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En la última semana han fallecido dos militares en sendos siniestros, uno de ellos arrollado por un BMR (vehículo militar) y el otro en un accidente en un Iveco Lince en Malí en el que también resultaron heridos otros tres compañeros. Ninguno de los dos accidentes debería haberse producido en los dos mencionados vehículos, ambos extremadamente inestables y peligrosos. No son los primeros siniestros ni las primeras muertes que se registran en estos dos vehículos militares, ni desgraciadamente parece que serán los últimos.

Al menos 32 personas han fallecido a causa del BMR, un asesino implacable que ha terminado con la vida de 30 militares y 2 intérpretes, incluyendo el fallecimiento de Eduardo García Molinero, legionario del Tercio Gran Capitán I. El militar falleció el lunes 14 de mayo en Agost (Alicante) arrollado por un BMR.

El accidente que causó la muerte de Antonio Carrero Jiménez la mañana del 18 de mayo en Mali se debió a un accidente en un Iveco Lince. El vehículo militar en el que viajaba el infante de marina junto a otros dos militares más, que también resultaron heridos, se salió de la carretera con fatal desenlace. Lamentablemente, se trata del cuarto siniestro mortal y de la quinta víctima desde su entrada en servicio (en 2011 fallecieron Manuel Argudín Perrino y Niyireth Pineda Martín; en 2014 Abel García Zambrano; en 2016 Aarón Vidal; y en 2018 el mencionado Antonio Carrero Jiménez), ello sin contar la multitud de accidentes que han dejado heridos graves, como es el caso de Iván Ramos, que quedó discapacitado tras un accidente en este vehículo (tuvo que ser operado para salvar su vida, perdió el bazo y el riñón y se rompió diecisiete huesos).

La negligencia cometida y su conocimiento

La negligencia, tanto en el caso del BMR como del Iveco Lince, consiste en permitir que estos vehículos sigan siendo utilizados a pesar de los antecedentes que denotaban inestabilidad en ambos vehículos. El Lince, además, tiene una enorme debilidad en la torreta, que en lugar de ser móvil está ocupada por un tirador, que carece de protección cuando el vehículo vuelca, choca o tiene cualquier incidente.

Si los antecedentes no son suficientes para que los gestores ministeriales y militares detengan la actividad de estos vehículos, alegando un incomprensible desconocimiento, hay episodios concretos que demuestran sin ningún género de dudas que existe consciencia de estas mortales debilidades. 

En primer lugar, la inestabilidad de ambos vehículos ha sido puesta de relieve por diferentes periodistas y medios de comunicación. Por ejemplo, la periodista que publicó un reportaje sobre Iván Ramos, discapacitado a causa de un accidente en un Iveco Lince, afirmó que este se había producido “debido a la inestabilidad característica de este vehículo antiminas”. Las publicaciones sobre la mortalidad del BMR en ningún caso son menos explícitas: “Los accidentes de vehículos BMR han causado quince bajas en las Fuerzas Armadas” (Europa Press, junio de 2008) o “Historial de accidentes de tráfico del vehículo BMR” (El País, junio de 2010).

En segundo lugar, desde el 26 de junio de 2013 podemos encontrar un reportaje en el Foro de Cultura de Defensa que se titula “Trampa mortal: Linces y BMR” (sic). De eso hace casi cinco años y no se requiere de gran dosis de perspicacia para comprender que el problema era más que conocido para que este se planteara en un foro orientado a militares.

En tercer y último lugar, por si lo argumentado hasta ahora no fuera suficiente, yo mismo fui denunciado por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, al advertir la necesidad de juzgar a Pedro Morenés y su cúpula militar por homicidio por negligencia en el caso de los dos accidentes de helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) que causaron la muerte de siete militares. Muy especialmente el segundo de ellos. En este proceso, que terminó en absolución, la Fiscalía solicitó un ejemplar del ensayo crítico El libro negro del Ejército español publicado en octubre de 2017 en el que se dedica un capítulo entero a la siniestralidad del BMR y Iveco Lince, a los que se califica como “asesinos sobre ruedas”. Y de ello debe tener noticia María Dolores de Cospedal, pues ella misma fue la denunciante.

Queda, pues, demostrado que tanto la ministra de Defensa, personalmente, como su cúpula castrense tienen conocimiento de la negligencia que están cometiendo y que la misma pone en peligro la vida de sus militares. Nos encontramos, por tanto, ante una acción de la que se conoce el posible resultado de muerte y que, pudiendo ser evitada, se mantiene en el tiempo.

Pero no solo eso, sino que a día de hoy queda acreditado que la Fiscalía también tiene conocimiento de lo que sucede.

Sin responsabilidad política

Aunque nos encontramos en un país en el que los casos en los que se asumen responsabilidades son insólitos y en el que han fallecido más de cien militares por negligencias que se podían haber evitado sin que nadie dimitiera, ello no debe hacernos pasar por alto la necesidad de asumir las responsabilidades políticas derivadas del fallecimiento de militares. Tal y como ocurre en Europa.

Por ejemplo, en Holanda, tanto su ministra de Defensa como su equivalente a JEMAD dimitieron por una mina en mal estado que causó la muerte de dos militares en octubre de 2017. Ejemplo que no fue seguido por Pedro Morenés y su cúpula militar, los cuales ni se plantearon asumir responsabilidades por el explosivo en mal estado que causó la muerte de tres militares en Almería o el fallecimiento de siete militares en dos accidentes del Servicio Aéreo de Rescate. Tampoco asumieron los altos estándares a los que debieron someterse Carme Chacón ni su cúpula militar, que también eludieron su responsabilidad en el accidente de Hoyo de Manzanares en 2011, que dejó cinco muertos por una mina caducada de 1974 o en los múltiples fallecimientos en BMR. No son ejemplos aislados, sino que se trata de casi una tradición, pues Alonso, Bono o Trillo no fueron mejores que los hasta ahora nombrados. 

Si bien es cierto que la asunción de responsabilidades aliviaría la sensación de injusticia, hay que dejar claro que la muerte de militares por negligencia va mucho más allá de la responsabilidad política, pues nos adentra en un presunto homicidio negligente culposo.

Es por todo ello, que la Fiscalía y la Justicia deben actuar de forma inmediata e investigar y juzgar tanto a Cospedal como a su cúpula militar por las mencionadas negligencias. Deben hacerlo por las víctimas, por los militares, por la ciudadanía. Por higiene democrática. Por un país y un Ejército mejor. No hacerlo no solo supondrá perpetuar el manto de impunidad con el que se protegen los ministros/as y los dirigentes de las Fuerzas Armadas cada vez que una negligencia termina con una o varias vidas, sino que será la causa del fallecimiento de más militares.

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Luis Segura, exteniente de las fuerzas armadas españolas expulsado en junio de 2015 por denunciar públicamente corrupción, abusos, acosos y privilegios anacrónicos, es autor de El libro negro del Ejército español (Akal, 2017).