“Lo que está ocurriendo con Lula es un ejemplo de cómo lograr un objetivo político mediante una investigación judicial”, afirma el escritor José Augusto Ribeiro, biógrafo del mítico expresidente Getúlio Vargas, durante una visita a la vigilia en apoyo al expresidente delante de la cárcel federal de Curitiba. Muchos en Brasil coinciden. Otros muchos no. Los abogados de Lula acusan a los jueces de la investigación anticorrupción Lava Jato (lavacoches) de tener una agenda política cuyo objetivo es forzar la retirada del expresidente de izquierdas de la campaña electoral. Diversos expertos jurídicos han calificado como inquisitorial y selectivo el proceso contra Lula que lleva más de tres meses en prisión, condenado por blanquear dinero a través de unas obras en un apartamento en la playa de Guarujá, cerca de São Paulo. ¿Por qué no se ha condenado aún al actual presidente Michel Temer o al excandidato conservador Aécio Neves pese a las grabaciones que señalan su participación en la trama de sobornos y blanqueo de dinero? Son preguntas pertinentes. Sin embargo, los premios y medallas que se amontonan en las oficinas de los fiscales de Lava Jato otorgados por distintos grupos, desde Transparencia Internacional a Global Investigations Review, representan otra corriente de opinión sobre la investigación.

Es imposible saber a ciencia cierta si se trata de una valiente cruzada contra la corrupción –caiga quien caiga, la versión más o menos consensuada en los grandes medios de comunicación– o el peor caso de “lawfare” (guerra jurídica), con uso de tribunales y cárceles para eliminar a adversarios políticos. 

Lo que es innegable, a tres meses de las elecciones generales de octubre, es que los fiscales y jueces de Lava Jato tienen aliados y enemigos políticos en esta campaña electoral. Fíjense, por ejemplo, en la foto tomada en Washington al juez Sergio Moro, que encabeza la investigación judicial y condenó a Lula a nueve años de cárcel, con el candidato conservador a gobernador de São Paulo, Joao Doria, quien, con un poco de suerte, hasta podría ser aupado a candidato presidencial.

Doria elogió a Moro tras la intervención el pasado domingo 8 de julio para frenar al juez disidente Rogerio Favretto, que había ordenado la puesta en libertad de Lula debido a las nuevas circunstancias, concretamente la precandidatura del expresidente para las elecciones. Favretto, que ha militado en el partido de Trabajo, sostiene que es una cuestión de derechos democráticos que Lula –líder en los sondeos– tenga la opción de hacer campaña libremente hasta que sea excluido definitivamente como candidato. Moro no está de acuerdo y declaró incompetente al juez Favretto en un mensaje remitido desde su lugar de vacaciones en Portugal, una intervención que muchos expertos jurídicos consideran ilegal. “Favretto no debería haber ordenado la puesta en libertad, pero una vez realizada la orden Moro debió respetar la decisión”, escribió el experto jurídico de la Universidad de Oxford, Celio Rocha de Barros.

El juez Moro parece dispuesto a saltarse alguna regla por su interés en alcanzar la noble meta de limpiar el país de corrupción

Pero, al igual que en el caso de la filtración a la prensa de aquellas grabaciones ilegales a Lula y Dilma en 2016, el juez Moro parece dispuesto a saltarse alguna regla por su interés en alcanzar la noble meta de limpiar el país de corrupción. Doria –alcalde de São Paulo, donde fue criticado por el uso de la fuerza empleado para desalojar a indigentes del centro– le agradeció la intervención al juez y calificó a Moro de “héroe brasileño”.

Moro, formado en la escuela de derecho de Harvard, y forofo de los cómics de Batman y Spiderman, seguramente coincide con Doria en la valoración. No dejará que nadie detenga la lucha del bien contra el mal. Recorre Curitiba, la pequeña ciudad algo provinciana y conservadora, base neurálgica de la operación Lava Jato, con una decena de guardaespaldas. Y recibe homenajes por doquier. “Vino ‘O Moro’ el otro día y todo el mundo se levantó y aplaudió’”, cuenta la camarera del macro restaurante italiano Madalosso, con aforo para 4.500 comensales, el predilecto de Moro en Curitiba, quizá por sus fuentes neoclásicas iluminadas al estilo del Venetian de Las Vegas. Moro es un ferviente admirador de Estados Unidos y ha trabajado estrechamente con el departamento de Justicia estadounidense. No resulta extraño que le guste hacerse fotos en Washington junto a Doria.

Hay otras intervenciones más directas de los fiscales anticorrupción en la campaña electoral. Son conscientes de que un mal resultado puede acabar con su investigación. “Vamos a hablar sobre cómo vencer el círculo vicioso de la corrupción, incluso en las próximas elecciones”, ha dicho el fiscal Deltan Dallagnol en la introducción a una serie de videos en su página de Facebook, una red social irresistible para los brasileños, incluso hasta para los que llevan toga de juez. (La jefa de gabinete del tribunal en Porto Alegre que condenó a Lula a 12 años de cárcel el año pasado, rebasando la sentencia de Moro, usó su propia página de Facebook entonces para pedir firmas en favor del encarcelamiento del expresidente).

Dallagnol –el máximo responsable de la investigación de Lava Jato en el Ministerio Público Federal, la fiscalía brasileña– aconseja en los videos de Facebook cómo elegir a candidatos que defienden la lucha contra la corrupción. Pero debe ir con cuidado. Ya provocó una enorme polémica al dejar escapar en otro vídeo en la misma red social que los fiscales “no tenemos pruebas concluyentes” de que Lula fuera propietario del apartamento en Guaruja, sino “la convicción”, ya que en casos de  blanqueo de dinero jamás se reconoce la propiedad del activo lavador. Es un argumento un poco circular –repetido por el fiscal Paulo Galvão del equipo de trabajo de Lava Jato en una entrevista publicada en La Vanguardia– que la defensa del expresidente ha comparado con los de la Inquisición.

Esto es lo que ha dicho Galvão: “Es verdad que no supimos explicarlo bien. Para nosotros es una lucha mediática porque la defensa puede decir lo que quiera y manipular como les dé la gana (…). El hecho de que el apartamento jamás fuese registrado a su nombre es irrelevante; es habitual blanquear dinero de esa manera y mantener el inmueble bajo un nombre falso”.

Hay fuertes críticas internacionales al encarcelamiento del expresidente y la posible politización de los jueces

En el equipo que participa en el caso Lava Jato hay miedo de que, después de las elecciones o incluso antes, los poderes ejecutivo y legislativo, con la ayuda del Tribunal Supremo, hagan lo necesario para frenar la investigación y poner en libertad a Lula. De ahí la intervención precipitada de Moro del 8 de julio para cerrar la puerta de la celda de Lula incluso antes de que fuese abierta. La opinión pública que apoyaba a los jueces intrépidos al inicio de la investigación flaquea, al menos en las clases populares desde el encarcelamiento de Lula, todavía líder en los sondeos. Hay fuertes críticas internacionales al encarcelamiento del expresidente y la posible politización de los jueces. En el Congreso brasileño se ha establecido una alianza entre varios partidos de izquierda y centroderecha, para defender la creación de una comisión de investigación sobre “la posibilidad de manipulación de colaboraciones premiadas”, una referencia al polémico método de los fiscales de ofrecer reducciones de penas carcelarias a los acusados, a cambio de recibir más información sobre sus cómplices. Varios jueces del Tribunal Supremo comparten estas críticas a los métodos del juez Moro. Algunos miembros del Tribunal Supremo están “sensibilizados” –según Mónica Bergamo, la ecuánime periodista de Folha de São Paulo– ante la posibilidad de cambiar la prisión de Lula por un arresto domiciliario, debido, en parte a su salud (superviviente de cáncer, ha ha adelgazado mucho en sus casi cuatro meses en la cárcel) y, en parte, porque el Supremo no ha sentenciado a otros acusados del mismo delito de blanqueo de dinero.

Hay tanto miedo a que Lula se les escape de las manos en las oficinas de Lava Jato que Ricardo Montemor, otro fiscal federal, utilizó un lenguaje de troll furibundo hace unos meses en su página Facebook: Confesó estar muy cansado “de los canallas del Tribunal Supremo (…) que intentan acabar con Lava Jato y soltar al bandido corrupto Lula”. No es exactamente el lenguaje que se espera de un representante de la Fiscalía general. Pero así son de viscerales algunos de los fiscales de Lava Jato cuando defienden su cruzada jurídica frente a quienes volverían al viejo sistema corrupto, O mecanismo, según el título de la teleserie de Netflix. 

Pero pocos en Brasil o en los medios internacionales, tan deseosos de asistir al fin del estado clientelar brasileño que se negaba a vender Petrobras, han planteado una cuestión obvia. Si el mecanismo es tan corrupto, ¿no es lógico pensar que algunos elementos de Lava Jato lo serán también? Y efectivamente, empiezan a surgir dudas sobre la  integridad de Moro. Según el exconsultor de la constructora Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, un abogado próximo a Moro, Carlos Zuccolotto –socio empresarial de la mujer del juez– le pidió un soborno a cambio de rebajar su sentencia con la ayuda de Dallagnol. ¿Quién sabe si es verdad? Pero lo extraño es que Moro no ha citado a Tacla Durán a dar testimonio en la investigación, pese a que el exasesor jurídico de Odebrecht sí ha sido testigo –y muy útil– en investigaciones sobre los sobornos de la constructora en Perú, Andorra y Ecuador. ¿Por qué no quiere Moro que se escuche su versión de las turbias operaciones del departamento de operaciones estructurales de Odebrecht en Brasil también? Todo parece selectivo en el caso Lava Jato, desde los testigos a los condenados. “Aún existe la posibilidad de que Lava Jato se venga abajo por irregularidades”, ha afirmado Durán en una conversación mantenida con La Vanguardia en Madrid, donde ha buscado protección contra el intrépido juez brasileño. Pero, ¿quién investigará al investigado?

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Este artículo fue publicado originalmente en el blog de Andy Robinson en el diario La Vanguardia.