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“Stop invasión”. La hoja de ruta de Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga Norte y ministro del Interior italiano, tiene hoy el nombre de 629 náufragos, entre los que se cuentan 123 menores y 88 mujeres (siete embarazadas). El buque Aquarius (fletado por MSF y SOS Mediterranée) llegará a las costas de España gracias al Gobierno de Valencia, a su Ayuntamiento, y al apoyo de Pedro Sánchez, que cumplirá, de esta forma, con las obligaciones internacionales que nuestro país tiene contraídas.
Los náufragos del Aquarius están protegidos por el Derecho Internacional del Mar que impone deberes jurídicos a la totalidad de los Estados de la UE, por la Convención de Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y sus familias, la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York, puesto que todos ellos son migrantes y muchos de ellos serán solicitantes de asilo. Los menores están amparados, además, por la Convención de Derechos del Niño de la ONU y por las recientes Observaciones de los Comités de derechos del niño y de derechos de los trabajadores inmigrantes, que también vinculan a Europa.
De manera que no es solo una cuestión de solidaridad sino también de cumplimiento de la legalidad internacional. Una legalidad que ningún Estado miembro de la Unión puede saltarse a la torera. Ni Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia, ni los que están dispuestos a seguir sus pasos, como Italia, Austria, Dinamarca, los Países Bajos o Bélgica.
Los partidos de extrema derecha están liderando en estos países una xenofobia primitiva que insiste en la “amenaza” que la inmigración supone para la población autóctona, para el mantenimiento de las prestaciones sociales y el empleo, y para la pervivencia de la “especificidad cultural” de Europa. Y el nuevo Gobierno italiano está ahora en línea con esta psicopatía política, aunque la llegada de migrantes a Italia ha caído este año en un 76% respecto a 2017, gracias, entre otras cosas, al acuerdo de contención que se firmó con Libia, un auténtico infierno para los migrantes.
Lamentablemente, esta extrema derecha ha crecido en el seno de la mismísima Unión Europea que en estas décadas ha centrado sus esfuerzos en financiar complejos sistemas de vigilancia y control de fronteras; en prestar apoyo económico a los Estados miembros para que se blindaran; en suscribir convenios de cooperación con países vecinos para que ejercieran como gendarmes (Marruecos, Turquía o Ucrania), y en articular acuerdos de readmisión con los países de origen y tránsito a fin de forzar el regreso de aquellas personas que lograran llegar a su territorio. Estos controles no solo han sido contraproducentes, incrementando la rentabilidad de la industria de la ilegalidad y de las mafias, y animando a los inmigrantes a utilizar rutas cada vez más peligrosas –lo que ha producido miles de muertos–, sino que, en su mayor parte, han resultado completamente estériles. Frontex y Eurosur fueron experimentos fallidos, la operación marítima italiana “Mare Nostrum” no evitó tragedias como la de Lampedusa, ni tampoco ha disuadido a los inmigrantes el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), las “operaciones conjuntas” o el uso de drones.
Quizá por esta razón no ha sorprendido tanto que, tras agradecer a España su “gesto de solidaridad”, la Comisión Europea haya optado por lavarse las manos en el caso del Aquarius. Y, por la misma razón, no puede sorprender que los partidos que alimentan la xenofobia y el racismo acaben imponiendo su discurso en las elecciones con su retórica abiertamente eurófoba. Es evidente que, según para qué menester, la Europa neoliberal no está ni se la espera. Ya veremos qué pasa en el próximo Consejo Europeo, para el que Francia y Alemania, hasta ahora ausentes en el debate, han prometido grandes proezas. En este Consejo se debatirá la reforma del Reglamento de Dublín que deja la responsabilidad de acogida en manos de las puertas de entrada, lo que afecta muy especialmente a Italia, España y Grecia. Salvini ha elegido una fecha muy apropiada para lanzar su órdago, que llega tras años en los que Italia ha acogido a docenas de miles de migrantes, y que recuerda a países como Francia que no pueden dar lecciones a nadie.
En fin, no sabemos si de este Consejo puede esperarse mucho, pero sabemos que es mucho lo que se espera del nuevo gobierno de Sánchez, que tendrá el deber y el honor de mejorar la esquelética y cínica política de refugiados que el PP nos ha dejado en herencia. Confiemos en que Sánchez sea capaz de profundizar la línea tomada con el Aquarius para promover en Bruselas unas políticas menos lesivas que las actuales.
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