La Palma fue la única isla canaria que se mantuvo fiel al Gobierno de la II República durante la llamada Semana Roja. En esos siete días, tiempo que media entre el levantamiento militar que daría lugar a la Guerra Civil y la llegada del cañonero Canalejas a la ciudad, “buena parte de los masones palmeros hicieron valer su prestigio personal para que los partidarios de la sublevación no fuesen represaliados”, recuerda Diario Masónico. Una vez la isla fue tomada, los 144 masones, entre los que había “médicos, abogados, militares, empresarios y funcionarios, pasaron a ser considerados rebeldes y delincuentes”. Aquel 25 de julio de 1936 fueron encarcelados, e incautado el local de la Logia Abora 2.

Durante años, la policía de Franco buscó en La Palma la llamada Carta Patente de Abora. Documento que se expide para darle legitimidad a una logia. Nunca la encontraron porque se ocultó cuidadosamente en la cañería de agua del hogar de un masón en la capital palmera.

La masonería aparece en Canarias por primera vez y de forma aislada en 1739, pero no se constituye la primera logia hasta 1816, en la isla de Tenerife y bajo el nombre Comendadores del Teide

Los investigadores Manuel Lorenzo Arrocha y Manuel Garrido Abolafia aportan en Orígenes de la Masonería y de la Respetable Logia Abora en la Isla de La Palma datos sobre aquellos doce alcaldes masones que tuvo la ciudad de Santa Cruz de La Palma. Se trata del consistorio español con mayor número de masones ocupando la alcaldía constitucional de su ciudad entre 1869 y 1936, aunque existen sospechas de que fueron más, sólo que por petición personal decidieron que se guardara en secreto su afiliación a la organización. 

Había motivos para sentir miedo. Sólo un año después de haber terminado la Guerra Civil, el 1 de marzo de 1940, el régimen franquista aprueba la Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo, uno de los instrumentos represivos más inmediatos de la posguerra, y en un ejercicio retorcidamente maniqueo de la historia acusa directamente a la masonería de ser responsable de la pérdida del imperio colonial, la Guerra de la Independencia, las guerras civiles del siglo XIX, la crisis de la Monarquía constitucional de Alfonso XIII, la Gürtel de los Austrias, la caída de la dictadura de Primo de Rivera, y de todos los problemas de España desde antes del Big Bang. De esta manera quedaba más que justificada la persecución legal de los masones.

Para su cacería se habilitó un órgano judicial propio, con las nulas garantías procesales habituales de la dictadura. Las condenas oscilaban entre los veinte y treinta años de prisión, penas de depuración funcionarial y del puesto de trabajo en el ámbito privado, ejecuciones, tortura, así como sustracción de bienes y empleo durante tres generaciones. Unas 80.000 personas pasaron ante los tribunales del franquismo y hubo 9.000 condenados. Se ajusticiaba sólo por el hecho de ser masón, “perturbadores del orden” y “disolventes contra la Religión y la Patria” (publicaba el BOE, el 2 de marzo de 1940). Hombres a los que no se les condenaba por lo que habían hecho sino, simplemente, por lo que pudieran llegar a hacer. 

La logia Abora

La masonería aparece en Canarias por primera vez y de forma aislada en 1739, pero no se constituye la primera logia hasta 1816, en la isla de Tenerife y bajo el nombre Comendadores del Teide, una organización que se estima surge con la llegada de “los 200 oficiales franceses deportados a la misma, en 1810, tras la invasión napoleónica”, señalan los investigadores. Le siguen en su constitución Añaza (también en Tenerife), Abora en La Palma y Afortunada en Gran Canaria. 

 “El vocablo Abora lo utilizaron los primitivos habitantes de La Palma para explicar la fuerza invisible y suprema que guiaba la naturaleza, el protector de la comunidad, a quien se encomendaban en caso de necesidad, peligro o catástrofe”, describe la investigación.

La Logia Abora inaugura sus trabajos en la isla de La Palma en 1875 y cesa su actividad en 1936. De hecho, fue el venerable maestro Blas Carrillo Batista el primer alcalde masón, en 1869, de Santa Cruz de La Palma. “Un personaje de primer orden en el movimiento liberal de La Palma y ferviente constitucionalista en el segundo cuarto del siglo XIX”, que “ejerció una importante labor en el campo de la enseñanza”, señalan. Le sigue Servando Pereyra García, en 1884. “Profundamente implicado en la cultura, la educación y los movimientos innovadores de la época”, abre espacios como el Museo de Historia Natural de la Isla o la Filarmónica La Amistad. 

José María García Carrillo, en 1894, “se distinguió como una de las figuras de más prestigio en la vida pública de su ciudad, en la segunda mitad del siglo XIX”. Licenciado en Jurisprudencia, fue “diputado a Cortes” y “juez”, también “el impulsor del homenaje público al padre Díaz”, subrayan los investigadores. Por su defensa de la libertad de culto, aquel sacerdote palmero fue acusado de masón y perseguido tras las proclamas que, en 1820, durante el Levantamiento de Riego, dirigió desde el púlpito en contra de los poderes tiranos y absolutistas. Cuentan sus biógrafos que en sus homilías solía recordar: “Un pueblo católico puede ser también un pueblo libre”.

En 1900 es nombrado alcalde Juan Bautista, un destacado investigador de la historia de su isla natal. “Realizó una ingente labor en recopilar y transcribir parte de la misma, datos que fueron publicados bajo el título Noticias para la Historia de La Palma”, con lo que sería nombrado cronista oficial. El sexto alcalde, en 1909, fue Eugenio Abreu García. “Licenciado en Derecho Civil y Canónigo fue un personaje destacado en su localidad”. Le seguiría Estanislao Duque, 1917, quien cofunda la sociedad El Españolismo en 1890, “una entidad de socorros mutuos”. También fue “presidente de la asociación literaria Cervantes”. 

Alonso Pérez Díaz, licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho, fue alcalde en 1924 con la llegada al poder del general Primo de Rivera. “Abogado de gran reputación, fue diputado en las Cortes Constituyentes de la II República, logrando la creación del Instituto de Enseñanza Media de Santa Cruz de La Palma que actualmente lleva su nombre”. También fue presidente del Ateneo Cultural, que tenía por objetivo “la difusión de la cultura y la enseñanza pública”. Falleció en 1941 “en extrañas circunstancias”, apuntan.

El octavo alcalde masón de Santa Cruz de La Palma fue Diego Ramírez García, en 1924; le seguiría el pediatra Cristóbal García Cáceres, en 1925 (como edil interino), Antonio Santana Martín, en 1925, Antonio Isidoro Durán, en 1928, y Juan Martín Pérez se convertiría en el último alcalde en tiempos de la II República Española, entre 1935 y 1936.

La masonería estudiaba, entre otras muchas disciplinas, el desarrollo social y moral del ser humano, con lo que tuvo una notable influencia en diferentes ámbitos de la sociedad española en cuanto a conformación del Estado constitucional, la evolución del pensamiento filosófico, los derechos y libertades, incluso de culto religioso en la España beata de buena parte del siglo XX.

Aquel 25 de julio de 1936 todos los masones palmeros fueron encarcelados e incautado el local de la Logia Abora. En 1979, tras décadas de estigmatización, producto de la persecución a la que sus miembros fueron sometidos por el régimen franquista, la organización pudo regresar al país con la llegada de la democracia y, ochenta años después, el 2 de septiembre de 2016, la Logia Abora retornó al templo que la vio nacer bajo los auspicios de la Gran Logia de España. En la actualidad el Archipiélago canario cuenta con 23 logias activas en cinco de las ocho islas.