Hace unas semanas hablábamos aquí de la máquina del fango, expresión italiana que resume la estrategia político-mediática consistente en desviar la atención de tus problemas girando el foco hacia tus oponentes a partir de una acusación más o menos verosímil --cierta o falsa, eso es indiferente--, y en tratar de aniquilarlos después con una campaña de prensa --y si se tercia, judicial-- coordinada y masiva.

¿Qué intentaba ocultar la máquina del fango al convertir, el día de la constitución de los nuevos ayuntamientos españoles, a un tuitero compulsivo en una celebridad mundial --entrevistada nada menos que por The New York Times--? ¿Qué llevó al PP, al PSOE, a CiU y a sus medios afines a denunciar, gritar, sacar fotos de Auschwitz en TV y propinarnos un curso acelerado sobre el genocidio judío?

¿Fue acaso la convicción de que la nueva izquierda esconde, bajo sus capas bolivariana y cristiana de base, una esencia violenta, xenófoba y antisemita? ¿El hallazgo de una pulsión proetarra y filonazi entre los integrantes de Ahora Madrid?

Se diría que sí, ya que el pasado 24 de junio, la muy disciplinada y reaccionaria fiscal de la Audiencia Nacional Blanca Rodríguez decidió pedir la imputación de Guillermo Zapata por sus tuits de 2011, acusándolo de ofender a las víctimas del terrorismo, del Holocausto, de Alcácer --y si hubiera hecho falta, del crimen de Cuenca.

Por supuesto, la máquina del fango sabe que Zapata no es antisemita ni violento, pero hoy se siente frustrada porque su campaña de “character assassination” no cumplió el objetivo, y porque además el elocuente auto del juez Pedraz devolvió la coz al remitente al señalar que, si se persiguiera a Zapata por un delito de odio tuitero, habría que cerrar las redes sociales y/o procesar a media España.

Lo malo es que la frustración de esta indignada cruzada del amor y la pureza --la cosa es tan cómica que recuerda al intento de Berlusconi de crear el Partito del Amore para legitimar así sus escarceos con menores y prostitutas-- ha sido doble.

Esta semana, el supuesto escándalo Monedero, que convirtió durante meses al dirigente de Podemos en el Luis Bárcenas de la izquierda radical (?) gracias a la histeria de los medios de la derecha --empezando por El País y terminando por la TDT party--, ha quedado finalmente en nada.

El caso Monedero ha sido archivado por los jueces, aunque por supuesto la armada setentayochista ha tratado de ocultar el revés, quizá para mitigar la vergüenza --sobre todo ajena-- que producen sus estériles vociferaciones.

Lo cierto es que esos dos linchamientos sumarios no buscaban la rendición de cuentas política o judicial.

Se trataba, en primer lugar, de hacer saber a los novatos cómo nos las gastamos aquí, en el poder. Y, en segunda instancia, de desviar la atención del público crucificando a dos chivos expiatorios para aparentar que todos somos iguales y desprestigiar y condicionar a sus formaciones políticas. En tiempos de Mussolini, esta táctica se conocía como “castigar a uno para educar a ciento”. Con la Democracia Cristiana y el PS de Craxi y más tarde, durante el berlusconismo, la fórmula se acuñó así: “Todos culpables, ningún culpable”.

Campaña de odio y saña contra Tsipras

El “difama que algo queda” es tan viejo como la política. Y a veces acaba convertido en bumerán. Lo hemos visto funcionar a la máxima potencia y con grandes dosis de neurosis y surrealismo en las últimas semanas, a nivel europeo, con el Gobierno griego de Alexis Tsipras como víctima propiciatoria. Los medios afines al poder nacional y europeo han superado todas las marcas de la infamia y la injerencia tratando al Ejecutivo de Atenas como a un grupo de desharrapados ignorantes y pedigüeños. Pero, al hacerlo con tanto odio y tanta saña, con tanta mala fe, las costuras y el verdadero rostro de esta abominable Europa merkeliana han quedado a la vista de todos: la Unión Europea Bancaria, Alemania y el coro de medios serviles que los defienden nunca habían estado tan desacreditados.

De repente, en apenas unas semanas, la ilusión de la democracia y la solidaridad de la UE se ha hecho añicos: vivimos, ahora lo sabemos, a las órdenes de un club sádico, autoritario y antidemocrático, que tolera todo a los corruptos y a los populistas de derechas y machaca hasta la humillación a los más débiles y a los opositores de izquierdas. Mientras se bombardea a Atenas con falsas noticias y columnas incendiarias, nadie en Bruselas ni en las capitales sumisas a Berlín alza la voz por los desmanes fascistas de Viktor Orbán en Hungría, por la deriva ultra del poder en Polonia o por la entrega de armas a los neonazis ucranianos.

Pero volvamos a la casilla de salida. ¿Qué intentaba ocultar la pequeña máquina del fango españolaza al atacar ferzomente a Monedero y más tarde a Zapata? ¿A quién protegía y beneficiaba el vocerío de ese aterrador ejército de columnistas de a 300.000 euros anuales, millonarios editores editorialistas, escandalizadas monjas laicas y tertulianos bien trajeados con y sin gomina?

La respuesta se puede resumir en una palabra: Púnica. O en dos: Púnica y Gürtel.

Se trata de las dos mafias, la primera más cutre y grasienta, la segunda más de alto standing, que han gobernado Madrid –y Valencia-- desde hace 25 años. Las dos nacieron al rebufo de las mayorías absolutas de José María Aznar, Esperanza Aguirre --y Paco Camps--, y siguieron medrando con las de sus dos peores enemigos, Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón. Las dos han dirigido, y en parte dirigen todavía hoy, gran número de ayuntamientos madrileños, la Comunidad, la Asamblea, la Mesa y sus comisiones. Las dos han gozado del favor de la Cámara de Cuentas, y copado las direcciones generales de la administración regional. Las dos han tenido medios y periodistas a sueldo, y han llenado de amigos los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial, la Audiencia Nacional, el Supremo.

Esa gelatinosa maraña política, mediática, jurídica y empresarial que todavía gobierna parcialmente la capital de la marca España lleva 25 años trabajando en la opacidad y la impunidad, haciendo y deshaciendo a su antojo, incumpliendo y sorteando leyes, repartiendo cargos y dinero público entre parientes y amigos, promulgando normas que favorecen a particulares contra el interés general, cobrando comisiones en cada contrato y subcontrata, regando sobresueldos a locutores y reporteros, evadiendo impuestos, lavando dinero negro, especulando con terrenos públicos, dejándose dictar planes de urbanismo a medida y ocultando información de forma sistemática a la oposición y a los ciudadanos.

Estas dos organizaciones criminales, pobladas de ardientes defensores a deshoras de los judíos y las víctimas del terrorismo, constituyen, con los EREs falsos del PSOE andaluz, y las tres décadas de saqueo del molt honorable Pujol y familia(s), las mayores tramas de corrupción de la democracia española.

Para beneficiar a los empresarios, editores y constructores cuyos nombres todos conocemos, la caterva madrileña de supuestos servidores del Estado ha contado con la protección permanente del Partido Popular, la colaboración variable del PSOE y algún regalo u omisión puntual de Izquierda Unida. Y en el camino ha destruido las reglas del juego democrático y las buenas prácticas de la Administración, inventando otras a medida sobre la marcha.

Según se desprende de los sumarios judiciales, estas mafias urbanísticas, educativas y sanitarias han nombrado presidentes de altos organismos públicos que no cumplían los requisitos reglamentarios; y han prevaricado, amenazado, conculcado derechos y libertades, espiado, robado, engañado y manipulado sin dejar un solo sector económico por explotar.

Han intentado privatizar el agua a través del Canal de Isabel II (la operación fracasó cuando se intervino Bankia, aunque se siguieron todos los pasos necesarios hasta ese momento). Han destrozado los servicios sociales y la cultura, persiguiendo y maniatando fiscalmente a miles de artistas y creadores. Han entregado a su red de amigos y padrinos cuantiosos contratos en educación y sanidad. Y han favorecido sin pudor a los grupos religiosos más ultras (y antisemitas, por cierto) en las concesiones de solares y colegios concertados.

Esa gentuza ha extendido sus tentáculos hasta las más altas esferas del Estado, y de hecho intentó implicar al anterior monarca en operaciones especulativas como la de Eurovegas. La gelatina madrileña consiguió que Juan Carlos I recibiera al empresario tejano Sheldon Adelson, y ahora lleva meses intentando, según confirman fuentes solventes, que Felipe VI reciba al empresario chino Wang Jianlin, dueño de Wanda y nuevo codueño del Atlético de Madrid, al que la mafia intenta convencer para que construya casinos y centros comerciales y de ocio en los 12 millones de metros cuadrados más sucios del territorio español: Venta la Rubia, en Alcorcón, donde poseen terrenos cinco docenas de empresas, constructores y testaferros ligados a las mafias que gobiernan la capital desde hace 25 años.

Este poder en la sombra ha nombrado dirigentes y consejeros en las Cajas de Ahorro y las fundaciones de esas cajas. Ha encargado la comunicación y el prestigio on line de sus líderes, empleados, consejeros y alcaldes a empresas como Eico y Madiva, propiedad del imputado Alejandro de Pedro, el hombre al que Florentino Pérez pagaba 300.000 euros anuales por cuidar de la reputación de Bale.

Ha intercambiado favores y contratos millonarios con Indra, Telefónica, Bankia, Société Generale y otros gigantes y filiales con el dinero de todos. Ha organizado viajes a Roma, Las Vegas, China, Singapur y otros lugares remotos con el dinero de todos. Ha invitado a periodistas, amigos y opositores a esos viajes con el dinero de todos. Ha cooptado a diputados y concejales de la oposición y concedido prebendas y fielatos con el dinero de todos.

En 25 años, las tramas han construido miles de kilómetros de carreteras regionales, comarcales y radiales, líneas de metros, hospitales, cercanías y tranvías que casi nadie usa; han reformado y levantado aeropuertos, ciudades deportivas y torres dignas de Kuala Lumpur. Y han garantizando a los constructores indemnizaciones millonarias si los negocios salían mal.

Algunas de esas obras han mejorado la vida de los madrileños. Faltaría más. Pero el objetivo de las mafias nunca era ese. El primer objetivo era el saqueo de la administración pública. Y el sobreprecio que hemos pagado los contribuyentes ha sido tan alto que ni siquiera existe una forma veraz de calcularlo.

Las fuentes consultadas para este artículo no aciertan a precisar cuánto dinero público han despilfarrado, malgastado y desviado las hienas de la Gürtel y la Púnica en los últimos 25 años. Pero quienes mejor conocen ambos casos estiman la depredación en decenas de miles de millones de euros. Para hacerse una idea de la cuantía de la caja que han manejado, el presupuesto de la Comunidad de Madrid roza los 20.000 millones de euros anuales. Si se suman los de los ayuntamientos de la región controlados durante más de dos décadas por el Sistema, la cifra casi se duplica: 40.000 millones al año.

La mafia que manda en una de las capitales más corruptas y desiguales de Europa no ha sufrido, por supuesto, la Gran Depresión. Al revés. Las últimas filtraciones han revelado que hace solo un año, el consejero y mano izquierda de Aguirre, Francisco Granados, ya dimitido por la revelación de sus cuentas suizas, seguía ideando formas de llevarse el dinero de todos e intrigando con el ministro Luis de Guindos para colocar a sus amigos en la privatización de la última joya de la corona estatal, AENA.

El mal gobierno

El informe titulado El coste del mal gobierno (ver PDF adjunto al fondo de esta página), elaborado por el Grupo de Administraciones Públicas de UPyD en mayo pasado, calcula que durante los últimos cuatro años las administraciones españolas han gastado de forma inútil o evitable (duplicidades, rigidez, sobrecostes, mala gestión) 109.700 millones de euros; y que, sumando a esa partida la corrupción y el despilfarro, se han malversado al menos 220.000 millones de euros en ese cuatrienio. Un 20% del PIB.

Este dato explica, en buena parte, por qué la máquina del fango ha tratado a la formación fundada por Rosa Díez como a un apestado. Y por qué ha ensalzado hasta la náusea la tercera vía de Ciudadanos, que ha permitido al muy corrupto PP de Madrid y al no menos podrido PSOE andaluz seguir gobernando en esas autonomías.

Madrid está a la cabeza, con Valencia, Baleares, Cataluña y Andalucía, del irreparable daño causado por las distintas tramas ligadas a los grandes partidos al erario público, la igualdad y el prestigio de España en el exterior.

En esos últimos cinco años, mientras un tercio de los niños madrileños caía en la malnutrición y la pobreza, la máquina de robar y regar entre las familias de la Gürtel y la Púnica siguió trabajando a toda pastilla. Para mayor tranquilidad, el PP decidió que los plenos de la Asamblea de Madrid se celebraran de madrugada; así la prensa no podía informar cómodamente de los debates, omisiones y decisiones más delicados.

Cifuentes, Gallardón, Aguirre

Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad gracias a los votos de Ciudadanos, ha sido diputada del PP en la Asamblea desde el año 1991. Y hasta la reciente campaña electoral, no consta que levantara la voz o votara en contra de las corruptelas de su partido. Cifuentes fue la vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea al inicio de la anterior legislatura, hasta que fue nombrada delegada del Gobierno. Era una de las tres personas que decidía cuándo y de qué asuntos se hablaba en los plenos. La oposición llegó a presentar hasta seis recursos al Tribunal Constitucional (de momento ha ganado cinco) para que los diputados madrileños pudieran debatir sobre corrupción, cajas, comisiones de investigación y control de ayuntamientos.

El día a día en la Asamblea madrileña era puro dadaísmo. Un exdiputado de la oposición recuerda que los parlamentarios eran informados verbalmente de su sueldo al tomar posesión porque el PP no quería que se publicara la nómina oficial. La razón, explica este exdiputado, es que los parlamentarios recibían, “desde muchas legislaturas atrás”, un salario extra de 800 euros libres de impuestos, camuflados como dietas.

Ese símbolo de opacidad es poca cosa si se compara con otras prácticas habituales. Una fuente parlamentaria de la Asamblea de Madrid explica que, durante el mandato de la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, a quienes todos en la red y las instituciones locales llamaban La Jefa, los constructores que recibían una adjudicación de obra pública debían destinar un 1,5% * del valor del contrato a promocionar esa obra.

En realidad, cuenta este exdiputado regional, ese dinero se dedicaba sobre todo al autobombo de La Jefa. Por ejemplo: una adjudicación de 7 millones de euros dejaba 70.000 euros a discreción del equipo de prensa de la presidenta para glosar las bondades de Aguirre. Su directora de comunicación, Isabel Gallego, está hoy imputada en la Púnica. Parecería lógico que los medios que se beneficiaban de esas partidas discrecionales corran a comunicárselo al juez. De momento, no hay noticias de que haya sucedido tal cosa.

La cohabitación por turnos entre Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón consolidó dos décadas de gasto faraónico en Madrid. Gallardón y su tuneladora dejaron en el ayuntamiento capitalino, tras siete años de gestión, un agujero de 7.000 millones. El actor Danny De Vito, de visita en la capital, resumió aquella época de pelotazos y obras sin fin con una frase genial: “¡Qué bonito es Madrid, ojalá encuentren el tesoro!".

La actual corporación municipal ha comenzado la auditoria del periodo 2003-2010, y ha detectado que Gallardón montó un ayuntamiento paralelo: en siete años los puestos de libre designación pasaron de 483 a 1.525. Por el camino, Gallardón fracasó tres veces en las candidaturas olímpicas. Pero el gran agujero negro del exministro de Justicia pro-vida y pro-tasas es el soterramiento de la M-30, que quintuplicó el presupuesto inicial y acabó superando los 5.000 millones de euros.

Lo que nadie podrá negarle a Gallardón es que repartía juego y se dejaba asesorar por los que sabían. Según se cuenta todavía en el área de urbanismo del Ayuntamiento, era el propio Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, quien dividía entre los constructores los tramos de obras que se adjudicaría cada uno de ellos. Ni siquiera suena raro: según ha publicado recientemente el As, Pérez remató en su casa el reciente decretazo que reparte los derechos del fútbol y perpetúa el poder de Barça y Madrid en la Liga española. 

Aunque los sumarios de la Púnica y la Gürtel han dejado perlas inolvidables, quedan todavía muchas cosas por descubrirse de esos años sucios y felices. Aguirre, la mujer que lideró la cacería del concejal tuitero con la ayuda del 90% de la prensa nacional, fue acusada hace años por su gran rival en el PP de haber montado un sistema de espionaje para controlar al entonces alcalde madrileño y a sus colaboradores.

El sistema lo dirigía, según los jueces, el que fue jefe de seguridad de Aguirre en el Senado, Sergio Gamón, que era director del Área de Seguridad en la Comunidad de Madrid cuando se produjo el espionaje. Fuentes parlamentarias madrileñas aseguran que ese caso de espionaje es mucho más grave de lo que se ha contado y llegó a comprometer la privacidad y la seguridad de las más altas instancias del Estado. La acusación se basa en la declaración de una persona que escuchó las grabaciones realizadas por Gamón. Según diversas fuentes, antes de testificar en el juicio esa persona fue amenazada por la red mafiosa. Finalmente, no soportó la presión y no contó al juez lo que sabía. Venció la omertà. Los indicios parecen suficientemente graves como para que la Fiscalía General del Estado actúe de oficio y reabra el caso, garantizando esta vez la seguridad de todos los testigos.

Las diligencias judiciales de la Operación Púnica, que investiga a docenas de políticos, funcionarios y empresarios por fraude fiscal, falsedad documental, blanqueo y prevaricación, acaban de ser puestas a disposición del público por la web Filtrala.org. La lectura de esos 51 tomos explica cómo el sistema de poder implantado por el PP en Madrid destrozó y pudrió los cimientos de las instituciones activando una trama clientelar, privatizadora y corrupta destinada a financiar a personas y medios afines, con el objetivo de mantener al PP de forma indefinida en el poder saqueando de paso las arcas públicas en beneficio propio.

Tangentopolis sin jueces

Los procesos en marcha constituyen una gigantesca Tangentopolis madrileña. Pero Madrid 2015 no se parece nada a la Milán de 1992. Aquí no hay jueces ni independencia suficientes para tanto forajido. El PP ya ha conseguido colocar a magistrados cercanos en los puestos clave para tratar de manejar los tiempos y limitar los daños. Y conocerá antes que nadie las noticias de nuevos delitos porque también ha colocado topos en los lugares necesarios.

La cada vez más escasa autonomía de la judicatura, y la expansión de la metástasis mafiosa por todas las estancias del poder requieren que la prensa insumisa a esas redes delictivas y a sus padrinos dediquen la máxima atención a este asunto. Los ciudadanos necesitamos saber qué ha pasado exactamente en Madrid en estos años de enriquecimiento de las elites, desaparición de la clase media y brutal crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Es preciso hacer balance e inventario del desastre; conocer con todo detalle cómo la democracia, las instituciones y el futuro fueron secuestrados por una banda de delincuentes protegidos por las siglas de los que todavía hoy son los mayores partidos nacionales.

Por una cuestión de higiene ética y democrática, el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, debería comparecer en el Parlamento y explicar qué supo y sabe de estas tramas. No lo hará, y si lo hiciera sería para mentir con el mismo descaro con el que mintió al negar que conociera la contabilidad paralela creada por su tesorero Luis ‘sé fuerte’ Bárcenas. Lo que nunca podrá negar Rajoy es que las docenas de malhechores encarcelados e imputados son en su inmensa mayoría afiliados y dirigentes del Partido Popular, llevan 25 años trabajando bajo el amparo del partido y han desviado en ese tiempo miles de millones de euros del erario público.

Pese a su apariencia local, estamos ante un gigantesco escándalo de Estado. Nadie debería olvidar que esa ingente masa de dinero, de haber sido utilizada de forma decente y para el bien común, habría evitado buena parte del sufrimiento infligido por las políticas de austeridad que la canciller Merkel y el servil Partido Púnico español han impuesto a los ciudadanos mientras los ricos se hacían un 40% más ricos.

Esta es la verdad que Rajoy, Aguirre, Pujol, Mas y sus secuaces de la prensa llevan tres años tratando de ocultar bombardeándonos con escándalos menores o ficticios y con procesos independentistas más o menos infundados y postizos. Y este es el asunto al que el PSOE, si aun quiere ejercer de oposición en vez de prepararse para la Gran Coalición, debería dedicar todos sus esfuerzos.

Si no lo hace --y el cese de Antonio Miguel Carmona sugiere que no lo hará--, Rajoy y Mas, cómplices y consumados actores de la tragicomedia ‘Se rompe España’, y sus medios berlusconizados nos introducirán otra vez en la gran burbuja mediática de la muy improbable independencia de Catalunya.

Ya sabemos que nuestros dos líderes máximos son socios en las buenas y en las malas, y tienen mucho que perder y muchísimo en común, aunque uno lea el Marca y otro El Mundo Deportivo. Los dos son católicos, nacionalistas y de derechas de toda la vida; ambos están implicados por acción o por omisión en la corrupción, el austericidio y el saqueo, y los dos se han habituado a mentir hasta a sus médicos y a no asumir la menor responsabilidad política. Así que es mucho mejor no caer en sus trilas y olvidar sus banderas y sus himnos: una pareja así es capaz de cualquier cosa con tal de que hablemos de otra cosa y miremos a otro lado.

Feliz verano a tod@s. Y, como dice el Cholo, "no consuman".  

* Fe de errores. Esperanza Aguirre obligaba a las empresas a dedicar el 1,5% de cada obra adjudicada a promoción y publicidad, y no el 1% como se afirmaba en la primera versión de este artículo. El dato lo confirmó CTXT gracias a este documento inédito, el pliego de condiciones que la CAM hacía firmar a las contratistas, que fue publicado en este artículo del 1 de noviembre.