Infertilidad de los suelos, reducción en la producción de alimentos, descenso en la calidad del agua o salinización de la tierra. La desertización, un fenómeno muchas veces concebido con cierta lejanía y desde un punto de vista exótico, no escapa a la realidad de la Unión Europea. Así lo asegura un informe publicado recientemente el Tribunal de Cuentas Europeo. Según el órgano, la desertificación se está convirtiendo en problema de primer orden en el continente, especialmente en el sur: Portugal, Grecia, Italia, Malta, Rumanía o Chipre son zonas muy vulnerables en el contexto comunitario. También España: los datos más recientes, de hace una década, indicaban que el 74% del territorio nacional está en riesgo de desertificación, mientras un 18% del mismo cuenta con un riesgo "muy alto".

El informe, una auditoria de la gestión de los presupuestos relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales, ha analizado la eficiencia de los distintos países europeos a la hora de abordar el problema de la desertificación, así como las medidas adoptadas por el conjunto de la UE para frenar este fenómeno. Las conclusiones son contundentes y preocupantes: “la Comisión no tiene una idea clara del problema, y las medidas tomadas para luchar contra la desertificación carecen de coherencia”. Es decir, no existe ninguna estrategia común en la UE sobre desertificación y degradación de las tierras. De esta forma, asegura el documento, el compromiso de alcanzar una degradación neutra del suelo en 2030 cuenta, de momento, con muy pocos avances.  

Según el Tribunal, los numerosos meses con altas temperaturas de 2018 y las bajas precipitaciones del verano pasado son el ejemplo más reciente del avance de este problema en Europa, que se ve influenciado tanto por el cambio climático –con el que se potencia mutuamente– como por la actividad humana. En este último caso, mediante prácticas como el uso ineficiente del agua en zonas de regadío, el pastoreo excesivo o la deforestación. Como consecuencia, durante los últimos diez años la cantidad de territorio con una sensibilidad alta o muy alta a la desertificación ha aumentado cerca de 177.000 km2 –una superficie similar a la de Grecia y Eslovaquia juntas– en la Europa meridional, central y oriental.

En España, la desertificación se presenta como un problema especialmente preocupante en Valencia, Murcia, la zona oriental del Andalucía y las Islas Canarias, donde el riesgo alto o muy alto alcanza a cerca del 90% del archipiélago. 

Las vulnerabilidades asociadas al fenómeno de la desertificación, asegura el documento, se verán además potenciadas por los efectos del cambio climático: las previsiones de los órganos de la UE apuntan a un descenso de las precipitaciones estivales del 50% para finales de este siglo. En las latitudes medias del continente, la temperatura media de los días calurosos podría aumentar entre 3 y 4 grados debido al calentamiento global, mientas que la sequedad de la tierra y falta de agua serán cada vez más comunes en el sur del continente y la zona del Mediterráneo. 

Con estos antecedentes y previsiones, el órgano Europeo concluye que la lucha contra la desertificación, recogida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y en otros acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes, no está suficientemente desarrollada en la UE. De esta forma, y pese a contar con recursos e infraestructura para la recopilación de datos, la Comisión “no los utiliza para valorar el alcance de la desertificación y la degradación de las tierras”. Tampoco ha acordado una metodología común para abordar este problema. La falta de legislación especifica sobre este asunto en la Unión Europea es otra de las deficiencias que se apuntan, junto con una financiación que solo llega por vías indirectas y muchas veces descoordinadas. Por último, el Tribunal solicita que se de seguimiento y se audite tanto el resultado como el impacto de los distintos planes medioambientales y los fondos sobre desertificación.