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Cuando José Luis Martínez-Almeida llegó a la alcaldía nombró dos de las que serían sus primeras acciones: acabar con Madrid Central y desalojar el centro social okupado La Ingobernable. Lo primero le ha salido regular. Veremos qué sucede con lo segundo. Nótese que son dos acciones negativas porque la propuesta de este alcalde para la ciudad –así fue su campaña electoral– es puramente negativa: derribar todo lo que considera el legado de Carmena.

Esta es la representación pública de las diferencias que estructuran la batalla en el juego de los símbolos políticos. Después está la Operación Chamartín, la mayor intervención urbana –o el mayor pelotazo– de las últimas décadas. Aquí hay total acuerdo entre Más Madrid y el PP; ambos la adoran. ¿Estamos hablando pues de dos modelos de gestión urbana radicalmente diferentes? En la política representativa eso no importa, lo que importa es que Almeida ha convertido a La Ingobernable en herencia de su enemiga pública número uno, Carmena. Y eso aunque las relaciones entre el ex gobierno municipal y el centro social fuesen infinitamente más complejas. Nada más tomar posesión de su cargo, Almeida ordenó la agilización de los trámites de desalojo de este edificio-símbolo. Previsto para este 28 de agosto, finalmente se ha parado, pero el Ayuntamiento puede llevarlo a cabo en cualquier momento. Veremos si se atreven a utilizar la violencia policial en esos últimos días del verano en pleno corazón turístico de la urbe. Los turistas podrían llevarse así una idea más aproximada de lo que es esta ciudad y las violencias soterradas sobre las que se estructura su poder urbano; porque un centro social okupado, además de producir comunidad y cultura, genera siempre un conflicto. En este caso, la batalla es por Madrid, por el modelo de ciudad y al servicio de qué intereses materiales trabaja. 

El frente de batalla, sin embargo, está bastante alejado del que dibuja el PP –y la otra cara de la misma moneda, C’s junto con sus nuevos compinches de Vox– en el que se enfrentarían partidos de distinto signo que dicen representar propuestas políticas diferenciadas: los que apoyan a los okupas –esa figura ya fantasmática que aglutina todos los peligros y las potencialidades del crimen contra los buenos ciudadanos– y los que no. El frente de batalla real es el de las fuerzas vivas que sostienen los poderes urbanos de discurso neoliberal –las oligarquías locales, un sector de la clase política y de los medios de comunicación– contra los contrapoderes sociales realmente existentes –los colectivos por el derecho a la ciudad y contra la especulación urbanística, las organizaciones por el derecho a la vivienda, el feminismo, el ecologismo de base–, que son parte del tejido al que La Ingobernable contribuye.

Welcome to el Madrid del pelotazo

La Ingobernable ha operado en varios frentes. Por un lado evidenciando y poniendo freno al Madrid de la corrupción y el capitalismo de amiguetes que representan los veintitantos años de gestión municipal del PP. Recordemos: en los últimos días de su mandato y durante lo peor de la crisis, Ana Botella cerró un centro de salud de barrio y cedió su edificio por 75 años de forma gratuita a la fundación del arquitecto argentino Emilio Ambasz para construir un museo de arquitectura. Esta fundación – oh, sorpresa– fue creada por Miguel Ángel Cortés –senador del PP, ex secretario de Estado de Cultura, y de la fracción dura del PP en soporte del aznarismo y de FAES–. Por supuesto no hubo concurso público para ceder un espacio privilegiado como ese en uno de los ejes museísticos más relevantes del mundo. Había que hacer eso sí, tejemanejes para poder derribar el edificio, que en principio estaba protegido por su valor patrimonial. La okupación impidió de facto este oscuro proyecto de privatización de un edificio público. Hoy ya nadie defiende el pelotazo. Ni siquiera el PP.

Las corruptelas del PP son algo más que expropiaciones de lo público; son el aceite que engrasa una máquina de producir dinero para las élites locales que viven del modelo de ciudad neoliberal. El Partido Popular sostiene una red clientelar cuya función última es desviar la riqueza que producimos entre todos para alimentar a esas élites. En este modelo, la gestión pública no está para procurar el bienestar de la población, sino para generar “un buen clima para los negocios” y privatizar todo lo privatizable: servicios, pero también ocio, espacio público, datos o cualquier cosa que pueda llegar a ser rentable. 

El marco productivo que promueve esta red pseudomafiosa es el de la especialización turística-inmobiliaria, que ha funcionado como una auténtica máquina de generar burbujas desde el desarrollismo franquista. Este modelo promueve macrooperaciones urbanísticas –como la Operación Chamartín– y otros proyectos estrella dirigidos por grandes constructoras y bancos o infraestructuras “culturales” –como el fallido Museo Ambasz– que contribuyen a movilizar el mercado inmobiliario. Las consecuencias de este modelo las conocemos en nuestra propia carne en la degradación de nuestras condiciones de vida, cuando gran parte de lo que nos debería sostener va a pagar el precio del alquiler o la hipoteca. Cada vez es más difícil acceder a la vivienda pero también a espacios donde desarrollar vida en común, hacer política o producir cultura. Cada vez es más difícil acceder a un verdadero espacio público, es decir, socialmente producido. Espacios como La Ingobernable representan justamente eso. Cientos de miles de personas han pasado por el edificio desde su apertura hace dos años, y han participado en las más de 200 actividades –reuniones, cursos, charlas– que se producen cada mes. El vecino Museo Nacional Reina Sofía ha realizado actos en colaboración con La Ingobernable reconociendo así la cultura que se elabora en los centros sociales autogestionados: no solo produce ciudad la iniciativa privada o pública, también las comunidades activas; no solo existe cultura o relaciones mediadas por el intercambio económico. La Ingobernable es un laboratorio del común para seguir experimentando cómo escapar a la vida atravesada por la producción de beneficio.

No es por tanto una casualidad que los gemelos PP/C’s se opongan de manera furibunda al modelo de lo público-comunitario que representan los centros sociales okupados y la ciudad inclusiva alejada del mercado que promueven. Cuestiones como la lucha contra la gentrificación, la turistificación o el derecho a la vivienda no se pueden entender sin el impulso de los centros sociales que, como en el caso de La Ingobernable, están arraigados y forman parte del tejido movimentista de la ciudad, que reconstruyen formas de solidaridad, pero también, un tejido de base capaz de funcionar como contrapoder frente  al ataque del neoliberalismo sobre las condiciones de vida. Por tanto, cuando el PP y Ciudadanos quieren derribar espacios como este, también apuntan a ese ecosistema movimentista que lucha por el derecho a la ciudad y por la mejora de las condiciones de vida de la mayoría. El ataque a La Ingobernable no pretende recuperar un edificio para no sé qué museo que poco les importa, sino que supone un verdadero ataque a las organizaciones que se oponen en las calles a su modelo de ciudad. 

Carmena manejó La Ingobernable, no apostó por ella

El ataque de los gemelos diabólicos –PP/C’s– tiene otra dimensión; han entendido perfectamente que ese ecosistema movimentista del que forma parte La Ingobernable contribuyó a llevar a Carmena a la alcaldía. De hecho, algunos de sus concejales habían sido conocidos militantes de centros sociales similares –Pablo Carmona, Guillermo Zapata o Celia Mayer–. PP/C’s no se equivocaron: atacando a La Ingobernable ponían el foco sobre la relación movimientos sociales/gobierno “del cambio”, que pronto se reveló complicada, en cuanto se percibieron las pocas ganas de asumir confrontaciones políticas, necesarias para llevar adelante su propio programa electoral. Al miedo aparente a las decisiones que implicaban enfrentamientos con la derecha y su poderoso entramado mediático, se sumó el extremado “legalismo” de la alcaldesa y de un gobierno municipal que, salvo por algunos concejales comprometidos con La Ingobernable, fue muy tímido a la hora de apostar por el proyecto. Se revirtió la concesión a la Fundación Ambasz sí, pero con un coste de 1,4 millones de euros de dinero público que se dio como indemnización. Aunque, según las condiciones de la cesión, aparentemente, esta podría haber sido revertida sin ningún coste para la Administración ya que se habían superado los plazos estipulados en el contrato para la obtención de los permisos necesarios y para la construcción del museo. Pero el Ayuntamiento decidió no dar esa batalla.

Apostar por sostener el ecosistema movimentista de la ciudad implicaba un compromiso claro del Gobierno de Carmena que podría haber cedido este espacio para la gestión ciudadana –preservando su autonomía y su carácter asambleario– como se ha hecho en otros lugares. Digamos que, por poner un ejemplo, no mostraron el nivel de implicación que demostró Botella con la Fundación Ambasz, porque si hay voluntad política se pueden derribar las posibles barreras legales. Durante algún tiempo se abrieron conversaciones –nunca públicas–, pero las condiciones que el gobierno de Carmena puso sobre la mesa suponían dejar a La Ingobernable bajo la tutela política del Ayuntamiento en vez de buscar una figura política que garantizase la autonomía del proyecto y la posibilidad de desarrollarse como contrapoder urbano, independientemente de quien gobernase en la institución. En otros “ayuntamientos del cambio”, como el de Zaragoza, se firmó un acuerdo con el Centro Social Buñuel al que se le cedió el espacio por cuatro años, pese al revuelo que montó la derecha. En Barcelona, lugar donde este tipo de cesiones tiene ya una historia de larga data, se llegó a elaborar incluso una nueva normativa para dar cobertura legal a las futuras cesiones. 

Incluso algunos alcaldes del PP han reconocido el valor social de estos centros y han acordando con ellos formas de legalización. Esto sucedió con La Eskalera Karacola y el Centro Social Seco, proyectos que fueron realojados por Ruiz Gallardón en locales municipales. En el caso del segundo, Ana Botella acordó además un emplazamiento definitivo. Hoy esa posibilidad parece imposible por cómo se trazaron las líneas de la contienda durante el gobierno de Carmena, pero también por la derechización del propio PP, que no parece dispuesto a buscar ningún tipo de negociación con quienes se opongan a su modelo de ciudad. En este marco será difícil que La Ingobernable resista. Si consiguen su desalojo, se habrá perdido una oportunidad única de preservar un pulmón social imprescindible para el centro urbano para el que hubo tiempo durante la legislatura pasada. Pero ya conocen el dicho: un desalojo, otra okupación.