José María Ruiz Soroa me hace el honor de citarme en su artículo “Un trato paradójico”, publicado en El País, el 22 de julio. Como incluye una cita mía que estructura su argumento, me parece oportuno responder a sus comentarios. A efectos de la economía del artículo, voy a reproducir mi cita aquí, para que el lector pueda orientarse desde el principio: “Cataluña alberga dos pueblos no suficientemente fusionados […]. Cataluña tiene derecho a disponer de instituciones que sean capaces de garantizar que esas dos poblaciones […] se socialicen sobre la base de la cultura catalana. Y necesita garantías del Estado de que no va a imponerse una representación pública que amenace en su tierra a los que se sienten ante todo catalanes. A cambio, un compromiso de lealtad al Estado”. Aunque hay bastantes pasajes omitidos, mantendré la cita así.

Quiero deshacer un equívoco. Ruiz Soroa atribuye a mi opinión cierto papel representativo. Así dice: “Nuestros gobernantes en Madrid no lo dicen así de claro, pero la idea subyacente a cualquier profundización del arreglo constitucional es esa y no otra”. Del contexto se deriva que no lo dicen tan claro como yo lo digo. Por supuesto, mi opinión no es representativa de lo que piensen o hagan nuestros gobernantes. Yo soy un escritor independiente. Como creo en la propiedad pública de las ideas una vez que se dan a conocer, cada cual puede hacer uso de ellas según le dicte su inteligencia.

Y eso hace Ruiz Soroa, con cierta justicia que le agradezco. Asume que mi posición es coherente con la institucionalidad “realmente operante desde 1978”, con lo que, en tono despectivo, llama “arreglo constitucional”, y con lo que califica como “cualquier profundización” de ese arreglo. Además asume que mis opiniones están dictadas desde la “teoría republicanista”. Ambas cosas son verdad. Mi reflexión busca dotar de coherencia y de eficacia al acuerdo de la Constitución del 78 desde la normatividad de la teoría democrática republicana. Lo que exploro como solución a la crisis catalana profundiza en la realización de ambas estructuras normativas. A eso le llama Ruiz Soroa “llevar al extremo”. No es así. En una circunstancia concreta, activar principios normativos puede ser de utilidad y servir de orientación. El republicanismo es un pensamiento de lo concreto, no de los extremos. Busca resolver problemas políticos, no enigmas metafísicos absolutos. Justo lo que no hace Ruiz Soroa.

Toda su retórica denota indisposición hacia ese acuerdo inaugural, la institucionalidad que ha generado y hacia su profundización

De estos planteamientos se deriva algo fundamental. El Sr. Ruiz Soroa desea moverse al margen de la institucionalidad realmente operante, del arreglo constitucional de 1978 y sus desarrollos. No lo dice así, pero va implícito. Toda su retórica denota indisposición hacia ese acuerdo inaugural, la institucionalidad que ha generado y hacia su profundización. El único momento en que muestra entusiasmo retórico es cuando califica las expresiones que tienen que ver con la palabra “liberal”. Así, habla de un pacto “profundamente antiliberal”, alude a las personas como “los únicos sujetos morales relevantes”, califica los “arreglos” de ilegitimidad moral. Como vemos, el Sr. Ruiz Soroa utiliza con plena identificación el vocabulario liberal, apropiado para las grandes palabras morales. Desgraciadamente, las argumentaciones morales y las liberales tienen el problema de su carácter abstracto. Eso las hace inservibles para la política, que surge de reconstrucciones de realidades concretas. Los principios morales son tan generales que cuando lanzan su red sobre problemas políticos no pescan nada útil. Y eso le lleva a fallos argumentales importantes.

Su liberalismo, políticamente inconsciente, camufla un nacional-liberalismo español, que sólo tiene percepción y sentido para las personas de su mayoría

El primero y principal es su dificultad para generar relatos ecuánimes, capaces de distinguir hechos y principios orientativos. Así, se refuta mi propuesta normativa recordando hechos unilaterales. Desde principios republicanos emergería un relato de hechos diferente. La Constitución del 78 ha padecido una continua deslealtad por parte de fuerzas que cuando se logró el pacto no se consideraban absolutas, pero que luego se elevaron a tales: el sentido de la nación española del PP y el sentido de la nación catalana de los nacionalistas catalanes. Así que, con su estrecho moralismo, Ruiz Soroa cree que la deslealtad, la ilegitimidad, la búsqueda de la homogeneidad y la identidad sólo proceden de los poderes públicos catalanes. Su liberalismo, políticamente inconsciente, camufla un nacional-liberalismo español, que sólo tiene percepción y sentido para las personas de su mayoría. Pero basta disponer de un mínimo arsenal normativo republicano para darnos cuenta de que la política del PP, desde el segundo Gobierno Aznar y luego desde el Gobierno Rajoy, fue desleal con la Constitución del 78, llevando a la ruptura el acuerdo –o como él dice, “el arreglo”– y hace muy difícil una solución desde la misma.

Por supuesto que, para el republicanismo, el nacionalismo (español o catalán) es un principio opuesto y preocupante. Pero no se puede ignorar que el PP, que no votó el título VIII de la Constitución, ha buscado durante todo este tiempo dibujar el círculo cuadrado de hacer mutar la Constitución, de tal manera que se mantenga intacta su letra y el título VIII deje de estar operativo. Sabemos cómo lo ha logrado: lanzando al TC contra toda evolución democrática de la Constitución del 78. Ruiz Soroa participa de esta sensibilidad cuando afirma que llevar el “arreglo” del 78 al extremo es entregar a Cataluña competencias exclusivas y blindadas en materia lingüística, cultural y de enseñanza. Eso no es llevar las cosas al extremo. Es lo que tuvo Cataluña legal y legítimamente desde que hay democracia, como la Comunidad Valenciana o el País Vasco. Considerar que eso es llevar las cosas “al extremo” es lo mismo que desmontar la Constitución española.   

El liberalismo, con su moralismo abstracto, ignora la política

En suma, Ruiz Soroa se indispone con “el arreglo” del 78 y con sus profundizaciones posibles por su liberalismo. Las personas de carne y hueso son lo importante, y ahora son sacrificadas a poderes que él convierte en subrogados de los principios franquistas de unidad y homogeneidad. Estamos ante la crítica “liberal” de la Constitución del 78, que la denuncia como potencialmente franquista sólo en Cataluña. ¿Es comprensible? El liberalismo, con su moralismo abstracto, ignora la política. Por supuesto no tiene un concepto de pueblo, y tarde o temprano, a voluntad, puede esgrimir esto de las personas de carne y hueso, los únicos seres morales reales, para indisponerse contra los acuerdos públicos. La política moderna tiene la base liberal del voto, pero no es menos política. Habla de representación, de partidos, de pueblo, de mayorías y de minorías. Y aquí está el vocabulario con el que Ruiz Soroa debería acreditarse en sus planteamientos.

En realidad, como siempre sucede, el liberalismo es tan limitado para juzgar la política que cuando un liberal habla de ella tiene que camuflar el momento político. Ruiz Soroa lo esconde hasta la última frase. Entonces habla de “masas poblacionales que se sienten también españolas”. Ahí su liberalismo se diluye. Sin conciencia, por supuesto. La otra forma con que se refiere a esas masas es llamarles “esos cuya aparición en la calle se celebraba pocos meses ha”. Si pensara en conceptos políticos, hablaría de minorías y de mayorías. No de “masas” ni de “esos”, sino de las dos minorías que coexisten en Cataluña, como dice mi cita. Dos, porque al romperse “el arreglo” del 78 se ha producido una estasis, una fractura en el pueblo catalán y español. Este concepto y proceso no puede pensarlo el liberalismo, pero el republicanismo aspiró siempre a impedir que la tiranía potencial de la mayoría hiciese injusticia a una minoría.

Por supuesto, tan contrario al republicanismo es que la mayoría española quiera hacer desaparecer a la minoría nacional catalana, como que la minoría nacional catalana quiera hacer desaparecer a la minoría española en Cataluña. Por eso, para escapar a esta posibilidad, se llega a un pacto de Estatuto, que es lo que yo proponía en mi cita. El contenido de ese pacto tiene como aspiración dar garantías a las minorías de que no van a ser sometidas o amenazadas políticamente. Y creo que esas garantías implican juego limpio y lealtad. Pues bien, no se pueda garantizar la supervivencia de la cultura catalana, que permea personas de carne y hueso con su sentido de la dignidad, sin que la Generalitat de Cataluña socialice a todos sus ciudadanos en catalán. Socializar no es imbuir una identidad comunitaria sustancial. Sabemos que la escolaridad en uno de los idiomas de una sociedad bilingüe no garantiza la homogeneidad, ni la identidad, ni ultraja a seres de carne y hueso en su dignidad. Logra que el idioma más débil no desaparezca, que esa parte minoritaria sea reconocida tal y como quiere serlo. Escolarizar en catalán no disminuye de entrada la dignidad de nadie, sino que favorece que no desaparezca una cultura milenaria y permite que dos minorías asienten las bases de su reconocimiento. Cierto, escolarizar en catalán no puede canalizar la deslealtad de transmitir la ignorancia, el desprecio o el odio al pueblo español. Esa deslealtad debe cesar. Pero no creo que lo haga si no cesa la deslealtad de los nacionalistas españoles, como el Sr. Ruiz Soroa, que consideran la escuela catalana como una indignidad ilegítima y un subrogado del franquismo.

Sólo la mala fe podría decir que la cultura española, la lengua, la identidad, y todo eso que a un liberal debería traerle sin cuidado, están en peligro en Cataluña

Por otro lado, sólo la mala fe podría decir que la cultura española, la lengua, la identidad, y todo eso que a un liberal debería traerle sin cuidado, están en peligro en Cataluña. Que el castellano desaparezca de las tierras catalanas tiene tanta probabilidad como que el cielo se hunda sobre nuestras cabezas. Editoriales, grandes empresas, mercado, televisiones, prensa, emigración, lo imponen. Concedo que en lugar de promover la recíproca estima de dos culturas hermanas, en Cataluña se haya asistido a una dualización de mundos autorreferenciales y cerrados entre sí. Esto es irrespirable e insano. Es verdad que la presencia de lo español se ha visto como un enemigo en Cataluña, de la misma manera que se ha llegado a que la presencia de lo catalán se haya visto con hostilidad en España y en algunos sectores catalanes. No veo la manera de arreglar esto sin un verdadero compromiso de mutuo reconocimiento. Eso implica detener las inconsistencias y errores de los independentistas y de su estrategia, tan estéril como la de las fuerzas del Estado español que han dejado de creer en “el arreglo” del 78.

Pero si las cosas no se plantean en términos políticos, si se plantean en términos morales, entonces no hay salida. Plantearse en términos políticos implica ofrecer garantías reales de que el derecho de las minorías no sea violado por el poder de las mayorías. Habrá que buscar un equilibrio entre los derechos de la minoría catalana y la minoría española en Cataluña. Y creo que conceder poderes exclusivos y protegidos sobre la escolarización unitaria a la Generalitat ha de ser parte de esas garantías. La otra es ser leal al Estado, al que millones de catalanes vinculan su ciudadanía, su seguridad y su derecho, tal y como dice mi cita cuando se lee con atención.