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El camino hacia la renovación del órgano de gobierno de Radiotelevisión Española (RTVE) no ha sido fácil, y todavía no ha finalizado. Después de la designación de 17 profesionales de la comunicación que conforman la Comisión de Expertos, tuvo lugar el concurso público y la selección de 20 candidatos. Lo previsto era que el Congreso y el Senado eligiesen, de entre ellos, a los diez miembros que formarían parte del Consejo de Administración, pero la convocatoria de elecciones y la disolución de las cámaras parece haber puesto freno a un proceso que ha costado poner en marcha.

Francisco Sierra es uno de los integrantes del Comité de Expertos. Catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, fue fundador de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AEIC) y ahora preside la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC). Frente a la situación en que se encuentra RTVE, el profesor, con el que hablamos por teléfono, defiende la búsqueda de “voluntad de consenso” para otorgar solidez al ente público: “el espíritu del concurso es el de establecer un proceso meritocrático y objetivado, establecer acuerdos para que la dirección no sea un asunto de minorías y de mayorías parlamentarias”. 

¿Cuál es su valoración del trabajo realizado en RTVE durante la gestión de Rosa María Mateo?

Yo creo que ha habido una parte positiva y otra negativa. El problema principal es la provisionalidad. Después de dos reformas en las que se han sucedido un ERE y un proceso de reestructuración que ha dejado a la empresa pública con escaso margen de maniobra, los datos objetivos de audiencia no son positivos. Esto no es responsabilidad de la gestión de Rosa María Mateo, pero en ese escenario la provisionalidad es mala. Creo que es necesario cuanto antes una renovación que haga posible la estabilidad que demandan los trabajadores de RTVE. Aun así, también hay un elemento positivo: la recuperación de la credibilidad. Con la renovación del Consejo de Informativos se ha acabado con las redacciones paralelas y otras situaciones anómalas que ha sufrido el ente público.

Después de la convocatoria del concurso público para elegir a los miembros del Consejo de Administración se ha producido la disolución de las Cámaras. ¿Cómo queda ahora el proceso de selección del Consejo? 

Ahí se tiene que tomar una decisión. El Gobierno tiene dos opciones: puede postergar la decisión de quién debe dirigir RTVE hasta que se constituyan de nuevo Congreso y Senado, o puede llevar la cuestión a la Mesa de la Diputación Permanente para tomar una resolución consensuada entre las fuerzas políticas. Yo creo que esto último es lo más deseable, aunque me temo que el Gobierno y el resto de formaciones defenderán esperar hasta después de las elecciones. Sin embargo, hay una demanda por parte de los trabajadores y hay un concurso público terminado, y yo creo que con voluntad política se podrían establecer acuerdos. Hay una necesidad de urgencia que tiene que ver con la situación de caídas de audiencia y de inestabilidad que ha vivido RTVE no desde hace meses, sino desde hace años. 

Menciona la provisionalidad y la inestabilidad que perjudican RTVE, también menciona la necesidad de llegar a acuerdos entre las distintas formaciones. ¿Cree que es deseable llegar a una política de Estado en relación a los medios públicos? 

La comunicación, no sólo en relación a los medios públicos sino también a los privados, es una cuestión de salud pública y una cuestión de Estado. Nos jugamos el desarrollo de la industria cultural, el empleo, nuestra visibilidad internacional y nuestra proyección. De ello dependen nuestros imaginarios colectivos y nuestras identidades culturales, y todo eso no puede estar al amparo de manejos gubernamentales. Necesitamos tener una política de Estado y el concurso público es el primer paso para que el máximo órgano de gobierno de la televisión pública surja de un proceso de selección por méritos y no por cuotas de partidos políticos.

Prácticamente no hemos salido del franquismo sociológico y del autoritarismo en el manejo de los medios de comunicación

Prácticamente no hemos salido del franquismo sociológico y del autoritarismo en el manejo de los medios de comunicación. En España no tenemos un órgano que fiscalice al sector, como el Consejo Superior del Audiovisual francés. Los medios públicos necesitan unos criterios de gobernanza, de organización, de financiación estable y de desarrollo del sector, con independencia de que nos gobierne la derecha o la izquierda. Creo que hubo un avance importante durante el gobierno de Zapatero, pero hemos vuelto en los últimos años al viejo modelo de redacciones paralelas, de gubernamentalización y de falta de proyecto de futuro.

Y, sin embargo, en Andalucía se ha producido un cambio de Gobierno apoyado por fuerzas reacias a las televisiones públicas. Vox exigía como condición para el acuerdo con el PP y C’s la supresión de Canal Sur. ¿Surge una corriente que pone en duda la propia utilidad de las televisiones públicas?

Lo que se está dando ahora es un proceso de involución. La ley andaluza establece un mínimo de tres quintos del Parlamento para seleccionar la dirección de Canal Sur, lo que implica que prácticamente la totalidad de las fuerzas deben llegar a un consenso. El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que Canal Sur debe ser de titularidad pública y debe estar tutelado y dirigido por la propia Junta de Andalucía, con lo que no se puede hacer lo que planteaba Vox, que está jugando al discurso del miedo y de las falsas noticias.

Me temo que en Andalucía, donde no tenemos grandes grupos como en Madrid o Cataluña, si no tuviéramos Canal Sur nos estarían relatando las noticias desde fuera

El debate sobre los medios públicos no es nuevo, no surge con la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz. Desde hace más de dos décadas, Silvio Berlusconi y sus socios de grupos mediáticos de gran peso económico han atacado a los medios públicos y fomentado el discurso de la privatización. Ahora que también habrá elecciones europeas, creo que hay que clarificar esto: la tradición jurídica europea es la de servicio público. Aunque hoy en día no hablemos de monopolio como sucedía con la BBC, la RAI italiana o la propia TVE, sí que tendríamos que ir a un modelo mixto liderado por el sector público, porque esta es la garantía de pluralismo. Cuando se hizo la política europea con grandes cineastas como Bertolucci, ya se hablaba de la colonización de las grandes compañías estadounidenses de cine y televisión. Me temo que en Andalucía, donde no tenemos grandes grupos como en Madrid o Cataluña, si no tuviéramos Canal Sur nos estarían relatando las noticias desde fuera. Eso no es muy sensato para la autonomía andaluza.

En relación a la política europea y tras el despliegue de la televisión digital, se ha reaprovechado el espacio radioeléctrico liberado para otros servicios de comunicaciones, en especial la telefonía móvil. Frente a esta tradición europea de servicios públicos que menciona, ¿se está produciendo un cambio en favor de los servicios privados y de pago?

Ese es un proceso que se inicia con las telecomunicaciones y es un proceso de colonización. Frente al modelo de interés general y de servicio universal, se ha ido estableciendo la tradición angloamericana, que implica el derecho a conectarse para aquel que pague el servicio. Esto establece desigualdades no sólo de clases sociales, sino también territoriales. Además genera una situación de dependencia a grandes corporaciones trasnacionales que no obedecen a criterios de desarrollo social y de necesidades culturales, sino básicamente a la cuenta de resultados.

Ya existe un debate en torno a las libertades públicas frente a los grandes monopolios como Google. Y ya ha habido sanciones desde Bruselas a grandes empresas como Facebook, por vulnerar no sólo la ley de datos y de privacidad, sino también por estar continuamente en situación de verdadero monopolio. El desarrollo de las telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales no pueden estar al arbitrio del mercado. No se puede pasar de un monopolio público a un monopolio privado, porque no sólo nos jugamos la identidad cultural, sino también la democracia.

Desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿cree que existe conciencia de esta situación?

En modo alguno. Y creo que especialmente en España no existe una gran conciencia de que para luchar por el resto de derechos y libertades públicas, dependemos del derecho a la comunicación, que es donde se delibera y se participa. Una esfera pública privatizada es una amenaza evidente a la democracia, porque impide debatir de manera proporcional y equilibrada.

En España no existe una gran conciencia de que para luchar por las libertades públicas dependemos del derecho a la comunicación

Creo que en España hay un déficit democrático en torno a los medios públicos. Prueba de ello es que estemos debatiendo sobre el concurso para la dirección de RTVE en pleno siglo XXI, cuando los países de nuestro entorno han consensuado una política de Estado para los medios públicos que proporciona cierto equilibrio. Pero también hay un déficit democrático en la conciencia ciudadana en defensa de estos medios. Iniciativas como la Tele de Todos permite salir de ese falso debate que se ha planteado durante la crisis: o mantenemos un quirófano o cerramos una televisión pública. Al final lo que sucede, como ha ocurrido en Valencia, es que se cierra la televisión pública pero también se cierran los quirófanos. Creo, efectivamente, que desde el propio sector de la comunicación tenemos por delante un trabajo que hacer.

¿Cómo es posible generar conciencia de esta situación, especialmente desde los medios públicos?

De momento se está avanzando algo, porque hasta hace poco no había un Consejo de Informativos y ya casi todos los medios públicos lo tienen. También se empieza a generalizar la defensoría de la audiencia y aparecen microespacios en los que se discute y analizan las quejas o preguntas de los espectadores al propio medio. Sería bueno hacer pedagogía a través de programas que aborden el tema de la propia comunicación: desde los medios públicos a los privados, al periodismo, a las redes sociales o a las telecomunicaciones. Eso contribuiría a hacer más reflexivo el papel de los medios entre la ciudadanía.

Una de las cosas más avanzadas de la ley audiovisual de Andalucía es que permite que las universidades tengan el derecho de emisión, tanto en radio como en televisión. Espero que en un futuro, si las autoridades académicas lo estiman, las universidades tengan su espacio en estos medios. Aunque eso será si se mantiene la ley, porque me temo que va a haber una contrarreforma.

Ahora que estamos en la era de las ‘fake news’ y que dentro de unos meses serán las elecciones, ¿pueden hacer algo las televisiones públicas frente a esta realidad?

Más que en los propios medios de comunicación, yo exigiría materias como Educación para la Ciudadanía o herramientas en educación primaria para trabajar el uso de las redes sociales entre los jóvenes. Los medios de comunicación no forman parte de su dieta informativa, la forman las redes sociales. Es a través de ellas de donde llegan los discursos del odio. Algunos se sorprenden de que Donald Trump llegara al poder con todos los medios en contra, pero es que su estrategia se basaba en las redes sociales, al igual que la de Steve Bannon en Europa.

No sé si desde los medios de comunicación se pueden revertir estas dinámicas, porque esta generación está en otro entorno informativo. Creo que en este caso es una tarea educativa, no sólo desde el sistema formal de enseñanza, sino también desde las familias.

Aun así, a pesar de que este sea un fenómeno propio de las redes sociales, los medios tradicionales tratan de tener presencia en estas, y de adaptarse a la nueva realidad digital y multiplataforma. ¿Están los medios públicos aclimatados a este nuevo ecosistema?

Cuando hablaba de la preocupación sobre la provisionalidad como uno de los grandes problemas de RTVE es porque los medios públicos están quedando a la cola del cambio tecnológico. Creo que la educación, la cultura y el desarrollo de nuevos formatos y géneros han dependido en nuestro país, y en la mayoría de Europa, del papel de las empresas públicas de radiotelevisión. Deberían estar a la vanguardia del cambio, pero por falta de voluntad política y de apoyo estratégico al sector público se está quedando relegado.

Cuando hablaba de la preocupación sobre la provisionalidad como uno de los grandes problemas de RTVE es porque los medios públicos están quedando a la cola del cambio tecnológico

Se podría hablar de una estrategia de innovación de contenidos y de convergencia multiplataforma, de dar un mayor papel a las delegaciones territoriales. Herramientas que nos permitan acceder a los sectores jóvenes que están abandonando la pantalla grande en favor de las pantallas móviles. Pero este discurso se está dejando a los operadores privados en búsqueda de mayores rentabilidades, y al sector público se le está relegando a una labor casi testimonial. Y esto no es algo preocupante por la caída de audiencia, que es una realidad que va a ser norma en todas las empresas de radiotelevisión, sino porque en los canales de acceso a la información audiovisual de los jóvenes no se cuente con un papel protagónico de los canales públicos.

Pero, además de estabilidad, para plantear estos cambios es necesario mencionar la financiación. En los presupuestos no aprobados de Pedro Sánchez se preveía un aumento de la partida de RTVE del 9,5%, ¿es esto suficiente?

Claramente insuficiente. Por referencias del propio personal de la casa, es necesario renovar los equipos, invertir en desarrollo y revertir el envejecimiento de la plantilla, ya que los trabajadores se han ido jubilando y esta no se ha renovado. Necesitamos establecer estrategias para financiar el medio y además que esa financiación no sea una decisión puntual del gobierno de turno. En este escenario los problemas se acumulan, y aunque esto suponga una mejora no responde a los retos que tiene por delante RTVE. 

Y después de las elecciones generales del 28A, ¿cómo cree que queda el panorama para RTVE?

Desde el Comité de Expertos estamos insistiendo en que se resuelva el concurso público, pero si no se resuelve, esperemos que haya una mayoría en el Parlamento que respete el acuerdo para escoger al Consejo de Administración, que esto se haga norma.

Ante el ataque de la posverdad y el discurso de odio, los medios públicos deben establecer un equilibrio y promover contenido de calidad

A mí me gustaría que se debatiera sobre una política de comunicación que incluya a las telecomunicaciones, el audiovisual y el desarrollo del sector de la radio y la televisión. Que el escenario de futuro cuente con financiación suficiente y no sea de abandono. Ante el ataque de la posverdad y el discurso de odio, los medios públicos deben establecer un equilibrio y promover contenido de calidad. Aun así, me temo que en medio de esta dialéctica de confrontación sólo se hablará de TVE para mencionar denuncias de manipulación interesadas, falsas o no, y nunca como objeto de políticas públicas. Y eso sí me preocupa, porque este panorama no da estabilidad al futuro de una empresa que debe ser pensada para todos.