En artículos anteriores defendimos la reducción de jornada como una vía hacia la igualdad. Aunque esta propuesta había perdido protagonismo en el debate público, cada vez hay más iniciativas en este sentido. La última ha sido la del Partido Laborista del Reino Unido que, en palabras de su candidato a ministro de Economía y Hacienda (John McDonnell), se compromete a conseguir una jornada laboral semanal a tiempo completo de 32 horas en el plazo de una década y sin reducción salarial.

La estrategia laborista para conseguirlo se basa en tres puntos. En primer lugar, eliminar la posibilidad de descuelgue de la directiva europea sobre el tiempo de trabajo, la cual incluye elementos básicos como el límite de 48 horas de trabajo semanal (incluyendo horas extraordinarias), un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas cada 24 horas y de 24 horas de descanso semanal, el derecho a pausa en las jornadas superiores a las 6 horas o al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. A ello se suma la promesa de añadir cuatro días festivos más al calendario laboral.

En segundo lugar, proponen reforzar la negociación colectiva sectorial, derogando la Ley de Sindicatos (Trade Union Act), e incluir en las negociaciones sobre los convenios colectivos las horas de trabajo, de tal forma que estas se incluyan en los acuerdos sectoriales legalmente vinculantes pero dando autonomía a empleadores y sindicatos para encontrar las fórmulas de reducción de jornada que mejor se adaptan a cada sector.

Por último, proponen crear una Comisión del Tiempo de Trabajo (Working Time Commission) con la capacidad de analizar la situación del mercado laboral y proponer medidas legales para conseguir la reducción de jornada sin incrementar el desempleo.

Este plan se enmarca dentro de un programa más amplio de medidas para abordar la precariedad laboral. Entre ellas se encuentra la prohibición de los contratos de cero-horas, en los que los empleadores no se comprometen a garantizar ningún número de horas a la semana mientras que los empleados tienen que estar disponibles para trabajar. De esta forma se pretende reequilibrar el tiempo de trabajo entre los que se encuentran sobreempleados (largas jornadas) y los que se encuentran subempleados (contratos a tiempo parcial involuntario).

Junto con otras como equipar los derechos de todos los tipos de contratos, elevar el salario mínimo interprofesional para todos los trabajadores mayores de 18 años al nivel mínimo para garantizar que los trabajadores cubren todas sus necesidades básicas (al menos 10 libras por hora para 2020). Incrementar la prestación de los permisos de paternidad y ampliarlos hasta cuatro semanas o reforzar la protección frente al despido improcedente de las mujeres, así como la ampliación de los servicios públicos universales (Universal Basic Services) mediante un fuerte programa de inversiones.

Estas propuestas, de llevarse a la práctica, rivalizan con la experiencia francesa de la reducción del tiempo de trabajo, las conocidas leyes Aubry (1998-2000). La ley Aubry I (1998) estableció de la semana laboral de 35 horas para las grandes empresas privadas en el año 2000 y para las pequeñas empresas (menos 20 trabajadores) en 2002. Además, incluía una serie de incentivos fiscales para las reducciones inmediatas en horas trabajadas vinculadas a la creación de empleo, así como una gama de ordenación del tiempo de trabajo que debían ser acordadas entre los empleadores y los representantes de los trabajadores. La ley Aubry II (2000), si bien mantiene la referencia a la semana laboral de 35 horas, incluye reducciones importantes en las cotizaciones sociales, especialmente en las próximas al salario mínimo para las empresas que aplican un acuerdo de 35 horas semanales. Asimismo, se incluía la posibilidad de cómputo anual del tiempo de trabajo a jornada completa (1.600 horas), lo que favorecía la reordenación del empleo en vez de nuevas contrataciones y un máximo de 130 horas extras pagadas con un bonus del 10 % o 25 % y el período de transición para las pequeñas empresas hasta 2002.

Los efectos sobre el empleo de esas leyes se han discutido ampliamente, pero la cuantificación más aceptada es la creación directa neta como consecuencia de esos cambios legislativos de unos 350.000 puestos de trabajos en cuatro años (desde 1998 a 2002, los años con mayor creación de empleo en la historia reciente de Francia). A esto hay que añadir que los trabajadores a tiempo parcial vieron incrementar su jornada y que se produjo un incremento del tiempo personal para unos 8 millones de asalariados franceses. La principal conclusión es que la creación de empleo se concentró en los años 1999 y 2000 cuando se incluían incentivos condicionados y específicos para la creación de empleo junto con acuerdos colectivos. En los años posteriores esas medidas fueron diluyéndose por la introducción de incentivos sin condicionalidad o directamente contradictorios con la reducción de jornada.

En resumen, la experiencia francesa muestra que es factible y deseable introducir políticas orientadas a la reducción del tiempo de trabajo, ya que tienen un efecto general positivo, pero a su vez dependen crucialmente de cómo se diseñen esas mismas políticas. Por ello la propuesta del Partido Laborista se encuentra bien orientada, estableciendo unos derechos mínimos y reforzando el papel de los agentes sociales mediante la negociación colectiva, pero requerirá de un apoyo significativo por parte de la sociedad británica. 

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Luis Cárdenas del Rey es investigador asociado al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y miembro de La paradoja de Kaldor.