El de Algirós, el de la calle Sagunto, el de la avenida del Cid, el de Torrefiel y el de la Parreta. De lunes a sábado, Luisa Vargas recorrería junto a su padre distintos mercadillos de Valencia, hasta el momento en el que se activaron las restricciones dirigidas a frenar el coronavirus. “Aquí, de toda la vida lo que ha entrado es lo del mercado”, dice en referencia a los ingresos con los que cuentan en su casa y que han desaparecido en las últimas semanas. Los primeros días sin salir a vender los pasaron tirando con lo que tenían: “Si esto se come hoy, mañana queda lo otro”. Pero pensar en cómo sostenerse las próximas semanas bajo las mismas condiciones tiene a su familia en estado de alarma. “Ahora no tenemos nada”, afirma Vargas.

El parón de la actividad comercial no esencial y el confinamiento están suponiendo un chaparrón sobre mojado para la población gitana, la minoría étnica más grande del Estado español. Se calcula que son alrededor de un millón de personas y, ya antes de la pandemia, 9 de cada 10 vivían en riesgo de pobreza y/o de exclusión social, según calcula la Fundación Secretariado Gitano (FSG) de acuerdo con los parámetros del indicador europeo AROPE. La cifra más que triplica la tasa de pobreza y/o exclusión del conjunto de la población.

“La situación es muy grave y las ayudas establecidas por el Gobierno dejan en la estacada a muchísimas personas, entre las cuales muchas familias gitanas, que se encuentran con dificultad para acceder a recursos para comer, ya que muchas dependen en exclusiva de la venta ambulante”, denuncia Iñaki Vázquez, director de la Plataforma Kethane del movimiento asociativo gitano.

Nieves Heredia forma parte de la minoría de gitanas que durante el confinamiento mantiene su salario. “Estas semanas teletrabajo y esto nos ha salvado la vida”, asegura. Lleva unos años ejerciendo de técnica educativa de la Fundació Pere Closa en su barrio, La Mina. Limítrofe con la ciudad de Barcelona, es la zona en la que habita más población gitana en Cataluña. Heredia explica que, a su alrededor, es excepcional no haberse “quedado a cero”. Su marido hace un mes que no sale a vender, como tantos otros vecinos y vecinas. “No poder entrar ingresos es destructor para las casas... No pueden tirar de ahorros porque se vive al día”, remarca.

Ya antes de la crisis de la Covid-19, en casi 8 de cada 10 hogares gitanos sufrían carencia material severa

Ya antes de la crisis de la Covid-19, en casi 8 de cada 10 hogares gitanos sufrían carencia material severa y, a pesar de esto, la FSG calcula que en poco más de 3 de cada 10 de estos hogares cuentan con ayudas sociales.

“Si al porcentaje previo de exclusión le sumas esta crisis sociosanitaria, significa que las personas gitanas no tienen qué comer hoy, ni ayer, ni antes de ayer”, asegura Silvia Agüero, activista de la plataforma Rosa Cortés de mujeres gitanas de la Rioja. “Miles de mujeres cogen su bolsa por la mañana, con bragas o ajos o limones o lo que sea, y cuando dejan a los niños en el colegio, se dedican a venderlo. Con eso hacen la comida. ¿Y ahora qué? El gobierno no está promoviendo medidas para estas personas, para las más vulnerables; las está promoviendo para autónomos y personas que están en el sistema capitalista, no para las que el sistema ha echado”, denuncia.

En crisis antes de la crisis

Había días en los que se sacaba cinco euros y había días que no vendía nada. María (nombre con el que prefiere que la presentemos) recibe una ayuda familiar de 1.000 euros mensuales, a los que, de normal, sumaba lo que sacaba de “cuatro trapos” que salía a vender. Se le hacía un poco menos complicado responder a los gastos del día a día, explica. Esta vecina del barrio de La Mina mantiene sola a cinco hijos, todos aún en primaria.

Un documento técnico de recomendaciones de actuación de los servicios sociales ante la crisis por Covid-19 en asentamientos segregados y barrios altamente vulnerables, emitido recientemente por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, reconoce que las situaciones de confinamiento tienen un “enorme impacto” en las personas más vulnerables, estuvieran o no vinculadas a los servicios sociales. Eleva a más de 950 los barrios en situación de vulnerabilidad alta o muy alta, en los que “convive población especialmente empobrecida, entre la que destaca una alto porcentaje de población gitana”.

El documento recoge que buena parte de estas familias tienen en la venta ambulante, la agricultura o la venta de chatarra su fuente básica de ingresos, “ya de por sí precaria”, y observa que la imposibilidad de desarrollar su actividad económica debido al confinamiento está comenzando a generar una situación de “desamparo y desprotección”. 

“Las personas que no tienen un contrato y las que dependen de salir a la calle a buscar chatarra o a vender, se han visto de un día a otro sin nada y, sin capacidad de ahorro, han podido comer sólo unos días, por lo que ahora mismo el pueblo gitano estamos sufriendo una catástrofe humanitaria”, asegura Séfora Vargas, abogada y presidenta de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Integral del Pueblo Gitano.

Lo que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 recomienda en el contexto de la Covid-19 es reforzar la actuación de los servicios sociales para comprobar el estado de salud y garantizar el seguimiento sociosanitario y la atención a las familias de los barrios de especial vulnerabilidad socioeconómica; proveerles alimentos, medicamentos y productos de higiene; garantizarles los suministros básicos; asegurar el acceso de estas familias a prestaciones que garanticen sus ingresos “mientras no puedan realizar sus actividades económicas habituales” y agilizar al máximo el procedimiento. Vargas se muestra muy crítica con el hecho de que el rescate de la población gitana consista en un documento que no obliga a los municipios a seguir estas medidas. “He tardado 10 días en conseguir comida para 16 familias del barrio de Torreblanca de Sevilla y llevaban muchos días pasando necesidad”, afirma.

Ahora bien, más allá de atender urgencias en el contexto excepcionalmente crudo de la pandemia, el rescate económico del pueblo gitano pasa por activar medidas que garanticen su acceso al trabajo en condiciones de igualdad respecto a la sociedad mayoritaria [la no gitana]. La exclusión laboral que persiste entre la población gitana es un factor determinante para explicar la pobreza generalizada en este colectivo, que arrastra el impacto de seis siglos de persecución en España. Hoy, en forma de discriminación racista.

Entre las mujeres, además, la desigualdad de género dentro y fuera de la comunidad gitana les añade obstáculos en la odisea de lograr oportunidades en el mercado laboral. “Los estereotipos son barreras que tenemos que superar al buscar un trabajo y, en el caso de las mujeres, resulta que la mayor parte se emplea en la limpieza de hogares y lo complementan con la venta ambulante”, explica Claudia González, responsable del área de educación y cultura de la asociación de mujeres gitanas Romi de Valencia.

Según radiografía el estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018, su presencia en el mercado laboral es baja –la tasa de paro supera el 50%, con alta incidencia del desempleo crónico– y está marcada por la precariedad y la débil protección. La mitad de hombres ocupados y el 38% de mujeres trabajan por cuenta propia, porcentajes mucho superiores a los del conjunto de la población.

En la última década se ha agudizado el declive de la venta ambulante, principal espacio de resistencia económica que se ha forjado el pueblo gitano

“Los oficios que tenemos son el resultado de la supervivencia que nos hemos buscado”, remarca Silvia Agüero, que sitúa “el antigitanismo perpetuado y promovido por las instituciones” a la raíz de la infrapresencia gitana en la mayoría de ocupaciones, en general, y en aquellas con capacidad de decisión política y reconocimiento social, en concreto.

El de Móstoles, el de Leganés y el de Fuenlabrada. Aaron Hernández se dedica a vender ropa interior y de baño en estos mercadillos, cerrados desde antes de declararse el estado de alarma. “Los ingresos que yo gano diariamente no dan para tener un remanente guardado y sólo 15 días parado ya son catastróficos”, explica, sobre la situación actual. “Siempre me he dedicado a la venta y la situación hace años que ha cambiado... de poder vivir tranquilo, a estar endeudado hasta arriba”, afirma. A sus tres hijos, lejos de animarlos a seguir con el oficio, les alienta a orientarse en otra dirección. Aunque, sin tener los estudios obligatorios terminados, el abanico de posibilidades tiene pocas varillas.

El escaso nivel educativo y la pobreza; la pobreza y el escaso nivel educativo. Conforman un pez que se muerde la cola, de manera especialmente dolorosa en la última década, en la que se ha agudizado el declive de la venta ambulante, principal espacio de resistencia económica que se ha forjado el pueblo gitano.

Cerrar la brecha racista

Se le hacía difícil ayudarla con los deberes, pero su madre siempre lo intentaba y le insistía en la importancia de que no hiciera como ella: que no dejara los estudios. “Doy gracias todos los días”, explica Claudia González. Durante el confinamiento, sigue sus estudios de historia del arte y forma parte de los casos contados de gitanas que tienen un empleo que les permite teletrabajar. Estas semanas tanto su madre como sus seis tías, empleadas del hogar, “están viendo sus ingresos a cero”, lamenta.

Si bien en los últimos años el nivel educativo de la población gitana ha aumentado, notablemente en los hombres y en menor medida en las mujeres, no llegan a dos de cada diez (19%, hombres y 15,5%, mujeres) las personas gitanas que tienen terminada al menos la ESO, según recoge la FSG. Al fijarnos en el conjunto de la población, la cifra se eleva de este 17% a un 77%.

“En los barrios más vulnerables, en los que no se ven oportunidades, aún es habitual la práctica de pedirse [para casarse] muy joven y abandonar los estudios, cosa que tiene que relacionarse con el hecho de ver la escuela como algo ajeno”, explica la abogada Séfora Vargas, a la par que remarca el impacto de la pobreza en las trayectorias académicas de la población gitana: “Si ves a tus padres con necesidad, seguramente lo que haces es irte con ellos a vender o a recoger chatarra. Tu prioridad no es estudiar, es comer”.

La falta de referentes es otra pieza explicativa del amplio abandono escolar y, asegura Claudia González, “influye directamente en los futuros laborales de los niños y niñas”. De aquí la importancia de visibilizar “la heterogeneidad de la población gitana” y que entren en las aulas las personas gitanas que “luchan contra los estereotipos y han logrado escalar en la sociedad”. “Las niñas y los niños tienen que ver que estudiar les da un resultado porque, hasta ahora, lo que ven en los colegios es que son menospreciados por ser gitanos”, denuncia González.

A la par de promover medidas que vayan arrancando el antigitanismo de todo ámbito de la vida social –de la escuela al mercado laboral, pasando por los medios de comunicación–,  ampliar las expectativas de las criaturas y de sus familias y fortalecer su capital formativo se presenta como una base de plan de choque para salir de la crisis en la que el pueblo gitano subsiste, desde mucho antes del coronavirus.