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La investigación de la denominada trama Púnica ha pinchado en hueso. Y no solo por la imputación de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, hasta ahora mito ético del PP madrileño, sino más bien porque el próximo 4 de octubre acudirá a declarar como investigado el expresidente de Indra y, hasta ahora, presidente no ejecutivo del Grupo Prisa y de Open Bank (filial digital del Banco Santander), Javier Monzón, uno de esos hombres de Estado –o estadistas público-privados– cuyo perfil dice mucho de la élite de poder española y de los sectores económicos dominantes.  

Monzón podría considerarse miembro de lo que el sociólogo Michael Useem definió en los años ochenta como el inner circle, o círculo central del mundo de los negocios: un conjunto de líderes que acumulan tantos consejos de Administración y posiciones sociales clave que se convierten en una suerte de responsables de un Estado privado, ese que a través de sus fundaciones y think tanks reivindica el libre mercado pero que, en la práctica, cuenta con el dinero público como una de sus principales fuentes de beneficios. Las posiciones y los contactos clave de Monzón le permitirían saltar de una a otra empresa del índice Ibex 35 sin tener que salirse de esta densa red capitalista.  

Economista de alta responsabilidad en Caja Madrid en los años ochenta, Monzón participó activamente en el inicio de la internacionalización de Telefónica bajo la presidencia de Cándido Velázquez y, después de su paso por la auditora Arthur Andersen –ahora integrada parcialmente en Deloitte–, protagonizó su primer gran salto profesional con la fundación de Indra, gigante tecnológico privatizable con vocación de constituir un gran grupo español de Defensa con numerosas ramificaciones tecnológicas, como el control del tráfico aéreo o los procesos electorales, entre otras. La experiencia profesional internacional, la cualificación y los contactos de su primer presidente contribuyeron a impulsar esta compañía clave en un capitalismo financiero en plena revolución tecnológica, lo que haría del perfil de Monzón un activo imprescindible en la red de las grandes empresas de matriz española. 

A diferencia de otros directivos técnicos colocados en los años ochenta y noventa por el poder político socialista para impulsar la modernización de las empresas estatales –culminando el proceso con su privatización–, Javier Monzón resistió después de 1996 el asalto de los ministros del Partido Popular a las grandes entidades participadas por el Estado. Con ello, este directivo había pasado a convertirse en uno de los representantes de los poderes fácticos, transversales al régimen bipartidista español. 

La importancia estratégica de su posición social rima con contactos personales clave: en primer lugar, su amistad con el ahora rey emérito, corona de la élite de poder española en las décadas pasadas; en segundo lugar, con la proximidad al expresidente Felipe González, cuyo Gobierno le aupó en 1993 al puesto de presidente de Indra. Esta adquirió en 2013 Oyauri Investment, sociedad de la que el expresidente del Gobierno socialista era accionista junto, entre otros, a Joaquín Moya, excompañero de Monzón en la dirección de Indra y copropietario en su momento de Tagua Capital con el propio González. La absorción de Oyauri Investment trajo aparejada la contratación de Pablo González Romero, fotógrafo de profesión e hijo de Felipe González. 

La biografía oficial del alto ejecutivo que se puede leer en la web de Prisa afirma que Monzón “está fuertemente comprometido en el apoyo a emprendedores, la educación y la innovación”, y recuerda que ha sido vicepresidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III. Ahora es Presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación CyD (Conocimiento y Desarrollo), patrono de la Fundación Princesa de Girona, patrono-consejero de Endeavor en España y miembro del Consejo Asesor internacional de Brookings.

Cuando se ocupan posiciones de la máxima centralidad en el círculo de poder empresarial, el avance se torna exponencial: Ana Patricia Botín ha contado con Monzón como estratega en el infinito proceso de transformación digital del Grupo Santander, y lo invitó en 2015 a ser consejero del banco y responsable del comité de riesgos, y a ocupar más tarde, en 2018, la presidencia de su filial de banca online, Open Bank. Asimismo, el expresidente de Indra ha representado, hasta 2016, los intereses de ‘los Albertos’ –primos y ex parejas de las hermanas Koplowitz presentes en todos los mejunjes accionariales posibles, con socialistas o populares– en la constructora ACS, presidida por Florentino Pérez. Monzón ha participado, también, en Ferroglobe –perteneciente al imperio del marqués de Villar Mir, también investigado por la Púnica–, y en el gigantesco grupo de armamento Lagardère, un holding de matriz francesa e intereses mediáticos muy diversificados. 

Alta tecnología, armamento y defensa, construcción, medios y finanzas son algunos de los pilares más importantes de la élite empresarial española y, al mismo tiempo, los mayores hitos del currículum profesional de Javier Monzón. Este carácter ‘sistémico’ se puso de manifiesto cuando se produjo su abrupta salida del grupo Indra, al final del primer mandato del gobierno Rajoy, en medio de la polémica por una abultada deuda, por la contratación de un avión privado sin comunicación alguna al consejo y por el comienzo de las pesquisas de los contratos y favores que ahora está investigando la Justicia. Su sustitución por otro de los hombres del círculo de poder, Fernando Abril-Martorell, alto directivo de Telefónica, exvicepresidente de Prisa e hijo de uno de los ministros más importantes de la Transición española, denota otra característica de la élite ejecutiva en España: la eterna fusión y confusión entre intereses político-estatales y los de unas grandes empresas íntimamente ligadas a la clase política fundacional de la democracia.  

Su entrada en el consejo y en la presidencia del Grupo Prisa, gracias al apoyo del Banco Santander y a sus vinculaciones previas con este gran grupo mediático, se produce en lo que parece ser el ocaso en la carrera profesional de Monzón, imputado ahora por haber convertido a Indra en un supuesto instrumento para el desvío de fondos de la Comunidad de Madrid destinados al PP madrileño. Esperanza Aguirre había hecho de Cajamadrid un pilar de expansión de su poder político regional y la entidad madrileña había llegado a ser la mayor accionista de Indra. El partido madrileño ejercía como bisagra responsable de la contratación pública al servicio de la cuenta de resultados de grandes compañías que, a su vez, habrían contribuido de manera desprendida a los fondos para las campañas electorales de los populares. El modelo económico español, trucado para que el libre mercado sonría casi siempre a los mismos, se sienta en el banquillo: después del BBVA, Indra y su presidente esperan veredicto. La independencia judicial, quimera hasta el momento de nuestro sistema democrático, tiene mucho que demostrar todavía.