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Dio la casualidad de que el pasado día 7 de mayo coincidieron en dos medios de comunicación, sin relación entre sí, dos contenidos que llamaron mi atención, referidos a la relación entre Cataluña y España.

En el diario Idealde Granada aparecía un artículo de opinión suscrito por un reputado profesor universitario que se autodenomina "constitucionalista" – y lo es– en el que, bajo el título evocador de "El eterno enigma político español,  hacía un recorrido histórico por nuestra siempre convulsa historia como nación (o como Estado) y por los factores histórico-políticos que dan origen al nacimiento de España. Se remonta a la época de los Austrias, que combinó la existencia de reinos con ciertas potestades, pero siempre subordinados al monarca absoluto, para pasar por los Borbones con su férrea centralización y supresión de fueros, para acabar preguntándose "qué es España", constitucionalmente hablando. Si un Estado nacido con los Reyes Católicos en 1492, o nacido con la Constitución de Cádiz de 1812, que, por primera vez, conforma políticamente un Estado al reconocer la división de poderes, o definitivamente conformado por la Constitución de 1978, que establece un modelo territorial complejo y por desarrollar, y que todavía sigue en discusión. Prueba de ello es el actual debate territorial y la discusión sobre una reforma constitucional que pudiera solucionarlo.

Y en el diario El País, se destacaba en portada la noticia de que "las autonomías exigen negociar su financiación sin Cataluña", refiriéndose a no esperar a la conformación de Gobierno catalán para abordar la reforma del sistema de financiación, en lo que aparentaba ser una posición sólida y consensuada –aunque en el interior de la noticia se hablaba de frentes formados por varias comunidades (terminología más bélica que otra cosa) y de clara divergencia entre ellas a la hora de señalar los criterios que definirían el nuevo sistema de financiación (cálculo en función del coste real del servicio, en función de la población o en función de otros factores como dispersión de la población, incluso insularidad, mayor autonomía fiscal para las CC.AA. o contemplar una quita a la deuda que estas mantienen con el Estado). Es decir, seguimos con el sistema de financiación de hace 9 años, y dándole vueltas y más vueltas a su posible reforma. 

Enigma histórico, incomprensión mutua, indefinición normativa, ausencia de criterios uniformadores o desacuerdo sobre los mismos, falta de visión integradora, egoísmo territorial, coyunturalismo exento de visión global de futuro, etc. Podemos llamarlo como queramos, pero no podremos eludir la obviedad de que, pese a nuestro largo recorrido histórico, aún no hemos resuelto "qué" somos, "cómo" lo somos y "por qué" lo somos. Repetimos como un bucle interminable los debates, los conceptos y, sobre todo, los prejuicios, los miedos y las trincheras ideológicas.

pese a nuestro largo recorrido histórico, aún no hemos resuelto "qué" somos, "cómo" lo somos y "por qué" lo somos

Traeré a colación, a modo de ejemplo, algunos episodios históricos documentados al respecto de esta cuestión. Empezando por lo más llamativo. Ya desde principios del siglo pasado en Cataluña y el País Vasco (1902 y 1903) constan, en diversos actos y manifestaciones, silbidos y abucheos al himno nacional, es decir, hace más de un siglo ya ocurría algo que hoy se repite. Este hecho alcanza su "esplendor" en 1925, con el cierre del Campo de Les Corts.  El 14 de junio de 1925 se disputó en el estadio del FC Barcelona un partido entre el Barça y el CD Júpiter en homenaje al Orfeó Catalá. En el descanso, la banda de la marina inglesa, invitada al partido, interpretó el himno británico y la Marcha Real. Los 14.000 espectadores aplaudieron el "God Save the Queen" y silbaron el himno español, según las crónicas de la época. El gobernador civil de Barcelona, Joaquín Milans del Bosch, informó del suceso al presidente, el dictador Miguel Primo de Rivera, que decidió cerrar la sede blaugrana seis meses por el “desafecto al patriotismo” de los catalanes.

El presidente del F.C. Barcelona y fundador del club, el suizo Joan Gamper, intentó impedir por todos los medios la sanción, pero de nada sirvió, pues el gobernador civil Milans del Bosch, abuelo del general franquista que sacaría los tanques en Valencia en el 23F, tenía al club de fútbol en el punto de mira de su purga en Cataluña.

El diario ABC de la época se encargaría de explicar que esos pitidos no eran un hecho aislado. “El incidente no puede sorprender a nadie que conozca el carácter de este club, tan político, por lo menos, como deportivo. Como jamás, pongamos por caso, se ha visto ondear en el club la bandera española, ni se ha escrito un letrero en castellano, no tiene nada de extraño que a sus socios les parezca que sobra allí todo lo español”, decía ese diario una semana después del incidente.

El gobernador civil de Barcelona, Joaquín Milans del Bosch, informó del suceso al presidente, el dictador Miguel Primo de Rivera, que decidió cerrar la sede blaugrana por el “desafecto al patriotismo” de los catalanes

La sanción quedó finalmente en tres meses, pero Gamper, tan comprometido con el nacionalismo catalán y el club de fútbol que fundó, no pudo soportar la presión política y marchó a Suiza. La orden de clausura del Gobierno acusaba al FC Barcelona de antipatriota: “Existe en la citada Sociedad la tendencia intencionada que se ha acentuado en los últimos tiempos con motivo de la victoria alcanzada en el último campeonato, rehuyendo citar el nombre de España y llamándole impropiamente campeonato peninsular”.

En el terreno estrictamente político interesa destacar lo que se sostenía en el Manifiesto electoral de Solidaridad Catalana, publicado el 12 de marzo de 1907, de cara a las elecciones generales que se celebraron en España el 21 de abril de ese año, y que ganó ampliamente el Partido Conservador de Antonio Maura. Esta coalición de partidos catalanes, liderada por Prat de la Riba, obtuvo un éxito sin precedentes al obtener el 7% de los votos y una notable representación parlamentaria. "La Solidaridad es la afirmación viva del ser de Cataluña, como colectividad consciente de sí misma, y si un día su misión se concretó en defender esta tierra de la amenaza de opresiones… de leyes de excepción encaminadas a impedir la libre expresión de su ideal...Ahora su misión primordial es conseguir que los elegidos en Cataluña constituyan una verdadera diputación catalana que sea, dentro del parlamento español, la afirmación clara y activa del ideal y la voluntad de Cataluña".

La respuesta del presidente del Gobierno, Antonio Maura, según el Diario de Sesiones de las Cortes de 2 de junio de 1907 evoca, sin género de duda, algo que escuchamos hoy con total normalidad. "Yo no sé lo que queréis decir con eso de la personalidad, es más, creo que no lo sabéis vosotros y además, creo que no lo queréis decir.... Personalidad, cuando se trata de un ente colectivo, de una persona jurídica o política.... la voz personalidad es un interrogante, porque equivale a decir, ¿para qué fines?, ¿con qué objeto?, ¿donde está la clave del enigma?. ¿queréis la personalidad para fines, para jurisdicción, para materia propiamente local?. Sin tasa se os reconoce. Vuestra boca es medida. Cuanta más, mejor, ¿está claro?. ¿queréis personalidad para hacer jirones la inconsútil soberanía de la patria?. Nunca, Nada. Mientras yo aliente y pueda, jamás logrará un Gobierno sacar una ley que mutile eso". Cualquier comentario está de más, ante la evidencia de lo que se expresa.

el Diario de Sesiones de las Cortes de 2 de junio de 1907 evoca, sin género de duda, algo que escuchamos hoy con total normalidad. "Yo no sé lo que queréis decir con eso de la personalidad, es más, creo que no lo sabéis vosotros"

Y qué decir de los debates mantenidos durante la tramitación parlamentaria de la Constitución de la República en el año 1931. Debates, en bastantes casos, mantenidos entre miembros del Gobierno o miembros de la que podíamos llamar la "mayoría". Como una simple muestra, premonitoria desgraciadamente, esta réplica de Manuel Azaña  a Miguel Maura  al hilo del debate sobre la enseñanza y la lengua catalana. "El mayor error que se puede cometer en este debate es contraponer el españolismo al criterio de los diputados catalanes o de los partidarios de las autonomías o de quien tenga un criterio opuesto, pero que no dejan de ser españoles y españolistas por ser autonomistas y catalanes. Es demasiado seria la cuestión para llevarla a términos de pasión y de efecto político parlamentario inmediato. Una de las cosas que ha de hacer la República es resolver el problema de Cataluña y si no lo resuelve, la República habrá fracasado, aunque viva cien años".

Parece llegada la hora de superar el bucle interminable al que parecen condenadas las relaciones entre Cataluña y España, por mucho que yo reconozca el esfuerzo realizado con la Constitución de 1978 y su posterior desarrollo. La constante y permanente reafirmación en las legítimas convicciones propias, por más soporte legal y jurisprudencial que puedan tener, y que a buen seguro aún ofrecerán nuevos horizontes, no parece el mejor camino (la historia lo ha acreditado y el presente lo ratifica). Hemos de diseñar otro distinto que parta de la combinación de tres factores: democracia, respeto y federalismo.

Desde el punto de vista legal, ello ha de implicar el reconocimiento al máximo nivel (es decir, en la Constitución), por parte del Estado español, de las singularidades de Cataluña y sus efectos, como la lengua, los símbolos y la cultura propias, la organización territorial específica (local, metropolitana y comarcal), y las peculiaridades históricas de derecho civil y mercantil.  Y por supuesto, rediseñar el sistema de distribución de competencias, precisando las facultades concretas del Estado, reduciendo al máximo las compartidas y estableciendo como cláusula residual que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución sea competencia de las comunidades, de tal manera que el Estatuto catalán, como el resto, tengan dimensión institucional y no sólo competencial;

Como acertadamente, ha establecido el PSOE, en la Comisión Parlamentaria constituida para  analizar el Estado Autonómico (hasta ahora difuminada por el "absentismo" de la mayoría de fuerzas políticas, más atentas al cortoplacismo, pero se quiera o no, germen necesario de la futura reforma constitucional), fijar los elementos fundamentales del sistema de financiación autonómico y establecer una garantía reforzada de la autonomía local y de la suficiencia y sostenibilidad en su financiación. Por último, incorporar unas reglas adecuadas para la articulación de España en la Unión Europea a partir del pluralismo territorial interno, y  modificar los procedimientos de reforma constitucional para que ésta no resulte casi imposible (material y temporalmente) cuando circunstancias políticamente excepcionales lo demanden.

Y desde el punto de vista político y también ciudadano, se precisa, en primer lugar, que las partes aborden el debate de las reformas planteadas, abandonando el frentismo ilusorio y a veces, hasta infantil, que les impide "reconocerse" como lo que son, "partes", y por tanto, les dificulta entablar un diálogo imprescindible sin eslóganes. Como han manifestado diversos articulistas, "a las cosas por su nombre: negociar es ceder". Y si no, pues a seguir con el bucle interminable.

Para que el debate vuelva a situarse en el terreno político hay que abrir una nueva etapa basada en el respeto mutuo, que últimamente se ha perdido. Cada vez son más las voces autorizadas que reclaman una renovación de los liderazgos en ambas partes, que consigan hacer asumir a "los suyos" rectificaciones y propuestas que hoy parecen inasumibles, pero que son necesarias para emprender ese nuevo camino.

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José María Rueda Gómez es  miembro del Comité Federal del PSOE.