Siempre he pensado que el mejor modo de invalidar a la ultraderecha, a Vox en este caso, no es sacando a la luz sus vergüenzas, ni tampoco sus mentiras. Ambas cosas son necesarias, por supuesto, pero la respuesta más eficaz es la acción. En política, cuando se tiene la oportunidad de ejercer el poder, esto se traduce en contribuir a solucionar los problemas de la gente, en este caso a revertir los recortes y la pérdida de derechos sociales que perpetró el PP. De eso ha faltado mucho, creo yo, desde que Pedro Sánchez y los socialistas llegaron al Gobierno, con la ayuda de Podemos, de los nacionalistas vascos…y de los independentistas catalanes, también elegidos por gente, que habrá padecido los destrozos de Rajoy, y se supone que también deseosas de recuperar lo arrebatado en esos años negros. 

Los Presupuestos que el Gobierno acaba de enviar al Congreso suponen el fin de siete meses de inacción.  Las cuentas del Estado para este año son diferentes sin duda a las que vino presentando Rajoy durante toda su estancia en el poder. Eso ya es un logro. En cada uno de los ejercicios en los que gobernó, su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró sin ruborizarse que se trataba de los presupuestos más sociales de la democracia. Era mentira obviamente. De hecho, los recortes sucesivos hicieron de los presupuestos de Rajoy los más antisociales en su culminación en 2018.

La primera virtud de los presupuestos que acaba de presentar el Gobierno de Sánchez es que invierten esa tendencia a la disminución real de los gastos sociales que había ya planificado el PP, con el beneplácito de la Comisión Europea.

Hay dos formas de comprobar si unos presupuestos destinan más dinero a gasto social, es decir a corregir las desigualdades económicas y apoyar así a la mayoría de la población, que es la que menos posee. La primera es comprobar qué porcentaje de todo el gasto en el presupuesto se destina a programas sociales. Aquí se incluyen las pensiones, los gastos de ayuda a los más necesitados o a los colectivos vulnerables, la dependencia, el apoyo al empleo, el dinero para los parados, la sanidad, la educación o los gastos culturales. El último presupuesto de Rajoy destinó a todo ello el 55,5 por ciento de todo el dinero del presupuesto. El que acaba de presentar Sánchez, dedica a gasto social el 57,3 por ciento. En dinero son 12.600 millones más. Pero esta forma de comprobar el gasto social es falaz, porque si, por ejemplo, un presupuesto sube poco respecto al año anterior, el gasto social parecerá más en porcentaje, aunque no lo sea.

La forma más aceptada para comprobar si es social un presupuesto del Estado, la que utiliza por ejemplo la estadística de la Unión Europea, es calcular el porcentaje de gasto social respecto a todo el dinero que genera ese año el país, el PIB. En ese sentido, en 2018, el gasto social del Estado alcanzó su nivel más bajo desde el comienzo de la crisis: representó el 16,2 por ciento del PIB. En el presupuesto elaborado por el Gobierno de Sánchez supone el 16,7 por ciento del Producto Interior Bruto. Es la primera vez, desde 2014, cuando la economía empezó a crecer, en que el gasto social del Estado aumenta de verdad. Eso es lo que significa que se invierte la tendencia de recorte del gasto social.

No es de momento mucho, pero de no pararse la sangría, el propósito del Gobierno de Rajoy era seguir bajando el gasto en protección social año tras año, también el resto de los gastos. Así lo decía en el Programa de Estabilidad que presentó a la Comisión Europea poco antes de marcharse. El objetivo, según ese plan del Gobierno del PP, era adelgazar el gasto hasta suponer en 2021 el 38,5 por ciento de todo el dinero que genera España, del PIB. Ahora es poco más del 40 por ciento. Para comparar, la media de la Eurozona gasta en dinero público el 47 por ciento de su PIB. Y la mayor parte de ese dinero va a gasto social. 

Detrás de toda esta ensalada de números está el bienestar ciudadano. Veamos.

Las pensiones. Es el mayor gasto de Estado. En 2019 serán 154.000 millones de euros, un 6,2 por ciento más que en 2018. Entonces subieron un 3,7 por ciento. Esta partida aumenta en gran parte por el mayor número de pensionistas. En esta ocasión, sin embargo, la clave del mayor aumento está también en la subida de cada pensión. En general subirán los que está previsto que aumente el coste de la vida, la inflación, el 1,6 por ciento. Se acaba así con la casi congelación que implantó el PP, con un simbólico aumento de 0,25 por ciento. La recuperación de este derecho se aplica además desde 2018, con lo que los pensionistas serán compensados con una paga por la diferencia entre lo que recibieron de subida y la inflación el año pasado.  Las pensiones mínimas subirán el 3 por ciento. El Gobierno calcula que la recaudación para pagarlas va a aumentar claramente más que el año anterior. Entre otras cosas porque al subir con fuerza el salario mínimo, los que lo cobran cotizarán más a la Seguridad Social, también porque más gente tendrá derecho al seguro de desempleo, cuya Seguridad Social paga el Estado. Ahora abonará también la cotización de las cuidadoras de la dependencia. 

Aunque las pensiones sean de largo lo que más pesa en el gasto social, el aumento de este no puede atribuirse sólo ello. El resto de gasto social sube más: casi el 8 por ciento. Aquí el cambio es radical. En 2018, prácticamente casi se había congelado, tras llegar a disminuir en todos los años del PP un 27 por ciento.

La dependencia. Es lo que más sube de todo el presupuesto, un 60 por ciento. Después de años de abandono e incumplimiento respecto a lo que se estableció como un derecho en 2007, este año alcanza su cifra más alta de dinero, 2.230 millones de euros.

Vivienda. También sube mucho, un 41 por ciento, pero la cantidad sigue siendo muy exigua, 680 millones de euros. En el acceso a la vivienda parece casi más importante su regulación para impedir que los especuladores, abanderados por los fondos buitre, sigan subiendo el precio del alquiler. Y en esto las mejoras son escasas. No se ha autorizado a los ayuntamientos y comunidades a limitar los precios en zonas copadas por dichos fondos y por los alojamientos turísticos irregulares. Con ello se incumple el compromiso firmado por Gobierno y Podemos. De momento ganan los buitres.

Ayuda a los parados. El PP bajó esa dotación porque había menos parados, pero mientras aumentaba el porcentaje de ellos sin ayuda alguna para vivir. Esto se corrige y se vuelve a facilitar el cobro de la prestación a más gente, para ello se sube un poco el dinero, sólo el 4 por ciento.

Las becas. También aumentan de manera considerable, un 10 por ciento frente al 3,6 del año pasado.

Después de años de presupuestos del PP, los presentados ahora recogen partidas nunca vistas destinadas a atender la fomentar la igualdad de oportunidades entre sexos: 27 millones de euros o para el apoyo al colectivo LGTB, 3 millones.

Las cuentas de 2019 tienen otros rasgos. Entre ellos el aumento de gasto para la construcción de obra pública después de años de recortes. Ello contribuyó como pocas cosas a deprimir la economía. Las cifras siguen siendo muy bajas, 7.600 millones, pero crecen un 40 por ciento. En el último presupuesto del PP, resultó ganador el ministerio de Defensa, aumentó su gasto un 10 por ciento. Esta vez su subida es menor, pero tampoco es despreciable: un 6 por ciento.

La segunda virtud de los presupuestos de Sánchez lo es sólo una virtud cumplida a medias: se aumentan los impuestos a las empresas, o mejor dicho a los grandes grupos empresariales, por dos vías: se les impide que paguen por debajo del 15 por ciento de sus ganancias, ahora pagan en conjunto el 6 por ciento, y se limitan las exenciones, esas cosas por las que no pagan al fisco. Se sube además el IRPF a los que ganan por encima de 130.000 euros. El Gobierno ha renunciado a imponer a los bancos un pequeño impuesto, de carácter temporal, para que compensen en una mínima parte las ayudas públicas por la crisis. Se calculaba que sería en total 1.000 millones de euros. Tampoco se ve en los presupuestos nada concreto sobre la reforma del mercado eléctrico, que haga bajar el precio de la luz a los ciudadanos. Parece que la banca, como los fondos buitre, en el asunto de los alquileres, y las eléctricas tienen bula.

Finalmente, está eso del límite de déficit, el exceso de gasto por encima de lo que se ingresa. El Gobierno no ha podido ampliar ese déficit máximo del 1,3 por ciento, que había establecido el PP y remitido a la Comisión Europea. No se lo ha prohibido Bruselas, sino el PP y Ciudadanos, al vetar en el Senado el cambio a un déficit mayor, del 1,8 por ciento. Así había más posibilidades de que se cumpliera ese límite. Aquí cabe recordar a Galileo. Se dice que cuando hubo firmado, ante un tribunal religioso que la Tierra no se movía, para evitar la cadena perpetua, murmuró acto seguido Eppur si muove, (y sin embargo se mueve). Que hay que poner el 1,3 por ciento de déficit en 2019, pues se pone y ya está.