Según sus Estatutos, la Conferencia Episcopal Española es “una institución permanente integrada por los Obispos de España, en comunión con el Romano Pontífice, para el ejercicio conjunto de algunas funciones pastorales del Episcopado Español”. Al comenzar sus asambleas los asistentes invocan al Espíritu Santo para que les ilumine en su toma de decisiones. Velan por su grey para que no se descarríe en el proceloso mar de la modernidad. Pero también se ocupan de menesteres más mundanos e irrumpen en la vida de los no creyentes, condenando el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero son mucho más tibios, según acabamos de escuchar a su portavoz, con el repudio tajante al pecado que, según los Evangelios, más irritaba a Jesucristo. Recuerden Monseñores: “Ay! de aquel que escandalizare a alguno de estos pequeñuelos, más le valdría colgarse al cuello una rueda de molino y tirarse al río”.

Envueltos en su prodigiosa capacidad para la equidistancia, cuando les conviene, se evaden de las cuestiones que, con sesgo político, afectan a sus feligreses y a la sociedad en la que viven. Creo que, en estos momentos, el Espíritu Santo debe posarse sobre sus cabezas para recordarles que, de conformidad con las competencias que el Derecho Canónico y los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, atribuyen a las respectivas autoridades eclesiásticas, la Conferencia Episcopal tiene la obligación de ofrecer criterios orientadores acerca de las relaciones con la autoridad civil, en sus diversos ámbitos territoriales. Aunque ya sabemos que su Reino no es de este mundo, no pueden pasar, como sobre ascuas, sobre un tema, como el destino de los restos de Franco,  que les afecta directamente, por haber aceptado entusiásticamente acoger bajo el fuero eclesiástico a la que el lenguaje oficial denomina  como basílica menor de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en cuyo interior según el texto burocrático del Boletín Oficial del Estado, reposan los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde, en un sepulcro situado en el presbiterio, entre el altar mayor y el coro de la basílica.(BOE 16 de Noviembre de 2018).

El silencio de la  Conferencia Episcopal, sobre la exhumación y posterior inhumación de Francisco Franco, ha sido sepulcral y nunca mejor dicho. Todos sus componentes o nacieron en los aledaños del golpe militar y posterior guerra civil  o, en su mayoría, vivieron los años finales de la dictadura y la transición hacia un sistema constitucional que pretende, según su preámbulo, establecer una sociedad democrática avanzada. Se supone que por su rango y formación conocen el papel de la Iglesia durante la cruzada, su actitud ante la represión brutal que se desató contra los vencidos y que son conscientes del papel que la Iglesia está obligada a  jugar en el caso de la exhumación-inhumación de Francisco Franco. Tienen en sus manos la posibilidad de facilitar la dignificación de la democracia, evitando cualquier atisbo de exaltación de un dictador genocida, o perpetuar la ignominia de su reposo eterno en  un recinto sagrado.

Por respeto a la sociedad democrática en la que desarrollan sus funciones, deben pronunciarse sobre esta cuestión, sin esgrimir excusas inasumibles, argumentando que su función se reduce a cuestiones exclusivamente espirituales. Cuando me decidí a escribir este artículo, me interné en las redes sociales y encontré una noticia que me había pasado desapercibida. Los días 3 y 4 de octubre de este año, se habían celebrado, en la Fundación Pablo VI, unas interesantes jornadas, con un título de incuestionable interés y actualidad: El papel de la Iglesia en una sociedad democrática. Se organizaron al hilo de la conmemoración de los cuarenta años de vigencia de nuestra Constitución.

El presentador de las jornadas aludió a la oportunidad de tratar el papel político y social de la Iglesia en la España de hoy. En el encuentro se abordaron temas relacionados con el papel de la Iglesia como agente de la vida democrática. Se recuerda que la Iglesia, con su palabra y sus sacramentos, trata de promover en sus miembros el amor a la verdad y a la justicia y el cumplimiento de los mandamientos de Dios. La Iglesia favorece directamente la instancia ética que garantiza el buen funcionamiento de las relaciones y responsabilidades sociales. Todo lo que sirva para esclarecer y fortalecer la conciencia redunda en el mejor funcionamiento de las relaciones y de las instituciones democráticas. La sociedad española puede contar con la Iglesia y con los católicos como ciudadanos leales colaboradores eficientes en la constitución permanente de una sociedad cada vez más humana, más justa y más feliz, al servicio del bienestar y la prosperidad de todos los españoles, sin distinción y discriminación alguna. Concluyen: este es nuestro deseo sincero, este es nuestro compromiso personal e institucional.

No dudamos de la sinceridad de estas reflexiones que fueron vertidas a lo largo de esas jornadas, pero no constituyen la doctrina oficial de la Iglesia española. Colocados ante el dilema de perpetuar su silencio cómplice con la dictadura o reafirmarse en su papel en la sociedad democrática, solo hemos escuchado algunas voces aisladas que nos dejan desconcertados y seriamente preocupados. El arzobispo de Madrid manifestó que todo cristiano tiene derecho a ser enterrado en un lugar sagrado. Algún otro obispo sostiene que los muertos no tienen carnet político. No vamos a perder el tiempo en rebatir estas obviedades. Nos gustaría conocer si el dictador Francisco Franco es un cristiano más y una  vez muerto carece de carnet político, por lo que la decisión sobre el reposo de sus restos, corresponde a su familia como si se tratase de una persona sin pasado sin historia.

Las leyes que promulgó el dictador, durante su largo mandato, consagraron enfáticamente, con pretensiones cuasi dogmáticas que el caudillo sólo responde ante Dios y ante la Historia. No conozco lo que opina Dios sobre su trayectoria, su vida y su frialdad inmisericorde ante las peticiones de clemencia de su representante en la tierra, el Santo Padre. Pero la Historia es inexorable y ha llegado el momento de colocarlo en el lugar que le corresponde como un dictador que sentía un odio, casi enfermizo, hacia las libertades democráticas,  que persiguió hasta el final de sus días.

Para tratarse de un difunto que, según manifiestan algunos obispos, la muerte le iguala al resto de los mortales, la Iglesia lo exaltó al límite, al convertir sus funerales en una magna celebración eclesiástica en la que no faltó el cardenal primado de España y en la que se le rindieron honores que no concede los pastores al resto de su grey. El rey Juan Carlos que, según muchos panegiristas trajo la democracia a nuestro país, en el discurso de la Corona de 22 de noviembre de 1975, dirigido a los consejeros del reino y procuradores en Cortes, asumió que el título de Rey de España, se lo confería, la tradición histórica, las Leyes fundamentales del Reino y el mandato legítimo de los españoles. Esta última afirmación es más que cuestionable. Elogia a Franco como una figura excepcional que entra en la Historia y como un mito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave en nuestra vida política contemporánea.

Lamentablemente el tiempo le dio la razón y transcurridos más de cuarenta años desde su fallecimiento, todavía su cuerpo yacente constituye un elemento de fricción con determinados, y espero minoritarios, sectores de la sociedad española que tratan de conciliar y amalgamar una dictadura con una democracia constitucional. Tarea imposible para cualquier pueblo en cualquier momento de la historia.

Tuvieron que pasar más de 32 años desde su fallecimiento, para que el Gobierno socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero promulgase la ley de 26 de diciembre de 2007, conocida como de la Memoria Histórica. La lectura de su texto pone de relieve la imposibilidad de conciliar un sistema autoritario con las libertades democráticas e introduce una referencia específica de condena de los actos de exaltación franquista y de la dictadura y contempla el futuro destino del Valle de los Caídos donde reposan, junto con José Antonio Primo de Rivera, los restos mortales del dictador.

Señores obispos de la Conferencia Episcopal Española, ha llegado el momento de que salgan de su mutismo y manifiesten públicamente, asumiendo sus obligaciones y responsabilidades con la sociedad democrática en la que desarrollan sus funciones, cuál es su postura sobre esta endémica anomalía democrática, de la que son  responsables los sucesivos gobiernos  que han obtenido la legitimación que les proporcionan unas elecciones libres de todos los ciudadanos, que vivimos  en una sociedad laica o laicista  si se prefiere.

Si tienen alguna duda, pueden ustedes recabar la opinión de Jorge Bergoglio, ahora Francisco I, para que les ilustre y como ciudadano argentino, que vivió, una dictadura más corta pero no menos sangrienta, si los generales de la  Junta Militar, deben ser exaltados en los lugares que regenta la Iglesia argentina.

Como persona bautizada y educada en un colegio religioso, me formé teniendo que aprender de memoria el catecismo del padre Astete, que utilizaba el sistema de preguntas y respuestas para transmitirnos la doctrina verdadera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todavía retengo en la memoria muchos de los interrogantes que se nos planteaban, las preguntas y las respuestas que nos enseñaba el catecismo.

Siguiendo el mismo método, me permito terminar estas líneas formulando a los obispos de la Conferencia Episcopal una pregunta, un poco más larga que las que contenía el catecismo del Padre Astete.

¿Puede la Iglesia Católica autorizar la inhumación, en un recinto religioso, de los restos mortales de un dictador que declaró que si era necesario exterminaría a media España, que fue condenado como régimen criminal por la Asamblea General de la Naciones Unidas, que ejecutó, terminada la guerra a más de 50.000 personas en juicios sin garantías, que autorizó ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas, que condenó en el Tribunal de Orden Público, a miles de personas por ejercitar sus derechos políticos elementales, como la libertad de asociación, reunión, manifestación y libertad de expresión y que se despidió de este mundo con cinco ejecuciones?

Monseñores, espero y deseo que el Espíritu Santo les ilumine para que encuentren una respuesta acorde con los valores éticos, democráticos y religiosos de la sociedad en la que desempeñan sus funciones pastorales.

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José Antonio Martin Pallin. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Abogado de Lifeabogados.