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Han tenido que pasar cinco años para que la justicia reuniera pruebas suficientes para llegar al núcleo de la financiación ilegal del PP de Madrid. Al fondo de la “cueva de Alí Babá” se encontraba Esperanza Aguirre, junto a sus compañeros en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y Cristina Cifuentes. No estaban solos, los acompañaban otros. Los imputados/investigados en la pieza número 9 de la Operación Púnica llamada financiación del PPCM (Partido Popular de la Comunidad de Madrid) eran hasta el 2 de septiembre 42. Ahora se añaden 29 más. Es decir, tenemos 71: altos cargos de la Comunidad madrileña, directivos del PP y empresarios. El auto confirma que la suma configura al PP madrileño como una organización para delinquir, apoyada por grandes empresas con el objeto de alcanzar y mantener el poder. Y el PP, pese a todo, sigue gobernando la Comunidad de Madrid, solo o en compañía de otros (o de sus votos).

Afirma García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional, que Esperanza Aguirre y Gil de Biedma “sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad”; esto es, la condesa y grande de España (consorte) era la jefa de la banda.

De los cinco presidentas y presidentes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, tres están imputados por corrupción. Quedan dos: Alberto Ruiz Gallardón lo estuvo, pero se libró porque los investigadores no encontraron indicios de que estuviera detrás de la compra por el Canal de Isabel II de una empresa pagando un sobreprecio. Y sobre la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, pende la sospecha de haber utilizado en beneficio propio y de sus familiares la empresa pública Avalmadrid. 

La imputación de Aguirre, Cifuentes y sus secuaces es especialmente grave si recordamos que Díaz Ayuso, ex community manager del perro de Aguirre, la tomó como referente político: “Voy a trabajar con la misma pasión que Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Mujeres valientes, ganadoras y que han convertido a Madrid en una región abierta, moderna, libre”, dijo Ayuso en su cuenta de Twitter el 14 de enero pasado. “Es un valor en política y me gustaría tenerla cerca”, completó ese mismo día en Onda Cero refiriéndose a Aguirre. No era un simple cumplido. En sus nombramientos ha rescatado a varios dirigentes del PP que trabajaron codo a codo con los ahora imputados. 

Siempre que hay un corrupto hay un corruptor. En este caso, los que aportaron el dinero para financiar ilegalmente al Partido Popular de Madrid. No cabe restar importancia a este lado de la trama, generalmente silenciado. De entre los imputados ilustres destaca por su relevancia Javier Monzón, expresidente de Indra, presidente no ejecutivo del Grupo PRISA y de Open Bank (filial digital del Santander), además de consejero áulico de Ana Patricia Botín. Las sospechas de que Monzón ha colaborado durante años en una organización criminal de mordidas, favores y facturas falsas salpican además al mayor banco de España y al segundo mayor conglomerado de comunicación. No hace mucho, los medios de PRISA han sido críticos en sus editoriales con esta faceta de la corrupción. Pero, de momento, Monzón ni ha dimitido ni ha sido apartado de sus cargos.

No acaba con Indra, que se prestó a trasvasar dinero público obtenido de la Comunidad a las arcas del PP, la corrupción empresarial del caso. El entonces presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid, Arturo Fernández, aportó dinero al PP, y se benefició de la adjudicación de contratos públicos. Llegan a 11 los empresarios o directivos de empresas acusados por el juez. Esto, junto a los innumerables casos destapados hasta ahora, pone de manifiesto la connivencia empresarial para sustentar en el poder al partido más corrupto de Europa.

El arsenal probatorio incautado por los investigadores se topará de frente con la experiencia adquirida por el PP para soslayar las implicaciones de su núcleo duro mediante el apartamiento de cada uno de los compañeros que van cayendo. Pero este auto es más que la enésima confirmación de la podredumbre del PP. Se trata de un puñetazo a la credibilidad del sistema político, financiero y mediático, y será todavía más grave si las empresas y partidos implicados (incluido Ciudadanos) no exigen responsabilidades a los imputados y a quienes se beneficiaron de ellos.