Miedo. Miedo a qué podía ocurrir si la voz de la ciudadanía se expresaba directamente en la vida política. Un miedo que, en esa época, se alimentaba en parte de los referéndums que el mismo Franco había utilizado y que se extendía hacia cualquier otro mecanismo que no pasara exclusivamente a través de los partidos políticos.

Esa fue la actitud con la que la izquierda parlamentaria se enfrentó al tema de la participación en el proceso de elaboración de la actual Constitución. Todo a través de los partidos. Nada sin los partidos. Ni hablar de propuestas de escuchar directamente a la gente. Hoy nos sorprende leer en los debates constitucionales como la única voz más favorable a la participación en los mismos era el portavoz de la derecha más rancia, Fraga Iribarne. Resultado: unas pocas concesiones declarativas que mencionan la participación como un valor o como un derecho en distintos ámbitos, pero muy pocos mecanismos concretos previstos, y un diseño institucional muy pensado en su conjunto para centrar todo el protagonismo político en los partidos.

Sin duda, si la Constitución fue timorata con el tema participación, los desarrollos legislativos posteriores no han hecho más que empeorar las cosas. Por un lado, limitando, como ocurre con la legislación sobre referéndums y consultas, que ha llevado a los ayuntamientos deseosos de escuchar a la ciudadanía a tener que recurrir a mil argucias para sortear una legislación muy restrictiva que hace la vida muy difícil a quien quiere dar voz a su ciudadanía. Por otra, no promoviendo e incentivando prácticas participativas, como sí han hecho en muchos otros países, a través de Leyes o de programas que o bien forzaban o bien dotaban de apoyos económicos y técnicos a su puesta en marcha, como se ha hecho desde Francia y Gran Bretaña hasta Brasil.

Ese miedo, adaptado al siglo XXI, sigue presente hoy en día casi con la misma intensidad. Ahora los fantasmas anti-participación toman forma de Brexits británicos y de caminos a la paz amenazados en Colombia. La diferencia básica entre aquel momento y ahora es cuánto ha cambiado nuestro entorno. Si en aquel momento, los espacios participativos más allá de las elecciones eran poco más que una excentricidad suiza, hoy los referéndums se han convertido en una herramienta cada día más utilizada en todo el mundo. Los países del Este de Europa, los Länder alemanes, la mitad de los estados de EE.UU. y casi todos los países de América Latina han incorporado nuevas herramientas participativas a sus diseños institucionales. A nivel comparado, empiezan a resultar más extraños, por ejemplo, los municipios que no cuentan con algún tipo de mecanismo de iniciativa legislativa que los que sí las tienen. Sociedades que demandan más voz y herramientas que lo hacen menos costoso lo favorecen.

¿Qué podríamos hacer con la Constitución si nos desprendiéramos de parte de ese miedo? Las grandes líneas de avance podrían ser las dos ya mencionadas. Por un lado, cambios declarativos, que reflejaran otra visión de la democracia menos partidocéntrica, que facilitaran con ello posteriores desarrollos legislativos a todos los niveles en  esa dirección. Por otra, recoger e institucionalizar alguna de las fórmulas participativas que se han ido proponiendo y a menudo ensayando en nuestro entorno en las últimas décadas.

A nivel puramente orientativo, sabiendo que en cualquiera de estos casos el diablo está en los detalles y que, por tanto, la bondad del instrumento dependería de cómo se articulara, apunto cinco posibles ideas muy diversas, tanto en cuanto a los espacios a democratizar como en las fórmulas para hacerlo. Prescindo para elaborar el listado de todo tipo de consideración estratégica sobre qué partidos pueden apoyarlas y del complejo y necesario debate en cada caso sobre si es más deseable constitucionalizarlas para garantizar su continuidad o centrar los esfuerzos en  poner en marcha experiencias pioneras que muestren su potencial y sus límites, aún a riesgo de que su uso quede en manos de las cambiantes mayorías parlamentarias:

1. En los partidos: instaurar elecciones primarias obligatorias en los mismos para facilitar su democratización interna, tal como se hace en Argentina o Ecuador.
2. En los parlamentos: posibilitar la intervención directa de la ciudadanía en las votaciones parlamentarias, por ejemplo, en la línea de las propuestas de Democracia 4.0 realizadas por el diputado andaluz Moreno Yagüe.
3. En espacios deliberativos independientes: crear un organismo independiente que facilite la celebración de grandes debates públicos en torno a proyectos que generen un fuerte debate social, al estilo de la CNDP francesa o del organismo similar existente en Quebec. Esta práctica, utilizada principalmente para grandes obras con impacto ambiental, ha sido utilizada frecuentemente también en el Norte de Italia.
4. En instrumentos de democracia directa: democratizar nuestra institución del referéndum para que este no solo pueda ser organizado por las autoridades sino por la ciudadanía a través de un proceso de recogida de firmas que desemboque en un referéndum obligatorio, como existe ya en las legislaciones de muchos países, regiones y ciudades del mundo.
5. En la propia reforma constitucional: por último, se podría pensar en un proceso de reforma constitucional en el que las instituciones tuvieran menos protagonismo exclusivo, sea porque el mismo pudiera ser iniciado por la ciudadanía (en Suiza, en Micronesia o en Berlín, por ejemplo) o porque esta pudiera jugar un papel central en el debate de la misma, como ha ocurrido recientemente en Irlanda.

Insisto, cualquiera de estas ideas requiere de un debate sosegado sobre su regulación concreta y sobre si incluirla en la Constitución es la manera más efectiva de hacerla avanzar. En todo caso, las posibilidades y las herramientas concretas existen y se utilizan cada día más en nuestro entorno, tanto en la práctica diaria como en los textos constitucionales.

El miedo a una ciudadanía sin intermediarios nos llevó en su día a una democracia demasiado partidocéntrica y quizás es hora de empezar a temer qué le puede pasar a nuestra democracia si la dejamos oxidarse por falta de presencia ciudadana en sus herramientas institucionales.

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Joan Font es Investigador del IESA (CSIC)