Ahora que los contagios de covid-19 empiezan a remitir, el sistema sanitario contiene el aliento mientras empiezan a flotar los primeros pecios del naufragio. El más palmario es la ingente cantidad de dinero público que la administración madrileña ha desviado desde los primeros gobiernos de Esperanza Aguirre a empresas privadas y UTEs para explotar el inagotable filón de la Sanidad. Se trata de un sector inmune a las punzadas de las crisis: tiene asegurada la clientela, los enfermos; vive de la financiación autonómica, se beneficia de las listas de espera en una sanidad pública desmantelada, y está en constante revalorización gracias a su componente especulativo y a los recortes de material y de las condiciones laborales. La rentabilidad siempre está garantizada para unas corporaciones que pueden optar por un menú a la carta: construir hospitales, gestionar hospitales o solo servicios exteriores, y vender o revender activos, a menudo sin pagar impuestos en España. 

Aunque la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, exhibe a los cuatro vientos las donaciones altruistas y las respuestas ultrarrápidas a la emergencia y el compromiso social de algunas de estas empresas, para expertos como Marciano Sánchez Bayle, pediatra durante 46 años y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el deterioro que ha sufrido el sistema público de salud con las privatizaciones es incuestionable: “Madrid es la única comunidad del mundo que después de abrir once hospitales tiene menos camas disponibles por habitante que antes de su inauguración. Ayuso lo sabe y la prueba es que, en el momento álgido de la epidemia, el ejército tuvo que abrir una instalación muy precaria, sin UCIs, en una feria de exposiciones”.

Desde la puesta en funcionamiento de la privatización sanitaria en 2001 se han perdido más de 3.000 camas

Los datos son irrebatibles. Madrid es la comunidad peor preparada de España para enfrentarse a una crisis sanitaria. Por número de camas totales –2,7 por cada mil habitantes frente las 3,7 que tiene Aragón o las 5 que presenta la media europea– y por el número de personal sanitario, 3.000 trabajadores menos desde 2010. Destaca la reducción de camas registrada por los hospitales públicos desde la puesta en funcionamiento de la privatización sanitaria en 2001: más de 3.000, pese al aumento demográfico experimentado con la inmigración.

“La colaboración público-privada de la que tanto habla Díaz Ayuso es propaganda, publicidad. Sólo el 10% de los ingresos hospitalarios por coronavirus se derivaron al sector privado mientras todos veíamos que las urgencias y las UCIs del Gregorio Marañón, La Paz, etcétera, estaban colapsadas”, señala Sánchez Bayle.

IFEMA, buque insignia y metáfora de los negocios del PP madrileño con sus empresarios amigos, ha sido la respuesta “milagro” de la Comunidad de Madrid a la pandemia. A Guillén del Barrio, enfermero de urgencias del Hospital la Paz y delegado sindical del Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad (MATS), le han crucificado por criticar los masivos recortes que ha realizado el PP madrileño y por denunciar el mercadeo en el que ha convertido la sanidad. Para él, como para Marciano Sánchez Bayle, “el hospital del IFEMA es la muestra de un fracaso, del descalabro de un modelo que sólo ha beneficiado a fondos de capital y empresas de infraestructuras”, asegura.

Esta obra de arquitectura privatizadora invita a bucear en los libros de historia. El modelo, que se ha replicado y extendido por todos los
circuitos del sistema, nace en los felices tiempos inmobiliarios de José María Aznar. En 2003, cinco de las diez empresas constructoras con mayor capitalización bursátil de Europa eran españolas. Todas ellas han entrado en el sector sanitario para diversificar riesgos y ampliar mercados. ACS
sigue a la cabeza y dirige guarderías, servicios de limpieza y restauración de hospitales, residencias para mujeres y personas sin hogar, centros de día para personas discapacitadas, además de emplear a miles de cuidadores de ayuda a domicilio no sólo en Madrid sino también en Barcelona.

España gasta un 9% de su PIB en Sanidad. De ese porcentaje, casi tres de cada diez euros se mueven en el sector privado

Mientras la sanidad pública se despedazaba de forma sistemática, los beneficios del negocio sanitario privado en España no dejaban de crecer, y hoy son la envidia de las empresas europeas. España dedica un 9% de su PIB a Sanidad. Y casi tres de cada diez euros se mueven en el sector privado. Según el informe de la Fundación IDIS, la patronal del sector español, el peso del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total es uno de los más elevados (28,8%) de Europa, por encima de la media de la OCDE (26,5%), muy por encima de países como Holanda (19,0%) y Francia (17,1%), y casi duplicando el de Alemania (15,4%). Este estudio, publicado en 2019, calcula que el mercado sanitario privado movió en España 28.858 millones de euros en 2016.

En el mercado de la sanidad privada madrileña conviven ilustres constructores españoles que adoran los paraísos fiscales, grandes grupos sanitarios extranjeros y fondos buitre. Sacyr vendió su 49% de los hospitales de Coslada y Parla a un fondo de inversión del Lloyds Bank que luego compró el de Arganda. Florentino Pérez construyó el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda a cambio de gestionarlo, antes de venderlo a otro fondo, éste holandés, llamado DIF Capital Partners, que poco tiempo después lo traspasó por 300 millones de euros al gigante financiero Brookfield, socio preferente del presidente del Real Madrid en sus inversiones por España, Europa y Latinoamérica. Una sospechosa pescadilla que se muerde la cola. “La gestión sanitaria de Madrid no es una privatización sino un fraude”, afirma rotunda Rosa Medel, portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Sanidad del Congreso y oftalmóloga desde hace 35 años en el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia.

El confinamiento ha servido a esta diputada para profundizar en su estudio del modelo sanitario madrileño: desde que Esperanza Aguirre tomó la decisión, ya antes del Tamayazo, de engrasar el negocio sanitario privado con dinero público, “se han empleado tres tipos de privatizaciones”, resalta Medel. La más común es la que se conoce en España como concesiones de obra pública en sanidad (oficialmente PFI, por su nombre en inglés) y afecta por ejemplo a los centros de Majadahonda, Coslada y Arganda.

También al Infanta Leonor de Vallecas, que estará en manos del fondo holandés DIF Capital Partners hasta 2035; y al Hospital del Tajo de Aranjuez, construido bajo el mandato de Aguirre en 2007 y hoy gestionado por Assignia Infraestructuras, de la que fue asesor el controvertido ex consejero madrileño de sanidad, Manuel Lamela, quien, como Aguirre, está investigado en el caso Púnica.

Finalmente, está el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, construido y gestionado por Acciona, una de las empresas españolas de referencia en los sectores de infraestructuras y energías renovables. Rosa Medel calcula que todas estas operaciones “han costado a la ciudadanía entre 7 y 8 veces más de lo que hubiera supuesto su construcción y gestión pública”.

Otro patrón de privatización seguido en Madrid es la fórmula de la colaboración público-privada (CPP), fuertemente impulsada en tiempos de Aguirre para abrir en canal el sector sanitario al mercado libre. Los servicios son gestionados por empresas privadas con contratos de explotación de 30 años, lo que supone un sobrecoste anual para las arcas públicas cercano al 15%.

Es el caso de los hospitales de Valdemoro, Torrejón, el de Collado Villalba y el de Móstoles-Rey Juan Carlos, un complejo de 94.000 m2 que supuso un negocio redondo para la constructora OHL, propiedad del marqués de Villar Mir, buen amigo del rey emérito y símbolo de las puertas giratorias del franquismo a la Transición y la democracia.

De Publio Cordón a Fresenius, el gigante corrupto alemán 

Pero si hay un modelo sofisticado para ganar dinero ese es, sin duda, el que se aplicó en la Fundación Jiménez Díaz –donde ingresaron Esperanza Aguirre y su marido para ser tratados de la covid-19–, cuya gestión se concedió a la empresa IDC Salud, que hoy opera bajo la marca Quirón Salud. 

Quirón Salud es el holding que mejor resume el auge, la burbuja y el pelotazo que ha vivido la sanidad privada en España durante los últimos 20 años. Fue fundada en Zaragoza a mediados de los años 50 por el médico Publio Cordón, secuestrado en 1995 por los Grapo. Tras pagarse el rescate, el empresario nunca apareció, y su familia mantuvo el control del grupo –su mujer, Pilar Muro, era la presidenta, y la hija, María Cordón, la consejera delegada– hasta 2014, cuando el fondo británico CVC Capital Partners compró el 61% de la compañía a otro fondo, Doughty Hanson, por 1.500 millones de euros. 

Quirón Salud es la empresa que mejor resume la burbuja y el pelotazo que ha vivido la sanidad privada en España en los últimos 20 años

Antes de vender, CVC, el fondo dirigido en España por Javier de Jaime, que es consejero de PRISA desde 2017, había comprado para Quirón cuatro grupos hospitalarios más, entre ellos las dos clínicas Ruber de Madrid por 150 millones de euros, y cuatro sociedades de prevención: Muprespa, MC Mutual, Mutua Universal y Fremap, por unos 180 millones de euros. A finales de 2016, CVC liquidó su parte –embolsándose unas plusvalías de al menos 2.600 millones en solo dos años– a la multinacional alemana Fresenius, por un total de 5.760 millones de euros. 

En la venta al gigante alemán, el entonces CEO de Quirón Salud y hoy presidente no ejecutivo, Víctor Madera, recibió 6,1 millones de acciones valoradas en unos 400 millones de euros. Madera es un médico ovetense al que la prensa afín llama el mago de la sanidad privada y que colecciona castillos y palacios. El crecimiento de las ventas de Quirón Salud en los últimos años ha estado por encima del 5% anual, según el grupo alemán. Entre enero y junio de 2019, la facturación de Helios Spain (la sociedad que gestiona la actividad de Fresenius en España) creció un 7% hasta 1.668 millones de euros.

Ese mismo año, varios trabajadores del Hospital General Villalba (HGV) denunciaron sus malas condiciones laborales: “Las/os enfermeras/os ganan unos 1.100 euros mensuales netos, cuando en el resto de hospitales de gestión pública del SERMAS, del que forma parte el HGV, superan los 1.500”. “La empresa intensifica la explotación de las/os profesionales obligándoles a doblar turnos… Así genera Quirón Salud sus ganancias: menos profesionales y peor retribuidos”.

Según los trabajadores, “existe una posición ventajosa para los hospitales que Quirón Salud tiene en la Comunidad de Madrid, que deriva de los Pliegos y Convenios que firmó con la Consejería de Sanidad, permitiendo ingresar a pacientes de otras zonas, y facturando después con enormes márgenes a la Consejería de Sanidad por esta atención sanitaria extra”. 

El comunicado resumió también la estrategia empleada durante años por la Comunidad de Madrid para beneficiar a las empresas que comercian con la salud y dejar inerme a la sanidad pública: “En tiempos de Esperanza Aguirre se intensificó la privatización sanitaria incrementando la transferencia de fondos públicos a manos privadas. Para ello se centralizaron y privatizaron las citas sanitarias en un único Centro de Atención Personalizada (CAP), el conocido como Call Center. Desde el mismo se desvían consultas, pruebas e intervenciones de pacientes a los hospitales privados, pues se les dice que en sus respectivos centros públicos hay mucha lista de espera. Los pacientes esto no lo pueden confirmar, y ante esperas inasumibles contestan afirmativamente a la propuesta del CAP, terminando en los hospitales de gestión privada como el HGV, el Rey Juan Carlos, la Fundación Jiménez Díaz o el Hospital de Valdemoro. Cuatro hospitales que casualmente tienen un mismo dueño, Quirón Salud / Fresenius”.

Fresenius es el principal operador sanitario de España. En 2017 fue puesto en el ojo del huracán de la justicia de EE.UU. por practicar sobornos en 17 países

"De esta manera, los fondos públicos que terminan recibiendo estos hospitales pueden duplicar las cantidades que declara la Consejería de Sanidad en sus presupuestos anuales. Así lo reflejó la Cámara de Cuentas en su último informe de 4 Marzo de 2019: “Mientras en la mayoría de los hospitales públicos del Grupo 3, en el periodo 2010-2014, los gastos disminuyen en torno a un 10%, los de la Fundación Jiménez Díaz (hospital concesionado) se incrementan un 23%”.

Irónicamente, Fresenius, que es hoy el principal operador sanitario de España, tiene un pasado tan poco saludable como el de otras multinacionales alemanas. En 2017 fue colocada en el ojo del huracán de la justicia de EE.UU. por practicar sobornos sistemáticos en 17 países. El regulador bursátil estadounidense, la SEC, acusó a Fresenius de haber corrompido a médicos y otros responsables sanitarios entre 2007 y 2016 para que crearan unidades de tratamiento de afecciones renales que luego debían adquirir los productos de diálisis que ellos fabricaban. El escándalo fue enterrado con un acuerdo extrajudicial. Fresenius pagó una multa de 207 millones de euros.

Gay Talese escribió que Sinatra con un resfriado es como Picasso sin pintura, pero peor. Tirando de este hilo surge una pregunta. ¿Qué sería de Isabel Díaz Ayuso sin estas grandes corporaciones? Tras la misa con lágrimas negras, Ayuso se subió a un food truck para repartir bocadillos de calamares en la verbena que organizó en el improvisado recinto hospitalario del IFEMA que se disponía a clausurar. Pero allí, los mismos médicos, enfermeras y auxiliares que durante mes y medio curaron a 3.800 personas la recibieron al grito de “Sanidad pública”, “Queremos tests” y “No nos representas”. La reacción de la presidenta fue aplaudir a los manifestantes que la censuraban y sacarse fotos tras las pancartas ante la mirada atónita de una multitud de invitados. Ella, en cambio, dio la sensación de disfrutar como una niña jugando en el barro.

Su discurso fue un canto al libre mercado y a la colaboración público-privada. Una proclama que para sus detractores no deja de ser una arenga simplona que trata de ocultar uno de los mayores fracasos asistenciales que se recuerdan. Y con unos resultados dramáticos. Con la economía tendida en la lona, el desempleo disparado y las trompetas del miedo sonando a las puertas de las grandes empresas beneficiadas, su Gobierno ha comenzado a mirar la reconstrucción con temor, y trata de levantar diques que sostengan la privatización del sistema sanitario y residencial que su partido aplica como un mantra.

¿Cómo lo está haciendo? “La primera fase ha sido legitimar la función social de la gran empresa, el supuesto motor de esa ecuación neoliberal que conforman riqueza, empleo, crecimiento, progreso y desarrollo”, advierte Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) e investigador sobre la relación entre el neoliberalismo y la pobreza. “El ejemplo es la publicidad que hacen de las donaciones de materiales y equipos sanitarios que realizan corporaciones como El Corte Inglés, Orange, la Fundación Amancio Ortega, el Real Madrid, Repsol, el BBVA, Telefónica, Iberdrola, etc. Esto no deja de ser un contraataque para adelantarse a las críticas de esa colaboración público-privada que defiende el PP”, explica el experto. 

Residencias mortales

La estrategia persigue blanquear la imagen de un negocio al que la pandemia ha situado contra las cuerdas. El paradigma son las residencias de mayores, intervenidas por el Gobierno después de que la ministra de Defensa y numerosos testigos y familiares describieran lo que sucedía como un espanto. 

El piloto rojo estaba activado antes de la llegada del virus pero la Comunidad miró hacia otro lado. Y hay más casos, la mayoría reportados en instalaciones cedidas por el Gobierno autonómico a fondos buitre y a la crema del sector de infraestructuras español. Junto al suculento negocio, el rastro de víctimas es estremecedor: al menos 5.860 muertos, por el momento. La Fiscalía está investigando a más de sesenta residencias privadas o concertadas en Madrid por homicidio imprudente y otros delitos.

Ayuso ha tratado de salir del embarazoso barrizal de los asilos transformándolo en artillería pesada contra el gobierno central, al que la presidenta madrileña acusa de “mirar hacia otro lado” y de no haber hecho “absolutamente nada” para revertir la situación. 

Su acto de contrición más destacable ante lo sucedido se limitó a prometer “planes de atención integral” para mejorar el servicio, a realizar un “seguimiento sociosanitario” y a “intensificar el cuidado” de los usuarios. 

El sociólogo Guillermo Fernández, autor del libro Qué hacer con la extrema derecha, explica así la táctica de Ayuso: “Ideológicamente tiene un cierto parecido a Rocío Monasterio y a Vox, en cuanto a la cultura del enfrentamiento y la visualización de símbolos como la bandera, el himno, y la exaltación emocional de una nación herida unida contra un virus. Pero, sobre todo, le veo gran similitud con Esperanza Aguirre porque, al igual que hizo la ex presidenta, ha logrado convertirse en una de las cabezas de la oposición al Gobierno central hasta el punto de que cuando habla en la Asamblea quien le responde es Pedro Sánchez en el Congreso”.

No es de extrañar que, en este caldo de acritud partidista, Díaz Ayuso parezca mucho más temible y astuta de lo que pensaban sus detractores.