El V Encuentro Estatal del 8M, celebrado en Valencia el 26 y 27 de enero, ha marcado la hoja de ruta y las reivindicaciones que articularán la huelga feminista. El feminismo han pasado de los titulares a las exigencias concretas. Más allá de la autodeclaración como movimiento antifascista, anticapitalista, antirracista y anticolonial han incluido las firmes exigencias del cierre de los Centros de Internamiento para Inmigrantes (CIEs) y la derogación de la Ley de Extranjería. En un acto de coherencia política, el movimiento feminista ha hecho suyas las reivindicaciones que, desde un feminismo racializado, vienen manteniéndose contra el racismo institucional.

Pero, ¿qué significan exactamente cerrar los CIEs y derogar la Ley de Extranjería? y ¿por qué son reivindicaciones feministas? Para que un movimiento con pretensiones de justicia social, como es el movimiento feminista, pueda celebrar victorias tiene que hacer el esfuerzo de entender estas exigencias más allá del papel. Hacer nuestras estas justas reivindicaciones requiere que las entendamos y las hilemos con las más cotidianas.

Los CIEs son centros públicos donde se retiene de manera cautelar a personas extranjeras que están a la espera de que se resuelva su expediente de expulsión del territorio nacional. No son cárceles, allí no están retenidas personas que han sido condenadas por ningún delito, pero sí están privadas de libertad provisionalmente hasta un máximo de 60 días. La realidad es que solo un 30% de las personas allí encerradas son expulsadas finalmente. El resto continúa en el país de forma irregular. Teniendo en cuenta estos porcentajes, se puede concluir que los CIEs no son eficaces a la hora de las expulsiones; sin embargo, siguen existiendo. Su función es sembrar el miedo y precarizar aún más las condiciones de vida de la población inmigrante irregular, lo cual tiene una relación directa en su rentabilidad laboral. Son muchos los criterios jurídicos que sostienen la inconstitucionalidad de estos centros pues nuestro ordenamiento jurídico no permite la privación de libertad por meras sanciones administrativas como lo es el hecho de “no tener papeles”. Las denuncias de violaciones de derechos fundamentales son continuas. A este panorama general hay que añadirle la especial situación de vulnerabilidad que sufren las mujeres internas, muchas de ellas víctimas de trata. Ejemplo de esto son los abusos sexuales denunciados por  internas en el CIE de Málaga en 2006, donde algunas fueron expulsadas tras las denuncias. Los policías resultaron absueltos nueve años después aunque quedaron probados los hechos de la existencias de estas “fiestas con alcohol” donde las internas eran “invitadas”.

La Ley de Extranjería existe en nuestro país desde el año 2000. Su función es regular las mano de obra extranjera que reside en el Estado, según las necesidades del mercado. Posiblemente la derogación de esa ley suene a derecho ficción y el sentido común imperante marque que, de alguna manera, debe estar regulada la estancia de los extranjeros en el Estado. Sin embargo, somos capaces de imaginar otros mecanismos jurídicos que no supongan la segregación y la criminalización de inmigrantes como resulta en la actualidad. La ley solo otorga derechos de ciudadanía a quienes tienen un contrato de trabajo, condenado a la exclusión al resto. Pero, aun trabajando, muchas personas inmigrantes no son regularizadas por la estrechez de los requisitos administrativos, que parecen buscar más que estas personas se queden trabajando en un limbo jurídico que verdaderamente puedan regular su situación. Los estrictos permisos temporales de las trabajadoras marroquíes de la fresa o las trabajadoras domésticas sin permiso de residencia y trabajo evidencian que las mujeres inmigrantes están creando riqueza y realizando los trabajos más penosos sin que exista una voluntad política de ser reconocidas como sujetos de derecho.

Pero más allá de la especial situación de vulnerabilidad a la que empuja a las mujeres inmigrantes tanto los CIEs como la ley de extranjería, el feminismo no puede hacer más que posicionarse en contra de estas cárceles y de esa ley. El sistema necesita  inferiorizar a grupos humanos para justificar la explotación sobre ellos. El patriarcado justifica la desigualdad de las mujeres y el racismo institucional justifica la inferioridad de los no-blancos. El patriarcado y el racismo son dispositivos de opresión de la misma maquinaria. La luchas antipatriarcales y antirracistas van de la mano. Un poder que  encierra a personas y las despoja de derechos en base a su lugar de origen no podrá jamás aceptar la igualdad en el acceso a los recursos de todas mujeres. No se trata de que la igualdad de un grupo sea reconocida; se trata de cuestionar un poder que “concede” derechos y reconocimiento en base a criterios excluyentes. El feminismo no ha venido a salvar a unas cuantas, ha venido a cambiarlo todo.