En medio de la incertidumbre por la aprobación final de los presupuestos para 2019, los sindicatos de profesores en Portugal se encuentran en guerra abierta contra el Gobierno de António Costa. Los socialistas necesitan el apoyo de sus socios de Gobierno (Bloco de Esquerda, Partido Comunista, PAN y Os Verdes) para la aprobación del Orçamento de Estado (OE, Presupuestos Generales), pero las diferentes versiones de “izquierda” no hacen sino aumentar la tensión de forma peligrosa.

Son muchos los escollos que debe salvar el Gobierno para conseguir entenderse con el ala más a la izquierda de sus apoyos parlamentarios. En una situación insólita en la historia de la democracia portuguesa, los partidos de la oposición han entregado más de 900 enmiendas al texto económico presentado por el Ejecutivo. El año pasado fueron menos de 300, y retrasó su aprobación hasta bien entrado diciembre.

Este año el Gobierno va a necesitar sortear un arrecife de problemas antes de llegar a buen puerto, pero, sin duda, las demandas de los sindicatos de profesores parecen, en la actualidad, una barrera infranqueable. El sindicato Federação Nacional dos Professores (Fenprof) y la Federação Nacional da Educação (FNE) se encuentran en total oposición al Gobierno de Costa, con la demanda inapelable de que el Estado les reconozca el tiempo congelado en sus carreras desde el comienzo de la crisis.

El problema viene desde enero de 2011, cuando el Gobierno liderado por Pedro Passos Coelho (Partido Social Demócrata) anunció que el tiempo de trabajo de los profesores quedaría, a partir de ese mismo momento, congelado en términos de cotización a la Seguridad Social. En realidad, el colectivo de los profesores fue sólo uno entre tantos otros cuyo servicio iba a quedar paralizado en términos fiscales con la llegada de la crisis, pero, en el caso de los profesores, a todo este tiempo que llevan en esta situación también habría que añadirle los casi dos años que también el Gobierno de José Sócrates congeló sus cotizaciones, entre 2005 y 2007.

El lema de “9 años, 4 meses y 2 días” (el tiempo que exigen los profesores que se les reconozca de forma retroactiva) se ha hecho ya famoso en todo el país. Es una exigencia que los docentes ven como inapelable, mientras que el Gobierno ve como inasumible. En conversaciones con CTXT, el secretario general del Fenprof, Mário Nogueira, el sindicalista con mayor capacidad de convocatoria y que genera más interés mediático en el país, matiza en este sentido: “Yo diría que (los 9 años, 4 meses y 2 días) es el tema más visible y más actual. Sin embargo, no puedo llamarlo el tema principal porque, por desgracia, los problemas que las escuelas, la educación y los profesores en Portugal están muy lejos de limitarse al tiempo de servicio que el Gobierno nos quiere robar”.

En el Ministerio de Educación afirman que el reconocimiento de todo ese tiempo, “tendría un impacto superior a 1.100 millones de euros por año”. A pesar de que los sindicatos insisten en que los presupuestos en Educación para 2019 son un “estancamiento”, desde el Ministerio de Brandão afirman todo lo contrario: “En 2019, el Presupuesto en Educación asciende a 6.421 millones de euros, a diferencia del montante de 6.173 millones de euros de presupuesto inicial de 2018, representando un crecimiento superior al 4%”.

Como si vivieran en universos paralelos, Mário Nogueira asegura que “existen problemas estructurales de las propias escuelas, resultado de años y años de quiebra de inversión. Este Gobierno paró la quiebra, pero no alteró el sentido de la inversión, es decir, no llevó a que se recuperase. Estuvimos 4 años de estancamiento ya a un nivel muy bajo. Tenemos falta de profesores, falta de técnicos, como terapeutas, sicólogos, asistentes sociales: tenemos falta de funcionarios. Y el Gobierno prevé para 2019 una reducción de 4% en recursos humanos. Por tanto, la política de recortes y reducción va a continuar”.

Nogueira no es un dirigente sindicalista más. Tras él está el gremio más sindicado y tenaz de Portugal, con tasas de asociación que superan con creces al resto de colectivos de trabajadores. Como afirma el propio dirigente, “la sindicalización no es obligatoria en Portugal, y los niveles de sindicalización, en general, no son muy elevados. Andará por el 15%, más o menos. Sin embargo, en los profesores la tasa de sindicalización en el total de las organizaciones andará alrededor del 70%, y la Fenprof tiene el 50% de ese porcentaje”.

Mário Nogueira ha convocado las manifestaciones sindicales más multitudinarias de la historia reciente del país. Durante el segundo mandato del socialista José Sócrates, entre 2005 y 2009, la por entonces ministra de Educación, Maria de Lurdes Rodrigues, tuvo que soportar el fuego cruzado de 8 huelgas de profesores, acampadas y vigilias frente a su ministerio, peticiones que alcanzaron las 320.000 firmas y 7 manifestaciones multitudinarias, la última de las cuales, el 8 de noviembre, congregó a unas 120.000 personas solo en Lisboa, según datos de la propia policía.

Ahora, el sindicalista se ha convertido en la piedra en el zapato de un Gobierno al que los medios internacionales a menudo califican como modélico, tanto a nivel de recuperación económica como de progresismo en políticas sociales. Claro que una Troika que parecía ya distante, casi invisible, ha vuelto a asomar el hocico tras el resquicio de la actualidad informativa, recordándonos a todos en Portugal que aún mantienen los ojos bien puestos en sus cuentas de resultados. 

Por otro lado, el Parlamento portugués ya aprobó el texto económico en su generalidad, con el apoyo del Bloco, los Verdes y los comunistas, lo que ha dejado las protestas de los profesores literalmente relegadas al ámbito de la calle. Más allá de que el gremio de profesores pueda interpretar como una traición este movimiento del ala más izquierdista del parlamento, ha quedado claro que los trabajos de cabildeo de los partidos quedan, a menudo, lejos del alcance de la sociedad civil. Así las cosas, Nogueira califica el conflicto entre Gobierno y profesores de “guerra”, y asegura que Costa, “en estos momentos, ya perdió a los profesores”.

El pasado 29 de octubre, un día antes de la primera votación en torno a los Presupuestos (OE), el Fenprof y el FNE convocaron un paro total y una manifestación frente al Parlamento. Fue el mismo día y a la misma hora en que el ministro de Educación, Tiago Brandão, se encontraba convenciendo a los parlamentarios de la idoneidad del programa de Educación para 2019. Mientras el ministro decía Sí en la Cámara, los profesores decían No en la calle.

Si ya será difícil para António Costa alcanzar consenso en torno al OE con miles de profesores protestando en la calle, y en huelga indefinida de horas extra hasta el 17 de diciembre, las relaciones internas entre el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista con el Fenprof hacen pensar que hasta la propia coalición de Gobierno corre serio peligro. En concreto porque el Fenprof pertenece a la Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), cuyas bases y mandos están plagados de bloquistas y comunistas.

Sin ir más lejos, el secretario general de la CGTP, Arménio Carlos, integra también el Comité Central del Partido Comunista. “La CGTP”, asegura Nogueira, “tiene dirigentes que son militantes y de los órganos (de dirección) del PCP, del PS y del BE. La Fenprof es igual, tiene dirigentes del Partido Socialista, independientes, del PCP, incluso de la derecha. Ahora, esta posición del Gobierno está llevando a una situación de revuelta, no sólo a los militantes comunistas o a los bloquistas. Los profesores (allegados) del PS, incluyendo dirigentes, han tomado una posición contra el Gobierno absolutamente arrasadora”. 

El Gobierno sabe que el incendio puede extenderse hasta sus propias filas. Tanto es así que el Ministerio de Educación emitió una nota el pasado 12 de octubre asegurando que las próximas huelgas de profesores, convocadas para el 29 de octubre y 2 de noviembre, no contarían con el apoyo de la legalidad. Esto es, que las ausencias por parte de los profesores de sus puestos de trabajo serían consideradas faltas injustificadas. Habrá que esperar a ver si, en posibles futuras huelgas, el Gobierno intentará ilegalizarlas de raíz. 

Aunque quizá esta jugada se le vuelva, una vez más, en su contra, ya que la reacción del Fenprof y demás sindicatos de docentes fue contundente. “Vamos a iniciar una participación criminal contra el ministro”, afirma, sin inmutarse, Mário Nogueira. “Hay cosas que pertenecen a la Democracia, que son elementos, normas básicas y elementares del Estado democrático. Y una de esas, en nuestra Constitución, es el derecho a huelga. Lo que ocurrió fue que el Gobierno, ya en julio pasado, antes de las vacaciones (de verano), decidió decretar servicios mínimos para una huelga que estábamos organizando. En su momento, los consideramos ilegales (los servicios mínimos). Recurrimos en tribunales y ganamos”.

Lo cierto es que resulta chocante que, prácticamente, a excepción de policías y militares, el único colectivo al que no se les ha restablecido de forma retroactiva la congelación de sus carreras sea a los profesores. Algunos interpretan esto, precisamente, como un enfrentamiento del Estado contra un colectivo que claramente ha alcanzado más poder del que muchos desearían. Esto ha resultado en un diálogo de sordos. Por su parte, para el Fenprof el ministerio de Educación ha perdido su credibilidad como interlocutor: “Tiago Brandão (ministro de Educación) ni es bueno, ni es malo, simplemente no existe. En Portugal no hay ministro de Educación. (…) Portugal en este momento lo que tiene es una delegación del ministerio de Economía como ministerio de Educación”.

Los profesores no son el único colectivo en pie de guerra contra el Gobierno. Últimamente son frecuentes las huelgas de enfermeros, de trabajadores de Infraestructuras de Portugal (ferroviarios), de estibadores en condiciones precarias de trabajo o de funcionarios judiciales. Ya el pasado 26 de octubre se decretó una huelga general en la función pública que alcanzó el 100% de seguimiento en algunos municipios. Sin embargo, los problemas en Educación se prevén como el obstáculo que podrá atrasar considerablemente la aprobación del texto más importante de la legislatura. Un atraso que, si no se soluciona a tiempo, podría dejar al Gobierno de coalición de António Costa seriamente tocado.