El domingo 8 de julio, tras dos acontecimientos que desanimaron aún más de lo que ya estaba a la población brasileña –la derrota de Brasil en el Mundial de fútbol y el anuncio de la venta de la Empresa Brasileira de Aeronáutica a Boeing por el gobierno golpista– el juez de apelación del TRF/4 de Porto Alegre, Rogerio Favreto, ordenó la puesta en libertad de forma urgente de la única figura que atrae la simpatía de las masas del país: el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Esta decisión fue contestada por el polémico juez de primera instancia Sergio Moro que, aunque de vacaciones, impidió de inmediato la ejecución del auto, provocando que el presidente del tribunal superior interviniese para anular la sentencia del juez de apelación.

Sin el protagonismo de Lula, la izquierda democrática del país no logrará vencer las elecciones del próximo otoño

El expresidente, preso desde el 7 de abril en la cárcel de Curtiba, en el estado de Paraná, por una sentencia que no aporta ninguna prueba de delito, es el candidato preferido del electorado brasileño. El fenómeno Lula da Silva es arrollador. Tras tres meses preso, sus carceleros no han conseguido doblegar la voluntad del preso político más conocido del mundo, que el mes pasado fue elegido por el Partido de los Trabajadores (PT) como candidato a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Pese a estar en régimen de aislamiento, todas las encuestas le atribuyen una victoria holgada frente a cualquiera de sus posibles contrincantes. Según el instituto estadísticas Datafolha, Lula da Silva lidera hoy los sondeos, con un 30% de intención de voto en la primera vuelta y un 49% en la segunda, seguido por exmilitar de extrema derecha Jair Bolsonaro, con un 16%. Sin el protagonismo de Lula da Silva, la izquierda democrática del país no logrará vencer las complicadas elecciones del próximo otoño. Los demócratas no tienen más alternativa que acudir en socorro del prestigioso expresidente o, de lo contrario, dejar el país en manos de Jair Balsonaro, un hijo de la dictadura que no esconde su admiración a los torturadores del régimen militar. Como en Europa, la extrema derecha aparece con fuerza en Brasil.

El TSE, comandado por el magistrado Luiz Fux, no permitirá que el exmetalúrgico vuelva a ser candidato

Pese ser un referente popular, el camino que el expresidente tiene que recorrer para volver a la presidencia del país es largo e incierto. Aunque Lula da Silva saliera de la cárcel no tendría garantizado poder concurrir a las elecciones. Amplios sectores del poder judicial, secuestrado por los golpistas, están preparados para impedirlo. Ha tenido que pasar un año para que el Supremo brasileño considere ilegales las denominadas conducciones coercitivas –utilizadas para obligar al acusado de algún proceso penal a declarar–, practicadas más de 227 veces por el juez Moro en la operación Lava Jato, inclusive contra Lula da Silva. El Tribunal Superior Electoral (TSE) sólo está esperando el registro oficial de su candidatura para invalidarla. El TSE, comandado por el magistrado Luiz Fux, no permitirá que el exmetalúrgico vuelva a ser candidato, aunque su sentencia condenatoria no ha sido aún juzgada en última instancia por el Supremo.

Lo cierto es que los jueces, fiscales y policías del país son los principales garantes de la continuidad del estado de excepción instalado en Brasil. Toda la maquinaria judicial está engrasada para impedir que la izquierda vuelva al poder en Brasil: desde el famoso juez Moro, amigo de los políticos del PSDB, partido de oposición al gobierno de izquierda y protegido del grupo Globo de telecomunicaciones, alentador del golpe contra la expresidenta Dilma Rousseff  y que ha condenado a Lula sin pruebas y usando procedimientos judiciales de dudosa validez legal, como avala el libro firmado por decenas de juristas brasileños: Una sentencia anunciada. El proceso Lula, hasta la mismísima presidenta del Tribunal Supremo, Carmen Lucia, que maniobró para que el expresidente fuera encarcelado.

Por ahora, el resultado del golpe ha sido llevar el país al caos, y una prueba de ello fue la última huelga de los camioneros que paralizó Brasil durante una semana. El pánico generado por la falta de combustible dejó a la sociedad brasileña con una sensación de desesperanza y pesimismo. La profundización de la crisis económica, el desmantelamiento de los programas sociales implementados por Lula da Silva y Rousseff para mitigar el sufrimiento de los más necesitados, la entrega de las empresas públicas punteras al capital extranjero, el desprecio a la anterior posición del país en la escena internacional y la destrucción del Estado democrático y de Derecho, es, por ahora, la nefasta herencia del golpe blanco perpetrado en 2016. Según una reciente encuesta de Datafolha, un 62% de los jóvenes brasileños entre 16 y 24 años emigrarían al extranjero si pudiesen. El mismo instituto registra también que el presidente usurpador, Michel Temer, tiene el récord de un 82% de rechazo de la opinión pública. El grupo que ha usurpado el poder es muy competente a la hora de urdir complots para derribar gobiernos legítimos, pero no pasan de ser unos oscuros personajes incapaces de dirigir un país de las dimensiones y complejidad de Brasil.