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Sociólogos, arquitectos, geógrafos y sobre todos activistas llevan décadas entretenidos con el "derecho a la ciudad", concepto que sirve a un tiempo de consigna. En sus discusiones recurren a Jane Jacobs y su descripción del sólido vecindario estadounidense: las comunidades polacas, italianas o judías de las décadas previas a la gran migración blanca a los suburbios. También a Lefebvre, a quien algunos atribuyen la acuñación del término. E incluso a los situacionistas, a propósito de la deriva urbana, de la ciudad como juego y experiencia. De una forma más concreta, el derecho a la ciudad en los años setenta suponía, al menos para los habitantes de las periferias obreras de las grandes ciudades españolas, la simple homologación con lo que entonces era el resto de la ciudad: buenas viviendas en lugar de chabolas y barracones, asfaltado y alumbrado en vez barro y basura, escuelas, institutos, ambulatorios, polideportivos. Sobre estas demandas se articuló uno de los mayores movimientos urbanos de toda Europa, el movimiento vecinal. Sus victorias son todavía lo que en buena medida hacen habitable nuestras ciudades. 

Hoy resulta mucho más difícil concretar qué podría ser eso del derecho a la ciudad. La falta de discusión pública sobre los problemas urbanos y la hegemonía de la cultura del pelotazo (el hecho de que la vivienda sea fundamentalmente un bien de inversión, antes que el lugar que habitamos) hacen realmente complicado que la discusión sobre este derecho ocupe lugar en la agenda urbana. Sin embargo, no resulta difícil saber cuándo este derecho es radicalmente negado. En los últimos diez días en Madrid se han sucedido varios hechos que solo pueden ser juzgados como una supresión del derecho más elemental: el derecho a tener derechos.

El primero es el espeluznante fallecimiento de Mame Mbaye, madrileño. Llevaba 14 años en España, y a pesar de ello se dedicaba a vender en la manta. Ayer, según testigos, fue con otros compañeros objetivo prioritario de un fuerte dispositivo de la policía municipal. Acosados, golpeados y perseguidos desde la Puerta del Sol, llegaron angustiados al barrio de Lavapiés. Mientras huía, Mame le dijo a uno de sus compañeros: “No puedo más. No puedo más”. Pero siguió corriendo para no perder la mercancía que, de ser alcanzado, le hubiese sido confiscada por la policía. Corrió hasta que se desplomó en la puerta de su casa. El SAMUR fue incapaz de reanimarle. El diagnóstico: parada cardio-respiratoria. Con independencia de su estado de salud, Mame hubiera seguido hoy con su vida de no ser por una “redada muy fuerte y bestia”.

En Madrid y Barcelona la policía municipal ha impuesto sobre la cuestión de la manta una posición de fuerza

Las asociaciones de sin papeles y el sindicato de manteros-lateros llevan meses denunciando la presión policial, demasiadas veces ejecutada con exceso de fuerza. Parece que algo tenía que pasar. Y pasó. Quizás no sea hoy el momento para analizar, una vez más, la función de la Ley de Extranjería, válvula con rango de ley que sirve para regular el mercado laboral más precarizado y peor pagado. Tampoco de volver a denunciar que todo monopolio artificial (y los de propiedad intelectual aplicados a marcas de bolsos, ropa y perfume, lo son) tiende a generar su propio mercado negro. Lo que ahora resulta del todo relevante es que, en Madrid y Barcelona, la policía municipal ha impuesto sobre la cuestión de la manta una posición de fuerza, con la que se permite presionar sobre sus propios consistorios, al parecer demasiado débiles como para regular con firmeza este servicio público.

La noche de ayer acabó en disturbios y cargas policiales en Lavapiés. La estúpida certeza de que en Madrid no había violencia policial, racismo institucional y que esta no iba a generar protestas, similares a las de París o Londres, Los Ángeles o Charlotte, se ha disipado de un plumazo. La ofensiva mediática está en marcha. Se habla de “antisistema”, de “infierno”, de “atentados”. Y se desplaza el hecho de la muerte, completamente gratuita, de un chico que llevaba la mitad de su vida en este país.

El segundo hecho, que en realidad son varios, viene dado por los desahucios producidos el pasado 9 de marzo. La ejecución de dos lanzamientos en una ciudad en la que se producen varios centenares no debería ser noticia, a no ser por la pequeña salvedad de que han sido promovidos por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. El primero, en la ya conocida calle de Ofelia Nieto, entre los barrios de Valdezarza y Estrecho, pretendía dejar en la calle a cinco mujeres, una adulta que trabaja limpiando por horas, su hija en paro y tres niñas a cargo de ambas. El desahucio fue aplazado por la presión de los colectivos del barrio. El otro, en Moratalaz, se ejecutó efectivamente en la mañana del 9. A partir de ese día, la situación de esta familia, una pareja con hijos y sin recursos, depende de la acción de servicios sociales. Caso de aplicar el procedimiento estándar podría retirar a los padres la custodia de los menores.

El Ayuntamiento de Madrid ha prometido en repetidas ocasiones que no iba a desalojar a nadie en situación de necesidad, al menos en aquellas viviendas que eran directamente de su competencia. Esta promesa ha sido varias veces incumplida por parte de la responsable de vivienda y servicios sociales Marga Higueras. Se añade a ello la obvia falta de recursos para satisfacer las mínimas necesidades habitacionales del municipio y el desplazamiento de los propios interesados (la PAH) de las negociaciones con los entidades bancarias en posesión de muchas de las viviendas en curso de ejecución de un procedimiento de desahucio. El movimiento de vivienda de Madrid ha promovido la campaña #MartaHiguerasDimisión. Seguramente no le falte razón.

La tercera noticia la conocíamos también ayer. El Ayuntamiento ha tramitado un recurso administrativo para el desalojo del inmueble en su propiedad en la Calle Gobernador. Hace nueve meses, este edificio, antigua sede de la UNED, fue ocupado, para dar cabida al cada vez más popular Centro Social La Ingobernable. El Ayuntamiento ha negado públicamente el propósito de desalojar al centro social, lo que entra en flagrante contradicción con la notificación de la Dirección Nacional de Patrimonio en disposición de los integrantes.

La pérdida de estos espacios es una pérdida social neta y sin paliativos

La Ingobernable no es el único centro social amenazado. En Málaga, la ya veterana Casa Invisible ha sido objeto de una campaña de acoso por parte de la marca local de Ciudadanos. El único alcalde del PP de una gran ciudad, Paco de la Torre, que estaba dispuesto a la cesión del inmueble, ha cambiado de opinión en estos meses por la presión del populismo más estrecho del otro partido de la derecha. Con más de diez años de actividad y reconocimiento de centros de arte de medio mundo, además del apoyo explícito de buena parte de los actores sociales y culturales de la ciudad, La Invisible está hoy también en expectativa de ser desalojada. Por visitas, actividades públicas y reconocimiento social, estos dos centro sociales, como muchos otros, se pueden comparar con ventaja con cualquier otra institución cultural de sus respectivas ciudades. Con independencia de la ideología que se practique, la pérdida de estos espacios, alojados en edificios municipales abandonados y sin uso, es una pérdida social neta y sin paliativos.

Los llamados ayuntamientos del cambio, especialmente el de Madrid, sufren con pésimo humor la tensión entre su asimilación al marco político convencional y las expectativas que les llevaron en volandas al gobierno. Conviene recordar que una parte no pequeña de sus miembros fueron aupados por los mismos movimientos que hoy se comprometen en la defensa de los manteros (y de la mínima dignidad de todo ser humano), el derecho a la vivienda y la defensa de los centros sociales. Una figura como Ada Colau no hubiera tenido lugar caso de no haberse formado, fogueado y proyectado como imagen pública por medio de la militancia en estos espacios; siete u ocho concejales de Ahora Madrid tampoco.

El equipo de Carmena lleva meses agrupado bajo la sombra de la popularidad de la alcaldesa y el inflado índice de valoración positiva de la gestión. Son sin embargo varias las encuestas que sitúan a Ahora Madrid fuera del gobierno, algunas incluso le empujan a la posición de cola, cuarta fuerza. Parece que, en Madrid y seguramente en otras ciudades, resultará imposible volver a ganar los ayuntamientos con una política contraria, cuando no lesiva, de aquellos principios y fuerzas que les otorgaron la victoria en 2015. Esperemos que no sea ya muy tarde para empezar a rectificar.