Desde el año 2008 hasta ahora, al menos 160.000 familias han sido expulsadas de sus casas por no poder pagar al banco una parte de lo que les había prestado para comprarla. No fueron todas las que se quedaron sin la vivienda. Muchas otras  habían abandonado la casa antes, nada más aprobar el juzgado la ejecución hipotecaria. El número exacto de este otro grupo no se conoce, pero debe de ser más alto incluso que el de los expulsados de la vivienda por la actuación del juzgado y la policía. Las ejecuciones hipotecarias, es decir, la pérdida de propiedad del inmueble, alcanza dimensiones espectaculares: 750.000 en este periodo. Una parte importante corresponde a viviendas principales.

Estos datos que el director general de negocio de CaixaBank, con puro cinismo, calificó de leyenda urbana, están extraídos del informe que periódicamente publica el Consejo General del Poder Judicial. Aquí sirven para dar la vuelta a la página de la vivienda, como un bien para hacer negocio, y fijarnos en su lado real: un lugar para que la gente pueda vivir. El alquiler es un exponente claro de ese modo de entender la vivienda. El que la ocupa no puede hacer negocio ni asegurarse un patrimonio con ella. Sólo le sirve para su fin primario. 

Vivir en una casa alquilada en lugar de en una propia es un buen sistema. En Alemania la mitad los hogares vive como inquilinos; en Holanda, el 42 por ciento; en Francia, el 40 y en el Reino Unido, el 34, según los censos de vivienda correspondientes. En la mayoría de los casos es el inquilino el más protegido. Sin embargo, un sistema sin regulación alguna del mercado, padece las consecuencias del “laissez faire” en beneficio de otros.

Ahora, en España eso se hace patente en dos cosas: la desproporcionada subida de los precios de los nuevos alquileres y el uso turístico de viviendas, en principio destinadas a residentes. Ambas cosas guardan relación.

La burbuja tuvo como principal razón engordar el negocio de los bancos como prestamistas. Pero además contribuyó a  arrinconar el modelo de alquiler, ya muy reducido entonces. Ahora, cuando tanta gente ha sido despojada de su casa y otra no puede ya comprar una, los alquileres han vuelto. Lo han hecho con fuerza: en 2016 había 250.000 familias más en régimen de alquiler que en 2013. Mientras, 10.000 familias menos viven en una casa de su propiedad. ¡Ese cambio en  sólo tres años!

Para muestra, los datos del INE. En 2001, sólo el 11%  de los hogares vivía pagando un alquiler, excluidas las segundas viviendas y las casas de vacaciones. Quince años después, en 2016, las viviendas principales alquiladas representaban el 17%. A estas alturas ese porcentaje debe de haber aumentado. 

En un mercado con precios de la vivienda desregulados, como es el caso español, la consecuencia es que a partir de 2014  el precio del alquiler se ha disparado. No hay datos oficiales, lo que demuestra el escaso interés de la Administración por esta necesidad: el acceso a la vivienda, considerada por la Constitución Española como un derecho que deben hacer efectivo los poderes públicos. Sólo los portales del sector ofrecen datos extraídos de sus propias operaciones.  Según uno de los más conocidos, Fotocasa, alquilar una vivienda en España es ahora un 25% más caro que en 2014. Esto, por término medio. En las ciudades grandes la subida ha sido mucho mayor. En Barcelona, la ciudad con el alquiler más caro, se ha disparado el 44% y en Madrid el 29.

Alquilar una casa de 70 metros cuadrados en España cuesta ahora, de media, cerca de 600 euros al mes. Esto incluye pequeñas localidades, ciudades medianas o los extrarradios de las grandes urbes. En Barcelona la situación es mucho más dura: por una vivienda de ese tamaño hay que pagar casi 1.200 euros de renta mensual. El salario medio que se lleva al bolsillo en esa ciudad  una persona de entre 25 y 34 años, excluida la retención del IRPF y la cotización a la Seguridad Social, supera por poco los 1.400 euros. Es un cálculo hecho sobre los datos del INE. Quiere eso decir que si tuviera que pagar él sólo el alquiler, le quedarían unos 200 euros al mes para el resto de necesidades. Es el caso más extremo. En Madrid le sobrarían nada más que 535 euros; en otras ciudades ocurre algo parecido.

La semana pasada el ministerio de Fomento presentó el nuevo plan de la vivienda en el que se contemplan ayudas al alquiler. Este apuesta de nuevo por el principio del libre mercado. ¿Cómo? Se contemplan ayudas directas a las personas para que alquilen una casa con un precio  de hasta  600 o 900 euros, según los casos. Pero, como toda ayuda directa en materia de vivienda, esta puede ir finalmente al propietario de la casa, mediante el encarecimiento del alquiler. Si una vivienda se alquila a 400 euros mensuales y el casero sabe que el nuevo inquilino va a recibir una ayuda del Estado de 160 euros cada mes (el 40% de la renta mensual), podrá cambiar el precio del alquiler y subirlo hasta 560 euros.  Este no haría así sino de intermediario de la ayuda. ¿Cambia algo? Sí, con el dinero de todos se puede contribuir a encarecer las viviendas de alquiler y por tanto subir la renta de los propietarios, mientras que al inquilino se le crea la ilusión de que podrá alquilar la casa con mayor facilidad.

La forma más eficaz de intervenir el mercado del alquiler, para potenciarlo y hacerlo accesible a los ciudadanos, es que los ayuntamientos, la comunidades autónomas o el propio Estado tengan parques de casas en alquiler a precios asequibles. Es una forma de ayudar a las familias a disponer de una casa sin agobios y, al tener precios bajos, favorece también la bajada de los alquileres privados o, al menos, impide que estos suban mucho. Esto no ha hecho. Al contrario, la Comunidad de Madrid y la anterior alcaldía de la capital, regidas por el PP (el partido en el Gobierno que ahora aprueba el Plan) vendieron prácticamente todas sus viviendas de alquiler, 4.800 en total, a fondos buitre en 2013, en un acto posiblemente ilegal e incluso presuntamente delictivo. Esos fondos buitre, sin duda, se beneficiarán finalmente de las ayudas al alquiler que ahora aprueba el Gobierno.

Uso turístico

Al encarecimiento y la escasez de casas de alquiler puede contribuir también la utilización de viviendas para uso turístico, sobre todo en los centros de las grandes ciudades. Es algo nuevo y permitido. En una casa, pensada para ser ocupada por residentes o visitantes de largas estancias, pueden ir rotando como inquilinos numerosos turistas. Un informe sobre el impacto de este fenómeno en las ciudades, elaborado para el Ayuntamiento de Madrid, calcula que el casero puede ganar así el doble que si dedica  el piso a un alquiler normal, aunque tuviera la casa vacía más de un tercio del año. Esta circunstancia puede contribuir al encarecimiento del conjunto de los nuevos alquileres, por mimetismo. Si un casero comprueba que otro gana más dinero por su piso, tenderá a subir la renta a los nuevos inquilinos. Además, la abundancia de viviendas de uso turístico puede provocar la disminución del parque de casas destinadas a inquilinos residentes.  Barcelona, de nuevo, se lleva la palma. En Ciutat Vella el 19% de la viviendas (más exactamente el 18,80%) se destinan a alquiler turístico. Eso representa más de 10.000 viviendas, si se tiene en cuenta el censo de viviendas del distrito. En todo Barcelona hay 9.600 licencias para viviendas de uso turístico. Luego sólo en Ciutat Vella se supera esta cifra, lo que indica que además de concentrar la mayoría de las viviendas de uso turístico de la ciudad, hay muchas ilegales, que no cuentan con licencia. Se calcula que en todo Barcelona el número de viviendas de uso turístico no autorizadas, es decir, ilegales, es de 4.000. En Valencia, en un barrio equivalente, son el 17%. En Madrid, la presión es algo menor: 9 de cada 100 viviendas del centro se alquilan para estancias cortas. Son 6.600 pisos, a los que hay que sumar una cifra algo menor en el resto de la capital.  

Algunos ayuntamientos han decidido actuar. El de Madrid ha paralizado temporalmente los permisos para el uso de vivienda turística, e inspeccionará su incumplimiento, hasta elaborar un plan que ataje el problema. El de Barcelona dejó de dar licencias en 2014 y lucha contra los alojamientos ilegales. El problema está planteado, pero ninguna solución será realmente correcta si no antepone el derecho constitucional que tienen los ciudadanos a disponer de una vivienda digna.