Una huelga barcelonesa. La primera y –hasta este 2019– única huelga de alquileres, se inició en 1931 y duró hasta 1932. Fue una huelga bestia, dentro del canon barcelonés de huelgas bestias. Una veintena de muertos, presos detenidos en barcos/piolines anclados en el puerto, ausencia de diálogo por parte de la patronal, y alta participación en el lío de la policía, a su vez en modo huelga japonesa. Participaron, se calcula, hasta 100.000 inquilinos. Sin duda fue una huelga histórica e importante. No pasó a la historia porque en aquellos años la historia iba a toda leche y no le dio tiempo. La cosa partió de los Comités de Defensa Económica, a su vez relacionados con el sindicato de la construcción de la CNT. El 40% de los trabajadores del sector estaban en paro, y la situación habitacional estaba calentita. Alquileres altos, hacinamiento, crisis absoluta de la vivienda, hasta el punto de que la ciudad vio nacer extraños negocios, como las casas de dormir, habitaciones en las que pendía una cuerda en diagonal y en las que, pagando, podías dormir, apoyando ambos sobacos en la cuerda. En la huelga participaron inquilinos. Es decir, hombres, mujeres, niños, ancianos, vecinos, barrios. Se paralizaron desahucios y se dio para el pelo de manera formidable a los desahuciados. Los operarios que por la mañana iban a un domicilio a cortar las suministros, por la tarde volvían, como miembros de la CNT, a devolverlos. Los muebles sacados de un piso eran devueltos a la casilla de salida por los vecinos, o rotos por la policía, para impedir esa vuelta. A pesar de los desahucios oficiales, forzados y reales, las familias permanecían en sus pisos. Manel Aisa ha descrito aquel momento en La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica (El Lokal, 2015). Nunca más hubo otra huelga de alquileres. Hasta este año. Puede ser que se inicie en febrero. Y la convoca el Sindicat de Llogaters / Sindicato de Inquilinos de BCN. El sindicat, ese comité de defensa económica creado hace menos de dos años ante la crisis de la vivienda en el área de BCN, ese estado de ánimo que supone más del 50% de la población cat, está cambiado la percepción sobre el alquiler y sus derechos.

La ayudita mutua. Hola. Estoy en una asamblea del sindicat. Comparten local con una asociación de mujeres inmigrantes, en el Eixample. Pero estas asambleas, en domingo, las hacen en un centro público, más grande. Son, en este momento en el que les visito, un centenar de personas. De todas las edades. Muchas con lacito amarillo. Es decir, de clase media. Los participantes en la reunión aportan tonos e información que van desde el desánimo hasta la seguridad, incluso la autoconfianza, incluso el optimismo. Los participantes novatos explican situaciones desesperadas. Los menos novatos aportan su experiencia y soluciones. Frente a una subida en el alquiler desmesurada, por lo que veo, el sindicat aporta una dinámica. Seguir pagando la cantidad anterior, dialogar, negociar, facilitar información a los medios y, posteriormente, presionar vía protesta. Funciona. Diversas personas que llegaron a estar al borde del desahucio explican a otras cómo se solucionó su problema, con renovaciones ventajosas. El sindicat, de hecho, está participando, gracias a la presión, en la regulación de precios de un sector desregularizado, precisamente, por el Estado. Lo que es un algo muy importante, que habla de la importancia y los futuribles del sindicat. El carácter ejecutivo, dinámico, de esta reunión contrasta con la primera a la que asistí, hace más de dos años. Se trataba de la reunión fundacional. Muchas cosas han cambiado desde entonces. En aquella primera asamblea se presentaba el proyecto. Diversas personas llevaban carteles, con un título que aludía a un problema habitacional concreto relacionado con el alquiler. Los asistentes se reunían en torno al título que les parecía más próximo a su vivencia. Eran personas, mayormente, desesperadas, poseedores de problemas que no existían en los medios o en las conversaciones habituales. Habían hecho los deberes. Habían estudiado o trabajado. Habían respetado las reglas. Y, ahora, se les expulsaba de la clase media, mediante algo que iba más allá de la expulsión de la estabilidad salarial, como es la expulsión de sus casas. Empezaban a llegar cartas con subidas del 30% o, incluso, del 50% o más en el precio del alquiler. La PAH calculaba que llegaba una cada diez minutos en todo el Estado. Había cambiado algo, algo importante, sobre lo que no había diagnóstico ni descripción.

Una descripción. “En el mercado de la vivienda de alquiler no se aplica la ley de la oferta y la demanda. A mayor oferta, sube el precio. Y todo ello gracias al papel del Estado en todo esto”. Les habla Jaume Palomera, el rostro público del sindicat y, sin duda, una de las personas que saben más sobre las dinámicas del sector del alquiler en España. “En BCN, el 40% de la población opta por el alquiler” –300.000 familias, 1 millón de personas–. “No es, por tanto, una ciudad de propietarios. Se trata de un sector importante de la sociedad que, al contrario de lo que ocurre en Europa, no está organizada frente al alquiler, y ello porque, en cierta manera, existía una suerte de vergüenza ante el hecho de no ser propietario. La razón: España es el lugar en el que el proyecto de propiedad ha ido más lejos, y el hecho de no ser propietario se puede llegar a leer como un fracaso vital”. Palomera explica la poética de ese mercado y de esa dinámica. “La vivienda es un mercado determinado por el Estado, a través de la Ley del suelo, hipotecaria y de alquiler, a través de la fiscalidad y de la intermediación, esto es, los agentes inmobiliarios. Todo empezó en los años ochenta. Hasta entonces, había un solo banco hipotecario”. El paisaje cambia con los procesos de privatización y de concentración financiera, acompañados, paulatinamente, del aumento de la promoción de la propiedad, iniciada ya en los sesenta, vía medidas fiscales y nuevos productos financieros, que acabaron posibilitando deudas de más del 100% del importe de la vivienda. Entre 1997 y 2007 se produce un récord en la disciplina no olímpica de la construcción. Se trata de una década en la que, por aquí abajo, se construye un tercio del total de lo construido en Europa. Una desmesura y un aumento de la oferta que, según la ley de la oferta y la demanda, debería haber repercutido en el precio. Pero el mercado de la vivienda no se rige por la oferta y la demanda. Todo estalla con la crisis de 2007. Se produce una primera crisis habitacional, la de la vivienda en propiedad, que da paso a un auge del alquiler entre 2007 y 2013. En ese periodo se intuye que la burbuja inmobiliaria, sustentada en la propiedad y la deuda, puede ser sustituida, hasta que vuelva, con una burbuja en el alquiler. El Gobierno ZP pone la primera piedra al respecto, en 2009, con la creación del trade-mark SOCIMI –sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria–, una suerte de SICAVs orientadas a la adquisición y promoción de activos urbanos para su posterior arrendamiento. De esa forma y con la entrada de fondos de inversión como Blackstone y Lone Star en la cosa alquileres se reactiva la burbuja. En 2012, el Gobierno Rajoy le da entidad a ese vehículo de especulación denominado ‘Socimi’. Cambia su sistema tributario. Dejan de pagar impuesto de sociedades. Por otra parte, se reduce a tres años la duración del contrato de alquiler a particulares. Lo que no es una anécdota, pues esa es la duración legal de las socimis. Las socimis, por acuerdo del Estado, pasan a modular el mercado inmobiliario. Así como suena. ¿Qué podía salir mal?

La mano invisible y sus bofetadas. “El sistema inmobiliario, lo dicho, no funciona por la oferta y la demanda, sino por expectativas”, Palomera me explica el funcionamiento de esas expectativas. “Las socimis han aumentado. No dejan de aparecer. Son fondos buitre, que deben de ofrecer un 6% de rentabilidad a sus accionistas, de manera rápida. Son un gran negocio. Se calcula que el 30% del capital financiero transita por el sector inmobiliario. Se trata de inversiones que superaran en beneficio a las que puede ofrecer la Bolsa. La dinámica especulativa afecta a núcleos urbanos de toda Europa, con ciuda*des enteras que están perdiendo el control público y la capacidad de planificación sobre sus núcleos históricos. Palomera me explica un caso radical, en el barrio de Sant Antoni, BCN. Blackstone se ha hecho con diversos inmuebles. Ha sometido sus propiedades a subidas superiores a la media del barrio. Pueden permitirse mantener pisos vacíos durante cierto tiempo, sacándolos del mercado, hasta que imponen sus precios-referencia. “Sin la actuación del Estado, el capital financiero invertido en inmobiliaria, no funciona. El resultado es una nueva forma de capitalismo sin precedentes”. Con beneficios sustentados, glups, no tanto en el consumo de productos, como en la subsistencia. Palomera me enumera otros factores que confluyen para crear una tormenta perfecta en la vivienda de alquiler, también modulados por el Estado, como la oferta de alquiler turístico, que extrae de los barrios un número importante de viviendas, que pasan a tener otra función, no habitacional, rompen el tejido y crean beneficios fabulosos sustentando en la afuncionalidad de cada vez más viviendas. “Me constan propietarios de pisos durmiendo en un sofá de la entrada, para poder alquilar el resto de habitaciones al completo”. El nuevo rol del agente inmobiliario, también desregularizado por ley, ha provocado la aparición de un nuevo factor. “En los últimos siete años se ha triplicado su número en BCN. Tienen un mercado cautivo e impiden la relación del inquilino con el propietario, dos sujetos que, si llegan a tener contacto, pueden establecer una relación mutua satisfactoria. Los agentes dominan todo el mercado”. Y, simplemente, por una cuestión de mayor beneficio personal, que no de beneficio para el propietario, pueden expulsar al inquilino.

Regulación de la desregulación. Prosigue la asamblea del sindicat. Aparecen palabras como Blackstone y Goldman Sachs. Hablan personas con tercer aviso de desahucio. Llegados a ese punto del viacrucis del arrendatario del siglo XXI, los desahucios se denominan desahucios abiertos, una facilidad del desahucio ofrecida por el Estado, que no facilita al afectado la hora de ejecución, de manera que ello dificulta los actos de resistencia. Se habla de una empresa, Finques Amat, catalogada como ética por la administración. El 70% de sus viviendas pertenece a fondos buitre, que han notificado a sus inquilinos subidas del 56%. Se valoran varias acciones para presionarla ante problemas humanos y concretos. Parece ser que se opta por iniciar una campaña gráfica. Diversos inquilinos explican sus casos, y cuentan cómo han dado ya el primer paso para la solución de sus conflictos: conocer el nombre del propietario de su piso, en ocasiones un fondo, en ocasiones pequeños propietarios. Una mujer de Sant Antoni explica que le han notificado un aumento del 47%. Hala. Otra mujer le explica e informa que no haga contraoferta, que eso dificultará la negociación del sindicato. Una mujer de Sants explica su caso. Se le notificó aumento del 55%. No negoció. Negoció en todo momento el sindicat. Consiguió prolongar el contrato por otro año. Después, ya veremos, porque el sindicat volverá a negociar. Aplausos. Un hombre del Raval explica que ha cursado demandas al propietario de su piso por acoso y por agresiones. Desde el sindicat se le remite a los talleres que hacen al respecto.

Próximamente en esta sala, ¿huelga de alquileres? Palomera. “En 2018 iniciamos la campaña Ens Quedem –Nos Quedamos–, una especie de Stop Desahucios que inició la PAH en su momento, aplicada a los alquileres inasumibles. Ha sido una campaña exitosa. Vamos, que mucha gente decidió no irse, no resignarse. No había precedentes de ello. Y eso supone un gran cambio en la realidad. El resultado es que hemos participado en negociaciones, y, de facto, hemos regulado precios. Pero el Gobierno tiene que apostar por la regularación”. De hecho, el Gobierno parece ser la instancia. Los ayuntamientos tienen pocas herramientas. El de BCN, en esta legislatura y pese a ello, ha adquirido más de 20 inmuebles afectados por especulación radical, y ha legislado la posibilidad, aún no efectiva, de que el 30% de la vivienda nueva construida en la ciudad sea canalizada hacia la vivienda social. Esto es importante y, según me dice una concejala, puede provocar un cambio efectivo en 20 años en la situación del acceso a la vivienda. Lo que explica, a su vez, la orfandad de los ayuntamientos al respecto. El de la autonomía tampoco es una bicoca. La Generalitat, en la etapa Puigdemont, apuntó que haría una Llei d'Arrendaments Urbans/Ley de Alquileres Urbanos que, en opinión de Palomera, “no es posible, por ausencia de competencias. Parece que la voluntad era hacer algo testimonial, que fueran desmontado por el TC. Que la competencia del sector sea estatal no quita exigir a las CC.AA., y a los ayuntamientos que hagan un frente común pro-regularización”. Para 2019, el sindicat se propone un cambio cualitativo y de intensidad, focalizando, en ese sentido, la responsabilidad del Estado en el estado de la cuestión. Todo empezó en 2018 con el problema habitual de aumento desmesurado del alquiler en varios inmuebles concretos, pertenecientes a una misma titularidad, relacionada con diversas empresas, detrás de las cuales está Goldman Sachs. Se trata de varios edificios en BCN, Sant Joan Despí, Santa Perpètua y Rubí. “El 31 de diciembre finalizaron los contratos, que debían dar paso a un aumento abusivo en el precio. Pero hemos pagado hasta el 31 de enero. Siempre, en ese sentido, hemos velado por pagar, por seguir pagando el precio antiguo hasta encontrar una solución. En el caso de estos edificios, si para finales de febrero no la encontramos, haremos nuestro primer impago organizado: una huelga de alquileres, lo que supondría para la empresa unas pérdidas de 100.000 euros mensuales. Así se lo comunicamos al Gobierno en nuestra reciente primera reunión con el Ministerio de Fomento: si en un mes no vemos medidas, planificaciones, agendas que indiquen que trabajan por el control del precio del alquiler, se producirá la primera huelga de alquileres, y focalizaremos la responsabilidad gubernamental en la crisis de los alquileres”. Cómo fue la reunión, le pregunto, ya puestos. “Tensa. Dos horas”. Me explica que Podemos, Comuns, ERC y PDeCAT les han asegurado que están a favor de la regulación, y que el PSOE está creando un decreto que puede dar pie a ello, si bien, tal y como está la correlación de fuerzas, C's y PP pueden eternizar la cuestión, vía interposición de enmiendas. “Es preciso asegurar el objetivo de la regulación y hay mecanismos para ello. Queremos contratos estables, control de precios y eliminación de beneficios fiscales a las empresas especuladoras. Queremos un modelo más próximo al francés, y alejado del modelo británico y norteamericano, en el que estamos”.

El negocio de la regulación de la desregulación. El Gobierno actual ha ampliado la duración de los contratos de alquiler de tres a cinco años. Lo que supone un problema burocrático para las socimis. Y, en cierta manera, un toque, un aviso de que la gran sintonía anterior ha desaparecido. O, al menos, ha dejado de ser tan explícita, como demuestra también la sentencia contra Ana Botella y su equipo. No obstante, el Gobierno ha declarado, por mediación del ministro de Fomento, que no prevé ir más allá en la regulación de alquileres, que siguen en manos de las dinámicas y sujetos creados, vía ley, por los gobiernos desde 2009, y que han modulado una crisis de la vivienda de alquiler sin precedentes recientes, si bien con unos beneficios de peli de Scorsese. La desregulación es una suerte de regulación. Es entregar de forma profunda y continuada la sociedad a empresas con expectativas de beneficio en modo  financiero. Algo muy propio de un Estado que ha unido su destino al del IBEX, esa extraña institución, que sólo se ha producido en su formalidad y determinación en España y en Corea del Sur. En España, el IBEX 35 integra a empresas en su gran mayoría reguladas. Banca, energía, combustibles... Un indicio de que el Estado, el sujeto que regula, es una parte del negocio de todos estos beneficios fundamentados. Que la elaboración de leyes es más importante en la consecución de beneficios que la competitividad, o que alguna suerte de inteligencia para los negocios. El beneficio, un beneficio colosal y desmesurado de los sectores regulados parece centrarse cada vez más en las necesidad básicas. Tan básicas como dormir bajo un techo. Es normal dentro de esa dinámica el nacimiento de sindicatos no laborales, sustentados en el consumo, como el Sindicat de Llogaters –que, por cierto, no puede ser registrado como sindicato–. Es normal, y tendremos que acostumbrarnos a su cotidianidad, la vuelta de las huelgas de consumo. Lo veremos en breve, una huelga de alquileres puede ser una herramienta social sensible de quedarse entre nosotros por un tiempo.