Las crisis golpean de forma desigual a la población. Así ocurrió con la recesión de 2008 y así está ocurriendo con la actual crisis del coronavirus: la infancia, los migrantes o las familias monoparentales sufren con especial intensidad los embates socioeconómicos. En el caso de los jóvenes, los estragos de la pandemia ya han golpeado a un colectivo –la mitad de los despidos registrados en el mes de marzo han sido de personas menores de 35 años– que todavía no se ha recuperado de la anterior crisis. Así lo advierte un estudio publicado por investigadores de la red Equalitas que analiza problemas enquistados entre los más jóvenes como la precariedad laboral, el desempleo o las dificultades para acceder a la vivienda.

Según el documento, los jóvenes de España no solo presentan peores ratios de inclusión que el resto de la población del país. Su situación también es más delicada, en la mayoría de los casos, si se compara con la de sus coetáneos europeos: un tercio de las personas de entre 18 y 29 años que viven en España tiene dificultades para cubrir sus necesidades a final de mes. En el conjunto de la Unión Europea, el porcentaje (23%) es más de seis puntos inferior. En materia de vivienda, las diferencias también son acusadas: en España, un 6,8% de los jóvenes emancipados tenía retrasos en el pago de la hipoteca o el alquiler, mientras que la media europea asciende al 5,5%. 

En total, el estudio analiza diez indicadores principales que explican la situación de la juventud en nuestro país y que ofrecen una fotografía de los recursos con los que se enfrenta este colectivo a los efectos derivados de la pandemia. A excepción de algunos indicadores de salud, la conclusión es evidente: las necesidades sociales de la población están peor cubiertas en un grupo que transita por los momentos más importantes del desarrollo personal, como la emancipación, la entrada en el mercado laboral o la formación de familias. 

De todos los indicadores, el empleo es, según el estudio, el que presenta más retos para la población joven. De la posición en el mercado laboral depende el bienestar económico y material, el nivel de ingresos y, en último término, el propio acceso a la vivienda. A cierre de 2018, todavía un cuarto de las personas de entre 20 y 29 años estaba desempleada. Para los que trabajan, la situación también es complicada: más de la mitad tienen un trabajo temporal –frente al 25% de la población general–, y un 18% sufre pobreza laboral.  

Si bien la mayoría de cifras demuestran que la situación de los jóvenes ya era peor antes de la crisis de 2008, en los casos más extremos algunos indicadores incluso se han invertido: mientras que en 2009 la tasa de pobreza consistente para los jóvenes era algo inferior a la registrada para el total de la población, en 2018 se sitúa 2,7 puntos por encima.

Incluso en el ámbito de la salud, algunos datos muestran tendencias preocupantes: la obesidad entre los jóvenes ha aumentado más de tres puntos desde 2006, y casi el 43% no consume frutas y verduras a diario.   

Mientras que en 2009 la tasa de pobreza consistente para los jóvenes era algo inferior a la registrada para el total de la población, en 2018 se sitúa 2,7 puntos por encima

En materia de políticas públicas, el estudio destaca que las medidas de carácter monetario orientadas a la población menor de 30 años que existen en España son pocas y cuentan con un peso presupuestario reducido. Además, las que funcionan presentan una distribución poco equilibrada y homogénea. Los investigadores señalan como ejemplo que “del 90% del presupuesto destinado a esta Estrategia Juventud 2020 está dedicado a políticas de empleo y emprendimiento, mientras que otras áreas en las que los jóvenes tienen amplias necesidades sociales, como el acceso a la vivienda, no son suficientemente atendidas”.

En este sentido, el informe explica que la cada vez más elevada edad de emancipación responde, entre otros motivos, a la  ausencia de un política pública general que facilite el acceso de las personas más jóvenes a la vivienda. Mientras, las medidas orientadas a toda la población –como las deducciones por compra o los beneficios fiscales al arrendamiento– cuentan con cuantías insuficientes o “sus requisitos hacen que gran parte de la población joven quede fuera de su ámbito de alcance”. 

En última instancia, es la estructura fiscal la que también hace mella en la situación de los jóvenes: mientras que el sistema de impuestos y transferencias es capaz de reducir en un 55% la desigualdad en los hogares donde los miembros tienen más de 40 años, en las viviendas donde la población se sitúa por debajo de esa edad el sistema fiscal apenas reduce la inequidad en un 15%. Una situación que se repite en toda Europa pero que tiene especial incidencia en nuestro país.

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Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el texto Análisis de las necesidades sociales de la juventud, de Luis Ayala Cañón,  Olga Cantó, Rosa Martínez López, Carolina Navarro Ruiz  y Marina Romaguera de la Cruz, de la red de investigación EQUALITAS, publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”.