El 2 de julio de 2018, tras haberse postulado como candidato en tres procesos electorales (2006, 2012 y 2018), Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones a la Presidencia de la República de México al frente del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). En las últimas décadas, los mexicanos habían sufrido diversos fraudes en las elecciones presidenciales cuando las perspectivas de cambio se hacían más presentes. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas sufrió uno de ellos. En 2006, el propio AMLO experimentó otro en el que, con una supuesta diferencia del 0,56%, no se aceptó hacer un nuevo recuento. De este modo, cuando en julio de hace un año AMLO venció, a muchos mexicanos les parecía insólito que “permitieran” ganar a un hombre que había prometido en campaña una “Cuarta transformación”. Para AMLO, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, había llegado la hora de afrontar un nuevo cambio profundo, “pacífico y ordenado”, del sistema social imperante. La propuesta parecía aún más insólita ante la coyuntura latinoamericana, con el derrocamiento de gobiernos progresistas en Argentina, Ecuador o Brasil (y el ascenso al poder de la ultraderecha en este país), y el recrudecimiento de las embestidas imperialistas contra otros, como Venezuela, Cuba o Bolivia. Aún así, AMLO ganó con tanta holgura que su victoria tuvo que ser reconocida. 

Ante la creciente desigualdad, pobreza, corrupción, violencia y hartazgo nacional, un fraude electoral más habría resultado inaceptable

Muchos analistas argumentaron que la insostenible situación del país había pavimentado la legitimidad del nuevo presidente. Ante la creciente desigualdad (el 1% más rico concentra el 21% de la riqueza del país, y seis millonarios acumulan tanto como el 50% más pobre), pobreza (53,4 millones de pobres, con uno de los salarios mínimos más bajos de toda Latinoamérica), corrupción, violencia (sólo en el último sexenio, más de 21.000 desaparecidos, de los más de 35.000 registrados en el país, y más de 125.000 homicidios) y hartazgo nacional (Enrique Peña Nieto despidió la presidencia con entre el 70% y el 80% de desaprobación), un fraude electoral más habría resultado inaceptable. Además, se señaló que parte del equipo de transición de AMLO se identificaba con los postulados neoliberales, lo que también serviría para facilitar su llegada a la presidencia. Sin embargo, una de las primeras declaraciones del nuevo presidente hacía referencia a la abolición del neoliberalismo en México. Y a este respecto, AMLO indicó: 

“Ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal, declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal. (…) Quedan abolidas las dos cosas: el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista”.

Esta declaración coincidía con el inmenso despliegue de una serie de programas sociales en beneficio de los más vulnerables. También entraba en consonancia con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (Estado de México), realizada después de una consulta popular en la que un 69,95% lo rechazó –si bien se denunciaron graves problemas de organización–. Para algunos, esta derogación representaba una afrenta al gran capital y a la corrupción en la que las élites confluían con administraciones anteriores.

Sin embargo, ciertas propuestas, así como algunos acontecimientos y posiciones, han generado una serie de interrogantes a propósito de la verdadera disposición de AMLO y su gobierno para poner fin a las políticas neoliberales. Aunque no se limitan a ello, algunas de las dudas más significativas alrededor de este objetivo pueden localizarse en los ámbitos de los megaproyectos de infraestructura y la minería.

Tren Maya: propuesta para el desarrollo del sur de México

Una de los proyectos más controvertidos en este sentido ha sido el del Tren Maya. Se trata de uno de los grandes proyectos de infraestructuras, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024), con los que se presentó el gobierno de la llamada Cuarta Transformación para el sexenio actual. El proyecto consiste en la construcción de un tren de pasajeros y de carga que recorrerá 1.470 kilómetros a lo largo de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco. Su objetivo es construir al menos dieciocho estaciones, cubriendo una superficie de 1.000 hectáreas, donde se edificarían hoteles, restaurantes, centros comerciales y otro tipo de facilidades turísticas. De este modo, el Tren Maya es también un plan de reordenamiento integral de toda la Península de Yucatán para transformar su desarrollo, en una región fuertemente afectada económica y socialmente por una desigualdad y deterioro estructural a muy diversos niveles, e incrementados dramáticamente durante los últimos gobiernos. Sin embargo, mientras algunos ven en el Tren un proyecto de recuperación soberana de la comunicación territorial (a partir de las ventajas vinculadas a la recuperación del ferrocarril), otros han criticado que este plan de desarrollo regional pueda acabar basándose, casi exclusivamente, en el turismo. 

En este sentido, se ha señalado que el hecho de que la principal propuesta de infraestructura para México implique una dependencia tan alta de la economía turística podría entrar en contradicción con el objetivo estratégico de poner fin al neoliberalismo. Otro problema no menos significativo que se deriva del Tren Maya es que la obra está planificada para construirse sobre cinco estados de la República con una alta presencia de pueblos originarios. De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el gobierno de AMLO tendría que haber realizado una consulta –libre, informada y culturalmente adecuada– en los territorios afectados, previa al inicio de las obras del proyecto, a fin de conocer si los pueblos estaban de acuerdo con esta visión de desarrollo. No sólo esta consulta no se ha realizado, sino que tampoco se ha tomado en cuenta a los cientos de campesinos que podrían ser damnificados, ya que el trazado del tren pasa por 160 ejidos. Y aunque muchos ejidatarios podrían estar a favor del proyecto por las oportunidades laborales que pudiera abrirles, son éstos los que tendrían que haberlo aceptado mediante asamblea ejidal, como órgano supremo del ejido mexicano, si estaban o no de acuerdo con el proyecto. 

Además, algunos estudios han señalado los riesgos que el Tren Maya puede suponer para la riqueza biológica de la región. Así, por ejemplo, se ha alertado de que la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que dispondría de una de las estaciones principales, podría verse afectada de manera irreversible por la construcción, el incremento de visitantes (con una estimación de hasta tres millones al año), el ruido y las vibraciones del propio tren. 

ciertas propuestas, así como algunos acontecimientos y posiciones, han generado una serie de interrogantes a propósito de la verdadera disposición de AMLO y su gobierno para poner fin a las políticas neoliberales

A pesar de todas estas circunstancias, la decisión de construir el Tren Maya ya está tomada, el proyecto está en marcha desde el pasado 16 de diciembre y la fase de construcción debería implementarse a partir del 2020. A la espera de ésta, y aunque lamentablemente no es una situación novedosa, comunidades indígenas de Yucatán y Quintana Roo y diversas organizaciones han advertido sobre despojos y desplazamientos forzados relacionados con proyectos vinculados al desarrollo turístico de la región, incluido el Tren Maya. 

En una esfera similar podría situarse al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, cuyo eje principal es el Corredor Multimodal que conectará el Océano Pacífico con el Golfo de México. Se trata de un territorio en el que conviven al menos once pueblos indígenas y afromexicanos con visiones diversas sobre el proyecto, pero a los que tampoco se les ha consultado. Aún así, el Corredor Multimodal también es ya una realidad. 

La planta termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos y el asesinato de Samir Flores

En 2014, AMLO hizo una visita al pueblo de Huexca, del municipio de Yecapixtla, en el estado de Morelos, cuna del líder campesino de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. Al solidarizarse con las reivindicaciones del pueblo en aquellos días, AMLO declaró que, en caso de asumir él la presidencia en un futuro, la construcción de una planta termoeléctrica que formaba parte del Proyecto Integral Morelos no se llevaría a cabo en tierra zapatista porque:

“Vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que nada más van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas”. 

Sin embargo, hoy este planteamiento ha mutado y, en uno de los primeros actos presidenciales de AMLO en Morelos, el presidente expuso la importancia de la planta termoeléctrica para la soberanía energética de la región y no depender así de las empresas privadas extranjeras, por lo que solicitaba al pueblo el apoyo para su construcción. Garantizaba, no obstante, que el gobierno realizaría una consulta para decidir el destino de la planta. 

Tres días antes de la consulta, y después de manifestar públicamente su rechazo al proyecto, Samir Flores, uno de los principales defensores medioambientales e integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, era asesinado a balazos en Amilcingo, frente a su domicilio. A pesar del asesinato, la consulta se realizó. La popularidad de AMLO, con un 80% de aprobación, fue esencial para que el 59,5% votara a favor de la termoeléctrica en Morelos.

alrededor del 70% de la minería está vinculada a multinacionales extranjeras, concentrándose el 74% en empresas canadienses, aspecto condicionado por los acuerdos de libre comercio entre México, Canadá y EE.UU.

Resultaría por supuesto absurdo adjudicar la responsabilidad de la muerte de Flores a AMLO o al nuevo gobierno, ya que en esta tragedia se concentran tensiones heredadas mucho más complejas que evidencian la presión que en México ejerce constantemente el gran capital en connivencia con el crimen organizado y ciertas fuerzas del Estado mexicano. Sin embargo, ante este desafío, la más alta autoridad pública de la República, no por no tener responsabilidad directa o indirecta en estos crímenes, puede ni debe evadir la defensa de los más vulnerables a ejercer sus derechos civiles en plena libertad, sin coerción o amenazas de ningún tipo. Permitir que, ante las circunstancias en que se llevó a cabo la consulta, ésta siguiera su curso puede leerse como una concesión irresponsable ante el vasallaje con el que los poderes fácticos se manifiestan de manera criminal sobre las clases populares. Y, desde luego, esta posición no parece ser lo suficientemente firme como para enfrentar la forma en la que el neoliberalismo ha hecho política hasta ahora en México.

Los proyectos mineros

En lo relativo al papel que juega el capital transnacional en el modelo de desarrollo económico en México, uno de los ámbitos más determinantes y controvertidos en las últimas décadas es aquel que se refiere a la cuestión minera y la problemática social derivada de ella. No en vano, alrededor del 70% de la actividad del sector está vinculada a multinacionales extranjeras, concentrándose el 74% en empresas canadienses, aspecto condicionado por los acuerdos de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Se calcula además que esta actividad genera a lo largo del país, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), hasta 15.000 conflictos sociales por despojo, contaminación, daños a la salud, conflictos laborales, muertes y asesinatos, entre otros.

La fecha clave para entender esta situación se encuentra en 1992, cuando se reformó el artículo 27 de la Constitución para permitir la privatización de la propiedad social de México ganada con la Revolución. Como parte de esta reforma se promulgó la Ley Minera. La minería ocupa hoy más de veinte millones de hectáreas a lo largo de 25 de las 32 entidades federativas que componen la República, con 25.221 concesiones vigentes (en 2012 las concesiones llegaron a ocupar treinta millones de hectáreas). Algunos estiman que las cifras son aún mayores: 26.500 concesiones que ocuparían entre el 13% y el 30% del territorio nacional y afectarían a más de 2.000 comunidades indígenas y agrícolas. Muchos de estos proyectos extractivistas actuales pertenecen a una minería a cielo abierto altamente contaminante para el medioambiente. La Ley Minera también ha contribuido a la conflictividad social, por ejemplo, legitimando la utilidad pública de la minería y haciéndola preferente sobre otras actividades. La Ley tampoco establece un límite máximo para las superficies concesionadas, lo que lleva a formar latifundios mineros, mientras fija la vigencia de las concesiones en hasta cien años. Tampoco establece normatividad alguna en lo referido a las emisiones y residuos generados por la minería a cielo abierto. 

Aunado a esto, cabe señalar que el pago que realizan las empresas mineras es ínfimo, comparado con las ganancias que obtienen. Así, por ejemplo, la Ley Federal de Derechos establece una cuota que va de 6,77 pesos hasta 148 pesos (de 0,32 euros a 6,75 euros al cambio) por hectárea concesionada al semestre. En contraste, en su último informe anual, el Grupo México –principal grupo minero del país– acumuló un ingreso neto de 1.522 millones de dólares.

La minería ocupa hoy más de veinte millones de hectáreas a lo largo de 25 de las 32 entidades federativas que componen la República, con 25.221 concesiones vigentes

En cuanto a la posición del nuevo gobierno frente a la Ley Minera, y a pesar de que en un principio se habló de reformarla, hasta el momento no se ha avanzado en esa dirección. Algunas declaraciones de AMLO hicieron vislumbrar un cambio en la política minera, como cuando se hizo eco de la larga lucha ciudadana contra el proyecto de Los Cardones (destinado a la extracción de oro en condiciones que afectaban la disponibilidad del agua en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en Baja California Sur) para su cancelación, expresando un rotundo

“No a  la mina (…) porque tenemos que cuidar el paraíso, no destruir el paraíso, cuidar la naturaleza. Y si estoy hablando de que la gente vive del turismo, tenemos que cuidar el medioambiente. Y si estoy hablando de que vamos a abastecer de agua, pues tenemos que cuidar el agua que hay en el subsuelo”.

En otra medida de gran peso simbólico, AMLO anunció que se rescatarían los cuerpos de los 63 mineros que quedaron sepultados hace trece años en la mina de carbón Pasta de Conchos de la empresa Industrial Minera México, filial de Grupo México, en el estado de Coauhuila, después de que ésta explotara por acumulación de gas metano. 

Sin embargo, la visión plasmada sobre la actividad minera en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014 está conformada por dos documentos que por momentos parecieran pertenecer a dos planes diferentes. Uno de éstos, cuya autoría fue atribuida a AMLO, no incluye mención alguna a la minería. Por su parte, el otro documento señala a los minerales como una materia prima estratégica. Esta posición marca una distancia significativa con varios gobiernos anteriores, que le adjudicaban a la actividad minera el papel de sector estratégico para la nación, lo que servía para justificar su expansión territorial. Pero, a pesar de estas señales, el PND 2019-2024 estableció que se respetarían los contratos suscritos por administraciones anteriores, lo que en la práctica implica que las concesiones vigentes serán conservadas por las transnacionales del sector, a pesar de la compleja problemática que se continúa derivando de su actividad.

El propio AMLO, en una comparecencia el pasado mes de marzo en la que negó que se fueran a otorgar nuevas concesiones mineras, descartó expresamente revocar alguna de las ya asignadas, con la única exigencia –pero sin implicación jurídica alguna– de que las transnacionales canadienses “actúen igual, como están obligados a hacerlo en Canadá. Que le paguen bien al minero, que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá y, sobre todo, que no contaminen”. La posición laxa de AMLO provocó el rechazo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y otras organizaciones en defensa del medioambiente y los derechos comunales, enfrentadas históricamente a los intereses mineros.

Poco después, esta ambigüedad del gobierno con respecto a las industrias extractivas se volvió a poner de manifiesto en otro ámbito controvertido: el fracking. Así, mientras AMLO expresaba su rechazo a esta técnica de fractura hidráulica, la activista Claudia Campero, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, exponía que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) continuaba dando luz verde a proyectos que implicaban el uso de este método de extracción, y ponía el foco en  la necesidad de un cambio legislativo de calado que, al igual que con la Ley Minera, por el momento no parece llegar.

el mandato de AMLO se enfrenta a presiones ante las que posiblemente ningún otro presidente mexicano se haya enfrentado antes, con unos aparatos del Estado y un funcionariado acostumbrados durante décadas a privilegios y manejos clientelares

Otro aspecto que ha generado cierta controversia tiene que ver con algunos de los nombramientos que AMLO ha hecho dentro de su gobierno. Así, mientras algunos, como el del respetado biólogo Víctor Manuel Toledo como secretario de Medioambiente y Recursos Naturales en mayo pasado, han sido recibidos con esperanza, otros han resultado polémicos. Éste es el caso de la designación de Francisco Quiroga como subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía; es decir, como máximo responsable gubernamental del sector en el país. Quiroga, además de haber sido un alto funcionario de la Secretaría de Economía en los gobiernos derechistas de Ernesto Zedillo y Vicente Fox (administraciones durante las que se profundizó en el modelo neoliberal), es un exdirectivo del sector empresarial minero que, entre otros cargos, fue director de Planificación Internacional y coordinador de Desarrollo Estratégico en el Grupo Villacero y director General de la empresa comercializadora del mismo grupo, C&F Internacional. 

Su nombramiento ha generado un amplio rechazo entre diversos colectivos de defensa del territorio frente a la actividad minera –desde REMA hasta la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhuac; el Consejo Tiyat Tlali; o Fundar Centro de Análisis e Investigación–, en tanto que éstos entienden que se trata de una infiltración del gran capital para respaldar proyectos que violan continuamente los derechos comunales y afectan a los recursos de ejidatarios y pueblos indígenas. Las preocupaciones de estas organizaciones se han visto alentadas por las propias acciones y declaraciones del subsecretario Quiroga, quien, por ejemplo, viajó en diciembre a la Sierra Norte de Puebla para apoyar el proyecto a cielo abierto en Sotoltepec de la canadiense Almaden Minerals, frente al repudio de las comunidades, y en febrero expresó que “el despegue del sector minero va”.

Ante el debate que generó la designación de Quiroga, REMA llegó a preguntar a AMLO “si acaso el proceder del subsecretario es la muestra de la política con que el nuevo Gobierno Federal se conducirá en materia de minería, a pesar de la innegable conflictividad social existente en el país debido a la imposición de concesiones y de proyectos mineros; si acaso pretende dar continuidad al modelo extractivo minero impuesto por los sexenios pasados, y que sólo ha generado división, violencia, despojo y depredación de los recursos del territorio”. 

La pregunta sigue aún hoy sin respuesta oficial.

Profundizar los cambios frente a la ambigüedad

Es un hecho constatable que la gran conflictividad social producida por las industrias extractivas no ha cesado en estos últimos meses en México. El presente y futuro del país son una incertidumbre ante las políticas depredadoras de los megaproyectos de infraestructura y minería, que para muchos constituyen una continuidad del neoliberalismo. Frente a otras posiciones más enconadas, entendemos que el cambio que AMLO representa –¡llámennos ingenuos!– sigue siendo necesario, quizá hoy más que nunca, ante los desafíos tanto locales como regionales y globales. Es evidente que cualquier gobierno que aspire al cambio siempre se enfrentará a presiones mayores que aquel que simplemente quiera dar continuidad a las políticas que hasta su constitución se han llevado a cabo. Y no es menos cierto que el mandato de AMLO se enfrenta a presiones ante las que posiblemente ningún otro presidente mexicano se haya enfrentado antes, con unos aparatos del Estado y un funcionariado acostumbrados durante décadas a privilegios y manejos clientelares que complicarían la celeridad y profundidad de cualquier proyecto de cambio, además de las tensiones y amenazas que acechan tanto en el continente como en el planeta. Sin embargo, este cambio que se ambiciona también debe desprenderse, más pronto que tarde, de una serie de ambigüedades tácticas que podrían llevar al gobierno a un autobloqueo y al consecuente rechazo de aquellos sectores populares que confiaron en él. 

la falta de determinación frente al saqueo, la explotación y el despojo que los megaproyectos y las industrias extractivas representan debilita la confianza entre aquellos que creemos tanto en la necesidad de un cambio radical en la política mexicana

Ante este panorama, y sabiendo que la confrontación habrá de llegar para superar el impasse criminal con el que se sigue sometiendo a las clases populares mexicanas, se antoja imprescindible comenzar a asumir que estos cambios que se anhelan deben profundizarse y adoptar una posición más enérgica por parte de un gobierno con un margen de popularidad aún muy amplio. Porque el apoyo al mandato de AMLO no fue en ningún caso una carta blanca entregada por sus electores, sino el acuerdo tácito de un compromiso vigilante; compromiso con el cambio y vigilante con el poder. 

Además de otros cambios que refuercen, ante amenazas internas y externas, la fortaleza de la soberanía jurídica, legislativa y ejecutiva del país, postergar (como se ha hecho hasta ahora) una reforma fiscal que afecte a las pocas manos que acumulan la riqueza, o evadir una auditoría de la deuda pública, sólo consigue despertar escepticismo sobre las políticas de cambio. Del mismo modo, la falta de determinación frente al saqueo, la explotación y el despojo que los megaproyectos y las industrias extractivas representan –negocios multimillonarios partícipes de ese endeudamiento público–, debilita la confianza entre aquellos que creemos tanto en la necesidad de un cambio radical en la política mexicana como en la genuina voluntad de AMLO para liderarlo.

Por todo ello, y ante la revocación de mandato que podría realizarse a los tres años de su gobierno, y la latente amenaza global de la ultraderecha en confluencia con los intereses neoliberales, resulta preocupante que en el modelo de desarrollo económico continúen políticas amarradas al extractivismo, conociendo como se conoce la dependencia y los sacrificios que suponen para la clase trabajadora y los sectores populares. Es urgente ofrecer una alternativa de cambio real a aquellos que han visto por tantas décadas sus necesidades sometidas a la subasta del mercado neoliberal; una alternativa que respete en su absoluta integridad la vida de los que depositaron en AMLO su confianza en una transformación profunda del país.

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Alejandro Pedregal es cineasta y escritor. Su libro más reciente, Evelia: testimonio de Guerrero (Akal/Foca, 2019), recoge el testimonio de la defensora social Evelia Bahena García en su lucha contra las mineras en el estado de Guerrero (México). Es doctor por el Departamento de Cine, Televisión y Escenografía de la Universidad Aalto (Finlandia) y profesor en la Unidad de Arte Expandido (UWAS) de la misma institución.

Violeta R. Núñez es profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco (UAM-X). Entre otros trabajos, es autora de Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI (Ítaca, 2017) y participó en Evelia: testimonio de Guerrero con el apéndice ‘Minería a sangre abierta: el capital sobre el objeto’.

Notas:

1. Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas (1895-1970), quien durante su mandato, entre 1934 y 1940, nacionalizó el petróleo, implementó la mayor reforma agraria y acogió a miles de refugiados españoles que huían del franquismo.

2. El Grupo México acumula un amplio historial de influencia sobre las élites políticas del país, ascendencia que ha amparado sus repetidos ‘accidentes’ medioambientales, siendo el último de ellos un derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés contra el que se han manifestado más de 400 organizaciones y personalidades; por su parte, ante esta catástrofe, AMLO ha expresado su voluntad de diálogo antes de tomar “decisiones dráticas”, mientras su gobierno ha procedido a cerrar la terminal desde la que se realizó el derrame.

3. El rescate original se detuvo a los pocos días de la explosión debido a que, de forma inaudita, se dijo que podría haber riesgos de derrumbes y epidemias de tuberculosis, hepatitis y VIH. Como recogió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, familias y organizaciones señalaron que la suspensión se debió a que, “de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina”, lo que habría acarreado sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones. No está de más decir que los mineros cobraban siete dólares al día.

4. Víctor Manuel Toledo, conocido por su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas y la conservación de la naturaleza, es autor Ecocidio en México, entre otros libros, y se había manifestado abiertamente crítico con ciertas derivas de MORENA y AMLO. Su nombramiento, por tanto, también puede leerse como una señal de la apertura del nuevo gobierno hacia la crítica, algo que cabe destacar como un aspecto novedoso para la política institucional mexicana reciente.

5. Cabe señalar, como ha hecho Boaventura de Sousa en Izquierdas del mundo, ¡uníos! a propósito del caso reciente de Brasil, que tanto la oligarquía, nacional y transnacional, como sus instrumentos mediáticos nunca dejan de entender estas “fases de cambio” como coyunturas políticas que les pueden llevar a ciertas alianzas indeseables —alianzas que asumen por cuestiones tácticas—, y no como periodos de conciliación entre clases, como algunas izquierdas quieren ver. Así, es comprensible que estas oligarquías aguarden su oportunidad para recuperar el espacio político que ambicionan frente a cualquier “traspiés reformista”. No hay razón para pensar que la oligarquía en México pudiera actuar de una manera diferente.

6. Como muestran diversos estudios, la injerencia estadounidense en los sistemas judiciales latinoamericanos ha sido de gran importancia en los últimos tiempos y es, por tanto, un ámbito que merece especial atención a la hora de proteger la soberanía nacional y prevenir todo tipo de desestabilización.

7. Una deuda pública que, como expresó Eric Toussaint, “entre 1982 y 2018 (…) implementó el modelo neoliberal privatizador” del país, y cuya auditoría, más allá de “ajustes de cuentas” necesarios, debe señalar aquella que resulta ilegítima y odiosa.