La celebración oficial de los 40 años de la Constitución da una imagen inequívoca, todo son parabienes a los “padres de la Constitución”, no deja el más mínimo resquicio para la crítica, para conocer la disidencia que se expresó en el momento de su aprobación, en 1978.

La hubo desde diversos ámbitos, por ejemplo en las entonces consideradas “nacionalidades históricas” por no recoger el derecho de autodeterminación. También el movimiento feminista participó activamente en el proceso de debate previo, siguió las propuestas que se fueron planteando, elaboró propuestas alternativas a algunos articulados y finalmente hizo una crítica contundente a la Constitución. La Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas calificó la propuesta de machista y antidemocrática, en octubre de 1978, al igual que la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid, organizaciones feministas de Euskal Herria, y la Coordinadora Feminista de Barcelona, que se movilizaba bajo el lema “Dona, la Constitució ens ignora”.

Lo que reflejaba la posición de las feministas era el rechazo a que sus aspiraciones se redujeran a una vaga declaración de igualdad (Artículo 14: “los españoles son iguales ante la ley”), en lugar de responder a la urgencia de dibujar otra sociedad en la que, entre otras cosas, los derechos de las mujeres estuvieran blindados.

La Constitución prescindió de las aportaciones y el empuje del feminismo: la lógica de pactos y consensos con la derecha, la Iglesia y demás poderes acabó determinando los contenidos del texto

Y sucedió que frente a la propuesta de una enseñanza laica, mixta, gratuita, obligatoria con la coeducación efectiva, la Constitución abrió las puertas al concierto de los centros religiosos, defensores de principios en clara confrontación con los planteados por las feministas; frente a la aspiración de cambiar la estructura familiar patriarcal y el reconocimiento de otras formas no institucionalizadas de convivencia, la Constitución consagró la familia patriarcal nuclear como la única institución central de la organización social; (Art. 39: “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”); frente al derecho a decidir de las mujeres fijó una redacción que abre la puerta a los recursos de los movimientos anti-elección contra el reconocimiento real del derecho al aborto; frente a la exigencia del derecho al trabajo asalariado, la Constitución estableció el principio de la no discriminación, en un texto atravesado por la idea del varón como el sujeto proveedor y de la complementariedad del empleo y salario de las mujeres. Un derecho que, al igual que otros como el de la vivienda, se ha quedado en una declaración de principios para la inmensa mayoría de las mujeres.

Sin duda la Constitución representó un cambio respecto al anterior régimen, a la Dictadura franquista, y estableció libertades y derechos, pero no recogió ni garantizó las aspiraciones de un movimiento feminista con una potente fuerza transformadora.

Aunque la oposición de la derecha franquista, la Iglesia y otros poderes era fuerte, se prescindió de las aportaciones y el empuje del feminismo: la lógica de pactos y consensos con la derecha, la Iglesia y demás poderes, que caracteriza el régimen del 78, acabó determinando los contenidos del texto constitucional. Además la izquierda parlamentaria actuó, en algunos casos, con la concepción patriarcal que desliga la consecución de la democracia de los derechos de las mujeres, dejándolos “para otro momento”. Nada nuevo bajo el sol. El resultado fue una Constitución que está en deuda con las mujeres.

El Manifiesto de la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid acababa con una consideración que no deja lugar a dudas: “La Constitución ya está hecha. Ni la hemos hecho nosotras, ni tenemos posibilidad de modificarla. Lo único que podemos hacer es dejar constancia de nuestra protesta”. Finalmente las organizaciones feministas, a nivel estatal, formularían distintas propuestas de voto a la Constitución.

Durante 40 años el movimiento feminista ha ido abriendo brechas en el desarrollo de algunos derechos que se han concretado en leyes y distintas disposiciones. Pero la situación actual está marcada por los efectos en la vida de las mujeres de las salidas neoliberales que se plantean a la crisis social, de cuidados, económica, territorial, ecológica, democrática y de valores. A ello no es ajena la crisis de legitimidad de la monarquía, del poder judicial patriarcal, del propio poder legislativo con la modificación del artículo 135 de la Constitución, algo que ya adelantó el 15M.

La Constitución del 78 no da respuesta a los graves conflictos que genera todo ello en nuestras vidas, por eso urge abrir un proceso, que sin duda no es fácil, que permita repensar las bases de la sociedad, resituar lo que significa poner en el centro el bienestar de las personas y no a los mercados; el reconocimiento real de las mujeres como sujetos de derechos, así como de otras identidades no normativas; establecer una igualdad que no sea un principio abstracto como proclama el liberalismo, que deje de invisibilizar y actuar sobre zonas de desigualdad entre varones y mujeres y que haga efectivos los derechos a todas, todas las mujeres; que responda a una distinta configuración económica del Estado donde se sitúen en el centro los trabajos de cuidados como responsabilidad del Estado y responsabilidad colectiva, acabando pues con la división sexual del trabajo; que garantice el derecho a una vida libre de violencias machistas y de violencias institucionales, y todo lo que lleva implícito los derechos sexuales y reproductivos, el derecho de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos; que proclame la laicidad y acabe con los privilegios educativos, fiscales, políticos de la Iglesia fijados en los acuerdos con el Vaticano, firmados siete días después de aprobada la Constitución; que rompa el pacto de silencio y restituya la verdad, justicia y reparación para las víctimas de los crímenes de la Dictadura.

Esas son algunas de las urgencias para pensar en un nuevo marco constitucional que garantice una vida digna para todas y todos. Desde una perspectiva feminista requiere abordar todos los conflictos que generan las relaciones de poder de género, sexo, clase, raza, nacionalidad, las diversidades funcionales, y la depredación de recursos naturales. Todo ello atraviesa la vida de las mujeres. No se trata de reformas, ni de algo que se solucione a base de pactos entre partidos, sino de la posibilidad de un proceso constituyente popular, participativo y rupturista que establezca nuevas bases para nuestra vida en común, una vida incompatible con cualquier vestigio  patriarcal.

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Justa Montero es activista feminista.