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Ante el poder creciente de las instituciones de la Unión Europea se ha producido una actividad desenfrenada y proactiva de los grupos de presión que tienen en Bruselas su centro de operaciones. En su informe de 2015 acerca de las actividades de los “lobbies” en el conjunto de la Unión, Transparencia Internacional destacaba que “de 19 países europeos evaluados, apenas 7 tienen algún tipo de ley o regulación específica sobre el lobby, con lo que se produce una influencia prácticamente sin restricciones de los intereses comerciales en la vida cotidiana de los europeos”. Se estima que hay entre 20.000 y 30.000 lobistas trabajando en Bruselas a favor de las grandes corporaciones europeas, aunque Estados Unidos cuenta con 379 empresas inscritas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. En este registro también hay empresas canadienses (24), turcas (24), japonesas (21), rusas (14) y brasileñas (10). China, Australia e Israel son los países no europeos que menos empresas tienen en el registro, y su número asciende a nueve. En esta institución hay inscritas 11.327 organizaciones, la mayor parte con sede en Bélgica (2.187), Alemania (1.503), Reino Unido (1.156), Francia (1.121) e Italia (841). Inmediatamente después se sitúa España, con 725 corporaciones registradas. El objetivo del Registro de Transparencia es garantizar que las empresas que desean influir en las instituciones de la Unión declaren públicamente sus intereses y proporcionen información sobre sí mismas, una aspiración demasiado ingenua como para ser tomada en serio. Fuera de estas consideraciones, cabría preguntarse por el conflicto ético que supone que organizaciones dirigidas por personas no elegidas de forma democrática dispongan de la posibilidad legal de influir en la toma de decisiones dentro de las instituciones europeas, lo que ha terminado por ser una forma de legalizar prácticas de presión y de corrupción difícilmente presentables ante la opinión pública.  

Se estima que hay entre 20.000 y 30.000 lobistas trabajando en Bruselas a favor de las grandes corporaciones europeas, aunque Estados Unidos cuenta con 379 empresas inscritas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea

Incluso las más importantes organizaciones dedicadas a luchar contra las diferentes formas de corrupción y a promover la transparencia tienen dificultades para entender las actividades de presión de los distintos “lobbies”, protegidos por un entramado legal extremadamente complejo y opaco. Desde este punto de vista, la creación del Registro de Transparencia ha supuesto un avance importante, si bien de alcance limitado porque la inscripción es voluntaria y porque la información proporcionada por las empresas a menudo es escasa y poco fiable. El Registro de Transparencia fue creado en 2011. A finales de 2014, poco después de asumir su cargo como presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker declaró su intención de obligar a las empresas con actividades de lobby a registrarse, pero durante todo 2015 se dedicó con empeño a suavizar su propia propuesta hasta hacerla ineficaz y poco creíble, rebajando todos los criterios de exigencia. Por poner un ejemplo, si hacemos un rápido recorrido por los datos facilitados por el registro acerca de las reuniones de los diferentes grupos de presión con la DG FISMA (Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales) en 2015, podemos comprobar que los representantes de las instituciones europeas se reunieron en el transcurso de ese año en más de 400 ocasiones con lobistas de toda clase. El 91% de esos encuentros tuvieron lugar con representantes de bancos y de entidades financieras que, como todos sabemos, son instituciones que buscan el bien común y no la protección de sus intereses, mientras que un exiguo 4% de las reuniones se produjeron con organizaciones no gubernamentales u otros grupos de la sociedad civil.

Examinar las actividades de los grupos de presión más transversales y poderosos de entre todos los que operan dentro de la Unión Europea revela la transferencia de dinero público a la empresa privada en una estructura gigantesca y compleja. Los diferentes fondos europeos otorgan una pátina de solidaridad a los países de la Unión denominados como contribuyentes netos y han supuesto una auténtica transformación para los países receptores, pero muchas de estas inversiones se han dedicado, principalmente, a favorecer la construcción de redes de transporte, un proyecto que coincide de forma inquietante con los planes de la ERT (Mesa Redonda de Industriales). La ERT es junto a BUSINESSEUROPE (la Confederación de Empresas Europeas, que a su vez procede de la antigua UNICE) uno de los dos “lobbies” más fuertes de la Unión Europea y la representación del núcleo duro del poder neoliberal en el continente. Este grupo se funda en 1983 con el fin de influir en políticas que beneficien cada vez más a las grandes multinacionales. La ERT reúne a los líderes de las 47 empresas europeas más poderosas de Europa, entre las cuales hay cuatro españoles: José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Pablo Isla (Inditex), Antonio Brufau (Repsol) y José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola). Si examinamos el contexto histórico inmediatamente anterior a la fundación de la ERT seremos conscientes del ambiente convulso de la Europa de aquel tiempo: a comienzos de los años ochenta del siglo XX, algunos países europeos como Reino Unido o España atravesaban por durísimos procesos de destrucción de empleo en la industria, lo que se dio en llamar “reconversiones industriales”, un eufemismo destinado a enmascarar un desastre planificado que los políticos no querían explicar a los ciudadanos. La Comisión, presidida entonces por el francés Jacques Delors, percibió claramente que Europa carecía de pujanza ante las principales potencias económicas de entonces (EE.UU. y Japón) y decide crear el Mercado Único para dotar a Europa de una mayor competitividad. Esto chocaba con los intereses de Francia, la República Federal de Alemania anterior a la reunificación y una España que negociaba su adhesión a la Comunidad Económica Europea, de la cual formaría parte a partir del 1 de enero de 1986.

En la ERT se encuentran empresas que también forman parte de otros “lobbies” como Bayer, British Petroleum, Ericsson, Fiat, Iberdrola, Nestlé, Repsol, Shell y Siemens

El Comisario de Industria entre 1977 y 1985, el belga Vicomte Étienne Davignon declaró años después: “No había los suficientes contactos entre la Comisión y los actores económicos y decidimos crear un grupo de industriales, que terminaría llamándose el ERT, con la capacidad de escuchar a los consejeros delegados”. En el naciente grupo estaban representantes de Fiat, Phillips, Volvo y las grandes empresas químicas de Francia, a este lobby se sumarían después algunos gigantes españoles, alemanes y británicos. En sus reuniones con Delors, quedó claro que todos defendían los mismos puntos de vista, que en esencia consistían en disminuir el control hacia las grandes multinacionales en Europa. El poder de la ERT se mantiene desde entonces y es tal que tienen libre acceso a comisarios y a parlamentarios europeos, y su influencia radica en que sus propuestas casi siempre son escuchadas por la Comisión, que en muchos casos elabora leyes y directivas a su medida. En la ERT se encuentran empresas que también forman parte de otros “lobbies” como Bayer, British Petroleum, Ericsson, Fiat, Iberdrola, Nestlé, Repsol, Shell y Siemens. La labor de la ERT se desenvuelve en la sombra de manera extraordinariamente eficaz y su influencia en la política europea ha sido decisiva. La ERT jugó un papel fundamental en la fundación del Mercado Interior Europeo en 1993, en la gran expansión de las infraestructuras de transporte o en la creación de la Unión Económica y Monetaria. Otro ejemplo del alcance del poder de la ERT es el que aconteció el 3 de diciembre de 2015, cuando se produjo una reunión de más de 7 horas entre 69 líderes de diferentes empresas agrupadas en la ERT y varios miembros de la Comisión Europea entre los que se encontraba el presidente Juncker. El encuentro tuvo lugar en la propia sede de la Comisión, en el edificio Berlaymont, en Bruselas. 

Olivier Hoedeman, miembro del Observatorio Corporativo de Europa (CEO), una ONG que promueve la transparencia y que investiga y cuestiona el poder de los grupos de presión, resaltaba en 2016 las sorprendentes similitudes entre la Red Transeuropea de Transportes, el proyecto de infraestructuras más importante y caro de la historia, que fue establecido en 1990 y cuyo presupuesto era de 400.000 millones de euros, y un informe de la ERT, cuya propuesta fue copiada casi punto por punto por la Comisión Europea. Este caso fue descubierto a raíz de una denuncia que CEO recibió en 1993 por parte de una asociación de defensa medioambiental del sur de Francia. En la denuncia, la organización describía su lucha porque no se construyera una autopista en la zona del Valle de Aspe, cerca de la frontera con España. En el informe “Remodelando Europa”, financiado por la ERT y redactado por tres empresarios: Wisse Dekker (presidente de la ERT desde 1988 hasta 1992), Pehr Gyllenhammar y Jérôme Monod se dictan las líneas maestras que van a transformar el continente. Dekker fue director ejecutivo de Phillips, el gigante holandés de la electrónica, entre 1982 y 1986; Gyllenhammar fue director ejecutivo de Volvo, el fabricante de automóviles sueco, entre 1970 y 1994; y Monod dirigió Lyonnaise des Eaux, una empresa de aguas de Francia entre 1980 y 1997. Olivier Hoedeman describió el informe como un “Manifiesto político escrito por líderes industriales”. Para Hoedeman, era sorprendente que tres ejecutivos de alto rango (tres personas no elegidas democráticamente y no sometidas al control de un parlamento) hubieran escrito un texto que sirvió para cambiar por entero el aspecto de Europa.

En diciembre de 1993, la red de organizaciones no gubernamentales que promueven la transparencia para las cuales trabajaba Hoedeman se reunió en Bruselas como solían hacer cada año. En la reunión, los miembros de las diferentes organizaciones mostraron su sorpresa sobre la creciente influencia de la ERT en las decisiones de la Comisión Europea y decidieron que era el momento adecuado para hacer algo impactante con el fin de dar a conocer al gran público las actividades de la ERT. Hoedeman y otros activistas asaltaron la sede de la ERT de forma pacífica y tuvieron acceso a una ingente cantidad de información. Keith Richardson, secretario general de la ERT entre 1988 y 1998, describe a la organización como un reducido y selecto grupo de personas que dirigen las multinacionales británicas, españolas, francesas, alemanas e italianas de mayor tamaño, así como algunas de las mayores corporaciones de Holanda y de Suecia. Estas personas, según Richardson, estaban dispuestas a hablar de política con los dirigentes de la entonces Comunidad Económica Europea. Lo que Richardson define como “hablar” era, en realidad, influir y presionar, y a eso se dedicó el grupo de forma agresiva y persistente.  

La alianza entre medios de comunicación, multinacionales, bancos y políticos ha resultado ser un pacto imbatible porque ha sido elaborado por los más fuertes en los términos que ellos mismos han elegido

En 2016, Hoedeman declaraba: “La Unión Europea había nacido como tal en 1993, nos la habían vendido como un proyecto político, pero la documentación a la que tuvimos acceso en diciembre de 1993 señalaba una dirección totalmente distinta. Los archivos decían que la ERT y la Comisión se reunían de forma habitual. El tono de las reuniones era increíblemente jovial e informal, pero el contenido de las mismas se mantenía en total secreto. La Comisión y la ERT trabajaban codo con codo. En 1984, sale a la luz “Eslabones perdidos”, un informe de la ERT en el que se criticaba la red de infraestructuras de Europa al considerarla una barrera para el progreso, e inmediatamente después la Comisión Europea establece un grupo de trabajo con la ERT exactamente sobre esa cuestión. En enero de 1985-prosigue Hoedeman-, Wisse Dekker, director de Philips, presenta el informe “Europa 1990” y su plan de acción para el Mercado Único. Diez días más tarde, Jacques Delors, el nuevo presidente de la Comisión da un discurso sobre el Mercado Único en el Parlamento Europeo que parece un calco del discurso de Dekker. En junio de 1985, la Comisión publica el libro blanco del Mercado Único, una copia casi literal del plan de Dekker. Cada seis meses se celebraba una cumbre europea y unos días antes se reunía la ERT. El lugar y la fecha de celebración eran mantenidos en secreto y la convocatoria se realizaba con dos años de antelación. Se dejaba así un mensaje claro para la siguiente cumbre europea de jefes de Estado como adoptar el Mercado Único, la Unión Monetaria, proyectos de infraestructura, un mercado laboral flexible, desregulación de los sectores públicos y de todos los ámbitos económicos posibles, medidas de austeridad y otros proyectos. Su programa neoliberal al completo”. A finales de 1985, poco antes de la firma del Acta Única Europea, Wisse Dekker envió un télex dirigido a los jefes de Estado de la Comunidad Económica Europea, la parte más explícita del mismo decía: “Desconocemos qué van a hacer, pero queremos que tomen medidas en una o en otra dirección. Si eligen descartar un programa de mercado único, quizá la única opción que nos quedará será la de llevarnos el negocio a otro lado”.

Con semejantes actores en escena y con tanto poder, es difícil pensar en una Europa social en la cual prevalezcan los intereses de los ciudadanos y no los de las grandes empresas. Europa ha sido siempre el gran bastión de los derechos sociales y del Estado del Bienestar, pero el contrato social comenzó a romperse en los años noventa del pasado siglo. La alianza entre medios de comunicación, multinacionales, bancos y políticos ha resultado ser un pacto imbatible porque ha sido elaborado por los más fuertes en los términos que ellos mismos han elegido: el resultado final de este gigantesco despropósito es que los marcos jurídicos de casi todos los países occidentales están siendo modificados para favorecer los intereses de las grandes corporaciones y para legalizar las injusticias. La retórica de defensa de los derechos de los ciudadanos por parte de los grandes partidos entra en contradicción con su forma de proceder tanto en el Parlamento como en la Comisión Europea. Necesitamos instituciones más transparentes y servidores públicos con auténtica vocación de servir a los ciudadanos. 

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor.