Existe una sensación generalizada en Portugal de que, por encima de todo, hay que evitar llegar a la situación en la que se encuentra ahora España. Porque, pese a la errática evolución de los contagios en el país luso –con inexplicables altas y bajas que mantienen a las autoridades sanitarias en constante alerta–, el coronavirus no ha golpeado ni a una décima parte de personas que en el país vecino, por lo menos en términos absolutos. 

Frente a las abultadas cifras españolas, en Portugal los números se mantienen, a 14 de abril, en 17.448 contagiados, 567 muertes y 347 recuperados

Frente a las abultadas cifras españolas, en Portugal los números se mantienen, a 14 de abril, en 17.448 contagiados, 567 muertes y 347 recuperados. Desde el 18 de marzo están cerrados comercios, bares, restaurantes y hoteles. Es la primera vez que se decreta el estado de sitio en Portugal desde que se hiciera en 1975, en plena Revolución de los claveles, pero no implica la prohibición de salir a la calle bajo amenaza de sanciones, sino las lógicas recomendaciones sanitarias de considerar las reglas de distanciamiento social. Además, por ahora, los servicios de urgencia no han llegado al colapso de  Madrid o Cataluña, ni se han tenido que transformar edificios o naves en morgues complementarias. 

Solo hace falta darse una vuelta (sí, se puede pasear y lo único que puede ocurrir es que un policía te recomiende no alejarte mucho de tu casa) por las calles de Lisboa para notar que aquí, más que prohibiciones, lo que existen son advertencias. La única prohibición estricta ha sido la de no desplazarse fuera del municipio de residencia durante el fin de semana de Semana Santa. En la capital, de momento, la gente continúa paseando por la orilla del río, va a correr en pareja o en familia, o visita a sus amigos al otro lado de la ciudad. Es una sombría sensación de alerta, pero predomina la tranquilidad.

A pesar de las medidas y de las buenas perspectivas, Portugal está lejos de tener un sistema sanitario preparado para un excesivo empeoramiento de la situación. Tânia Russo, médica y miembro de la gestora del Sindicato de Médicos de la Zona Sur de Portugal, asegura que “las cosas han evolucionado mejor de lo que esperábamos al principio, y de lo que hemos observado también en los otros países”, pero recuerda que “ya se habla de que tiene que haber algún alivio a las restricciones, y es aquí donde desconfiamos de que las cosas no puedan explotar nuevamente”.  

“En nuestros servicios de sanidad pública, la DGS (Dirección General de Sanidad), en general, ha habido una respuesta satisfactoria”, asegura Russo, que, sin embargo, segundos después, pone el dedo en la llaga: los recortes realizados en los últimos años por los sucesivos gobiernos. “Nuestro Servicio Nacional de Sanidad ha sufrido una gran desinversión en la última década, y ya se encontraba al límite antes de esta pandemia (…) Muchos profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares, ya habían abandonado el SNS no solo emigrando, sino también marchándose a la privada. Esto también compromete la capacidad de respuesta”.   

Tânia Russo no oculta su temor a lo que puede ocurrir una vez pasada la pandemia. “El SNS saldrá exhausto, y tememos que los hospitales privados puedan quedarse con sus despojos, sobre todo en lo que respecta a consultas, especialidades, cirugías y exámenes, viendo que el SNS está agotado y que no consigue dar esa respuesta”.

La crisis de la Covid-19 también está impactando en el tejido económico portugués. Impulsado el turismo y la inversión internacional en el mercado inmobiliario, Portugal había renacido de sus cenizas tras la crisis de 2008 y se había erigido como un ejemplo de recuperación económica. Ahora, esas dos locomotoras se han detenido casi por completo, y nadie sabe cuándo volverán a retomar la marcha, si es que algún día lo hacen como antes. Como en el resto de países europeos, los diferentes sectores de la economía se están dirigido al Gobierno para reclamar ayudas, incentivos, prórrogas o cualquier otro mecanismo que ayude a superar el parón. 

En un país en el que el turismo llegó a representar, en 2018, alrededor del 15% del PIB (en términos directos e indirectos), y el 10% del empleo, el frenazo casi total en la llegada de turistas genera pánico. Según el presidente de la Confederación de Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, “prácticamente todo lo que rodea a la actividad turística está en entredicho, y las empresas han sufrido una quiebra repentina de ingresos que les trae innumerables dificultades para pagar salarios, proveedores, impuestos y créditos. Aún no es posible cuantificar con rigor cuántas de estas empresas estarán irremediablemente perdidas”.

A 2 de abril, la caída con respecto al mismo período de 2019 ya era del 61% en Lisboa y del 48% en Oporto, según informó el diario Público, usando cifras del portal de datos y análisis de alquileres vacacionales Airdna. En marzo la ocupación de pisos turísticos en Lisboa supuso un 28,6% menos que en el mismo mes del año anterior, con unas pérdidas de 4,6 millones de euros. Según Calheiros, “las medidas lanzadas por el Gobierno han apoyado, de forma general, a las empresas”, pero “es necesario ir más lejos en un plano europeo. La mejor forma de enfrentar esta crisis sanitaria (…) es unir esfuerzos en la UE para ejecutar instrumentos adecuados de apoyo financiero”. 

La crisis del turismo ha provocado además una reacción en cadena que, entre otros, ha afectado también al mercado inmobiliario, tanto para los propietarios como para los inquilinos. Según Luís Mendes, investigador del Centro de Estudios Geográficos de Portugal, y especializado en geografía urbana, “en este momento, de las cerca de 22.000 propiedades en alojamiento turístico que hay en Lisboa, una parte está siendo desviada al alquiler de larga duración. Esto está haciendo que los precios de los alquileres alcancen una estabilización. Aunque ya estaba ocurriendo desde el inicio del año, [la crisis de la Covid-19] ha sido la forma más eficaz de reventar la burbuja inmobiliaria”. 

En relación con las medidas adoptadas para proteger a inquilinos y propietarios, Mendes asegura que el Ejecutivo está escuchando a las asociaciones y organizaciones implicadas para intentar llegar a soluciones de consenso. “El Gobierno aceptó la medida que proponíamos: que la reducción en el valor de las rentas debe ser proporcional a la reducción del valor de los rendimientos del individuo, porque gran parte de nuestro mercado del alquiler es un mercado frágil. Aunque se hable mucho de los fondos de inversión inmobiliaria, de las grandes sociedades inmobiliarias, etc., en nuestro caso, el grueso del mercado es gestionado por pequeños propietarios cuyos únicos ingresos muchas veces dependen del pago del alquiler”. 

Pese a la adopción de esta medida, Mendes critica que el Gobierno no se decidiese a financiar directamente la parte del alquiler no soportada por los inquilinos, sino que estos “después tienen que pedir un préstamo al Instituto de Vivienda del Estado, lo que contraría toda la lógica, porque el préstamo implica pagar intereses. El Estado está actuando como un banco (…) y, cuando acabe este período excepcional, los inquilinos van a salir aún más endeudados”. 

En marzo la ocupación de pisos turísticos en Lisboa supuso un 28,6% menos que en el mismo mes del año anterior, con unas pérdidas de 4,6 millones de euros

En Portugal, la sensación general es que el Gobierno de António Costa está mostrando su cara más amable a la población portuguesa. No sólo ha trasladado la responsabilidad del confinamiento al civismo de las personas, sin necesidad de multas ni permisos de viaje o circulación, sino que también decidió, a finales de marzo pero con carácter retroactivo desde el día 18, regularizar a todos los inmigrantes que estuvieran pendientes de autorización de residencia o asilo, concediéndoles así acceso total a la protección sanitaria y de desempleo. También se suspendió el pago de los alquileres a los inquilinos que hayan visto reducidos sus ingresos de forma drástica, además de la prórroga de la caducidad de los contratos de alquiler hasta un mes después de terminado el estado de emergencia. 

Todas estas medidas están siendo aprobadas con escasa oposición parlamentaria. Incluso las más controvertidas han encontrando poca resistencia política, como la liberación de unos 2.000 presos de las cárceles, alentada por los estudios que aseguran que un solo preso enfermo puede provocar, en apenas una semana, el contagio de otros 200 internos. Estas excarcelaciones excluyen, en todo caso y según la ministra de Justicia, Francisca Van Dunem, los delitos “imperdonables”, como los homicidios y los abusos sexuales, pero también los de corrupción o aquellos cometidos por políticos o representantes del Estado en el ejercicio de sus funciones. 

Si las buenas cifras de contagios y muertos por la Covid-19 no se mantuvieran o empeoraran, estas aguas tranquilas en el Parlamento serán difíciles de mantener. Por un lado, porque muy probablemente la culpa recaerá sobre las laxas medidas de confinamiento. Por otro, porque los sacrificios podrían ser aún más dolorosos que los realizados hasta el momento por otros países. 

En todo caso, el Gobierno se guarda alguna carta bajo la manga. El  ministro de Finanzas, y presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, ha anunciado que podría llegar a nacionalizarse la gigante aerolínea TAP, si esa medida fuera capaz de salvarla del abismo. 

Hasta ahora la forma de gobernar consensus omnium está siendo compartida por casi todos los partidos de la oposición. “Este no es un gobierno de un partido adversario, es el Gobierno de Portugal. En el combate a esta calamidad, el Partido Social Demócrata no es oposición, es colaboración (…) Señor primer ministro, cuente con la colaboración del PSD. Ayudaremos en todo lo que podamos. Le deseo coraje, nervios de acero y mucha suerte, porque su suerte es nuestra suerte”, son las ya famosas palabras que el líder del principal partido de la oposición, Rui Rio, dirigió a António Costa el mismo día en que fue decretado el estado de emergencia.