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El 24 de marzo de 2019, en el marco de las elecciones municipales y provinciales de Ecuador, ocurrió un hecho histórico: se llevó a cabo la primera Consulta Popular vinculante que permitió a la población del Cantón Girón decidir el futuro de sus territorios. Las comunidades fueron consultadas sobre su posición respecto al proyecto minero Loma Larga, operado por la empresa canadiense INV Metals, dentro de sus territorios que se ubican en el páramo de Kimsacocha. El páramo es un ecosistema que se da únicamente en ambientes montañosos elevados en los Andes tropicales y se caracteriza por ser extremadamente frágil, con alta biodiversidad y con enorme capacidad de regulación hídrica. El complejo hidrológico Kimsacocha pertenece a la Reserva de la Biósfera Macizo del Cajas y posee una importante diversidad biológica, infinidad de lagunas y nacimientos de ríos que abastecen de agua a Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador, y en buena parte a la provincia del Azuay. Los pueblos indígenas y campesinos andinos conocen de la importancia del páramo, por lo que lo han cuidado y protegido durante años de los proyectos mineros.

La Constitución del Ecuador reconoce la Consulta Popular como una iniciativa ciudadana legalmente vinculante. En el caso del Cantón Girón, se realizó esta consulta con la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsacocha?”. Esta pregunta determinó la posición de las comunidades de la zona, dirimiendo dos formas de vida incompatibles: la explotación minera para el lucro de las empresas transnacionales o el derecho al agua y la protección del patrimonio hídrico para las presentes y futuras generaciones.

Los resultados fueron contundentes: el 87% de los votantes dio su apoyo al agua frente a la minería de oro. Y se sentó así un precedente decisivo en la historia del país, de los pueblos del Abya Yala y de este mecanismo de participación instituido en acto democrático.

Llegar a este momento ha sido un largo caminar de años de las comunidades organizadas en torno a la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón (UNAGUA) para su gestión social. Estas comunidades han enfrentado constantes violencias en sus territorios, desde la criminalización de la protesta hasta la judicialización de sus dirigentes por parte del Estado ecuatoriano. De la misma forma la empresa ha generado constantes acciones de intimidación, persecución y hostigamiento contra las comunidades de la zona que se oponen al proyecto minero.

Tanto el Estado como la empresa minera han tratado de instaurar un discurso agresivo que cuestiona y deslegitima las voces opuestas al extractivismo, favoreciendo dispositivos de control social para acallar las asimétricas disputas socioambientales y ocultar, mediante su aparato de propaganda, las luchas de resistencia comunitarias y de la sociedad civil.

Decenas de estudios hidrológicos, periciales y ambientales, elaborados incluso por instancias públicas, como la Contraloría General del Estado, dan cuenta de las graves afectaciones ambientales y la falta de cumplimento de la normativa legal de este proyecto minero cuyas actividades se iniciaron sin disponer de estudios y permisos ambientales completos.

Ante esto, la UNAGUA  –con apoyo de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), el colectivo Yasunidos y diferentes organizaciones ecologistas y de derechos humanos– inició una petición de Consulta Popular en 2012 que quedó estancada hasta que en 2018 un nuevo Consejo Nacional Electoral dio paso a la votación por haber cumplido con todos los criterios legales necesarios.

En todos estos años, las presiones por parte del Ministerio de Minería, de la Cámara de Minería y de la transnacional canadiense INV Metals para que no se lleve a cabo la Consulta Popular han sido constantes. De hecho, unos días antes de las elecciones, un juez de la Unidad Judicial de Quito ordenó al Consejo Nacional Electoral suspender la consulta tras aceptar una acción de protección interpuesta por sectores empresariales promineros, petición que fue desechada y se dio paso al proceso electoral.

Con el triunfo de la Consulta popular, Girón al fin ha visto cómo se hacía justicia tras una historia de violencia y vulneración de derechos de sus comunidades y pueblos a decidir sobre su futuro, y las continuas violaciones de derechos por parte de esta transnacional minera en connivencia con el Estado ecuatoriano.

La Consulta Popular marca un precedente en las luchas de los pueblos por los derechos colectivos, y supone la concreción de un ejercicio político en donde las comunidades han podido decidir sobre su territorio y su proyecto de vida, continuamente vulnerado. Además, este momento implica una reversión del orden colonial y pone en cuestión las lógicas de acumulación capitalista que se dan por imposición en los territorios del sur global, territorios que pueden ser despojados y son sacrificables. De ahí la importancia de la Consulta, que ha significado legitimar lo local frente a la destrucción global, poniendo en valor los territorios rurales frente a la producción para las megaurbes, ubicando la relacionalidad con la naturaleza por encima del beneficio económico de una transnacional minera y primando el modelo de vida comunitario frente al modelo empresarial.

Un acto más de resistencia centenaria desde los pueblos indígenas y campesinos del Sur, quienes proponen otras formas de relacionarse, ser y estar en el mundo, quienes a través de la defensa del agua ponen en el centro la reproducción de la vida. El resultado de la consulta es un haz de luz en donde se da voz a las decisiones de los pueblos sobre sus territorios, algo poco habitual en la sociedad contemporánea que se rige por el interés nacional que establece el poder estatal y corporativo.

El contundente NO a la minería que ha pronunciado el Cantón de Girón en Ecuador abre horizontes de esperanza para dejar de mirar a la naturaleza como mercancía, detener el proyecto minero, desincentivar nuevas inversiones extractivistas, realizar un ejercicio de responsabilidad con las futuras generaciones y, lo más importante, para reconstruir la importancia del sentido de la comunidad. El triunfo de Girón, tras un largo camino, es un destello de justicia para empezar un proceso de verdad, justicia y reparación con la naturaleza, los territorios y los pueblos.

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Gloria Chicaiza, Ivonne Yáñez y Eva Vázquez forman parte de Acción Ecológica de Ecuador.