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Pocas veces se ha percibido como ahora lo vinculada que está la política presupuestaria del Gobierno con la vida de la gente. Se ha notado más bien desde mayo de 2010, el año en que la Unión Europea acordó, por imposición especialmente de Alemania, la austeridad presupuestaria. Zapatero la aplicó a los pocos días: "Cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste". Rajoy fue peor: engañó a los votantes diciendo que no recortaría la sanidad ni la educación y lo hizo cuatro meses después de llegar al Gobierno, usando la tijera con más dureza. Previamente, ambos en septiembre de 2011, lo habían elevado a rango constitucional, al establecer en el artículo 135 de la Constitución, que el pago de la deuda pública y sus intereses "gozarán de prioridad absoluta". Se antepone pues a cualquier otra necesidad, por vital que esta sea.

Antes de esto, el presupuesto del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, se percibía como un procedimiento más o menos rutinario, donde se consignaban los gastos para pagar el Estado de bienestar, las obras públicas y demás servicios. Con las diferencias de cada año y del partido que gobernase, esos compromisos estaban, más o menos asegurados, aunque de forma más rácana que en la mayoría de la zona euro. Desde mayo de 2010 la cosa cambió. Zapatero, en contra de la estrategia seguida hasta ese momento y para satisfacer las exigencias de la Unión Europea, recortó el sueldo de los funcionarios y el gasto en dependencia. Además, congeló las pensiones. No era nada para lo que vendría después. Rajoy impuso a las comunidades autónomas un recorte en sanidad de 7.300 millones de euros cada año y en educación de 4.000 millones. La dependencia y los demás servicios sociales sufrieron un tijeretazo de 613 millones, también anuales. Y no solo afectó al gasto social. El dinero dedicado a obras públicas, necesarias para crear empleo y dotar de infraestructuras públicas, bajó en más de 17.000 millones.

Todo este sacrificio social para conseguir que el déficit público, la diferencia entre lo que se gasta y lo que se ingresa, se redujese hasta el 3 por ciento en 2013. Ni que decir tiene que no se consiguió. El déficit fue más del doble, el 7 por ciento. También para que la deuda pública no superara el 82 por ciento del Producto Interior Bruto. Tampoco se logró: llegó al 95 por ciento. Por dos razones: la austeridad, la bajada del gasto del Estado, hundió la economía, los ciudadanos ganaron menos, consumieron menos y se recaudó menos de lo previsto. Y por otro factor: las ayudas a los bancos engordaron el gasto en 2012 y, en menor medida, en 2013. Restó por tanto capacidad al presupuesto para otras actuaciones sociales o de apoyo al crecimiento.

He dedicado tanto número a los presupuestos pasados, de hace ya seis y siete años, porque la cosa no se quedó ahí. Los recortes se consiguieron eliminando derechos y prestaciones que en gran medida siguen vigentes. En sanidad, ofreciendo menos prestaciones gratuitas, imponiendo el copago a los jubilados o no dando atención médica a los inmigrantes no regularizados. Esta última medida ha sido suprimida por el Gobierno de Pedro Sánchez. En Educación o en dependencia, pasa algo parecido. De acuerdo con lo pactado entre el Gobierno y Podemos, se han eliminado ya las medidas que permitían sobrecargar el trabajo de los profesores y masificar las aulas. Y se ha recuperado el apoyo del Estado a las cuidadoras de dependientes, cotizando por ellas a la Seguridad Social. Pero gran parte de las medidas para recuperar derechos y prestaciones quedaron confiadas a los Presupuestos del Estado de este año, que no salieron adelante. La prueba de esta afirmación está en los datos. En 2018, el gasto social de los presupuestos de todas las administraciones públicas no sólo no subió, sino que continuó descendiendo. Fue el más bajo de los últimos años. Representó el 16,2% de toda la actividad económica, del PIB. La economía crecía y el gasto público, incluido el gasto social, bajaba, si descontamos, como hay que hacer, la inflación, el aumento del coste de la vida.

Entre 2012 y 2018, los años más crudos de la austeridad, nunca se ha cumplido el objetivo de déficit

La clave para que esto suceda es doble. La primera, la Unión Europea. Obliga a los estados a que reduzcan el déficit, lo que se gasta por encima de lo que se ingresa, a un ritmo acelerado. Esto implica hacer recortes o mantener los que hay. Y, pese a ello, año tras año, no se han cumplido los objetivos de reducción del déficit. Simplemente porque si se hace eso, no se puede crecer. Si no se crece, no se reduce el déficit.

Comprobamos el grado de cumplimiento del objetivo de déficit. Es el baremo sacrosanto de la Unión Europea para que se cumpla con la política de estabilidad presupuestaria, que podemos llamar también, de austeridad. Los medios de comunicación y los analistas lo consideran un credo del que nadie debe salirse y le prestan máxima atención. Vamos primero a lo que decía el Programa de Estabilidad del año anterior. Es el documento que debe enviar España a Bruselas para que estén tranquilos. Entre 2012 y 2018, los años más crudos de la austeridad, nunca se ha cumplido el objetivo de déficit establecido en ese programa el año anterior, pese a los recortes que ha padecido la población y la asfixia de los presupuestos.

La segunda causa de la austeridad es el entramado legal establecido en España para hacerla cumplir. Empieza en el artículo 135 de la Constitución aprobado por el PP y el PSOE, que proclama ese principio y, como decíamos más arriba, antepone el pago de la deuda a cualquier otra necesidad. Ello, pese a que nunca, en democracia, se ha incumplido ese pago. Esto se concreta en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el PP, que, entre otras cosas autoriza al Ministerio de Hacienda a intervenir las cuentas de las comunidades autónomas.

En este panorama, las tareas pendientes suponen primero acabar con lo dispuesto por el Gobierno de Rajoy para reducir prestaciones en sanidad, educación, dependencia y demás políticas sociales. Esto comenzó con el acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y Podemos, pero la obra se ha quedado a medias.

En segundo lugar, recuperar los presupuestos que fueron tumbados por el PP, Ciudadanos y el voto de castigo de los independentistas catalanes. En ellos, se plasmaban parte de las medidas contra la austeridad.

Pero esas medidas eran, en cualquier caso, tímidas y limitadas por la ley de Estabilidad y lo establecido por la Unión Europea. Por ello, en tercer lugar, habría que modificar radicalmente la citada ley para hacerla acorde con unos presupuestos más sociales y ambiciosos y respetuosa con las Comunidades Autónomas. Estas gestionan la sanidad, la educación y la parte de la dependencia.

En cuarto lugar, hay que negociar con la Unión Europea un ritmo más lento para reducir el déficit público. Se evitaría así la pantomima de fijar un objetivo y no cumplirlo año tras año. La lucha contra la austeridad debería ser la primera tarea cuando el Gobierno viaja a Bruselas.

Y finalmente: Nadie lo dice ya, pero habría que derribar el símbolo constitucional que consagra el austericidio. El artículo 135 de la Constitución, aprobado como un trágala impuesto por el Banco Central Europeo a cambio de que este cumpliera simplemente con su obligación.