “reducción de capital”. Mediante este mecanismo perverso, los dueños de las SICAV podían retirar dinero sin tributar mientras no superase la cantidad invertida cuando se fundó la sociedad, la razón es que se consideraba que el dinero retirado era capital y no rendimientos e intereses económicos generados por las inversiones. Finalmente, el impacto sobre el Impuesto del Patrimonio mediante esta práctica era sustancial: una persona que ingresase su dinero en una SICAV provocaría una disminución importante en la base imponible de su IRPF y por esta razón podría beneficiarse del artículo 31 de la Ley del Impuesto, una resolución que fija que la cantidad que una persona paga por el IRPF y el Impuesto de Patrimonio no puede superar el 70% de base imponible del primero, algo que termina teniendo un impacto decisivo en los impuestos que el propietario paga a Hacienda. El privilegio de “reducción de capital” desapareció en 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero obligó a las SICAV a reconocer estos beneficios como plusvalías, con una tributación de entre el 19% y el 21%. Fuentes del sector reconocieron el carácter limitado de esta medida puesto que las grandes fortunas conocían los proyectos del Gobierno para aprobar la nueva norma y se anticiparon llevando a cabo reducciones de capital antes de que la medida entrara en vigor. 

Es cierto que, si el propietario de una SICAV decide retirar la totalidad de la inversión de la sociedad, tributará en torno a entre el 21% y el 27% dependiendo de en qué Comunidad Autónoma realice la operación, pero este gravamen sólo se lleva a cabo en el caso de aquellos inversores que retiren la totalidad del dinero invertido, algo que no es habitual. Otra de las anomalías propias de estas sociedades radica en el hecho de que el dinero de una SICAV no puede usarse con el fin de adquirir otra empresa, máquinas y bienes de equipo o contratar trabajadores, de manera que sólo podría utilizarse para comprar activos financieros como acciones, bonos, derivados, etcétera. El fin último de estas entidades no es activar la economía, sino potenciar la inversión en activos financieros. Ahora bien, si la tributación que una persona paga por el dinero obtenido en un fondo de inversión es el mismo que se paga por el dinero ganado en una SICAV, ¿por qué existen estas sociedades? La razón es que las ganancias obtenidas a través de un fondo de inversión tributan cada año, mientras que la ganancia de dinero obtenida por el rendimiento anual del capital depositado en la SICAV sólo requiere pago de impuestos si es retirado de la sociedad. Esta diferencia de tributación acaba siendo el factor decisivo porque cuando los beneficios anuales son considerables, la disparidad de beneficios obtenidos entre un fondo de inversión y una SICAV es enorme en favor de estas últimas.

si la tributación que una persona paga por el dinero obtenido en un fondo de inversión es el mismo que se paga por el dinero ganado en una SICAV, ¿por qué existen estas sociedades? 

El control de estas sociedades se antoja como un problema complicadísimo no sólo para España, sino para cualquier Estado de Europa y del mundo que quiera perseguir la ingeniería financiera. La existencia de paraísos fiscales y de privilegios, encubiertos o no, para las grandes empresas ha resultado ser una tentación para las grandes fortunas, que trasladan su dinero al Estado que menos gravámenes imponga a sus beneficios. La Agencia Tributaria española tiene un as en la manga que podría usar a partir de 2019. En esa fecha entrará en vigor la directiva europea “contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior”, que fue aprobada en julio del año pasado y que otorga poderes para que nadie controle de forma directa o indirecta más del 50% del capital de una SICAV. La directiva establece una serie de condiciones para que una entidad pueda ser considerada sociedad extranjera controlada. De esta forma, el país del contribuyente tendrá la capacidad de incluir en la base imponible o bien determinados tipos de rentas no distribuidas de la sociedad como los intereses generados por activos financieros y dividendos y rentas procedentes de la enajenación de acciones o bien las rentas no asignadas de la sociedad procedentes de mecanismos falseados que hayan sido creados de forma expresa para defraudar. El impacto final dependerá de cómo se trasponga la directiva europea. La Comisión Europea estima entre 50.000 y 70.000 millones de euros las pérdidas que la elusión del impuesto de sociedades ocasiona en los países de la Unión Europea.

El 29 de mayo de 2017, el Consejo de Europa modificó la directiva original 2016/1164 contra la elusión fiscal introduciendo una serie de reformas que, inexplicablemente, favorecían de forma sustancial a las grandes empresas. En el Artículo 2 de las modificaciones se hizo un cambio que establece que “se considerará que puede haber asimetría híbrida si una entidad está asociada en más de un 50% con otra entidad”, cuando en la directiva 2016/1164 se establecía un 25%, lo cual supone un cambio extremadamente laxo que dificulta enormemente la acción de los Estados y que deja un amplio margen de interpretación en los casos de asimetría híbrida (los mecanismos que suelen utilizar las grandes empresas con el fin de aprovechar las diferencias existentes entre dos o más países en el tratamiento fiscal otorgado a las mismas). De este modo, si una empresa intenta compensar las pérdidas de una de sus filiales mediante transferencias de otras filiales, se considerará que no existe asimetría híbrida. Estos mecanismos pueden servir fácilmente a las empresas para eludir sus obligaciones tributarias con la excusa de que intentaban compensar pérdidas. La consideración número 16 de la reforma de la directiva original establece excepciones en el caso de que el país destinatario ofrezca un régimen tributario especial, una manera de reconocer y no perseguir los paraísos fiscales que están dentro de la Unión Europea.

El resultado final de estas directivas, teniendo en cuenta el enorme poder de los lobbies en Bruselas, es que las leyes sólo tratan la evasión fiscal creada a partir de entidades propias de una multinacional, mientras que no se aplican sobre entidades que de manera formal no pertenecen al mismo grupo empresarial. El apartado 3 del Artículo 4 establece que no se harán límites a la deducción de intereses en el caso de que se esté ante una sociedad aislada, entendiendo ésta como una sociedad que “no forme parte de un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera y que no tenga ninguna empresa asociada ni establecimiento permanente”. El problema es que el secreto bancario de ciertos países facilita legalmente transacciones financieras que son prácticamente indetectables para las autoridades económicas de cada país de la Unión Europea. Una gran empresa puede tener relación con empresas legalmente constituidas como sociedades aisladas no vinculadas al grupo empresarial que, en realidad, son sociedades instrumentales creadas para evadir impuestos. En definitiva, la nueva directiva no persigue la evasión fiscal en esta clase de empresas, algo que terminarán aprovechando los defraudadores.

Además de los lobbies empresariales, algunos países de la Unión Europea como Reino Unido, Austria o Luxemburgo se oponen de forma abierta a la lucha contra los paraísos fiscales. Sería necesario impedir que las administraciones firmen contratos con entidades que tengan relación con paraísos fiscales; la Unión Europea podría-con voluntad política-presionar con la amenaza de sanciones a los territorios con exenciones fiscales que perjudican a los Estados miembros de la Unión; se debería hacer una labor de pedagogía que incluya de forma obligatoria el cumplimiento de leyes rígidas de transparencia para Estados y empresas. También se hace necesario la creación de un impuesto a las transacciones financieras de la banca de inversión: SICAV, fondos de inversión, sociedades opacas, etcétera. La consideración de determinados organismos internacionales hacia determinados países a la hora de considerarlos o no paraísos fiscales es una cuestión delicada sujeta a enormes intereses que nada tienen que ver con los intereses de los ciudadanos. De la misma manera, existen territorios que, sin ser paraísos fiscales, sí son considerados de “baja tributación” y constituyen una anomalía aprovechada por los defraudadores fiscales. En cualquier caso, países como Holanda, Irlanda, Chipre, Malta y Luxemburgo poseen ventajas fiscales que facilitan la elusión de impuestos en otros países de la Unión. La lista de paraísos creada por la Unión Europea en diciembre de 2017 sólo hacía mención de países insignificantes y sin relaciones políticas importantes.

El problema es que el secreto bancario de ciertos países facilita legalmente transacciones financieras que son prácticamente indetectables para las autoridades económicas de cada país de la Unión Europea

La ausencia de una normativa común a escala mundial hace que las empresas busquen los territorios que más ventajas fiscales ofrecen, lo cual significa eludir el pago de impuestos a niveles extraordinarios. Buen ejemplo de ello es lo que ocurrió en el País Vasco en 2009. Esta Comunidad Autónoma, debido a su ventajoso régimen fiscal especial, tiene la potestad para tomar de forma unilateral determinadas decisiones. La más decisiva en materia de las SICAV fue la de aumentar su tributación. Las diputaciones vascas, de la mano del PNV y EA optaron ese año por elevar el gravamen de estas sociedades, que pasó del 1% al 28%. Como consecuencia de esta decisión, las 200 SICAV con domicilio en el País Vasco se trasladaron a otras comunidades. Las diferencias entre comunidades en nuestro país también se dan entre los diferentes países. Así, a comienzos de 2017, ante el previsible cambio de normativa que afectaría a estas sociedades en España, algunas SICAV iniciaron un traslado a Luxemburgo mediante la fórmula de una absorción por parte de una SICAV o un fondo del Gran Ducado. Las SICAV de Luxemburgo poseen un régimen fiscal más beneficioso que garantiza la confidencialidad de la inversión, razón que está animando a muchas firmas de la banca privada de España a desarrollar sus negocios en ese país. Ya en 2016, cuando se habló por primera vez de una reforma de la normativa existente, 114 SICAV desaparecieron de nuestro país, mientras que 130 se fusionaron con diferentes fondos de inversión.

Las SICAV, de estar sujetas al mismo tipo nominal que el común de las empresas, dejarían en las arcas del Estado español unos 550 millones de euros al año. Eso, suponiendo que una legislación más exigente no las llevase a abandonar nuestro país. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre 2012 y 2014 las SICAV españolas ganaron 5.384 millones de euros, mientras que en el mismo período pagaron a Hacienda la exigua cifra de 24 millones de euros. Cabe señalar que en 2012 el Gobierno del PP aprobó una polémica amnistía fiscal a la que se acogieron 31.500 personas y que hizo aflorar 40.000 millones de dinero negro. Ese dinero volvió a España, pero no para contribuir con Hacienda, sino para invertir en nuestro país pagando la menor cantidad posible de impuestos a través de las SICAV. 

 El Gobierno anunció que perdonaba el fraude a cambio de un abono del 10% de las cantidades recuperadas, pero lo cierto es que el gravamen del 10% se hizo sobre los intereses generados por el dinero negro durante los últimos tres años. El Gobierno autorizó que el dinero en efectivo se pudiese acoger a la amnistía fiscal. Para ser beneficiario de esta disposición, era suficiente con declarar que se poseía ese dinero con anterioridad a 2010. Como es normal, la medida resultó ser una forma de legalizar dinero procedente del narcotráfico, la prostitución, la venta de armas, el tráfico de personas y otras actividades criminales. De hecho, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) descubrió 85 operaciones susceptibles de ser consideradas como blanqueo de capitales referentes a 79 personas acogidas a la amnistía fiscal. El SEPBLAC poseía información acerca de otros 310 amnistiados respecto a sus declaraciones mensuales obligatorias. La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo obliga a bancos, notarios y registradores de la propiedad a informar al SEPBLAC de cualquier movimiento sospechoso que tenga como fin utilizar dinero negro en el mercado legal. El SEPBLAC recibe anualmente unos 5.000 avisos de este tipo, el organismo investiga el asunto y si considera que existe base legal para imputar un delito económico, procede a informar del mismo a las unidades de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, la Policía Nacional o la Fiscalía con el fin de que presenten la denuncia correspondiente. Aunque el Gobierno del PP pretendía recaudar con esta medida una cifra cercana a los 2.500 millones de euros, la cantidad real ni siquiera llegó a la mitad. La Agencia Tributaria apenas ingresó 1.191 millones de euros de los 40.000 millones regularizados.

Los privilegios de las eléctricas, historia de una estafa:

Lo siento, pero lo que pasa en España no sucede en ningún país de nuestro entorno, esos con los que tantas veces nos comparan nuestros políticos manipulando datos u ofreciendo cifras sesgadas. Cuando leemos que España es uno de los países europeos con la electricidad más cara, debemos tener en cuenta que, las estadísticas que utiliza Eurostat para elaborar sus informes con el fin de comparar los precios de la energía en los diferentes países de la Unión Europea se hacen antes de impuestos, lo cual indica que, independientemente del puesto que ocupe España en la clasificación final en el continente, el precio que pagamos es aún mayor que el declarado por Eurostat, atendiendo también al salario medio de nuestro país, al coste de la vida y al impacto de los impuestos en el recibo final.

Corría el año 1997, hasta entonces, el sector eléctrico estaba regulado en nuestro país. Era el Estado, tan denostado en su papel gestor por el Partido Popular, el que establecía los precios a cobrar por las propias empresas. Josep Piqué, entonces ministro de Industria, anunció ufano y satisfecho el comienzo de una pesadilla de alza de precios-que aún continúa-con el eufemismo de “reducción de tarifa”, que sería, según los defensores de la privatización del sector público en España, la principal consecuencia de liberalizar el mercado eléctrico. Sólo faltó que el ideario grabado a fuego en las mentes de los acérrimos partidarios del neoliberalismo dentro del PP fuera cincelado en piedra y entregado al pueblo en unas nuevas tablas de la ley. Una y otra vez, se repitieron en los medios de comunicación afines al Gobierno consignas como que una parte importante del precio a pagar por la energía sería decidida por el sacrosanto mercado a través de sus infalibles leyes de la oferta y la demanda, lo cual conllevaría, insisto, una bajada de precios. Pero esa retórica rimbombante fue desmentida año tras año por la realidad monopolística española porque cinco empresas controlan el mercado de forma rígida: Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y Gas Natural Fenosa. Entre 2004 y 2015, la subida del recibo de la luz ha sido de un 76%. Los aumentos entre 2016 y 2017 son del 12% anual, aproximadamente. Desde 2004, la electricidad, simplemente, se ha convertido en un lujo en nuestro país.

cinco empresas controlan el mercado de forma rígida: Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y Gas Natural Fenosa. Entre 2004 y 2015, la subida del recibo de la luz ha sido de un 76%

 1. Los Costes de Transición a la Competencia:

El enorme coste de producción de la energía es la excusa utilizada por las eléctricas para aumentar los precios de la luz todos los años. No es fácil rebatir estos argumentos porque las empresas energéticas en España no son precisamente transparentes. Casi todos los datos relacionados con las eléctricas son confusos y difíciles de interpretar. El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) ha calculado las cantidades de pagos ilegítimos abonados a las compañías eléctricas entre 1998 y 2013, la cantidad asciende a entre 60.000 y 80.000 millones de euros. Las cinco grandes empresas de energía no sólo aprovecharon su enorme influencia en los sucesivos gobiernos con el fin de perpetuar su monopolio, sino que ya fueron sancionadas por la Comisión Nacional de la Competencia por tratar de impedir el cambio de empresa comercializadora y por intentar fijar los precios a los grandes clientes. Pese al control de las grandes empresas sobre el mercado español, el Gobierno creó en 1997 los llamados Costes de Transición a la Competencia para que las eléctricas aceptaran de buen grado las oscilaciones del nuevo mercado “liberalizado”. Para conseguir el privilegio de los Costes de Transición, las empresas utilizaron uno de los viejos recursos del neoliberalismo, que apela a la seguridad jurídica (protección por parte del Estado) cuando ve peligrar sus inversiones, mientras pide respeto para la libertad de mercado-el pez grande se come al pequeño-cuando los beneficios son seguros. Así, las compañías exigieron garantías para competir en un mercado abierto en el cual pudiera darse el caso de que no recuperasen las inversiones. Así es como se hizo el cálculo de los Costes de Transición, estableciendo una distinción entre las expectativas de ganancias de las compañías y los ingresos a cobrar en el nuevo sistema regulado, siempre con la premisa de que el propio mercado fijaría el precio medio del megavatio por hora (MWh) en 36 euros durante la vida útil de las centrales involucradas. La cantidad final quedó establecida en aproximadamente 8.664 millones de euros, a los que había que sumar un incentivo al consumo de carbón español, que se fijó en 2.000 millones de euros a recibir entre 1998 y 2010. El Gobierno de Zapatero acabó en 2006 con los Costes de Transición, pero nunca reclamó a las compañías lo que habían cobrado de más a los ciudadanos.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE), hoy integrada en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC), calculó que hasta 2006 las grandes empresas eléctricas habían cobrado a los ciudadanos a través del recibo de la luz 3.558 millones de euros más de lo que les correspondía por los Costes de Transición. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético anunció en 2013 que el Estado había perdonado a las grandes eléctricas una deuda de 3.396 millones de euros y denunció el hecho ante la Fiscalía Anticorrupción, que abrió una investigación con el fin de aclarar por qué motivo los responsables del Ministerio de Energía entre 2007 y 2010 (Gobierno de Zapatero) no demandaron a las eléctricas el sobrante que fue cobrado a los ciudadanos en concepto de Costes de Transición a la Competencia. La Administración tuvo la posibilidad de cobrar esas cantidades hasta 2010, fecha en que prescribió el posible cobro. El Gobierno no hizo efectivo ese derecho, pese a un informe favorable por parte de la Abogacía del Estado en 2008, a los que hubo que sumar dos informes de la antigua Comisión Nacional de la Energía del mismo año instando al Gobierno de Zapatero a proceder a la liquidación. La investigación de la Fiscalía contó con el testimonio de varios altos cargos del Ejecutivo socialista, pero dictaminó que no existía delito alguno en no reclamar esos sobrecostes, de manera que el caso terminó siendo archivado. El Gobierno del PP tampoco consideró la posibilidad de reclamar la deuda a las compañías eléctricas. Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se insiste en que no reclamar la devolución de los Costes de Transición y no fijar mecanismos de corrección posteriores constituyen dos vulneraciones de la normativa europea de Ayudas de Estado. En definitiva, pese a contar con varios informes técnicos y jurídicos para reclamar el dinero a las eléctricas, el Gobierno no lo hizo.

La Comisión Nacional de la Energía calculó que hasta 2006 las grandes empresas eléctricas habían cobrado a los ciudadanos a través del recibo de la luz 3.558 millones de euros más de lo que les correspondía por los Costes de Transición

En nuestro país todo favorece a las grandes empresas y corporaciones: en mayo de 2008, el Ministerio de Industria elaboró un borrador de orden ministerial con el fin de reclamar a las eléctricas el dinero cobrado de más a los clientes en concepto de Costes de Transición a la Competencia. El entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, declaró que nunca fue informado de esa orden.

La regulación a medida de las eléctricas explica este despropósito: aunque en 1997 se establecieron las cuantías máximas de 8.664 millones de euros para compensar las eventuales pérdidas de las eléctricas, el mercado eléctrico no se estabilizó en el precio fijado en la Ley del sector eléctrico LSE 54/97, que era de 36 MWh, creado para hacer un cálculo máximo de los Costes de Transición, sino en precios mucho más altos. Así, en junio de 2005 el valor más alto de los Costes de Transición actualizado y establecido en la ley en esos 8.664 millones ya había sido cobrado por las empresas en su totalidad. Esta cantidad se cobró a través de dos vías: una parte en forma de tarifas de los propios Costes de transición, la otra mediante un exceso de precio sobre el precio de referencia que, en las cifras resultantes correspondía restar del valor máximo, que de esta forma quedaba actualizado sobre la estimación inicial. Según Economistas Frente a la Crisis, “si la regulación de los CTC’s no hubiera sido derogada en julio de 2006 y se hubiera mantenido hasta su final previsto en 2010 por la LSE 54/97, las empresas eléctricas hubieran tenido que devolver a los consumidores, a la vista de los precios reales del mercado que en este periodo han cobrado, todo exceso de precio por encima de 36€ MWh que hubieran cobrado entre junio de 2005 y diciembre de 2010 por la generación del conjunto de sus centrales. Es decir, si en julio de 2006 no se hubiera derogado la norma que regulaba el mecanismo de cobro de los CTC’s, hoy no tendríamos ni déficit tarifario ni una tarifa tan alta ni a nadie se le hubiera pasado por la cabeza recortar la retribución –recortes consolidados y aumentados en la LSE 24/13- de las centrales eléctricas renovables”.

2.  El déficit de tarifa:

La segunda norma del marco regulatorio hecho a medida de las grandes empresas fue el tan traído y llevado “déficit de tarifa”. En el año 2000, el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, elaboró una legislación que favorecía a las grandes eléctricas para que nunca resultasen perjudicadas. Las empresas alegaron que los ingresos procedentes de los recibos no bastaban para cubrir los gastos fijos: transporte de electricidad, distribución, generación, y primas a las energías renovables. Durante la negociación con el Gobierno, desarrollada en la más absoluta opacidad, las compañías expusieron al Ejecutivo sus costes estimados, de manera que, si el dinero que ingresaban a través de la factura de la luz era menor que las cantidades previstas, el Estado debería abonar la diferencia a las eléctricas. En definitiva, el déficit tarifario no es, como tantas veces se dice, la diferencia entre el coste real de la energía y la tarifa a pagar por los ciudadanos, sino la diferencia entre los costes de la electricidad reconocidos por las normas regulatorias y las tarifas reguladas que pagan los consumidores. Como siempre hace el poder, se creó un armazón jurídico para perpetrar la tropelía: cuando un neoliberal dice “Estado” quiere decir también “ciudadanos”, claro, de manera que la “deuda” la abonan los consumidores y no el Estado, aunque lo cierto es que esa deuda ni siquiera la pagamos a las empresas eléctricas, sino a los propietarios de fondos de inversión que, desde 2011, fueron adquiriendo deuda eléctrica a través del Fondo de Titulización de Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). En realidad, la deuda se encuentra dividida en cuatro bloques con diferentes actores con derecho de cobro. El citado Fondo de Titulización fue creado en 2009, y su creación facilitó a las cinco grandes compañías que forman UNESA (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP y Viesgo) acabar con sus derechos de cobro, que así terminaron siendo adquiridos por fondos de inversión españoles y extranjeros. El beneficio medio del Fondo de Titulización en el año 2016 fue del 4,092%, un interés extraordinariamente alto en el actual panorama financiero, esta rentabilidad influye en el precio final del recibo y sitúa el coste medio de la deuda eléctrica para particulares y empresas en el 3,5%.

Según los expertos, la eliminación del “déficit de tarifa” supondría un descenso del precio de la luz del 11%

La estrategia de estos fondos, aquí y en cualquier otro lugar del mundo, se desvincula del espíritu de los proyectos originales que, en el caso de empresas como Iberdrola o Endesa, consistían en crear una red eléctrica que cubriese la totalidad del territorio nacional con el único fin de construir un país más moderno. El déficit de tarifa se calculó nuevamente en 2005 y 2013, de resultas de este engaño la deuda se eleva a más de 23.000 millones y no será pagada hasta 2028. Los propietarios de los fondos de inversión no suelen ser muy pacientes, de manera que cobran intereses de demora del 4,5%. Según los expertos, la eliminación del “déficit de tarifa” supondría un descenso del precio de la luz del 11%. El Gobierno de Zapatero no movió un dedo para modificar la legislación heredada del PP respecto a las eléctricas. El 5 de abril de 2017, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia publicó la deuda del sistema eléctrico a 31 de diciembre de 2016, que ascendía a 23.070 millones de euros. En el sector del gas, que también está regulado, la deuda era de 2.471 millones de euros. Esta cifra es un 66% más alta que la reconocida en 2015, la razón es que ahora se incorpora a la contabilidad el déficit generado entre 2004 y 2014, algo que antes no se hacía.

Puede salir a dar explicaciones acerca del mercado eléctrico cualquier ministro de cualquier gobierno con toda su retórica técnica y mentirosa, que nada justifica que algo tan esencial como la energía esté sujeta a los vaivenes del mercado financiero. Peor aún, las compañías eléctricas fueron construidas con el esfuerzo de todos, para que ahora, en vez de existir una relación directa empresa eléctrica-ciudadano, exista una relación plagada de intermediarios tales como los fondos de inversión, que en modo alguno buscan generar riqueza para el país o crear infraestructuras, sino tan solo obtener rentabilidad a costa de lo que sea. El déficit de tarifa es, en realidad, una conjetura, una suposición, aunque esta haya sido tenida en cuenta por todos los gobiernos y haya recibido una dotación jurídica y legal. La explicación a los enormes beneficios de las empresas eléctricas se debe no sólo a que los costes reales de generación son menores que los que las empresas reconocen, sino a que nos venden la energía a un precio mucho mayor respecto al coste real de obtención. 

3. Pagos por Capacidad:

La ley se hizo para las eléctricas y sólo para ellas, de modo que, por si todo lo legislado no fuera suficiente, en 2007 llegaron los llamados “Pagos por Capacidad”, es decir, se paga a las empresas por sus instalaciones-algo inaudito-, tanto si producen como si no. Estos pagos consisten en ayudas en torno a los 700 millones de euros anuales que los clientes pagan a través del recibo y que las compañías cobran por tener plantas de carbón y gas para cubrir la demanda que otras tecnologías de generación como las renovables no pueden atender. Existen alrededor de cien centrales eléctricas que cobran este tipo de ayuda: las 67 que utilizan gas, algunas otras que usan carbón, y, finalmente, algunas hidroeléctricas de bombeo. Las centrales que utilizan gas y carbón están infrautilizadas y sólo producen al 10% de su capacidad. La razón es que las energías renovables, las centrales nucleares y las hidroeléctricas pueden atender la demanda de energía. Las centrales de ciclo combinado que fueron construidas se suman a las renovables, dando como resultado una potencia de 100.000 MW, cuando nuestra demanda está en torno a los 45.000 MW. La cuestión es de tal gravedad que, por poner un ejemplo, en 2014, 13 centrales de ciclo combinado cuya potencia ascendía a 5.900 MW de potencia no funcionaron en ningún momento. Se calcula que este concepto aumenta el precio medio del recibo en 50 euros anuales. 

en 2014, 13 centrales de ciclo combinado cuya potencia ascendía a 5.900 MW de potencia no funcionaron en ningún momento

4. El Pago por Interrumpibilidad 

En nuestro país, desgraciadamente, la pasividad del pueblo ha dado pie a que nuestros políticos lleven a cabo políticas descabelladas de todo tipo. Por si todos estos excesos fueran pocos, el Gobierno de Zapatero creó en 2008 el “Pago por Interrumpibilidad”. Mediante este mecanismo legal, el Gobierno acordó con las grandes empresas consumidoras de energía (las acereras y el sector cerámico, principalmente, pero también cementeras, empresas fabricantes de papel y RENFE) la posibilidad de restringirles el servicio eléctrico con el fin de garantizar el suministro a la población. Por este concepto, la factura de la luz tiene un sobrecoste con el cual los ciudadanos subvencionan a la gran industria con 500 millones al año. Durante los últimos diez años, los consumidores han pagado un suplemento en el recibo de la luz de 4.900 millones de euros por Pago por Interrumpibilidad, según datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Estos precios no se justifican por causa real alguna, puesto que este recurso sólo se ha utilizado dos veces en diez años. Red Eléctrica Española es el organismo encargado de decretar los paros si fuera necesario. Lo hizo en junio de 2016 y en octubre de 2017, en las dos ocasiones por averías, y no por el exceso de demanda previsto en la normativa. El paro de 2016 afectó a las plantas asturianas de Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc por un fallo de la subestación de Soto de Ribera. El paro de octubre de 2017 perjudicó a las mismas compañías por una avería en la central eléctrica de Aboño. Debemos preguntarnos si este sobreprecio en el recibo de la luz se justifica por dos parones de cinco horas en un plazo de una década. Es el precio a pagar por tener un monopolio de cinco empresas que controlan el 67% de la oferta y el 87% de la demanda. Este concepto, el Pago por Interrumpibilidad, acaba constituyendo una subvención encubierta a la gran industria en nuestro país.

¿Qué empresas pueden acogerse al Pago por Interrumpibilidad? Para otorgar esta subvención, se subastan dos productos de potencia interrumpible. El primero se centra en las disminuciones de consumo de 5 MW y el segundo en las de 90 MW. Sólo las grandes compañías eléctricas pueden acogerse a estos criterios de mercado, por esta razón no existe una verdadera competencia y todo ello acaba derivando en los precios finales que se establecen. El resultado final de esta normativa es un sobreprecio en el recibo de la luz para los ciudadanos, mientras que las grandes empresas logran año tras año un considerable ahorro en su factura eléctrica. En su último informe, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia señalaba que el coste de este concepto en 2014 fue de 550 millones de euros; en 2015, 508 millones de euros; en 2016, 503 millones de euros; y en 2017, 525 millones de euros. Según la propia CNMC, la distorsión se produce porque para el producto de 90 MW existe un número muy pequeño de ofertantes, tan solo seis, es decir, un mercado de poca competencia, lo cual desmiente la tan publicitada idea defendida por el PP en los años noventa que afirmaba con pretendida infalibilidad que los precios de la energía serían menores en un mercado de empresas privatizadas. 

5. Los servicios de ajuste del sistema

Los llamados “servicios de ajuste del sistema” son sobreprecios en el recibo de la energía que proceden del siguiente concepto: Red Eléctrica insta a determinadas centrales de gas y de carbón a producir cantidades de energía no previstas por el mercado mayorista. La elección de estas centrales está determinada por su situación geográfica estratégica. Esta ubicación excepcional autoriza a las centrales a cobrar por la energía un precio mucho más alto al establecido por el mercado. Dependiendo de la época del año, el encarecimiento se sitúa entre un 5% y un 20%.

6. La moratoria nuclear:

En 2016, los españoles terminamos de pagar la moratoria nuclear, un concepto por el cual las compañías eléctricas eran indemnizadas a través del recibo de la luz por el parón nuclear de 1983, medida que paralizó los proyectos de construcción y puesta en marcha de centrales nucleares en España. El 30 de diciembre de 1994, el último Gobierno de Felipe González aprobó la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico, que establecía la paralización de las obras de construcción de las centrales nucleares de Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II. La ley también recogía la compensación económica a Iberdrola, Unión Fenosa y Sevillana, propietarias de las centrales. El coste total pagado por los consumidores entre 1996 y 2015 ascendió a 5.717 millones de euros en una operación absolutamente exenta de transparencia que no fue debidamente explicada a la opinión pública. En este caso, como en el resto de los diferentes conceptos de pagos a las grandes eléctricas, se repite la misma secuencia: las informaciones de todo lo que rodea al sector son confusas y opacas, pese a que las cantidades inicialmente fijadas eran de 4.000 millones de euros, algunos estudios apuntan a que los consumidores han pagado más de 9.000 millones. Esta cantidad está muy por encima de los 5.717 millones de euros que “oficialmente” hemos pagado. Hay informaciones que forman parte de la letra pequeña de la actualidad y que no son explicadas por los grandes medios: en 1996 se crea el Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear, un producto financiero que ha sido el gran beneficiario del grandioso sobrecoste de la moratoria nuclear y del cual no sabemos quiénes son sus propietarios porque la Comisión Nacional de la Energía no proporciona dato alguno acerca de los mismos. La Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico de 1994 ya establecía la posibilidad de ceder la deuda a terceros, medida que se aplicó en 1996 por medio de este fondo, que se liquidó en 2015.

7. La tarifa de último recurso

 Los consumidores de la Tarifa de Último Recurso han pagado desde mediados de 2009 y hasta finales de 2013 (la tarifa desapareció en mayo de 2014) una cantidad de 1.682 millones de euros en sobrecostes en el recibo de la luz. Este precio, salvo en una ocasión específica, fue siempre superior al fijado por el mercado mayorista. El principal problema es que el ciudadano pagaba por un tiempo de tres meses un precio establecido en la subasta que resultaba ser muy superior al real, todo el dinero abonado de más se iba en gran parte a la cadena de producción y comercialización de la electricidad y, en una inadmisible cesión de competencias y funciones por parte del Estado, parte de ese dinero acababa en manos de intermediario financieros que especulan con la electricidad. 

8. La subasta de la electricidad

El “pool” es el conjunto de la subasta diaria de electricidad, y es administrado por una empresa “independiente”, OMIE, otra anomalía en un sector que debería estar gestionado íntegramente por el Estado. Por poner un ejemplo, durante el primer trimestre de 2013, los consumidores pagaron 45,41 euros por megavatio y hora en la factura, aunque el precio de la subasta fue de sólo 18 euros. Hemos acabado por asumir como normales sobreprecios que constituyen una forma de financiar a las eléctricas de forma encubierta. Por este concepto, el consumidor pagó en 2012, 258 millones de euros de sobrecostes; en 2011, 203 millones; en 2010, 498 millones; y en 2009, 445 millones. Hay que recordar que antes de 2009 las diferencias entre las previsiones y el resultado trimestral eran compensadas después de tres meses. Mediante este procedimiento, el consumidor recibía lo que había abonado de más, algo que no sucede ahora.

Punto y aparte es el delirante mecanismo de subasta: después de establecidas las necesidades de consumo, las empresas declaran cuantos megavatios son capaces de ofrecer y su procedencia. El precio de la electricidad fluctúa hasta que se acuerda la oferta y la demanda. Sin ningún coste para ellas, entran en la subasta la energía nuclear y las energías renovables. Por orden de precio les secundan las centrales hidráulicas y las de gas de ciclo combinado, terminando por las más caras, las centrales térmicas de carbón. El precio final establecido es el de la energía más costosa en entrar en el sistema.

La liberalización del mercado eléctrico es una gran mentira porque la mitad de los costes son regulados. El sector es un oligopolio de cinco empresas que dirigen la “competencia”

Estos son algunos datos de uno de los escándalos más graves de la España moderna. La liberalización del mercado eléctrico es una gran mentira porque la mitad de los costes son regulados. El sector es un oligopolio de cinco empresas que dirigen la “competencia”. Pese a todas las falsedades del sistema neoliberal para tratar de estigmatizar y ridiculizar a los ciudadanos honestos que demandan información veraz acerca de cuestiones decisivas que implican privilegios inadmisibles en favor de las grandes empresas, hoy sabemos que las deudas de todo tipo, como ha ocurrido en los casos de Ecuador o Grecia, pueden reestructurarse o anularse parcialmente. Lo mismo debería ocurrir en el caso de los sobrecostes cobrados por las eléctricas en nuestro país. Las épocas de crisis son propicias para inocular miedo en la sociedad, y cuando existe miedo es más fácil tomar medidas de excepción con las que el neoliberalismo, de la mano de los gobiernos, está transformando de forma decisiva los marcos jurídicos de los países occidentales con el fin de disminuir el tamaño de los Estados para que el dominio de las grandes empresas sea irreversible.

 Las limitaciones impuestas por el Tratado de Maastrich:

Los Tratados de la Unión Europea son acuerdos con carácter vinculante entre los países miembros. Cada Tratado marca los objetivos de la Unión, las normas y leyes aplicables a sus instituciones y las relaciones entre los diferentes Estados. Cuando se aprueba un nuevo Tratado, las instituciones de la UE pueden adoptar una nueva legislación, que todos los países miembros deben aplicar de forma posterior. Los Tratados deben ser ratificados por los parlamentos nacionales de todos los Estados de la Unión Europea. Cuando se desea elaborar un nuevo tratado o reformar uno existente, se convoca a todos los países a una Conferencia Intergubernamental, formada por los representantes de los gobiernos de los Estados miembros.

Antes de la entrada en vigor del Tratado de Maastrich, los Estados podían financiarse a través de sus bancos centrales. El dinero que estos prestaban al Estado se obtenía a cambio de intereses de entre un 0,5% y un 1,5%. El Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastrich entró en vigor el 1 de enero de 1993 y ha sido modificado por los Tratados de Ámsterdam, Niza y Lisboa. Según su artículo 104, que es idéntico al artículo 123 del Tratado de Lisboa, se prohíbe la financiación de las administraciones públicas a través de los bancos centrales de cada país. El diseño de la política económica es responsabilidad del Banco Central Europeo (BCE), mientras que el poder de conceder dinero recae en la banca privada. El artículo 104 del Tratado de Maastrich también prohíbe al BCE prestar dinero a los Estados o comprar su deuda, de modo que cuando un país necesita financiación debe recurrir a la banca privada o emitir deuda pública. Sin embargo, los diferentes países de la zona euro pueden evitar de forma parcial la prohibición solicitando préstamos a la banca pública de sus respectivos países, siempre que esta banca exista en los mismos, aunque a día de hoy ningún país ha hecho efectivo este derecho. Si el BCE hiciera las veces de los antiguos bancos centrales, el dinero prestado a los Estados se obtendría a intereses muy bajos y no necesitaría de la intermediación de los bancos privados, mientras que los mismos establecen intereses altísimos para la obtención de un crédito. Por poner un ejemplo práctico: la diferencia estimada que supuso para España durante el año 2011 la obtención de crédito a través de la banca privada y no mediante su banco central ascendió a 23.500 millones de euros, una cifra increíble en un único ejercicio. En pocas palabras, si ni el BCE ni los bancos centrales pueden financiar a los Estados en la zona euro, eso significa que la circulación del dinero queda en manos de las élites financieras, todo un golpe a la democracia y al Estado de Derecho. El Tratado de Maastrich se publicitó como un avance extraordinario para los ciudadanos de la Unión Europea y, efectivamente, lo fue en muchos ámbitos, pero el Tratado también incluyó artículos como el citado 104, que son absolutamente nefastos para el funcionamiento de la economía de los Estados miembros.

la diferencia estimada que supuso para España durante el año 2011 la obtención de crédito a través de la banca privada y no mediante su banco central ascendió a 23.500 millones de euros

En febrero de 2012, el Banco Central Europeo mostró a las claras algo que todos sabíamos de una u otra forma: que no es lo mismo ser un ciudadano de a pie que un gran banco. En esos días, el BCE llevó a cabo varias operaciones con el fin de refinanciar a la banca europea a través del plan LTRO. Mediante este sistema, los bancos recibieron un billón de euros a devolver en un plazo de tres años a un interés del 1%. Meses después, el pánico a las peores consecuencias de la crisis y el temor a la desaparición del euro condujo al BCE, de la mano de Mario Draghi, a adoptar un plan de compra de deuda pública de los países europeos en apuros. La prensa habla continuamente de una actuación heroica por parte del BCE para salvar al euro, pero esto no es exactamente así. Como ya hemos comentado, el BCE tiene prohibida de forma expresa la compra directa de deuda pública de un país en el llamado mercado primario, pero sí puede hacerlo a través del mercado secundario mediante las operaciones de mercado abierto denominadas REPOS. Desde 2012, el uso de estas operaciones por parte del BCE se ha convertido en algo habitual. Mediante esta práctica, el BCE compra a los bancos los bonos del Tesoro de los diferentes Estados de la Unión Europea a un precio determinado, comprometiéndose a devolver esos bonos a los mismos bancos a un precio también fijado. Cualquier operación que involucre a un banco conlleva una contrapartida: las entidades obtienen dinero del BCE a un interés de entre el 0% y el 1% y continúan comprando deuda pública de los diferentes Estados de la Unión Europea a intereses mayores. De manera que el BCE no adquiere deuda pública de forma directa, sino que lo hace a través de los bancos privados alimentando de forma permanente este círculo vicioso.

El 23 de marzo de 2017, El Banco Central Europeo celebró una subasta de liquidez con el fin de dotar de dinero a las entidades financieras para estimular el crédito. Un total de 474 entidades se acogieron a esta medida y recibieron 233.500 millones a un 0% de interés hasta marzo de 2021. Fue la segunda operación más importante de concesión de liquidez después de la de junio de 2016, cuando el BCE prestó a las entidades bancarias, también al 0%, un total de 399.288 millones de euros en una subasta a la que acudieron 514 bancos, según informes del propio BCE. 

El Tribunal Constitucional alemán ha expresado sus dudas acerca del programa de compra de deuda del BCE en varias ocasiones, la última vez en agosto de 2017. Después de examinar varias demandas, los jueces del tribunal germano dictaminaron que la medida del BCE podría exceder sus competencias al tener una influencia decisiva en la política financiera de los países de la UE, y remitió la causa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie. En cualquier caso, difícilmente el Constitucional alemán sería capaz de vetar al Bundesbank para que este banco no participe en la financiación de compra de títulos de otros países puesto que el banco federal alemán es el mayor contribuyente del BCE. El tribunal germano recibió tres recursos de inconstitucionalidad, entre ellos el del economista Bernd Lucke, fundador y exdirigente de la formación nazi Alternativa para Alemania (AfD). A través del mercado secundario, el BCE ha adquirido casi 176.000 millones de euros de deuda pública española, lo que supone el 11,8% del total de capital invertido por el banco. Así, la deuda soberana de nuestro país se convierte en la cuarta con mayor presencia en la cartera del BCE tras Italia (245.582 millones), Francia (282.373 millones) y Alemania (355.595 millones).

 El desastre del rescate bancario

España es el país europeo que más dinero ha perdido en el rescate bancario en comparación al resto de economías del continente. La cifra asciende a 60.613 millones no recuperables, lo que supone el 80% del dinero invertido, un total de 76.410 millones de euros. La principal razón es que el dinero suministrado a la banca llegó demasiado tarde-2012, en comparación a los años 2008 ó 2009 en los que otros países otorgaron ayuda a sus sistemas financieros-, que los bancos o cajas que recibieron el rescate estaban en estado de ruina, sin proyectos solventes debido a su escaso crédito y que el carácter jurídico de las cajas de ahorro fue un impedimento para su saneamiento. El dinero perdido por España asciende al 4,3% de nuestro PIB frente al 1,3% de Alemania, el 0,2% de Italia, o el 0,6% de Reino Unido. Todo ello pese a las reiteradas afirmaciones del Gobierno de que esto nunca ocurriría y de que el rescate no nos costaría ni un euro a los ciudadanos. Los bancos estadounidenses fueron multados por el Gobierno federal con 150.000 millones de dólares por malas prácticas, mientras que los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores hablan de 45 millones de euros en multas por el mismo motivo a las entidades de nuestro país, una cifra absolutamente ridícula que no constituye una forma de disuasión para prevenir posibles malas prácticas en el futuro. Por cierto, que de los 635.000 millones de dólares inyectados por el Tesoro de EE. UU. a sus bancos, estos devolvieron el dinero con intereses, hasta el punto de que el Gobierno de Estados Unidos no sólo ha recuperado todo el dinero invertido, sino que ha ganado 88.500 millones de dólares. Las cifras hablan por sí solas: la cantidad de 60.613 millones de euros perdidos en el rescate bancario español equivale a 55 años de complemento salarial del pacto entre el PP y Ciudadanos; a 10 años de la renta mínima propuesta por el PSOE; o a 9 años del presupuesto anual en sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Los bancos estadounidenses fueron multados con 150.000 millones de dólares por malas prácticas, mientras que los datos de la CNMV hablan de 45 millones de euros en multas por el mismo motivo a las entidades de nuestro país

El Gobierno del Partido Popular ha manejado dinero público con absoluta irresponsabilidad y nos oculta que el rescate financiero podía haber sido menos costoso para el ciudadano. Del mismo modo, la banca y la sociedad en su conjunto, con una mejor inversión y con más transparencia, hubieran salido beneficiadas después de una crisis de estas proporciones. Un ejemplo de que las cosas pueden hacerse mejor es Holanda y su banco ING, junto a ABN Amro, la joya de la corona para los holandeses. Al inicio de la crisis, Holanda se vio obligada a inyectar 10.000 millones de euros en ING, un banco enormemente expuesto al mercado hipotecario de Estados Unidos. Los directivos de ING decidieron entonces tomar un nuevo rumbo: el banco disminuyó de tamaño y centró sus operaciones en el mercado europeo. ING abandonó sus inversiones en banca financiera y de inversión para focalizarse en operaciones de banca tradicional, convirtiéndose en un banco más seguro y con más recursos que le permiten hacer frente a cualquier contingencia. Para llegar a esta situación, la entidad holandesa vendió múltiples negocios en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña y también se deshizo de sus aseguradoras en Argentina y Corea del Sur. Estas operaciones significaron unos ingresos para el banco de más de 40.000 millones, lo que demuestra que la eficacia y la sostenibilidad son criterios más importantes en el negocio bancario que el tamaño, que además puede ser un factor de riesgo para la economía de todo un país: el primer listado de los llamados “bancos sistémicos” se elaboró en 2011 en el seno del Consejo de Estabilidad Financiera y en él figuraban las entidades que por su tamaño y en caso de tener problemas de solvencia podían hacer quebrar la economía de todo un país y extender los problemas al resto del mundo. Continuando con el caso de ING, la entidad holandesa fue capaz de devolver al Estado holandés más dinero del que fue necesario para rescatar al banco. A diferencia del caso español, ING pactó con el Estado una devolución de dinero con intereses al 12,5%. A este dinero hubo que sumar 1.400 millones de euros procedentes de la venta del negocio de ING en Estados Unidos. Como consecuencia de la nueva gestión, ING se ha convertido en uno de los bancos más eficientes, solventes y mejor gestionados del mundo.

 Según datos de Eurostat, España también tiene el dudoso honor de ser el país de la Unión Europea que mayor coste ha debido de asumir sobre el déficit público a causa de las ayudas a la banca. En el período 2008-2016, el coste tuvo un impacto de 48.000 millones en el déficit. Sólo en el ejercicio de 2012, el año en que se aprobó el rescate a la banca, que debió ser asumido por el Estado como gasto propio, las ayudas al sector bancario ascendieron a 38.300 millones de euros, lo que supone un 40% más que el total de ayudas que recibieron los bancos griegos. No hablamos solamente de mala gestión, sino también de falta de transparencia: cada año se destinan ayudas a los bancos de las que no se informa de forma detallada. En 2016, el Estado inyectó 2.370 millones de euros que se utilizaron en la recapitalización del FROB y en la devolución a los minoristas de parte del dinero que habían perdido por el fraude de la salida a bolsa de Bankia. Es muy difícil obtener ciertos datos porque no todas las ayudas figuran en el déficit público ni tampoco está reflejado el dinero que fue recuperado por la amortización de los activos nacionalizados. Estas anomalías en la contabilidad llevaron a Eurostat a elaborar nuevos indicadores para calcular las ayudas al sector bancario y su impacto real en el déficit público. De esta manera, se usa la resta de los pasivos asumidos por cada país para pagar los rescates, a la que hay que restar los activos nacionalizados para reducir deuda. Con este nuevo parámetro, España sería el tercer país de la Unión Europea cuya deuda habría aumentado más a causa del rescate a la banca con 43.000 millones de euros a finales de 2016, únicamente superado por Alemania e Irlanda.

El sistema es especialista en distorsionar u ocultar datos con el fin de presentar la realidad de una forma más amable. Así, en el “Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios de 2009 a 2015”, el Tribunal de Cuentas estima que los recursos comprometidos en la reestructuración bancaria en nuestro país entre 2009 y 2015 ascienden a 122.122 millones de euros, aunque el órgano puntualiza diciendo que “no todos los componentes de este conjunto de recursos comprometidos representa, en términos económicos, un coste”. La valoración final del coste total del proceso de reestructuración bancaria no puede cerrarse mientras no finalicen todos los procesos de reestructuración. La cifra de 122.122 millones de dinero público involucrados de una u otra forma en el rescate bancario no incluye los avales entregados por el Estado a los bancos y cajas por valor de 85.965 millones de euros ni la deuda del banco “malo”, Sareb, completamente avalada por el Estado, cuyo importe asciende a 43.476 millones de euros. Si sumamos el total de cantidades, el dinero público comprometido llega a los 251.563 millones de euros, el 20% del PIB de nuestro país. Las sociedades examinadas en el informe del Tribunal de Cuentas son el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), los tres Fondos de Garantía de Depósitos que aún existían hasta octubre de 2011, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Banco de España. Con semejantes cantidades encima de la mesa dedicadas a proteger el negocio bancario, no es extraño que se vean comprometidas las partidas presupuestarias destinadas a educación, sanidad, dependencia o pensiones ni que toda la política económica se vea enormemente condicionada.

La cifra de 122.122 millones de dinero público involucrados de una u otra forma en el rescate bancario no incluye los avales entregados por el Estado a los bancos y cajas por valor de 85.965 millones de euros ni la deuda del banco malo

El Gobierno dijo una y otra vez que el rescate se hacía para salvar a los ahorradores, pero para eso ya está el Fondo de Garantía de Depósitos, que protege los ahorros depositados en imposiciones a plazo fijo en entidades bancarias de nuestro país hasta un máximo de 100.000 euros por persona física o jurídica. El rescate bancario fue, en realidad, un rescate a la banca alemana y francesa. El dinero fue otorgado a España a través del FROB, que lo inyectó en los bancos españoles que, una vez recuperada su solvencia, pudieron seguir devolviendo sus préstamos, principalmente a los bancos de Alemania y Francia y, en menor medida a los de Reino Unido y Holanda. No es extraño que, tras el anuncio del rescate a la banca española, las bolsas de Alemania y Francia subieran un 4%. 

En realidad, la reestructuración bancaria en España incluía la conversión de las cajas de ahorros en bancos-medida que ya había sido recomendada por el FMI en mayo de 2010-, algo que constituía una operación prioritaria para el Gobierno del PSOE y para la banca privada desde el inicio de la crisis: el negocio de estas entidades era una tentación enorme para los bancos españoles, puesto que las cajas llegaron a tener en depósitos la mitad del ahorro total del país y controlaban el 65% de las operaciones del sector. Las cajas estaban presentes en todos los rincones de España y fueron el motor económico durante los 50 años anteriores a la crisis. La cuantía de la obra social en 2009 llegó a ser de 1.776 millones de euros anuales. La crisis fue la excusa perfecta para acometer este negocio. Con el argumento de que fueran más competitivas, se decidió que las cajas fueran privadas y que tuvieran accionistas. La propaganda y los eufemismos utilizados son esenciales para solapar la verdad ante la opinión pública, de manera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Banco de España decidieron obligar a las cajas a convertirse en bancos, pero no por la vía legal, sino aumentando de tal forma los estándares de solvencia de estas entidades que la única solución para sus gestores fue la conversión en bancos. La ratio de solvencia pasó, en un primer momento, de un 4% a un 8% para, posteriormente, situarse en un 10% inalcanzable para la mayoría de ellas. Este nivel de solvencia no fue recomendado por el Parlamento español ni por ningún otro ente democrático, sino que fue sugerido por el  Acuerdo Internacional Basilea III, un pacto al que llegaron los miembros del Consejo de Estabilidad Financiera, un organismo no democrático en el cual participan los países económicamente más importantes del mundo, entre los cuales está España, a los que hay que sumar dictaduras como China o Arabia Saudí y naciones con un claro déficit democrático como Brasil, Rusia y Turquía.

Las cajas eran fundaciones sin ánimo de lucro que se regían por la ley de sociedades limitadas. Sus consejos de administración estaban formados por representantes de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos en diferentes proporciones que eran fijadas por cada comunidad. Como no tenían accionistas, tampoco podían cotizar en bolsa, lo que planteaba nuevos problemas legales. Con el fin de sortear esta cuestión, a las cajas se les dio la posibilidad de convertirse en bancos o bien de depositar todo su dinero en bancos creados por ellas. Así, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podría entrar en su accionariado e inundar a la nueva entidad de dinero público. La medida garantizó que ninguna caja desapareciese porque aquellas que no lograsen aumentar su solvencia serían intervenidas por el Estado. El marco jurídico que facilitó estas operaciones fue aprobado por el Gobierno del PSOE en julio de 2010. Según la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), los 1.776 millones de euros invertidos en obra social en 2009 generaron 1.425 millones de euros de beneficios y 33.600 empleos directos o indirectos. Aún es pronto para evaluar el impacto de la entrada de inversores privados en las cajas, pero, con los criterios de rentabilidad que la banca tradicional aplica, lo más normal es que la obra social disminuya hasta hacerse casi insignificante, aunque lo poco que en este sentido se lleve a cabo será muy publicitado por los bancos. En cualquier caso, por generosos que sean los nuevos gestores, en ningún caso se alcanzarán los niveles de inversión en obra social que realizaban las cajas porque la ley decía que debían destinar, al menos, el 50% de los beneficios a Reservas Obligatorias para garantizar su solvencia, y el resto a obra social. De resultas de la interpretación de la ley, las cajas destinaban entre un 60% y un 70% a sus reservas y entre un 30% y un 40% a la obra social. 

Según la CECA, los 1.776 millones de euros invertidos en obra social en 2009 generaron 1.425 millones de euros de beneficios y 33.600 empleos directos o indirectos

En el momento en que estalló la crisis financiera, la situación de algunas cajas en España era desastrosa a causa de la mala gestión y de la corrupción. El mejor ejemplo de ello es Bankia. Por dar tan solo unos datos: en 2008, los gestores de la entidad, capitaneados por Miguel Blesa, dieron luz verde a la compra del City National Bank, con sede en Miami, por 628 millones de euros. A la vez, en un inadmisible gesto de despilfarro se adquirió una mansión para las posibles visitas de directivos de la caja a la ciudad por valor de 10,5 millones de euros. La mansión había sido comprada cinco años antes por 2,5 millones de euros. En 2010 sonaron las primeras alarmas sobre el estado real del banco de Miami, al que hubo que inyectar 233 millones de euros, en 2011 la entidad necesitó más capital y recibió 242 millones adicionales. También fue polémica la concesión de un crédito de ¡1.000 millones de euros! a Martinsa-Fadesa, la única entidad inmobiliaria española de gran tamaño que quebró durante la crisis financiera de 2007-2008. El dinero fue concedido en 2006 por Carlos Vela, responsable de créditos de Bankia, que apenas un año después fue contratado por la inmobiliaria. En 2008, Martinsa-Fadesa solicitaba el concurso de acreedores. Durante aquellos años, Bankia aumentó artificialmente su balance con activos tóxicos procedentes de la burbuja inmobiliaria y sus consejeros disfrutaron de sueldos millonarios (un número de 17 directivos cobraron 71 millones de euros en cuatro años). Otro ejemplo nefasto de la gestión de la caja fue la oferta de participaciones preferentes, cuya emisión resultó ser una estafa que continúa en manos de la Justicia. La Audiencia Nacional ha apreciado “indicios de criminalidad” en Miguel Blesa por crear este producto. Hoy sabemos que, desde Caja Madrid, de cara a su fusión con Bancaja, se mintió respecto al verdadero número de activos tóxicos que estaban en su poder; ambas entidades declararon tener en conjunto 11.000 millones de euros en activos inmobiliarios irrecuperables, mientras que la cifra real ascendía a más de 30.000 millones. 

Pese al desastre general de las cajas, había varias cuyos parámetros eran envidiables como Unicaja, Kutxa, BBK o Caja Duero. El resultado final del despropósito bancario fue que el Estado aprovechó la crisis para inyectar dinero a los bancos y también a las cajas para luego entregar estas últimas a los primeros a un precio menor. En España, como en Europa, se juega con dinero público (nuestro dinero) con el escudo de las leyes, que favorecen siempre a la banca o con mecanismos legales creados a medida de los poderosos en la más absoluta opacidad para burlar la ética más elemental.

Con la venta de las cajas al sector bancario también se perdió algo estratégico para todo Estado de Bienestar: la oportunidad de crear una banca pública con un parque de vivienda protegida asequible para la población con menos recursos. En lugar de ello, gran parte de las viviendas públicas fueron entregadas a fondos privados extranjeros a un precio irrisorio. Uno de los ejemplo más sangrantes es el del Ayuntamiento de Madrid: según el informe provisional de la Cámara de Cuentas de Madrid, un órgano de control al que corresponde el examen económico presupuestario de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid gobernado por Ana Botella (PP) “vulneró las más elementales reglas de buena gestión” en 2013 al vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades pertenecientes al fondo buitre Blackstone (el mayor propietario inmobiliario del mundo) por valor de 128,5 millones de euros. El dictamen de este órgano describía con detalle multitud de irregularidades en la venta por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid de parte de su cartera de viviendas en régimen de alquiler y con opción a compra.

La Cámara de Cuentas desveló que el Ayuntamiento de Madrid entregó información privilegiada a cuatro empresas acerca de las condiciones de venta. También se supo que las empresas presentaron ofertas antes de que el concurso fuese público. Las conclusiones del informe son rotundas: en la venta al fondo Blackstone se ignoraron los procedimientos legales de contratación, pero también los más elementales criterios de eficacia en el manejo del dinero público, que deben ser, junto a la ética, las normas principales en la gestión de las administraciones. Entre los reproches dirigidos por la Cámara de Cuentas al Ayuntamiento de Madrid estaba el cuestionamiento de la gestión de la unión de empresas formada por la empresa Itaca Desarrollos Urbanos y Promociones y por Desarrollos Creaziona, grupo que recibió casi 2,4 milones de euros del Ayuntamiento de la capital a cambio de interceder en la operación entre el consistorio y los llamados fondos buitre. El órgano fiscalizador afirma que las únicas pruebas de la existencia de esos trabajos fueron las facturas de cobro. “No queda otra constancia de la intermediación realizada, que las facturas por dichas intervenciones, que en el caso de las 18 promociones asciende a 2.397.775 euros”. La Cámara de Cuentas también sostiene que el Ayuntamiento pagó una comisión por la venta de viviendas a Fidere (un fondo buitre propiedad de Blackstone), tomando como referencia que el consistorio había contratado a esta empresa en 2012 para vender unos solares. El ingreso máximo que como comisionista podía recibir Fidere ascendía a 2,26 millones de euros. Según la Cámara de Cuentas, ese contrato “parecía no tener relación” con las viviendas puesto que no se trataba de los inmuebles listados, en cualquier caso, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid utilizó ese contrato para pagar a Itaca por su labor de mediación con Fidere en la compra de las 18 promociones de vivienda protegida.

Con la venta de las cajas al sector bancario también se perdió algo estratégico para todo Estado de Bienestar: la oportunidad de crear una banca pública con un parque de vivienda protegida asequible para la población con menos recursos

En su informe acerca de esta operación, la Cámara de cuentas concluye que, al inicio del proceso de venta, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo desconocía el valor objetivo del mercado de los bienes a vender, que renunció a un informe técnico realizado por personal especializado en calcular ese tipo de bienes, así como por empresas de tasación homologadas, y lamenta que las viviendas fueran vendidas por 30,5 millones menos del valor establecido por la propia empresa municipal. El informe también condena que el Ayuntamiento mostrase una valoración de la empresa Price Waterhouse Coopers, una de las cuatro auditoras más importantes del mundo, que había asesorado a la propia Fidere, la empresa adjudicataria. Según el informe de la Cámara de Cuentas, “carece de la condición de informe técnico la valoración hecha por Price Waterhouse Coopers, que no sólo carece de validez como tasación de la cartera inmobiliaria a enajenar según sus propias manifestaciones, sino que además se revelará en la fase de negociación posterior con la que resultaría adjudicataria, como asesora de esta última”. La Cámara de Cuentas recalcó que la venta de 18 promociones de vivienda pública a Fidere y a las dos sociedades del fondo buitre Blackstone “contraviene el reglamento de Adjudicación de Viviendas de Protección Pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2008 y modificado en 2012, que impide la venta de viviendas de protección pública a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento”. El informe de la Cámara de Cuentas finaliza diciendo que la EMVS vendió 1860 pisos “sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta” y “aplicando exclusivamente las reglas de mercado” al fondo de inversión.

 La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, afirmó siempre que los titulares de las viviendas públicas no verían cambios sustanciales en las condiciones de alquiler tras la venta al fondo buitre Fidere, pero en varios casos el fondo aumentó el precio anual del alquiler, que pasó de 4.388 euros a 6.183 euros anuales, lo que suponía una subida del 40%. A los inquilinos se les concedió un plazo de dos años para adaptarse a las nuevas condiciones. También hubo cambios en los nuevos contratos concedidos, que se firmaban por un tiempo de un año, mientras que antes la validez era de dos. La Cámara de Cuentas llamó la atención sobre el hecho de que, una vez traspasada la titularidad de las 18 promociones de vivienda a Fidere, el Ayuntamiento no hiciese un seguimiento para garantizar que las viviendas continuaran teniendo un carácter social, y censura “que no se estableciera una comisión o instrumento adecuado y control para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones que esta se ha subrogado”. En definitiva, la Cámara de Cuentas considera que el Ayuntamiento de Madrid se desligó de sus obligaciones de proteger las condiciones sociales de la vivienda pública aun cuando estas habían sido vendidas a un fondo buitre. Pero la actuación de Fidere va mucho más allá de la anulación del carácter social de las antiguas viviendas de protección porque este fondo llegó incluso a usar las promociones como aval con el cual solicitar préstamos a bancos.

Tras la adquisición de las 18 promociones de viviendas públicas pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid, el fondo buitre Fidere se dedicó a llevar a cabo diversas prácticas de extorsión hacia los inquilinos

Tras la adquisición de las 18 promociones de viviendas públicas pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid, el fondo buitre Fidere se dedicó a llevar a cabo diversas prácticas de extorsión hacia los inquilinos. Los afectados explican que Fidere, de forma unilateral, rescindía el contrato de alquiler a los vecinos de un inmueble determinado, posteriormente, el fondo no aceptaba los recibos de pago de los inquilinos, a los que denunciaba por impago. Otra de las prácticas mafiosas llevadas a cabo por el fondo consistía en el envío de burofax para avisar a las familias de que debían abandonar el inmueble con motivo de obras a realizar en el mismo. Siete familias del edificio situado en el número 10 de la calle Lope de Vega de Madrid fueron avisadas mediante este procedimiento de que debían dejar sus casas por unas supuestas obras en el bloque, aunque los trabajos nunca se iniciaron. En mayo de 2017, se produjo la primera sentencia judicial contra Fidere cuando el juzgado número 43 de Primera Instancia de Madrid evitó un desahucio de una familia con un menor de dos años a la cual Fidere no renovó el contrato de alquiler pese a que estaban al corriente de todos los pagos y que residían desde hacía diez años en la vivienda. La sentencia está todavía sujeta a una posible apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. La juez entendió que Fidere estaba en la obligación de garantizar las condiciones del contrato firmado por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo con los inquilinos antes de la venta al fondo buitre. Otra de las quejas de los vecinos hace referencia a la falta de mantenimiento en los edificios, tarea que corresponde al fondo comprador. El Ayuntamiento de Ana Botella facilitó a Fidere hacer una inversión mínima con la cual garantizarse un reembolso mayor sin responder a obligación legal alguna para con los inquilinos de los inmuebles. En octubre de 2017, la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid reabrió por la vía penal la causa de la venta de 1860 viviendas públicas a Fidere.

La compra de las 18 promociones de la EMVS tuvo un coste de 128,5 millones de euros para Fidere en 2013, un precio a todas luces irrisorio. Fidere mantiene las denuncias por desahucio pese a las varias sentencias que se han producido para evitar la expulsión de los vecinos de sus casas. Con frecuencia, la ley se convierte en el parapeto tras el cual proteger de forma legal una injusticia, así, el precio de cada vivienda adquirida por Fidere ascendió a 68.000 euros, mientras que el precio actual de venta de las mismas es exactamente el doble. La explicación es que al valor de 68.000 euros se le debe aplicar un coeficiente de actualidad que corresponde al plan de la Comunidad de Madrid de 2005, fecha de construcción de la mayoría de las viviendas vendidas a Fidere. Lo llamativo es que, en 2013, cuando el fondo adquirió los pisos al Ayuntamiento de Madrid, el dinero solicitado por el consistorio no incluía el citado coeficiente. Hoy, en 2018, el fondo buitre Fidere vende y alquila parte de las 1.860 viviendas compradas al Ayuntamiento al doble del precio pagado al consistorio, y puede hacerlo legalmente porque, aunque las condiciones de venta del Ayuntamiento obligaban al fondo buitre a mantener las mismas condiciones a las familias con contrato vigente con la EMVS, a partir de la siguiente renovación los requisitos legales podrían cambiar. A partir de entonces, el fondo tuvo potestad legal para aumentar los alquileres en porcentajes superiores al 14% anual. No es necesario decir que las personas que acceden a este tipo de viviendas son ciudadanos que por sus condiciones económicas no pueden comprar una casa en el mercado libre.

En definitiva, tanto la reestructuración bancaria como la construcción de viviendas protegidas que posteriormente fueron vendidas a fondos buitre a precios menores son operaciones acometidas por nuestros gobernantes con dinero público. En ambos casos se habla de cantidades extraordinarias que no se escatiman a la hora de rescatar a la banca privada, sin embargo, cuando se habla de la viabilidad de las pensiones todo son inconvenientes para su mantenimiento. 

Los vínculos entre los gestores de los planes privados de pensiones y los políticos    

Desde finales del pasado siglo, nuestros políticos nos dicen que la inviabilidad del sistema público de pensiones hace necesario que contratemos un plan privado que sirva para complementar el futuro cobro de una pensión. En países como España existe una enorme dificultad para que las clases populares dediquen parte de sus ingresos a contratar un plan privado de pensiones; las dos razones principales son los bajos salarios y la precariedad laboral, que hace que la continuidad en un puesto de trabajo no esté asegurada (en España hay el doble de contratos temporales que en 1995). Fuera de estas cuestiones, podemos examinar con detalle algunos otros intereses para que los planes privados de pensiones adquieran cada vez más protagonismo en nuestro país y en el resto de Occidente, lo cual constituye una vieja aspiración presente en la agenda neoliberal desde comienzos de los años setenta del siglo XX.     

Los planes privados de pensiones han conseguido captar 109.244 millones de euros en España, aproximadamente el 8,5% del PIB de nuestro país. Pero esa cifra es pequeña en comparación al dinero que las entidades podrían recaudar si la población acepta la idea de que el sistema público de pensiones es inviable. Naturalmente, el proceso se produciría de forma paulatina y los nuevos trabajadores, persuadidos de que nunca cobrarán una pensión cuantiosa, comenzarán a invertir parte de su dinero disponible en planes privados de pensiones. Una de las estrategias del neoliberalismo (el capitalismo sin controles) para que la población deje de creer en un sector público eficaz y pujante consiste en abandonar la inversión en los diferentes estamentos públicos. A nivel mundial, existen dos ejemplos emblemáticos: la Sanidad y la Educación. En varios países occidentales, sus respectivos Gobiernos no invierten en estos sectores, como sí hacían antaño, las cantidades necesarias para que continúen siendo servicios excelentes, lo cual conduce a un deterioro objetivo de los mismos, que incluye un desprestigio social justificado que hace que la propia población dedique parte de sus recursos a pagar tanto una escuela privada de mayor calidad para sus hijos, como una sanidad privada más eficiente y solvente para sus familiares. El mismo resultado se produce en los países en vías de desarrollo, aunque no por desinversión, como sucede ahora en Europa, sino porque en estos países los servicios nunca han alcanzado el nivel de excelencia propio de una sociedad igualitaria y justa. De manera que es perfectamente posible menoscabar cualquier servicio público recortando la inversión hasta el punto de hacer realidad los peores presagios en cuanto a viabilidad, calidad y eficacia del mismo. El PP y el PSOE en España son dos partidos que llevan a cabo políticas económicas de derechas en consonancia con organismos como el Banco Mundial y el FMI, y con grupos de presión que influyen en la elaboración de leyes para favorecer sus intereses, que no coinciden con los intereses de los ciudadanos. Pero, además, estos grupos defienden premisas no sólo discutibles, sino falsas: como explicaba en los capítulos anteriores, lo decisivo para garantizar un sistema de pensiones viable no es el número de trabajadores, sino la riqueza generada por esos trabajadores. También debemos preguntarnos si el mismo dinero que los fondos privados de pensiones desean gestionar no puede ser manejado por la administración pública con criterios de eficacia, transparencia y bien común, y no, únicamente, en beneficio de unos pocos.      

Existen vínculos muy estrechos entre el poder político y los grupos financieros más fuertes, que han conseguido penetrar en los partidos para que estos legislen a medida de sus intereses económicos. La entidad que gestiona más dinero de planes privados de pensiones en nuestro país es el BBVA, que también hace lo mismo en gran parte de América Latina. Rafael Doménech es el actual responsable de análisis macroeconómico del citado banco. También es miembro del foro de expertos del Instituto Aviva de Ahorro (Aviva es una aseguradora), un organismo que promueve el aumento de los planes de pensiones privados. Doménech, a su vez, fue subdirector de la Oficina Económica del presidente Zapatero y en 2013 fue uno de los 12 “expertos” encargados por el Gobierno de Mariano Rajoy de elaborar un informe sobre cómo deberían ser las pensiones futuras. Esta es otra de las estrategias preferidas del neoliberalismo: convencernos de que existen personas, en virtud de su extraordinaria formación, con un criterio “superior” desde el cual decidir con una pretendida infalibilidad acerca de cualquier materia. Por supuesto, el ciudadano medio jamás podrá opinar sobre la idoneidad de las medidas tomadas, aunque estas le afecten de forma directa, algo que no sucede con quienes elaboran tales leyes, que rara vez sufren las consecuencias de las mismas. Los informes finales de estos “sabios” terminan siendo un conjunto de argumentos destinados a justificar las medidas impopulares impuestas por el gobierno de turno. De los 12 miembros del comité para emitir un informe con el cual llevar adelante el llamado “factor de sostenibilidad” (dos de los cuales fueron elegidos a propuesta del PSOE), sólo 3 eran partidarios de un sistema público de pensiones, mientras que 8 cobraban directamente de la banca o de las aseguradoras que gestionan los fondos de pensiones privados. 

El “factor de sostenibilidad” es un conjunto de coeficientes y factores que se aplicarán a partir de 2019 con el fin de reducir las pensiones a cobrar por los ciudadanos que accedan a la jubilación. El “factor de sostenibilidad” no es un invento del PP, sino que ya fue planteado en la última revisión que hizo el Gobierno de Zapatero en 2011. El aumento actual del 0,25% se deriva de una fórmula incluida en la reforma de 2013, aprobada de forma unilateral por el Gobierno del PP, que descartaba el IPC como principal indicador y lo sustituía por el Índice de Revalorización de las Pensiones (un índice que no constituye un indicador objetivo como el IPC), que tiene en cuenta varios parámetros para calcular cómo deben evolucionar las pensiones como, por ejemplo, la evolución de gastos e ingresos de la Seguridad Social durante los cinco años anteriores, en el año en curso y en los cinco años posteriores.       

Como antes comentaba, cuando existe miedo en la sociedad es más fácil tomar medidas de excepción. Como era de esperar, la crisis fue la excusa perfecta para llevar a cabo recortes sociales de todo tipo, lo cual incluía desvalorizar las pensiones: la ley decía que, si los parámetros eran muy positivos, las pensiones no podrían crecer más de un 0,5%, el doble de lo que propone el Gobierno del PP para este año, una cantidad que continuaría siendo extremadamente baja. Pero, para que se produjese ese aumento de un 0,5% que, insisto, continúa siendo insuficiente, la economía española debería registrar el mayor crecimiento promedio de su historia y avanzar a ritmos anuales cercanos al 4%. Esto ha sido expuesto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (Airef), que ha elaborado un simulador en el que se observa que, si en los próximos años la economía crece un 3,9%, las pensiones comenzarían a subir levemente a partir de 2020. El aumento en 2021 sería de un 1,5% y de un 2,45% en 2022. Todos los supuestos se calculan con una referencia de inflación del 2%, algo poco realista porque este ha sido un indicador tradicionalmente elevado de la economía española.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es un organismo público “independiente” creado para garantizar que se cumpla el principio de estabilidad presupuestaria contenido en el artículo 135 de la Constitución (del que luego hablaremos). Este ente es el encargado de determinar anualmente si los parámetros utilizados por el gobierno para determinar la revalorización anual de las pensiones es el adecuado. Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, las últimas enmiendas incorporadas al texto de la ley en 2013 incluyeron la decisión de que este organismo valide los parámetros utilizados en los cálculos para revalorizar las pensiones. El 15 de julio de 2017, la Airef publicó su valoración acerca de la subida de las pensiones en 2017, declarando que correspondía aplicar la subida del,0,25%. La Airef añadió que cabía esperar que ese fuera el aumento hasta 2022. Exactamente tres días después, el 18 de julio, el Fondo Monetario Internacional pidió limitar el aumento de las pensiones en un máximo de un 0,25% anual “para que el sistema sea sostenible y el esfuerzo de ajuste se reparta entre generaciones". 

Muchas cuestiones que atañen de forma directa a los ciudadanos y que tienen un decisivo impacto en sus vidas son decididas por personas que no llevan una vida normal ni padecen los problemas habituales del común de los ciudadanos. José Luis Escrivá Belmonte, presidente de Airef, recibe anualmente un salario bruto de 135.000 euros; por su parte, Christine Lagarde recibe cada año 458.700 euros en calidad de presidenta del FMI. Lagarde pide cada año moderación salarial en España, subida del IVA y abaratamiento del despido. También ha reclamado reducir el sueldo de los empleados públicos en nuestro país. Lagarde se subió el salario en un 11% cuando asumió el cargo de presidenta del FMI y además no paga impuestos. A su sueldo extraordinario hay que sumar dietas mensuales de 6.700 euros y el pago por parte de la entidad que preside de dietas, alojamiento, gastos de viajes, representación y manutención. Luis María Linde, gobernador del Banco de España, apuesta por retrasar hasta los 67 años la edad de jubilación. Linde es partidario de la moderación salarial, descarta subir las pensiones al ritmo del IPC y aboga por la contratación de planes privados. Luis María Linde recibe en calidad de gobernador del Banco de España un sueldo bruto de 186.800 euros anuales.

La estrategia del neoliberalismo es bastante clara: alcanzar la hegemonía y el prestigio intelectual para que su voz sea la única en ser escuchada

Siguiendo con la composición del comité de expertos encargados de asesorar al Gobierno del PP en materia de pensiones, el presidente del mismo, Víctor Pérez-Díaz, es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense y ha colaborado en varias ocasiones con la fundación FAES-fundada por el expresidente del Gobierno, José María Aznar-, un organismo partidario de disminuir el tamaño del Estado hasta niveles irrisorios y de aplicar políticas neoliberales a ultranza, pero que, curiosamente, acepta de buen grado cualquier subvención pública. Pérez-Díaz ha formado parte del consejo asesor de Repsol, de la Fundación Caixa Galicia y de Unespa, el organismo que representa los intereses de las aseguradoras en nuestro país. La propia Unespa financia el Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas, al que pertenece Pérez-Díaz, que ha elaborado dos informes sobre el sistema público de pensiones en los cuales, como es lógico, se defiende la idea de potenciar los planes privados en España.     

- José Ignacio Conde-Ruiz es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el laboratorio de ideas del Ibex-35, y profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. Es coautor de varios análisis y estudios sobre la viabilidad del sistema de pensiones, todos ellos financiados por bancos y grandes empresas.

- Manuel Lagares Calvo es catedrático de Hacienda Pública en excedencia de la Universidad de Alcalá de Henares e inspector de la Agencia Tributaria. Durante el Gobierno de Adolfo Suárez fue subsecretario de Estado de Economía y consejero de Economía de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo. También fue consejero de la aseguradora Mapfre y director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Además, es miembro del consejo editorial del diario El Mundo.    

- Francisco Castellano Real es catedrático de Hacienda Pública en la UNED, también es jefe de la asesoría fiscal de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

- Miguel Ángel Vázquez Burgos es director de Análisis y estudios de Unespa, la patronal de las aseguradoras, de la cual fue responsable de comunicación.

- José Enrique Devesa Carpio es profesor del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia. Es autor de un estudio para Fundación y Vida, un organismo que agrupa a varias de las mayores aseguradoras que operan en España y que defiende de forma activa la implementación de medidas que incentiven los planes de pensiones privados. Dicho estudio se cerró con la recomendación de que los jubilados complementen su pensión con un fondo privado.      

- Mercedes Ayuso fue la única mujer presente en el comité. Es catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona y experta en Economía Actuarial. En 2011 publicó un estudio para la reforma de las pensiones que coincidía con el de Unespa.      

- José María Marín Vigueras es especialista en mercados financieros y catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid. También fue presidente de la Asociación Española de Finanzas, así como director del Centro de Investigación en Economía Financiera. Asimismo, forma parte del Grupo de Asesores Económicos de la Autoridad Europea de los Mercados de Valores. Se declara experto en valoración de activos financieros, gestión de carteras y riesgos e innovación financiera.     

- José Luis Tortuero es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense y elaboró un estudio acerca de la reforma de las pensiones para el Gobierno de Zapatero.       

- Santos Miguel Ruesga Benito es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en relaciones laborales. También ha sido representante de UGT en el consejo de administración de RTVE. Publicó un estudio sobre la financiación de la Seguridad Social en el que se abogaba por reducir las cotizaciones a la Seguridad Social-pagadas por los empresarios- a la vez que se aumentarían impuestos como el IVA.    

- Miguel Ángel García Díaz es director del gabinete de estudios de Comisiones Obreras y también imparte clases de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es un defensor a ultranza del sistema público de pensiones.   

La estrategia del neoliberalismo es bastante clara: alcanzar la hegemonía y el prestigio intelectual para que su voz sea la única en ser escuchada. Mediante la financiación de estudios y análisis subvencionados, el movimiento neoliberal se va apropiando del discurso oficial y “experto” no sólo en materia de pensiones, sino en todos los ámbitos de la economía. Los grandes emporios financieros defienden ferozmente esta corriente de pensamiento, de manera que los informes más publicitados por los grandes medios-repletos de periodistas afines al neoliberalismo- son aquellos que promueven una disminución del tamaño del Estado y un aumento del papel de las grandes empresas en la economía. Además, el neoliberalismo ha colocado a sus defensores en los principales laboratorios de ideas y en los ministerios claves de los países occidentales: Economía, Hacienda, Obras Públicas, etcétera. El movimiento impregna también la enseñanza universitaria, un proceso que va en constante aumento desde el advenimiento del grupo neoliberal de la Universidad de Chicago, capitaneado por Milton Friedman en los años cincuenta del pasado siglo. Una vez conseguida la supremacía intelectual, el neoliberalismo tan solo ha de esperar a que su discurso penetre en todos los rincones de nuestra sociedad hasta que sea aceptado por todos como algo inevitable. El triunfo del neoliberalismo es total cuando las clases medias y bajas, golpeadas por la crisis financiera de forma inmisericorde, repiten sin pestañear el discurso de las clases dominantes. Para llegar a esto, naturalmente, se ha producido un proceso de embrutecimiento paulatino y masivo, que consiste entre otras muchas cosas en considerar el entretenimiento vano y necio como un valor positivo. El sistema también ha promovido el individualismo salvaje (el paraíso soñado por el neoliberalismo), que acaba derivando en una sociedad disgregada e incapaz de articularse contra el poder. La subcultura del neoliberalismo estigmatiza la solidaridad y la considera un signo de debilidad.    

En el año 1997, el Gobierno de José María Aznar creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, aunque no hizo efectiva su primera aportación hasta el año 2000. Desde 1998, la Seguridad Social no financia la Sanidad, de manera que a partir de 1999 este organismo comenzó a registrar superávit. Las aportaciones a la llamada “hucha de las pensiones” fueron continuas desde el año 2000 hasta 2011, a excepción de los años 2008 y 2009, en ambos ejercicios existió superávit en la Seguridad Social, pero el Gobierno de Zapatero ignoró la Ley y no aportó al Fondo los 14.000 millones de euros generados. Cuando Mariano Rajoy fue elegido presidente del gobierno en 2011, la Seguridad Social ya no generaba superávit. El mismo año, el Fondo de Reserva de las Pensiones contaba con 66.800 millones de euros, alcanzando su máximo histórico de reservas. Aznar había fijado en un 3% del gasto realizado en pensiones contributivas la cantidad máxima anual a extraer del Fondo, pero Mariano Rajoy suspendió ese límite por decreto ley en los años 2012, 2013 y 2014, y también lo hizo en 2015 y 2016 a través de los Presupuestos Generales del Estado. Para disponer del dinero del Fondo, el Gobierno sólo debe notificarlo al Congreso. En la actualidad, el Fondo de Reserva cuenta con apenas 8.095 millones de euros. En 2013, el Gobierno de Rajoy dificultaba el acceso a las jubilaciones anticipadas mediante el Real Decreto 5/2013. La Ley 23/2013 endureció aún más las condiciones de nuestros pensionistas al desvincular la revalorización de las pensiones de la inflación.       

Por si esta estrategia propagandística que mezcla el miedo con la ideología neoliberal promocionada en los medios no fuera suficiente, el Gobierno ha incentivado los planes privados de pensiones de diversas formas para hacerlos más atractivos a los ahorradores. A final de 2014, el Gobierno del PP redujo por ley los cobros por gestión en los fondos de pensiones, a la vez, la Dirección General de Seguros pidió más transparencia al sector, algo que influyó en la posterior bajada de comisiones. Ya en octubre del mismo año, el Ministerio de Economía había limitado las comisiones máximas de los fondos de pensiones privados porque disminuían la rentabilidad y frenaban las inversiones en ese producto. Con estas medidas, el Ejecutivo pretendía impulsar los planes privados de pensiones, exactamente el mismo objetivo que persiguen las grandes aseguradoras y los bancos. La rebaja de comisiones en este producto fue una decisión política y no una consecuencia de la competencia en el sector. Naturalmente, la defensa de estos planes no es exclusiva del Partido Popular, sino también del PSOE: Celestino Corbacho, ministro de Trabajo entre 2008 y 2010, animó a los ciudadanos en su último año al frente del ministerio a contratar planes privados de pensiones. Las campañas de recomendación de contratar planes privados por parte de los diferentes gobiernos se intensifican a finales de año porque es entonces cuando los ciudadanos con dinero ahorrado buscan un producto que les permita pagar menos impuestos. La contratación de estos productos cuenta con enormes desgravaciones fiscales muy publicitadas por bancos y aseguradoras. 

Como decía al comienzo de este artículo, las cotizaciones de los trabajadores no son la única forma de pagar las pensiones, el Estado tiene otras vías para afrontar los gastos. Si nos centramos en el descenso de las cotizaciones como un dato aislado no conseguiremos dar una solución eficaz al problema porque partiremos de premisas falsas. Las cotizaciones se han reducido porque hay más desempleo respecto a una década atrás y porque el empleo generado desde el inicio de la crisis es de poca calidad, con una disminución continua de la masa salarial en nuestro país.       

El inexplicable gasto en armamento     

El actual Gobierno del Partido Popular es perfectamente conocedor de que los gastos en armamento y el aumento del presupuesto del Ministerio de Defensa son cuestiones enormemente impopulares. Por esta razón, los costes y las partidas presupuestarias implicadas son de difícil interpretación al estar envueltas en el mayor secretismo. Así, si nos preguntamos cuál es el gasto del Estado en Defensa nos encontraremos con una respuesta compleja. De acuerdo con el informe de 2017 del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, organización asociada en España al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), la cantidad real asciende a 18.776 millones de euros, cuantía que supera el 1,6% del PIB y que poco tiene que ver con el 1% declarado por el Ministerio de Defensa. Para sustentar estos datos, Delàs incluye en su informe algunas partidas que deberían estar incluidas en el presupuesto del ministerio como la seguridad social de los militares, la mutua militar, la Guardia Civil, que continúa siendo un cuerpo militar o el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por un militar y en el cual trabajan militares hasta alcanzar el 50% de su plantilla. Este falseamiento de las cuentas no es exclusivo del Gobierno del PP y ha sido una práctica común de todos los gobiernos en democracia. Otro ejemplo es que las misiones que las Fuerzas Armadas llevan a cabo en el exterior son sufragadas por el Fondo de Contingencia, un fondo destinado a gastos imprevistos en cualquier organismo de la Administración. El coste de estas misiones se eleva a más de 1.000 millones de euros anuales. Por otro lado, es el Tesoro Público el estamento que se hace cargo de los intereses derivados de la deuda pública en proporción al gasto militar del Estado. Otro paradigma de esta forma de proceder tan poco transparente es la entrega de subvenciones para el desarrollo de nuevas armas por parte del Ministerio de Industria. Estas prácticas forman parte de la ingeniería contable diseñada por los sucesivos gobiernos para que el Ministerio de Industria financie en concepto de I+D+I a las empresas que fabrican armamento a un interés del 0% a devolver en 20 años. 

La ley española de comercio de armas tan solo exige al gobierno informar de a qué países se exportan las armas    

Todo el proceso de fabricación de armamento en nuestro país está diseñado de manera extraordinariamente opaca. La ley española de comercio de armas tan solo exige al gobierno informar de a qué países se exportan las armas, así como del volumen económico de la exportación. La ley no obliga a que se revele el nombre de la empresa vendedora ni el tipo de arma suministrado, al contrario, la ley permite eufemismos como el de “material aeronáutico” para describir sistemas de abastecimiento de combustible en vuelo que posteriormente se utilizarán en bombardeos. Lo mismo se puede decir del resto del material de guerra (ametralladoras, pistolas, misiles y bombas) que se esconde tras expresiones ambiguas como” material de Defensa”. Por su parte, el Parlamento sólo puede controlar los productos una vez fabricados y entregados, mientras que el gobierno no investiga si el material vendido es utilizado para reprimir a la población, para su venta en el mercado negro internacional o para suministro de terceros países. La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) es el organismo gubernamental que evalúa todas y cada una de las exportaciones de armas con el fin de evitar que las mismas se empleen para violar los derechos humanos o para cometer crímenes de guerra. La labor de control de este ente, en la práctica, es inexistente puesto que sus actas de deliberaciones tienen un carácter secreto al tratarse de documentos clasificados. El porcentaje de operaciones de venta de armas denegadas por el JIMDDU es de un exiguo 1%, de lo cual se deduce que no es un órgano de control efectivo, sino más bien un ente creado para no recibir una reprimenda formal de otros organismos de control más eficaces y transparentes.     

La ausencia de control por parte del JIMDDU explica perfectamente lo sucedido el 19 de septiembre de 2017, cuando la Comisión de Defensa del Congreso rechazó vetar la venta de armas españolas a Arabia Saudí pese a su violación continua de derechos humanos en la guerra de Yemen, un conflicto emprendido por una coalición de países liderada por la dictadura saudí. La propuesta incluía suspender los contratos en vigor y prohibir los nuevos, y se hacía eco de las reclamaciones de algunas ONG y del Parlamento Europeo. Esta iniciativa fue presentada por Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y el PDCat, y fue derrotada con los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos. Según consta en informes elaborados en la campaña Armas bajo control por Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfan Intermón y Fundipau, España ha suministrado armas a Arabia Saudí por valor de 650 millones de euros desde el comienzo de su intervención en Yemen en 2015. La guerra de Yemen ha causado una catástrofe humanitaria en el país: han muerto más de 10.000 civiles; al menos 11 millones de yemeníes pasan hambre; 22 millones necesitan ayuda humanitaria; hay más de 2 millones de desplazados que se encuentran privados de sus necesidades básicas y que están expuestos a la violencia de múltiples formas, así como a la falta de alimentos, agua y medicinas. Además, Navantia, el astillero público destinado a la construcción civil y militar está construyendo cinco corbetas para Arabia Saudí por valor de 2.000 millones de euros, un contrato que constituye la mayor operación de exportación de la historia del astillero. Este contrato vas mucho más allá de la construcción de las corbetas y también presta asistencia en tecnología militar, desarrollo de sistemas de control, combate para barcos de guerra, mantenimiento de las naves una vez entregadas y programas de adiestramiento y formación en el país saudí y en España. Nuestro país también ha aceptado fabricar junto a Arabia Saudí sistemas de defensa para otros países. Por último, el CNI ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Defensa saudí en materia de información clasificada en el ámbito de la Defensa. A estos acuerdos, que se han firmado con una de las dictaduras más crueles y sanguinarias del mundo, se ha llegado eludiendo proporcionar información detallada de los mismos al Congreso.      

Para autorizar estas operaciones de venta a Arabia Saudí, el Gobierno declaró algo tan inconsistente y vago como que disponía de garantías de que las armas destinadas a la dictadura saudí no serían desviadas. El mismo día, el Congreso también rechazó el veto de exportación de armas a Irak con la excusa de que no se ha demostrado que las Fuerzas Armadas iraquíes actúen sin respetar los derechos humanos. En los últimos años, las empresas armamentistas españolas han vendido material de guerra a Irak por valor de más de 100 millones de euros, y militares de nuestro país participan en la formación del Ejército y la Policía de Irak. Continuando con la inmensa tomadura de pelo al ciudadano, la Comisión de Defensa aprobó por iniciativa del PSOE (sin que se hiciera mención de Arabia Saudí e Irak) una resolución que exige al Gobierno "denegar o revocar la autorización de exportación de armas a aquellos Estados en los que haya una situación de represión y violencia política interna y existan indicios racionales de su uso para cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos". Todos estos criterios se cumplen en el caso de Irak, luego resulta imposible comprender la postura del PSOE en este sentido.     

Desde que Navantia fue fundada en 2005, tan solo obtuvo beneficios en 2007, el resto de ejercicios se saldaron con enormes pérdidas que llegaron a ser de 230 millones en 2016. Por esta razón, incluso José María González “Kichi”, alcalde de Cádiz por Podemos, pidió algo tan incomprensible como negociar la venta de las corbetas con Arabia Saudí, algo que aprobó la diputación de Cádiz en 2016 con los votos del PP, Por Cádiz Sí Se Puede, PSOE, IU, Partido Andalucista y la abstención de Ganemos Jerez. No obstante, el contrato más importante que puede obtener Navantia es el que podría firmar con Australia, país en el que ha resultado ser finalista de una licitación para construir 9 fragatas por valor de 30.000 millones de dólares. 

Punto y aparte es la cuestión de los llamados Programas Especiales de Armamento (PEA). Amparados en la opacidad de las leyes, los PEA fueron negociados durante los dos Gobiernos de José María Aznar. En un principio, consistían en la adquisición de aviones Eurofighter, tanques Leopard, vehículos Pizarro y fragatas F-100, a los que hubo que sumar 14 grandes programas de compra que en aquel entonces se cuantificaron en 20.000 millones de euros para su fabricación en los 25 años posteriores. Pero el número de programas se amplió a 21, con lo cual la ya de por sí astronómica cifra pasó a ser de 37.000 millones de euros, un verdadero agujero en el ministerio. Según Pere Ortega, presidente de Delàs, “Los programas están llenos de anomalías y de perversiones”. Desde su inicio fueron diseñados para que no constasen en los Presupuestos Generales del Estado y se financiaron mediante créditos extraordinarios no sujetos al control del Parlamento. La compra de armas no se imputa al déficit en el momento en que estas se pagan sino cuando se recepcionan. La mayoría de ellas fueron recibidas por las Fuerzas Armadas en años anteriores, y por eso no computan de cara al déficit público. Esta forma de proceder es parte de la ingeniería contable de la que antes hablaba. El importe de esos créditos es de 18.000 millones y se ha devuelto una parte ínfima que no llega a los 4.000 millones, luego estamos frente a una situación similar a la pérdida del dinero público invertido en el rescate bancario. En cualquier caso, las cifras son dispares debido a la total falta de transparencia. Así, según la ministra de Defensa entre 2008 y 2011, la fallecida Carmen Chacón, la deuda era de 30.000 millones de euros, mientras que Pedro Morenés, ministro entre 2011 y 2016, declaraba que su cuantía era de 14.000 millones.       

La adquisición de equipos de alta tecnología para el Ejército se debía, entre otras cosas, a la enorme presión del gigante europeo Airbus, un consorcio industrial aeronáutico participado por Francia en un 49,56%, por Alemania en un 40,56% y por España en un 9,88%. Airbus puso en marcha varios programas de fabricación de aparatos de guerra como el nuevo avión de combate Eurofighter F-2000; los helicópteros de combate Tigre y NH-90; y el de transporte militar A-400M. Estos cuatro proyectos están a día de hoy en fase de fabricación y su coste asciende a 22.500 millones de euros. La compra de tanques Leopard (con su limitadísima capacidad operativa) rondará los 2.500 millones de euros; la adquisición de los vehículos Pizarro tendrá un coste de 1.000 millones. Los buques de guerra encargados a Navantia tienen un valor de más de 8.060 millones de euros.      

En julio de 2016, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que declaraba irregular el sistema de compra de los Programas Especiales de Armamento, que se aplicaba desde 1997. Tras la deuda de 37.000 millones de euros “se ocultaban sobrecostes, deficiencias de gestión y trato de favor hacia las empresas fabricantes de armamento”. Estas son las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas tras analizar seis PEA, aunque existen 15 programas más no auditados, cuyos sobrecostes ascienden a más de 3.300 millones de euros. Tomando como referencia la investigación del Tribunal de Cuentas, Unidos Podemos defendió en abril de 2017 una proposición no de ley en la Comisión de Defensa para solicitar la urgente revisión de todos los Programas Especiales de Armamento. La investigación debería incluir la etapa de Aznar y fue rechazada al no recibir el apoyo del PP, el PSOE y Ciudadanos. La diputada socialista, Miriam Alconchel, calificó como “demagogia” la intención de realizar una auditoría para investigar los años de gestión del Gobierno de Zapatero. Finalmente, la proposición fue rechazada, como suele ocurrir en nuestro país, con el acuerdo de los dos grandes partidos que se turnan en el poder como guardianes del orden (injusto) establecido.    

Desde Delàs se insiste en los enormes sobrecostes debidos a una pésima planificación: por poner un ejemplo, en 2011 Navantia fabricó un submarino que no flotaba, el S-80, por esta razón fue necesario dedicar tres años más para su correcta puesta a punto. Cuatro unidades de este submarino fueron encargadas en 2004 por el Gobierno de Aznar (cuando este estaba ya en funciones) y su coste ascendía a 2.135 millones de euros, de los que aún no se ha hecho ningún pago. Otro caso delirante fue la compra de los 235 tanques Leopard, que no podían ser transportados por ninguna aeronave española puesto que los aviones de transporte A-400, que también fueron adquiridos a través de los Programas Especiales de Armamento, sólo tienen capacidad para cargar 40 toneladas, cuando el peso de un tanque Leopard es de 60 toneladas. Debemos preguntarnos quién gana con la adquisición de material que el Estado no necesita. El retraso en la entrega de proyectos debido a los altos costes supuso una acumulación de intereses para realizar los pagos. Inexplicablemente, si los retrasos corrían por cuenta de la empresa fabricante, esta no era penalizada por el gobierno. Esto sucedió en el caso de Navantia y la entrega de buques BAM, cuya multa debió ascender a 31,7 millones de euros, pero se paralizó “sin causa justificada” según se detalla en el informe del Tribunal de Cuentas. Protegidas por el artículo 182 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las empresas recibieron las adjudicaciones sin que se hiciera publicidad de las mismas. Una anomalía injustificable en una de las industrias más corruptas del planeta, que debería estar sujeta a más controles.     

A finales de 2011, Constantino Méndez, entonces Secretario de Estado de Defensa compareció ante el Congreso para explicar el estado de los Programas Especiales de Armamento y declaró: “Es imprescindible revisar el modelo de adquisiciones empleado durante 15 años porque es insostenible para una buena política de armamento y material”. El Ministerio de Defensa reconoció que no podía abonar la enorme factura de los PEA sin un aumento del presupuesto, algo impensable en el actual contexto de reducción del déficit. Méndez, añadió: "No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora". Méndez compareció a petición propia ante la cámara para reconocer que el modelo de adquisiciones tenía “causas estructurales” que habían permanecido “larvadas” y que poseían una “naturaleza industrial”. Méndez acusó a los gobiernos del PP de posponer el pago de tales adquisiciones, en lo que calificó como "un auténtico, ejercicio de prestidigitación" y "frenesí de nuevos ricos". La consecuencia de estos ejercicios de ingeniería financiera es que las compras no pueden hacerse con cargo a los presupuestos ordinarios porque paralizarían el presupuesto del ministerio durante 20 años. Como podemos ver, no existen las mismas limitaciones al gasto en armamento que las que el poder desea imponer al gasto en pensiones. Por eso se han invertido cantidades inadmisibles en la compra de armas, recurriendo para ello a dudosas operaciones contables, mientras que el poder emite de continuo mensajes que tratan de hacernos creer que el sistema público de pensiones es inviable. Del mismo modo, ambas cuestiones reciben un tratamiento totalmente diferente por parte de los medios de comunicación. Mientras algunos medios contribuyen a crear miedo en la población a través de la manipulación y el falseamiento de datos con el fin de potenciar los planes privados de pensiones, la cuestión de los Programas Especiales de Armamento ha permanecido en la más absoluta opacidad durante años.       

El presupuesto del Ministerio de Defensa aumentó un 32% el año pasado. Este aumento está en consonancia con los nuevos planes de nuestros socios de la OTAN de incrementar los presupuestos de Defensa de todos los países de la organización hasta alcanzar el 2% del PIB en 2024. La medida se acordó durante la Cumbre de Newport (Gales), celebrada los días 4 y 5 de septiembre de 2014. El Gobierno de España remitió a finales de 2017 una carta al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltemberg, en la que se comprometía a incrementar en más de un 80% su gasto militar en los próximos 7 años. Únicamente cinco naciones pertenecientes a la OTAN cumplen con el nivel de gasto del 2% del PIB: Estados Unidos, Reino Unido, Grecia (con gastos principalmente en nóminas), Estonia y Polonia. España prevé aumentar el gasto hasta 2024 en alrededor de entre un 1,5% y un 1,6% y no alcanzaría el 2% acordado en Newport hasta 2028. En realidad, la Cumbre de Newport no obligaba a los países a llegar a este porcentaje, sino que daba indicaciones precisas para que los países que no llegaban al 2% paralizasen los recortes en gasto militar con el fin de aumentarlos posteriormente en términos reales respecto al crecimiento del PIB. La Cumbre de Newport sí determinó como objetivo que el 20% de los gastos de Defensa se destinarían a adquirir equipos militares, lo cual incluye programas de investigación y desarrollo y supone un incentivo para la industria armamentista, que ve garantizados sus multimillonarios ingresos. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, solicitó el consenso entre Gobierno y oposición para aprobar una ley que proteja jurídicamente los gastos militares y también pidió garantizar la financiación a largo plazo de los Programas Especiales de Armamento.

Este blindaje, sumado al incremento de los gastos en Defensa de los países de la OTAN garantiza la supervivencia de la industria armamentista. Por poner un ejemplo doloroso y sangrante: España está examinando la posibilidad de adquirir el cazabombardero F-35, el avión de combate más sofisticado del mundo, fabricado por la mayor empresa de producción de armas del planeta, la estadounidense Lockheed Martin. Según el gigante norteamericano, el precio de cada aeronave asciende a entre 90 y 115 millones de euros. Como es natural, la industria militar basa su enorme poder en la existencia de conflictos y guerras y en el miedo a una conflagración entre los diferentes países. Los responsables de los grandes emporios militares justifican sus enormes ingresos amparándose en la cantidad de riqueza generada y en los puestos de trabajo creados por las empresas fabricantes de armas. En 2007 se llevó a cabo un estudio dirigido por Robert Pollin y Heidi Garret-Peltier, del Departamento de Economía de la Universidad de Massachussets, en el mismo se estudiaba el impacto de una inversión de 1.000 millones de dólares en seis ámbitos diferentes: gasto militar, reducción de impuestos (que, según los autores, conlleva un aumento del consumo interno), Sanidad, Educación, transporte público y rehabilitación de casas en cuanto a reparación de infraestructuras y modernización de las mismas. El estudio se apartaba de consideraciones de carácter ético y pretendía llegar a conclusiones estrictamente prácticas. Para su realización, los autores utilizaron un modelo de análisis económico desarrollado por el nobel de Economía del año 1973, Wassily Leontief. El resultado final del estudio fue extraordinariamente favorable respecto a cualquier inversión en sectores civiles: si la inversión se lleva a cabo en Sanidad o en rehabilitación de viviendas, la generación de puestos de trabajo es un 50% superior a los puestos creados por la industria militar. Este resultado se duplica en la comparativa entre el sector educativo o el de transporte público respecto al militar. En el estudio también se calculó el salario medio de los puestos de trabajo creados en cada uno de los seis sectores. El salario más alto se recibiría en el sector educativo, seguido por el sueldo cobrado en el sector de armamento, Sanidad, rehabilitación de viviendas, reducción de impuestos y, finalmente, transporte público. A todos los sectores les correspondería un sueldo medio por encima de lo que los autores llaman "mínimo para una vida decente" ya que la mayoría se situarían entre 32.000 y 64.000 dólares anuales. Estudios similares a este fueron publicados por Seymur Melman, profesor emérito de la Universidad de Columbia, y también por James Medoff, profesor de Economía de la Universidad de Harvard, ambos en la década de los años ochenta del pasado siglo.       

En definitiva, la Cumbre de Newport apremió a los países miembros de la OTAN a congelar los recortes en materia de Defensa para después hacer un aumento paulatino de la inversión. La prensa apenas recogió esta petición, sin embargo, cuando se habla de mantener nuestro actual sistema de pensiones, los argumentos en contra se repiten de forma insistente en los medios de comunicación. Parece que el equilibrio presupuestario sólo está en juego cuando se habla de las pensiones y de otras inversiones de carácter social, pero no cuando se pide un aumento anual del gasto en partidas presupuestarias de dudosa utilidad para el país, que acaban teniendo una inexplicable prioridad sobre otras más importantes.       

El desastre de la reforma del artículo 135 de la Constitución    

Una de las cuestiones más trascendentes para nuestro país en materia de recursos públicos fue la reforma del artículo 135 de la Constitución (respaldada por los dos grandes partidos, PP y PSOE), que se aprobó con 316 votos a favor y 6 en contra el 2 de septiembre de 2011 e introdujo en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. En uno de sus puntos se dice: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión”. Después de la reforma, el artículo se refiere a la necesidad de aprobar una ley orgánica que desarrolle los principios contenidos en el mismo. Esto se realizó el 27 de abril de 2012 mediante la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Si bien podemos pensar que la intención inicial era ofrecer al mundo algunas medidas que otorgasen credibilidad a nuestra política fiscal a largo plazo, en un tiempo en que todos los indicadores económicos de España eran nefastos, no es menos cierto que, finalmente, se homologó el marco legislativo de nuestro país a los requerimientos del Tratado de Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, un acuerdo que meses después firmaron y ratificaron los países miembros de la zona euro, que establecía en su artículo 3.2 que “las provisiones para la estabilidad presupuestaria deben tener fuerza legal en los países firmantes, preferiblemente en las constituciones”.

Buena parte de la deuda pública española está en manos de inversores y bancos extranjeros

En la actualidad, buena parte de la deuda pública española está en manos de inversores y bancos extranjeros, en concreto el 50,54%, lo cual supone una cantidad de 431.948 millones de euros. El artículo 135 garantiza el cobro de esa deuda, y lo hace no sólo para los bancos extranjeros, sino también para los españoles. Pero ¿cuál era la situación en 2011? En esa fecha, la banca española acumulaba deudas con los bancos extranjeros por valor de 226.000 millones de euros en préstamos y en títulos de deuda pública, cantidad que, a finales de 2017, se había reducido hasta situarse en 93.000 millones; mientras que nuestras grandes empresas debían a bancos extranjeros 496.000 millones de euros, cifra que pasó a ser de 175.000 millones en el mismo período. Los más beneficiados por esta reducción de la deuda fueron los bancos alemanes y los franceses y, en menor medida, los holandeses y los británicos. Como contrapartida, según datos del Banco de España, la deuda exterior del país ha aumentado un 12% desde el inicio de la presidencia de Rajoy y se sitúa en niveles cercanos a los dos billones de euros, a la vez, los bancos españoles han reducido sus deudas con los bancos extranjeros en un 44% y las empresas de nuestro país en un 48%.   

El Banco Central Europeo se financia a través de los bancos centrales de los países de la Unión Europea (incluyendo aquellos que no pertenecen al euro), de manera que se ha producido una reducción de la deuda de los bancos privados mediante una gran transferencia de dinero público (dinero de todos nosotros) a través del BCE. Es fácil de entender puesto que Alemania controla casi el 18% del capital del Banco Central Europeo, Francia algo más del 14%, Italia el 12,3% y España el 8,8%.     

En diciembre de 2011, pocos meses después de la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, el Banco Central Europeo prestó a los bancos de la zona euro 489.200 millones de euros a devolver en tres años. El BCE exigió como aval deuda pública y préstamos bancarios de calidad (no calificados como activos tóxicos). A esta medida se acogieron 523 entidades bancarias. Mediante este mecanismo, la banca española, que entonces era enormemente reticente a conceder préstamos a particulares y empresarios, tomó dinero prestado del BCE con el cual saldó buena parte de las deudas contraídas con la banca privada alemana y francesa. Así fueron devueltos 140.000 millones de euros en tiempo récord. Apenas dos meses después, en febrero de 2012, el BCE repitió la operación y puso a disposición de la banca privada (recordemos que el BCE no puede prestar dinero a los Estados ni a los bancos centrales de cada país ni tampoco puede comprar su deuda) otros 530.000 millones de euros a devolver en tres años por las entidades. En este último caso, el número de bancos que se acogieron a la subasta fue de 800. Los bancos españoles tomaron 150.000 millones, una cantidad inaudita teniendo en cuenta el peso de España en el BCE y el porcentaje que nuestro país representa en la zona euro (el 11%). “Casualmente”, a lo largo de 2012 la banca española devolvió dinero a bancos extranjeros por valor de 170.000 millones. Entidades privadas de Alemania, Francia y Holanda recibieron casi el 60% de esta increíble cantidad mientras el crédito continuaba restringido.    

La tercera gran operación de inyección de dinero por parte del BCE se produjo en marzo de 2015, tras comprobar el supervisor europeo que la deuda a la banca privada era devuelta a una velocidad considerablemente menor respecto a 2011 y 2012. Desde el BCE se anunció que se iba a adquirir deuda pública y privada a las entidades por valor de más de 700.000 millones de euros anuales. El resultado era previsible: bancos británicos, franceses y alemanes fueron los más beneficiados por la medida y recuperaron más de 100.000 millones de euros.     

La llamada “regla de gasto” está recogida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 27/2012, y fue creada para dotar de forma jurídica al nuevo artículo producto de la reforma de la Constitución. Este conjunto de medidas actúa limitando el crecimiento del gasto público, que no puede aumentar por encima del crecimiento del PIB. Esto significa que, si los ingresos de cualquier administración crecen más allá del aumento del PIB, los ingresos sobrantes se deben utilizar para pagar la deuda. La única excepción es que el crecimiento fuera debido a un cambio en la normativa de impuestos. Toda esta arquitectura legal deriva, finalmente, en que el pago de la deuda no se produzca de una forma práctica o a discreción, sino por ley y de forma obligatoria, lo cual conduce a situaciones tan absurdas como la que sucedió hace casi un año, cuando el Ayuntamiento de Madrid anunció que el superávit del ejercicio 2016 ascendía a 1.022 millones de euros (el de 2017 fue de 1.120 millones). El deseo de los responsables del consistorio madrileño era que parte del superávit de 2016 fuera destinado a fines sociales, pero la ley lo impidió con el fin de que ese dinero se destinase a pagar la deuda, algo totalmente legal en virtud del artículo 135 de nuestra Constitución. El Ministerio de Hacienda intervino las cuentas del Ayuntamiento de Madrid tutelando semanalmente las operaciones del consistorio. El entramado legal se ha convertido en el parapeto de quienes defienden la injusticia. Las leyes protegen a la banca hasta extremos delirantes: muchas entidades bancarias ¡penalizan! A quienes devuelven los préstamos antes del plazo exigido, con lo cual, sólo en 2016, este tipo de sanciones tuvieron un coste para el Ayuntamiento de Madrid de más de un millón ochocientos mil euros.    

Pero, no nos engañemos, varias Comunidades Autónomas y decenas de ayuntamientos incumplen la regla de gasto sin consecuencia legal alguna, luego es fácil pensar que estamos ante una decisión política por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que desearía, una vez más, hacernos ver que no es posible llevar a cabo una política económica fuera de los actuales parámetros neoliberales, y menos en un ayuntamiento de la importancia del madrileño. Pero esta no es la única razón que motivó la intervención del Ministerio de Hacienda. En realidad, el conjunto de administraciones españolas tuvo un superávit de más de 7.000 millones en 2016. Desde la Unión Europea no se percibe el desglose de las cuentas de toda España, sino el conjunto de las mismas. El dinero procedente del superávit de un ayuntamiento como el madrileño puede servir para embellecer las cuentas de la Hacienda pública española ante nuestros socios de la Unión. No es, por tanto, un castigo administrativo, sino político, además de una cuestión de conveniencia para el Gobierno central. El ministro Montoro, además, teme que otras administraciones imiten a Madrid y demuestren que se puede hacer una política económica eficiente con un fuerte componente de inversión social.

La reforma del artículo 135 no fue acompañada de ninguna medida más allá, que no es poco, de garantizar el pago de la deuda por encima de cualquier otra cuestión, lo cual supuso legalizar la debilitación del Estado de bienestar. España pasó así de ser un Estado social a un Estado indefenso ante los vaivenes de la economía de mercado, no sujeta a controles democráticos de ninguna clase. La reforma impuso a nuestro país el deber de no endeudarse, algo muy sensato, pero no se hizo distinción alguna sobre si el endeudamiento se producía para realizar inversiones en infraestructuras, para garantizar los servicios sociales o para cualquier otra inversión importante más allá de garantizar a la banca privada la recuperación de su dinero, conseguido, por otra parte, mediante mecanismos poco eficientes además de inmorales que garantizan el poder omnímodo de la banca privada sobre los Estados. En el artículo 1º de nuestra Carta Magna, España se define como “un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. ¿Qué sucede si no se desarrollan leyes capaces de hacer realidad las aspiraciones recogidas en nuestra Constitución en cuanto a igualdad y justicia social? Poco a poco, políticos partidarios del neoliberalismo modifican leyes y crean normas y marcos jurídicos que socavan el Estado de Derecho hasta construir un modelo de sociedad diferente al Estado de Bienestar surgido en Europa y Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Estos políticos, aunque hayan sido elegidos democráticamente, no tienen vocación de servidores públicos y quieren hacernos creer que el nuevo modelo es el único posible, ese modelo se muestra como una maquinaria al servicio de las élites que se sirven, para perpetuar su dominio, de los recursos del Estado al que aspiran a destruir.     

El neoliberalismo se muestra cada vez con menos complejos y su lenguaje es más descarado y avasallador. Sólo así se entienden las palabras del ministro alemán de Economía, Wolfang Schaüble, quien, en 2015, durante la reunión entre el entonces ministro griego de Finanzas, Yannis Varoufakis, con el Eurogrupo, formado por los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona y los representantes de la troika —BCE, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional—, le espetó al ministro griego: “¡No se puede permitir que las elecciones cambien el programa económico de un Estado miembro!”. Toda una declaración de intenciones no sólo de Schaüble, sino de la mayoría de nuestros políticos, decididos a saltar por encima de los poderes democráticos. El llamado Eurogrupo es un organismo que no existe en la legislación europea, que no está sometido a controles democráticos y que no recoge actas oficiales acerca de sus deliberaciones.

Punto y aparte es el impacto de la ley desde el punto de vista jurídico, puesto que, al incluir en nuestra Constitución un artículo que garantiza mediante el desarrollo de una ley orgánica la estabilidad presupuestaria, se corre el riesgo de que cualquier política económica expansiva de carácter social sea calificada como inconstitucional. Esto es absurdo en la medida en que se considera la devolución de la deuda como una prioridad que acaba siendo asumida por todos como un axioma sagrado e irrebatible que no tiene en cuenta que hasta los organismos internacionales partidarios de la austeridad y del neoliberalismo se han visto obligados a cambiar de modelos económicos debido tanto a sus diagnósticos errados como a sus “soluciones” ineficaces.   

Otros casos de inadmisible despilfarro de dinero público

No son tópicos ni eslóganes vacíos, es la realidad: hay dinero para rescatar a la banca y a las autopistas, para adquirir armas y para otras cosas que se ocultan a la población, pero a la hora de aumentar la cuantía de las pensiones todo son excusas y palabras huecas. Estos son algunos ejemplos.     

- Mejora de las cuentas de la Seguridad Social:

La crisis se ha convertido en la excusa perfecta para llevar a cabo políticas de recortes sociales que se nos explican como inevitables. El coste de revalorizar las pensiones con el IPC es de aproximadamente 1.500 millones de euros anuales. Respecto a esta cifra, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho de forma rotunda “No hay recursos suficientes para subir las pensiones”. Se dice de continuo que hay pocos cotizantes, pero hay más de los que había en los años inmediatamente anteriores a 2018. Los datos de la Seguridad Social no dejan lugar a dudas y nos dicen que las cotizaciones sociales aumentaron en 2017 en 6.500 millones de euros, luego no parece descabellado asumir una subida de pensiones ajustada a la subida del IPC. 

- Planes privados de pensiones:

La cuantía que el Estado destina anualmente a desgravar los planes de pensiones privados asciende a 5.000 millones de euros, una cantidad que supera holgadamente el triple de los 1.500 millones de euros reclamados por los pensionistas. Sería mucho más útil desde el punto de vista de la eficacia económica, destinar esas cantidades a revalorizar las pensiones antes que a favorecer a un grupo de ahorradores privados. 

- Rescate de las autopistas de peaje:     

En octubre del pasado año, el Gobierno envió a Bruselas el Plan Presupuestario en el cual se cifra en 2.000 millones de euros el coste del rescate a las autopistas de peaje. Iñigo de la Serna, ministro de Fomento, ha declarado en varias ocasiones que el Gobierno en ningún caso pagará los más de 5.000 millones de deuda de las autopistas, pero parece que la batalla será larga y, como siempre ocurre en España, el poder político nos ocultará la verdad hasta que un medio de comunicación consiga destaparla. Varios fondos de inversión se han quedado con la deuda de las nueve autopistas que habían quebrado en 2012 y han contratado a Houlihan Lokey, una firma especializada en litigios (que intervino en casos como el de Abengoa o el de Lehman Brothers) para que les represente en las negociaciones con Fomento.  La deuda está en manos de cuatro fondos buitre: Taconic Capital, Atlestor, Strategic Value Partners y Kingstreet Capital. También se encuentran implicados, aunque con participaciones menores, Deutsche Bank, JP Morgan y Goldman Sachs. Entre todos suman el 80% de la deuda, el resto está en poder del ICO, un 9%, Bankia y otras entidades menores. Respecto a la cifra de 2.000 millones planteada por el Ministerio de Fomento, el Gobierno miente a sabiendas porque a esa cantidad hay que sumarle 2.000 millones más que corresponden a la inversión realizada por las empresas concesionarias más los costes de expropiación que llegan a 1.800 millones, que aún están pendientes de pago. La cifra final reclamada por los fondos será de 5.800 millones de euros. Las nueve autopistas quebradas representan la cuarta parte de la red de carreteras de pago de España y registran diariamente una intensidad media de 4.220 vehículos, una cifra ridícula que no aumentará significativamente cuando las autopistas estén en manos del Estado, luego alguien deberá explicarnos la ruinosa planificación que llevó a su construcción y la dudosa operación de compra por parte del Estado que sí repercutirá de forma directa en el déficit público.

 - El escándalo de la plataforma Castor:

La plataforma Castor se encuentra a 21 kilómetros de las costas de Vinaròs, en la provincia de Castellón, y fue construida con el fin de explotar un antiguo pozo de petróleo bajo el lecho marino.  El depósito tiene una capacidad de 1.900 millones de metros cúbicos y la idea inicial era inyectar gas natural con el fin de extraerlo en tiempos de escasez o de cese de las importaciones. La plataforma Castor era propiedad de la empresa Escal UGS, un consorcio participado por ACS, empresa presidida por Florentino Pérez en un 66,67%, y por CLP, propiedad de la canadiense Dundee Energy Limited, que posee un 33,33%. El proyecto incluía una conducción submarina y una factoría en Vinaròs, y su coste estimado ascendía a 1.700 millones de euros. El plan fue aprobado por el Gobierno de Zapatero mediante Real Decreto del 16 de mayo de 2008, siendo ministro de Industria Miguel Sebastián. Las primeras operaciones de inyección de gas comenzaron en abril de 2012. Los técnicos pensaron en introducir el gas de forma paulatina para que este desplazase el agua que se encontraba en el interior del pozo submarino, pero los planes comenzaron a torcerse cuando el depósito empezó a llenarse.

A comienzos de septiembre de 2013, dieron comienzo una serie de temblores que llegaron a sumar cerca de mil seísmos, que no fueron de gran magnitud, aunque los tres más fuertes sí fueron percibidos por las poblaciones de Vinaròs, Benicarló y Alcanar, alcanzaron los 4 grados en la escala de Richter y crearon gran preocupación entre los vecinos de las localidades afectadas. El 16 de septiembre de 2013, José Manuel Soria, en aquel tiempo ministro de Industria, ordenó parar las actividades de la plataforma al confirmarse su relación con los temblores. Para tomar esa decisión, el ministro tuvo en cuenta los pronunciamientos científicos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico Minero de España. Los técnicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) también analizaron la oleada de seísmos y enviaron un informe al Gobierno de España, que el 3 de mayo de 2017 anunció que la plataforma no reanudaría su actividad. El estudio del MIT concluyó que los terremotos eran debidos a la inyección del gas, pero exculpó a Escal UGS y a la Administración cuando aseguró que el fenómeno no podía preverse con los “estándares de la industria”. Lo único cierto es que la falla tectónica de Amposta se había movido durante meses por la actividad de la plataforma Castor.

El 4 de octubre de 2013, el Consejo de Ministros anunció que abonaría 1.350 millones de euros a Escal UGS, aunque la empresa exigía 1.700 millones por el cierre de la plataforma. La cantidad abonada a la concesionaria de la plataforma Castor será pagada durante 30 años por los ciudadanos a través del recibo del gas, que en España cuenta con 7 millones de usuarios. La compensación que se pactó con Escal UGS era de 1.350 millones, pero el pago a plazos en el recibo del gas más los intereses hará que la cantidad llegue a 4.700 millones de euros. Este procedimiento fue diseñado por el Ministerio de Industria con el fin de que el dinero no tuviera impacto en el déficit público. El Gobierno adjudicó a Enagás la administración y el mantenimiento de la instalación y fue esta empresa la que pagó la indemnización en noviembre de 2014, tal como comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En diciembre del pasado año, el Tribunal Constitucional anuló varios artículos del Real Decreto ley de 2014 que permitió el cobro de la indemnización multimillonaria por parte de Escal UGS. Pese a ello, el PSOE no ha solicitado a Escal UGS la devolución de la indemnización y el Gobierno del PP, siempre del lado de los poderosos, declaró a través de su ministro de Energía, Álvaro Nadal, que “El Constitucional sólo cuestiona el instrumento utilizado y no concluye, en ningún caso, que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento sino que considera que hubiera bastado con que la decisión se hubiera aprobado mediante el procedimiento legislativo ordinario de urgencia en vez del Real Decreto ley”. En otras palabras, el ministro Nadal nos dice que no existe problema moral alguno porque la injusticia es legal desde el punto de vista jurídico y que lo único improcedente es el mecanismo legal que autoriza el pago. Delirante.      

La privatización del sector público español

De todas las negligencias cometidas por los gobernantes españoles en los últimos años, tal vez la más trascendente y decisiva para nuestro país fue la decisión de acabar con el pujante sector público. El proceso se inició en los Gobiernos de Felipe González y continuó con los de Aznar, Zapatero y Rajoy. Durante los Gobiernos de Felipe González, el Estado recaudó 13.200 millones en 80 grandes operaciones privatizadoras. Fundamentalmente, se ejecutaron dos tipos de privatizaciones: en primer lugar, las de empresas no rentables y las de aquellas en las que los técnicos consideraban que el Estado no debía permanecer en su accionariado con el fin de promover su sostenibilidad económica; en segundo lugar, las de empresas que sí eran rentables y podían recaudar dinero, fue el caso de las grandes joyas como Endesa, Repsol, Telefónica o Argentaria (entidad resultante de la fusión de diferentes entidades de la antigua banca pública española). La principal idea que los Gobiernos de González deseaban transmitir era que debía existir una colaboración entre el sector público y el privado para que determinados bancos fueran accionistas permanentes de las empresas públicas. Pero todo ello era el germen de una privatización plena en un futuro cercano.

Cuando Aznar llegó a La Moncloa en 1996, el Estado sólo conservaba un 21% de Telefónica; un 10% de Repsol; un exiguo 3,8% en Gas Natural; un 28,1% de Argentaria; y altísimas participaciones en Tabacalera, un 52,4%, y en Endesa, un 67%. Durante el primer año de la primera legislatura de Aznar el Estado ingresó 27.000 millones de euros, el 70% de esta cantidad fue obtenida a través de venta en la bolsa. El total de empresas privatizadas por Aznar asciende a cincuenta. En contra de las ideas que propugnan muchos cargos del PP de aquella época, la venta de las empresas no contribuyó a reducir el déficit para posibilitar el cumplimiento de los criterios económicos impuestos por el Tratado de Maastrich. La razón es que las privatizaciones reducen el nivel de deuda pública, pero no el de déficit estructural, puesto que sólo producen beneficios el año de la venta.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el que menos privatizaciones llevó a cabo. La mayoría de los planes fueron proyectados al final de la segunda y última legislatura y no llegaron a materializarse. Entre los proyectos fallidos estaba la privatización parcial de AENA, que fue anunciada en 2010, pero que no se hizo realidad hasta febrero de 2015 durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Por cierto, que la privatización de AENA fue un mal negocio para el Estado, siempre celoso de proteger a los poderosos en detrimento, si fuera necesario, de sus propios ciudadanos: el precio de salida por acción fue de 58 euros, que al cierre de la primera jornada de cotización en bolsa de la compañía se situaba en 70 euros. Sólo en ese primer día, algunos fondos de inversión ganaron 800 millones con una empresa propiedad de todos los ciudadanos. Un año después de la salida a bolsa, la acción cotizaba a 94 euros, precio que llegó a 135 euros un año y medio más tarde. Aunque el Estado conserva el 51% de AENA, la privatización ha supuesto un negocio de oro para una minoría, que son los que pueden disfrutar del máximo beneficio en esta operación. Los grandes fondos de inversión son propietarios de 31% del capital de una empresa que construimos entre todos. Zapatero tuvo que desistir también de su intento de vender el 30% de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado porque la crisis afectaba de tal forma a toda la zona euro, que los potenciales inversores no tuvieron el coraje necesario para afrontar la operación.

El Gobierno de Rajoy, pese a llevar 7 años en el poder, aún no ha acometido ningún proyecto privatizador de gran envergadura. Desde el Ministerio de Economía se ha manifestado en alguna ocasión la intención de privatizar empresas como Indra, IAG, Correos o Cesce, pero en este Ejecutivo, a diferencia de aquellos que presidía José María Aznar, no existe el mismo entusiasmo a la hora de llevar a cabo estos proyectos. Una de las razones es que España ha entrado en la senda de la recuperación y ha visto una mejora en todos sus indicadores económicos, pero esa mejora aún es leve y precisa de cifras que la apuntalen ante la opinión pública. La sociedad, aun percibiendo mejoras en la economía, todavía tiene reciente en su memoria la crisis financiera de 2007-2008. Nuestros políticos lo saben y han comprendido que, en medio de condiciones de trabajo dominadas por la precariedad, nadie vería con buenos ojos nuevas operaciones de liberalización y privatización porque se han hecho tradicionalmente para entregar empresas enormemente rentables a grandes grupos de empresarios afines a PP y PSOE y a grandes fondos de inversión. Así se han detenido las ventas de AENA, Renfe y Adif. La creación de una gran empresa ferroviaria, una vez privatizadas las empresas que gestionan la red, respondía a una vieja aspiración de Rajoy, que albergaba la idea de dividir Renfe en cuatro empresas diferentes, con ámbitos de negocio distintos: el material rodante de la compañía, la gestión del parque de trenes, el tráfico de pasajeros y el mantenimiento y la logística de los trenes. En el Gobierno también existía el temor a que la operación fuera torpedeada por los poderosos sindicatos ferroviarios.

Algunos de nuestros políticos más importantes pasaron a cobrar de las grandes empresas privatizadas       

El Estado aún conserva el control de Renfe, Adif, Puertos del Estado, Correos, Navantia, RTVE, Enusa y Tragsa. Banca Mare Nostrum, resultado de la fusión de varias cajas, y Bankia, intervenida por el Estado, también son parte del sector público.       

Pero, en mi opinión, la principal razón de que el Gobierno no desee afrontar en este tiempo de frágil recuperación un nuevo proceso de privatizaciones se debe a que la opinión pública no ha digerido aún el rescate a la banca porque existen multitud de datos que demuestran que el rescate no fue eficaz, ni justo ni honesto.

La privatización de empresas públicas sirvió para que los recién llegados a la dirección de las mismas aprobasen sueldos increíblemente altos para sí y para sus equipos, además de planes de pensiones acordes a esos sueldos, a los que hubo que sumar primas y gratificaciones de todo tipo que convertían en millonarios a los nuevos gestores.

La estrategia de las llamadas “puertas giratorias” tiene su principal origen en las privatizaciones. Así, algunos de nuestros políticos más importantes pasaron a cobrar de las grandes empresas privatizadas. Felipe González fue consejero de Gas Natural desde finales de 2010 hasta marzo de 2015. Durante la última legislatura de Felipe González, Gas Natural adquirió Enagás, empresa que controlaba la casi totalidad del negocio del gas en nuestro país. Sólo en su último año como consejero, González recibió 127.000 euros como retribución. Aznar es consejero de Endesa (empresa que fue privatizada durante su primer Gobierno en la que fue la mayor operación de privatización de la historia de España) desde 2011, y recibe entre 300.000 y 400.000 euros anuales de sueldo; Miguel Boyer, exministro de Economía del PSOE (un engaño más de esta formación hacia los ciudadanos porque Boyer fue patrono de la fundación FAES, laboratorio de ideas de Aznar de marcado carácter neoliberal, desde 2002), fue consejero de Red Eléctrica desde 2010 hasta 2014, año en que falleció, también fue vicepresidente de la constructora Fomento de Construcciones y Contratas, y presidente de CLH, la antigua petrolera Campsa. Pedro Solbes, exministro de Economía con González y Zapatero, que abogó por la venta de Endesa a la italiana Enel, es en la actualidad consejero de Enel. Elena Salgado, exministra de Economía de Zapatero, que también promovió la venta de Endesa a Enel, trabajó como consejera de la filial de la empresa italiana en Chile hasta 2015. Salgado también es consejera de Trilantic Capital Partners, un fondo de inversión, de Nueva Pescanova y de Abertis, la empresa dedicada a la gestión de autopistas e infraestructuras de telecomunicaciones.

No nos engañemos, el poder, en algunas ocasiones y por pura conveniencia, actúa escondiendo sus pecados, en otras los muestra de forma descarada: una de las primeras decisiones de Juan Villalonga tras asumir la presidencia de Telefónica en 1996 fue nombrar  consejeros independientes a dos de los vocales del Consejo Consultivo de Privatizaciones (un órgano jurídico presidido por Luis Gámir, exministro de Adolfo Suárez y de Calvo Sotelo, encargado de emitir el dictamen jurídico acerca de la idoneidad de las privatizaciones), Gaspar Ariño y Juan Antonio Sagardoy, que habían contribuido en el dictamen del Consejo Consultivo para dar la aprobación de la venta de lo poco que quedaba de la entidad en manos del Estado. En Telefónica también trabajan la esposa de Mariano Rajoy (hasta 2011); el marido de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría (desde marzo de 2012); o Elvira Aznar, hermana del expresidente Aznar. Pero el caso más llamativo de fichaje político en Telefónica es el de Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo de Aznar, que firmó un ERE que afectaba a 15.000 trabajadores de Telefónica en 2003. No se conocen las funciones que Zaplana lleva a cabo en la multinacional española. Luis Carlos Croissier, ministro de Industria con Felipe González justo cuando se elaboraba la normativa para liberalizar en España el monopolio del mercado de hidrocarburos, es consejero de la petrolera Repsol desde 2007. Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente, es consejera de Enagás desde 2014 y vicepresidenta del Banco Santander España, además de presidenta del Banco Pastor. Ángel Acebes, exministro de Interior en el Gobierno de Aznar, es consejero de Iberdrola. Al igual que Isabel Tocino, Ana Palacio, exministra de Exteriores de Aznar, es consejera de Enagás y también del gigante energético portugués EDP. También desde 2014, Antonio Hernández Mancha, exsecretario general del PP, trabaja como consejero de Enagás. El antiguo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), Gonzalo Solana, también es consejero de Enagás y lo mismo podemos decir de quien fuera secretario general de Industria hasta febrero de 2014, Luis Valero.

En 2005, Telefónica fichó a Alfredo Timmermans para dirigir la representación institucional de la compañía en Estados Unidos. Timmermans fue responsable de Comunicación en la Moncloa cuando se produjo el atentado del 11-M. En un hecho sin precedentes en la historia periodística de nuestro país fue denunciado por varios corresponsales a través del Círculo de corresponsales extranjeros, formado por cientos de periodistas de los medios más importantes de todo el mundo. El Círculo difundió una carta en la que denunciaba informaciones erróneas por parte del Gobierno de Aznar con el fin de que la prensa adjudicase a ETA la autoría del brutal atentado. El nombramiento de Timmermans se produjo nada más cesar en su puesto como secretario de Estado, algo que violaba la Ley de Incompatibilidades.  Rodrigo rato fue contratado por Telefónica en enero de 2013, después de haber sido imputado por la Audiencia Nacional por presunta ocultación de información durante el procedimiento de salida a bolsa de Bankia. En 2005, Narcís Serra, ex vicepresidente y exministro en varios Ejecutivos de Felipe González, fue contratado por Telefónica para diferentes cargos en Brasil y Chile. En la primavera de 2017, Serra fue revalidado en esos puestos pese a su imputación por parte de la Audiencia Nacional por administración desleal y reparto de sobresueldos en Catalunya Caixa (después de que la caja catalana recibiera una inyección de dinero público), entidad de la que era presidente. Javier Nadal, que fue director general de Telecomunicaciones entre 1985 y 1995, fichó en 1995 por Telefónica, ocupando el cargo de presidente de la filial argentina, posteriormente fue presidente de Telefónica Perú, director general de relaciones institucionales y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica.    

José Folgado, exsecretario de Estado de Gastos y Presupuestos del Ministerio de Economía, exsecretario de Estado de Economía y exsecretario de Estado de la Energía, es el actual presidente de Red Eléctrica Española (REE). Arsenio Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil, está en el consejo de REE desde febrero de 2017. Ángeles Amador, exministra de Sanidad con Felipe González, también es consejera de Red Eléctrica Española desde 2005. Matías Rodríguez Inciarte, ministro de la Presidencia durante el corto mandato de Leopoldo Calvo Sotelo, fue uno de los consejeros mejor pagados del IBEX 35, con más de 3,5 millones anuales, por cierto, que su fondo de pensiones es de más de 47 millones de euros. Inciarte estuvo en el consejo del Banco de Santander hasta 2017. Abel Matutes, que posee una gran fortuna personal, fue ministro de Exteriores de Aznar, también fue consejero del Banco de Santander hasta 2014 y consejero de Metrovacesa durante un breve período en 2015. El exministro de Exteriores, Industria, y Ciencia y Tecnología de Aznar, Josep Piqué, fue presidente de la aerolínea Vueling entre 2007 y 2013; consejero delegado de OHL, el gigante constructor propiedad de Juan Miguel Villar Mir, exministro del presidente del Gobierno durante el franquismo ,Carlos Arias Navarro, desde 2013; consejero de SEAT desde enero de 2017; consejero de Abengoa desde julio de 2017; consejero de AENA desde octubre de 2017; y consejero de la aeronáutica ITP desde diciembre de 2017. Agustín Conde, exdiputado del PP y exalcalde de Toledo entre 1995 y 1999, recibió 108.000 euros en calidad de consejero de Red Eléctrica Española durante siete meses, justo antes de ser nombrado Secretario de Estado de Defensa a finales de noviembre de 2016. Miquel Roca i Junyent, uno de los siete padres de la Constitución, es consejero de Endesa, vocal de la constructora ACS y secretario en los consejos de Abertis y Banco Sabadell.  Guillermo de la Dehesa, exsecretario de Economía con Felipe González, fue consejero delegado del Banco Pastor hasta junio de 2002, año en que pasó a formar parte del consejo del Banco de Santander. De la Dehesa también ha sido asesor internacional del banco estadounidense, Goldman Sachs, y vicepresidente no ejecutivo de Amadeus IT Holding.  Marcelino Oreja Arburúa, exdiputado europeo por el PP e hijo del exministro de UCD y exdiputado del PP, Marcelino Oreja, es consejero de Enagás desde 2012 y consejero de MIBGAS, el organismo que gestiona el mercado del gas en España.

Hay muchos más nombres, todos ellos han sido importantes cargos públicos y están bien relacionados con las altas esferas del poder. En ocasiones, nuestros políticos han utilizado los resquicios que deja la ley para burlar el régimen de incompatibilidades. Este fue el caso de Elena Salgado que, tras abandonar la vicepresidencia económica en el Gobierno de Zapatero, tan solo tardó tres meses en fichar por Endesa Chile. Un informe de Hacienda concluyó que Salgado podía desempeñar el puesto en la filial chilena de Endesa porque no había participado en resolución alguna que afectase a Endesa en Chile. El dictamen de Hacienda permitió a Elena Salgado seguir cobrando su sueldo como exministra, lo que equivalía al 80% del salario que recibía en el Gobierno. Todo lo escrito debe servir para que sepamos de parte de quien están nuestros “servidores” públicos.

Es más que evidente que la contratación de políticos por parte de las empresas privatizadas no responde a criterios de idoneidad desde el punto de vista de la preparación técnica, sino que los grandes emporios aprovechan los contactos y las influencias de estas personas, que tienen la capacidad de llegar a donde ningún ciudadano normal puede llegar e incluso de influir mediante presiones de todo tipo en las grandes decisiones a tomar por estos grupos. Estos antiguos altos cargos también poseen información privilegiada acerca de múltiples cuestiones relacionadas con los intereses de las grandes empresas.

La venta de la mayor parte del pujante sector público español ha sido un negocio ruinoso para el Estado. Las empresas se vendieron y el país recibió grandes beneficios los años de las ventas, principalmente en1996, pero el Estado dejó de ingresar anualmente las enormes cantidades de dinero que estas empresas proporcionaban a las arcas públicas. El caso de las eléctricas ilustra a la perfección la patraña de los diferentes gobiernos de que una liberalización, unida a una privatización del sector público abarataría los precios. En Francia no se han privatizado las grandes eléctricas, que continúan en manos del Gobierno, y nadie en el país galo, a diferencia del caso español, considera un problema el precio de la energía.

Es imposible calcular cuánto dinero recaudaría nuestro país anualmente si el sector público no hubiera sido privatizado. Algunas empresas como Argentaria, la antigua banca pública española, se han integrado dentro de grandes grupos como el BBVA. Otras, como Endesa o SEAT, han sido adquiridas por grupos extranjeros y han acometido operaciones en el exterior que no podrían haber realizado siendo empresas públicas. Lo mismo se puede decir de Iberdrola y de Telefónica, compañías que han crecido enormemente gracias a su expansión internacional. En cualquier caso, el beneficio neto antes de impuestos de las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural en España durante el período 2008-2015 fue de más de 37.000 millones de euros. Sólo Endesa, una de las joyas del antiguo sector público obtuvo un beneficio en España durante 2017 de 1.463 millones de euros, una cifra que por sí sola bastaría para financiar el aumento de la subida de las pensiones respecto al IPC. El volumen de negocio de Telefónica en España en 2017 asciende a 12.653 millones de euros. La antigua aerolínea pública, Iberia, de cuyo accionariado antes de su privatización total formaban parte únicamente British Airways y American Airlines, logró unos ingresos en España en 2017 de 4.851 millones de euros.  Las ganancias obtenidas por las dos principales compañías petrolíferas españolas, Repsol y Cepsa, ascendieron a más de 3.000 millones de euros en 2017, aunque los beneficios de ambas empresas proceden en su mayor parte del exterior y su accionariado es mayoritariamente extranjero.    

Existen muchas más formas de corrupción diferentes a las descritas en este artículo. Algunas se encuentran en el nivel autonómico de nuestra Administración, otras en el nivel municipal, y todas ellas son legales: hay multitud de organismos cuya auténtica función desconocemos, que fueron creados expresamente para garantizar un futuro plácido y tranquilo a los antiguos cargos más importantes de cada región y cada municipio, y en todas ellas nuestros políticos reciben salarios generosos. En toda España, hay miles de fundaciones y organismos de todo tipo que se financian a través de las autonomías y los ayuntamientos, su labor está escasa o nulamente fiscalizada y no sabemos bien para qué sirven, pero sospechamos que constituyen un premio a algunos políticos por su lealtad hacia el partido de turno. Muchos de los antiguos dirigentes encuentran acomodo en estos entes porque su falta de experiencia laboral o su nula formación dificultarían enormemente su acceso al mercado de trabajo. Es necesario llevar a cabo una titánica labor de investigación que esclarezca de forma precisa cuántos de estos organismos son realmente prescindibles. También es preciso revisar, precisamente, el acceso de ex cargos públicos a una pensión cuando apenas han trabajado como servidores públicos; lo mismo se puede decir de aquellas personas que reciben salarios altísimos en la empresa privada y, simultáneamente, cobran pensiones procedentes de su actividad pública.

Estamos obligados a creer en España. Sólo nos falta una mejor gestión para ser un país sobresaliente. España fue un país sin apenas impuestos hasta inicios de los años ochenta del pasado siglo, aunque, es cierto, contaba con unos ingresos procedentes de las empresas públicas de los que no dispone ahora porque estos acaban en manos privadas después del proceso de privatizaciones. Incluso así-con menor renta per cápita, con salarios más bajos, con peores infraestructuras, con un PIB menor, con menos nivel educativo, con un Índice de Desarrollo Humano inferior al actual, con un poder de compra considerablemente más bajo y con menos recursos por parte del Estado-, fuimos capaces de salir de cada una de las crisis que se presentaron a lo largo del siglo XX, y cuando llegó el siguiente episodio de dificultades económicas, el país estaba mejor y más preparado que antes. Sólo ahora se percibe un horizonte de penurias en el cual las personas más jóvenes tienen serias dudas de si van a vivir en condiciones similares a las de sus padres. Es más, casi todos ellos, desgraciadamente, están convencidos de que vivirán peor que sus progenitores, y eso incluye un acceso más restringido al sistema de pensiones que, como estamos comprobando, también será menos generoso con los futuros pensionistas. En nuestra mano está el utilizar las redes sociales para hacer pedagogía, salir a las calles de forma pacífica a reconquistar nuestros derechos y comportarnos como ciudadanos cada vez más informados y responsables a la hora de entregar nuestro voto.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es autor de novelas, ensayo, divulgación científica y análisis político.