En verano de 2017, en este mismo contexto, publiqué mis primeras conclusiones de la Subcomisión creada en el Congreso para la elaboración de un Estatuto del artista y del trabajo cultural, que en ese momento terminaba su primera fase. Aunque casi todo lo que se dice allí sigue vigente, lo cierto es que desde entonces han pasado muchas cosas.

La más importante es que primero la Comisión de Cultura (en junio de 2018), y después el pleno del Congreso (en septiembre de ese mismo año), aprobaron el informe del Estatuto, compuesto por 75 puntos y más de 60 medidas para luchar contra la precariedad específica de los trabajos culturales y para hacer sostenible nuestro ecosistema cultural. Un ecosistema que, como sabemos, es muy desigual, compuesto mayoritariamente por pymes; plagado de dificultades en el acceso a prestaciones y derechos laborales que en otros ámbitos se dan por supuestos, como la prestación de riesgo durante el embarazo; acostumbrado a falsos autónomos; habituado a jornadas sin fin con desplazamientos que nunca se abonan y a facturas que se cobran mucho después de haber adelantado el IVA del trimestre, entre otras situaciones cotidianas.

Una vez aprobado, se convertía de facto en la agenda legislativa de consenso a nivel estatal. El informe del Estatuto contó con el voto a favor de todas las fuerzas con representación parlamentaria y dotaba a cultura, por primera vez en décadas, de una referencia estable. No era un proyecto de ley, sino una agenda legislativa. Es decir, no fue concebido de una sola pieza, por motivos que se explican más adelante. 

Los aspectos generales más relevantes del informe son los siguientes:

1. Parte de la base de que la cultura es, además de un derecho recogido constitucionalmente y de un bien común, un sector precario. 

2. Afirma que el ecosistema cultural no puede ser accesible y diverso, como exigen nuestras leyes fundamentales, si es precario. Por tanto, la lucha por la sostenibilidad de la cultura y de las vidas de quienes se dedican a ella se convierte en un asunto de estado y de ciudadanía.

3. Plantea que esto debe hacerse así porque las personas que se dedican a las profesiones culturales deben tener los mismos derechos y oportunidades que el resto, ni más ni menos, con arreglo a las especificidades de su trabajo. Tal como ocurre, de hecho, con otras “profesiones específicas”: pescadores, profesores, conductores, etc. 

4. Pero también confirma que si el sector cultural no es sostenible, entonces tampoco lo es el artículo 44.1 de la Constitución, que señala que todos tenemos derecho al acceso a la cultura, y que los poderes públicos deben promoverlo. Que este informe se lleve a la práctica es un asunto que trasciende el sector cultural y que afecta a los derechos y oportunidades de toda la ciudadanía.

Al mismo tiempo, el informe tiene algunas particularidades que merece la pena destacar:

5. Se trata de un informe cuya metodología es transversal, no sectorial. No está redactado de acuerdo con la división tradicional de la cultura en sector audiovisual, artes visuales, música, artes escénicas, circo, etc. Al contrario, el informe plantea la necesidad de superar ese esquema y abordar los problemas en dos ejes: trabajo (por cuenta ajena/ por cuenta propia), por un lado, e intermitencia (más intermitencia/menos intermitencia), por el otro. Esto es un paso adelante decisivo con respecto a otros informes del sector, que abundaban en diagnósticos, pero no eran capaces de plantear respuestas claras. Esto, en parte, se debía a un defecto metodológico y de mirada: el sectorialismo.

6. La agenda legislativa que propone el informe afecta directamente a las profesiones culturales, y para poder hacerlo toca sobre todo legislación laboral y fiscal, por ejemplo el RD 1435/1985 (espectáculos públicos), el 2621/1986 (Régimen Especial de la Seguridad Social) o la Ley 20/2007 (autónomos). No es una ley nueva, sino una reforma modular  de la legislación vigente. Unas veces se proponen nuevas leyes, otras se apuesta por modificar leyes existentes, por ejemplo los puntos 37-40 del informe contra la proliferación de falsos autónomos. En algunas materias, tales como la fiscalidad o la compatibilidad de la percepción de pensiones y derechos de propiedad intelectual, se proponen varias soluciones para un solo problema (puntos 62-75 del informe).

7. Que el informe proponga una agenda legislativa modular significa fundamentalmente dos cosas: primero, que se puede realizar por separado, de tal manera que si hay algún escollo en materia de fiscalidad, pongamos por caso, esto no afecte a las medidas en materia de representación sindical o de reconocimiento de las enfermedades laborales. No hace falta esperar al Estatuto del artista definitivo, que como tal es el nombre que recibe el proceso, no el resultado (que se compone a su vez de todas las reformas parciales indicadas); segundo, significa que el final de la legislatura no invalida el trabajo realizado. Lo que se ha hecho ya es firme, pero lo que no se ha hecho no se viene abajo. El informe de 2018 sigue siendo, por tanto, la única referencia y la agenda de consenso en materia de trabajo cultural.

¿Qué se ha hecho y qué no se ha hecho? A fecha de 28 de marzo de 2019, en condiciones de Parlamento en transición y de convocatoria de elecciones legislativas para el 28 de abril, se han aprobado varios puntos del Estatuto, mientras que otros han quedado pendientes de aprobación, pero están avanzados o muy avanzados:

8. Se ha aprobado el punto 35 del informe, que es particularmente estratégico a nivel legislativo y muy relevante para el sector. Básicamente, este punto dice que las asociaciones o sindicatos representativos de artistas autónomos podrán publicar, a efectos informativos, “listados de honorarios e información no vinculante sobre precios medios del mercado, y negociar con las asociaciones de los empresarios para los que trabajan y con las mismas empresas acuerdos de interés profesional que contemplen, entre otros aspectos, los remunerativos. En este sentido, es importante que dispongan de legitimidad suficiente como interlocutores ante la Administración y que en el ámbito privado o mercantil los pactos firmados entre sectores tengan carácter de convenio o regulen acuerdos o contratos normativos con carácter vinculante”. Esto significa que el tejido asociativo autónomo puede informar de precios medios de mercado, permitiendo que la negociación entre las partes no sea totalmente a ciegas, como ocurría hasta ahora. Legitima la interlocución colectiva vinculante y avanza hacia una mayor representatividad sindical en el ámbito cultural autónomo, uno de los espacios de actividad cultural más desregulados y silvestres.

9. El 28 de diciembre de 2018 se aprobó el RD 26/2018, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía. En ese decreto se incluían, de manera parcial, algunas medidas del informe del Estatuto en materia de cotización en periodos de inactividad para profesionales intermitentes y de fiscalidad cultural (reducción al 10% del IVA de la prestación de servicios culturales por parte de personas físicas). Este RD fue convalidado en el Congreso en enero de 2019, con críticas de los grupos parlamentarios por su carácter incompleto con respecto a las propuestas iniciales del informe. La convocatoria de elecciones ha impedido que se pudiera llevar a cabo el acuerdo alcanzado en enero, según el cual se aprovecharía el trámite parlamentario para enmendar algunos puntos y proceder, entre otras cosas, a la ampliación de la reducción del IVA a toda la cadena cultural. Este proceso de enmiendas es lo único que no ha sido posible por falta de tiempo.

10. En el RD 26/2018 se adelantaban también dos aspectos importantes del informe serían abordados en un plazo de seis meses; la reforma del RD 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos, y la compatibilidad de pensiones y derechos de propiedad intelectual. A fecha de 28 de marzo de 2019, el gobierno aún no ha llevado este próximo RD al Consejo de Ministros, pero no es descartable que lo haga antes de la cita electoral de abril. Si esto fuera así, y si no se añaden otros puntos del informe a esta oleada legislativa, estaríamos hablando aproximadamente de un 20% de cumplimiento bruto en un plazo de nueve meses desde su aprobación. No es la cifra ideal y no todos los puntos están bien acabados, pero no es un trabajo en absoluto desdeñable. Todo lo contrario.

En resumen, el proceso está lanzado y la próxima legislatura tendrá en sus manos, con las mayorías enormes de que dispone el informe, seguir avanzando en el cumplimiento de una agenda muy potente y muy necesaria para los derechos y oportunidades de lxs profesionales de la cultura y de toda la ciudadanía. La precariedad de unos es la pérdida vital y jurídica de los otros. 

Yo no estaré en el escaño que venía ocupando en la XI y la XII legislaturas, ni tampoco representaré a Unidos Podemos en los retos por venir, pero como ciudadano implicado en la materia sí me atrevo a señalar algunas prioridades: reconocer las profesiones culturales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) para que el legislador sepa de la existencia de dichas actividades y pueda actuar en consecuencia; seguir la senda del punto 35 y apostar por la interlocución colectiva a través de sindicatos y asociaciones profesionales; luchar contra las fórmulas de blanqueo de los falsos autónomos, tales como pseudo-cooperativas de facturación; y lanzar lo antes posible campañas de formación para que quienes trabajan en la función púbica conozcan las especificidades del sector y puedan atender las necesidades de quienes trabajan en él. Algunas veces hay que legislar de cero, otras basta con (aprender a) reconocer al otro.

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Eduardo Maura es profesor de estética en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido Portavoz de Cultura de Unidos Podemos en el Congreso en la XI y XII legislaturas.