El 3 de marzo de 2020 se conoció la primera muerte en Madrid –la tercera en España– confirmada con coronavirus, aunque ahora sabemos que en febrero el virus ya campaba a sus anchas por el país y que seguramente hubo varias defunciones anteriores que se atribuyeron a neumonías u otras causas. La primera víctima madrileña, una anciana de 99 años, tenía problemas pulmonares y otros achaques. Esa primera semana de marzo, las autoridades sanitarias regionales insistían en las “patologías previas” y en la “edad avanzada” para intentar disipar el miedo que ya cundía entre la población ante los primeros fallecimientos. 

Días antes, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, había afirmado en una entrevista en Antena 3 que “lo más peligroso ahora es el miedo más que el propio virus, que normalmente deja como secuelas síntomas menores incluso que una gripe”. De hecho, varias diputadas autonómicas del PP y también líderes de Ciudadanos (Cs), como la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, habían participado en la manifestación feminista del 8-M, aunque ahora se arrepienten y la culpan de ser la olla que infectó a todo Madrid. El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, respondió, a preguntas de los periodistas, que dejaría ir a su hijo a la marcha. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ahora investigado judicialmente por este asunto, animó a acudir al acto reivindicativo.

Todo cambió con la muerte de esa anciana casi centenaria. Vivía en la residencia La Paz de Madrid, donde al poco tiempo comenzaron a enfermar otros internos y una auxiliar

Esa era la situación. Nadie quería alertar y pocos tenían certezas sobre lo que podía ocurrir. Pero todo cambió con la muerte de esa anciana casi centenaria. Aunque murió en el hospital Gregorio Marañón, vivía en la residencia La Paz de Madrid, donde al poco tiempo comenzaron a enfermar otros internos y una auxiliar. Luego apareció otro foco en el centro de mayores Duque de Ahumada de Valdemoro. La pandemia había llegado al peor lugar posible, las residencias de ancianos, que concentran al grupo con más riesgo (el 85% de los fallecidos por covid-19 tiene más de 70 años) y donde trabajan cientos de empleados en condiciones precarias, con mucha carga de trabajo y muy pocos materiales de protección.

Debido a la delicada situación, la Comunidad de Madrid tomó la iniciativa y el 5 de marzo decidió cerrar la actividad de los centros de mayores de toda la región y más adelante restringir las visitas de familiares a todas las residencias, entre otras medidas. Pero la realidad es que hasta la declaración del estado de alarma el 14 de marzo muchos de estos centros fueron flexibles en el cumplimiento de esta norma. 

Leonor, que tiene a su madre en la residencia Peñuelas de Madrid, se queja del “fallo tremendo” que supuso mantener varios días abierto el centro de día de esa residencia cuando ya estaba prohibido y seguir mezclando a todos los mayores pese a las restricciones. “Mi madre bajaba al comedor con los demás en plena crisis. Además, los trabajadores hasta aproximadamente el 20 de marzo no contaban con todos los medios de protección, y las pocas mascarillas que tenían se las compraban ellos”, se queja. Por eso, junto a otro grupo de familiares, ha denunciado ante la Justicia esta y otras irregularidades.

No es la primera vez que lo hacen. Peñuelas es una de las residencias con peor reputación de la región. Durante la pasada legislatura, el entonces diputado de Podemos Raúl Camargo, uno de los impulsores de la Marea de Residencias, llevó a la Asamblea de Madrid su lamentable situación. Peñuelas está gestionada por el Grupo Aralia, un emporio que recibe 15 millones de euros de la Comunidad por la externalización de varios centros pese a contar con varias sanciones por falta de limpieza y personal, lo que eufemísticamente llaman “penalidades”. Poco meses antes de esta crisis, la Consejería de Políticas Sociales había iniciado un procedimiento para retirar la gestión a esta empresa por incumplimientos graves del pliego de contratos. Un pequeño paso que llegó de la mano del consejero Alberto Reyero, de Cs, al que algunos de sus socios tachan despectivamente de socialdemócrata.

Gestión privada

En virtud de la Ley de Transparencia, hace unos meses se hizo pública la lista de residencias madrileñas sancionadas en los últimos años, que el Ejecutivo autonómico se había negado a comunicar para “no dañar el buen nombre comercial de la empresa o su prestigio, pues afectaba a su proyección pública”. Hasta ese momento si una familia o un anciano quería conocer detalles de un geriátrico tenía que preguntar en un foro de Internet. En total, 96 residencias de la tercera edad y 6 centros de día habían sido multados por mala atención a usuarios o incumplimientos de normas básicas del contrato. También se descubrieron 12 residencias clandestinas en chalés, que fueron cerradas. Teniendo en cuenta que operan 475 residencias en la región, la cifra de sancionadas es bastante destacable.

De la totalidad de residencias, solo 25 son totalmente públicas (6.258 plazas gestionadas por la Agencia Madrileña de Atención Social), 271 son privadas (18.470 plazas), 161 son privadas pero con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid (24.635 plazas) y 18 son públicas pero gestionadas de forma indirecta por una empresa (2.668). Por tanto, solo el 5% de los geriátricos y el 12% de sus plazas las gestiona directamente el Gobierno regional, un dato que se ha revelado fundamental para evaluar la eficiencia en la lucha contra esta pandemia, ya que sin capacidad real de control ha sido difícil aplicar con celeridad las órdenes llegadas de las administraciones. 

Pero vayamos por parte y por tiempos. Nos quedamos en el 15 de marzo con el estado de alarma. Las residencias ya son conscientes de la gravedad de la enfermedad y las muertes se suceden. Los primeros en dar la voz de alarma fueron ese mismo día los familiares de la residencia Monte Hermoso de Madrid. “Hay 70 casos y 17 fallecimientos. Solamente hay un médico contratado por la mañana que, si hay urgencias, va por la tarde; y una enfermera en turno de mañana y tarde. Como solución nos dicen que podemos llevarnos a nuestros familiares a casa. Quería denunciar la opacidad de la información, además de que nos parece ilegal lo que están proponiéndonos. Les escribo para que esta situación se haga pública y la residencia reciba los recursos que ahora necesita”, escribió a varios periodistas Rosana Castillo, que tenía a su madre Carmela, de 86 años, en esa residencia concertada. Dos días después murió.

Sin medios y sin control

Monte Hermoso y la devastación del coronavirus en los geriátricos se convirtió en noticia de alcance nacional. Aunque Ayuso defendía que “no era la tónica general” y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) afirmaba que estaban “actuando bien”, esa misma semana saltaron casos similares en la residencia Santísima Virgen y San Celedonio (10 fallecidos), SotoFresnos de Soto del Real (9 fallecidos), Albertia Moratalaz (7 muertos) Montserrat Caballé de Madrid (el Padre Ángel pidió ayuda desesperada tras 6 fallecimientos), Nuestra Señora de la Antigua de Morata de Tajuña (5 muertos), entre otras. 

Disparidad de tipos de centros y localizaciones, pero con problemas muy similares. El más importante, la ausencia de material de protección. No había mascarillas en España y las pocas que llegaban iban a los hospitales. Tampoco tenían nada en reserva. Los médicos, auxiliares y cuidadores de las residencias se protegían como podían, con tapabocas de tela o pañuelos. También faltaban guantes y quienes atendían a los contagiados se cubrían el resto del cuerpo con bolsas de basura. “Pedimos sin éxito material clínico, mascarillas, trajes de protección, oxígeno, etc. Trabajar así es muy limitativo y crea todo tipo de problemas”, reconocían desde la propia residencia San Celedonio, donde ha muerto también alguna de las monjas que cuidaban a los mayores.

El escaso material empezó a llegar a finales de marzo a las residencias. Por lo tanto, durante esas primeras semanas el personal de las residencias, más de un 80% mujeres, se convirtió en vector de contagio del interior al exterior, y viceversa. Y lo pagó en sus carnes, con algunas trabajadoras fallecidas y cientos de contagios y bajas laborales. “Hubo semanas con un montón de compañeras de baja y algunas ingresadas. Ha sido un desastre, no nos daba la vida y muchas se dieron de baja voluntaria porque acaban destrozadas. Además de no darnos el material, denegaron reducciones de jornada para cuidar a nuestros hijos y otras situaciones. Ha sido terrible”, manifiesta Ana, trabajadora de la residencia Adolfo Suárez de Madrid.

Peñuelas está gestionada por el Grupo Aralia, un emporio que recibe 15 millones de euros de la Comunidad por la externalización de varios centros pese a contar con varias sanciones

El propio consejero de Políticas Sociales confirmó en una comisión telemática de la Asamblea de Madrid que el 40% de la plantilla de residencias estaba o había estado aislada o infectada por la covid-19. Para paliar esta situación, su departamento realizó 1.521 nuevos contratos en geriátricos públicos en este tiempo, 884 en atención directa. También envió currículos a las residencias privadas y puso en marcha un sistema de contratación directa a través de una empresa, gracias a lo que se han incorporado tan solo 64 nuevos auxiliares.

Esta escasez de personal y el aumento de la carga de trabajo provocaron que la comunicación de los centros con los familiares de los residentes, cada vez más preocupados, fuese muy precaria. La Consejería emitió el 18 de marzo una orden para que los geriátricos informaran diariamente a la Comunidad de Madrid de todos los contagios y fallecidos y a los familiares de la situación concreta de sus allegados. Lo segundo no se cumplió en muchos centros. 

Antonio Morales, director de operaciones de Vitalia, el grupo que gestiona, entre otras la residencia Vitalia Home Leganés, donde han fallecido hasta la fecha un centenar de ancianos, asegura que tuvo que contratar a dos personas solo para atender el teléfono. “Hemos estado sometidos a un estrés como nunca antes hemos conocido. Hemos tenido que decidir entre atender a los mayores o atender al teléfono. Hemos vivido una etapa caótica que nos ha pillado con el pie cambiado. Nunca nos hubiéramos imaginado esto”, recalca. Llegaron a tener 73 empleados de baja. “Ahora hemos contratado a un geriatra, ya tenemos médico todo el día y hemos repuesto a la plantilla de baja casi a su totalidad, pero hay que entender que los trabajadores nuevos son poco eficientes en un principio porque no conocen a los mayores”, apostilla.

“Zonas limpias. Zonas sucias”

Para evitar más contagios, el 21 de marzo el Boletín Oficial del Estado publicó una orden que exigía a los centros de personas mayores y centros sociosanitarios que separaran a sus residentes en cuatro grupos: sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de coronavirus; residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo; residentes con síntomas; y casos confirmados. De esta forma, se tenía que establecer dentro de las instalaciones las llamadas “zonas limpias” y las “zonas sucias”, separadas entre sí, en la que no se mezclaran personal, usuarios, espacios comunes ni ascensores.

Pero algunas residencias, una vez más, incorporaron estas medidas tarde y mal. “A nosotros nos informaron que les separaron el día 31 de marzo, más de una semana después de la orden, lo que ha podido incrementar los contagios. La Unidad Militar de Emergencias (UME) llegó el día 3 y a partir de ahí sabemos que se les bajó a una planta a todos los que tenían síntomas. No nos han explicado cómo hicieron la separación, no nos dicen en qué grupo de la clasificación están nuestros familiares. Son muchas cosas”, relata Luz cabello, familiar de una usuaria de la Adolfo Suárez y vicepresidenta de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare), que durante estos meses ha batallado por una mayor intervención pública en los geriátricos.

Al final tuvo que ser la UME, la Guardia Real, los Bomberos, la Policía o los servicios de emergencias sanitarias los que, además de desinfectar casi todos los geriátricos madrileños, inspeccionaran el cumplimiento eficaz de la zonificación, así como la existencia de material de protección. Los militares se han encontrado situaciones espantosas, como ancianos desatendidos por ausencia de personal, cadáveres en habitaciones (los centros lo achacan al colapso de los servicios funerarios) o mascarillas y guantes escondidos y sin desembalar en una residencia en Mirasierra cuando los necesitaban los trabajadores, por citar algún ejemplo.

Los triajes

El conocimiento de lo que ocurría en muchas de estas residencias ha sido labor de familiares y empleados, que en algunos casos se jugaban su puesto de trabajo por informar. Apenas hay datos oficiales de la propagación de la pandemia por centros. El consejero Reyero los facilitó solo en una ocasión, el 25 de marzo en una reunión con portavoces de la oposición. 

Hasta ese día en Monte Hermoso habían muerto por todas las causas 46 personas, en Ballesol Alcalá 41, en la Residencia de Carabanchel 31; en Casaquinta 27, en Orpea Madrid 26 y en San Celedonio 24, entre otras. En total, 1.101 fallecidos entre el 8 y el 25 de marzo. Además, otras 29 personas con discapacidad habían muerto en estos centros. En esa tabla se desglosaban las cifras de afectados según la gestión de centros. Así, se descubrió que en residencias privadas habían muerto 301 ancianos, en las concertadas 632, en las de gestión indirecta 66 y en las públicas 102. Por tanto, por número de plazas, la mortalidad en las residencias gestionadas por empresas privadas era aquel entonces ya del 2,2% y las gestionadas por la Comunidad del 1,6%.

Otro dato que arrojaba esa tabla era que el 72% de los residentes fallecieron en el centro y el resto en el hospital. En aquellas dos últimas semanas de marzo y la primera de abril muchos hospitales madrileños estaban colapsados y se estableció un triaje, es decir, racionalizaron la escasez de recursos personales y materiales con los que contaban para aplicarlos a quienes consideraban que tenían más posibilidad de salir adelante. 

La Dirección regional de Coordinación Sociosanitaria envió un documento a las residencias en el que les indicaba que no debían mandar al hospital a aquellas personas que, aunque tuvieran infección respiratoria, no pudieran ser independientes en sus movimientos o tuvieran alguna discapacidad. Tras aparecer en la prensa estos criterios discriminatorios, la Comunidad de Madrid dio marcha atrás a este protocolo y lo sustituyó por otro que garantizaba las derivaciones de residentes a hospitales, pero dejándolas a criterio de un geriatra, que es quien ahora valora si los pacientes tienen opciones reales de recuperarse para evacuarles al hospital.

De las 475 residencias de Madrid, 96 residencias de la tercera edad y 6 centros de día habían sido multadas por mala atención a usuarios o incumplimientos de normas básicas del contrato

Una de entre muchas víctimas de este triaje fue el padre de María, de 76 años y con Párkinson, que murió con coronavirus solo en una cama de la residencia Amavir Valdebernardo el 7 de abril. “Luchó muchos años contra esa enfermedad y no se merecía ese final”, relata en una carta dirigida a la asociación El Defensor del Paciente, que ha recibido comunicaciones similares estas semanas. Fuentes de este geriátrico reconocen esta situación y también se quejan de lo que pasaba: “Nos ha generado una enorme impotencia esta situación. Cuando bajó la presión asistencial en hospitales, ya hemos podido derivar a residentes. Queremos que la Fiscalía investigue todo esto “. Una Fiscalía que no para de trabajar en este sentido, ya que investiga en España al menos 86 residencias de ancianos, 40 ellas en Madrid, por delitos como homicidio por imprudencia, maltrato y abandono, dependiendo el caso.

Medicalización de residencias

Las derivaciones a hospitales y la carencia de oxígeno, fármacos y personal médico y enfermero en las residencias de mayores han levantado un debate, hasta ahora dormido, sobre el modelo asistencial en estos centros, más enfocados a “cuidar y no curar”, como han destacado algunos líderes políticos y patronales de geriátricos para intentar justificar lo ocurrido. Un asunto que además abrió una nueva gresca política entre los dos socios del Gobierno regional. 

El consejero de Políticas Sociales fue apartado de la gestión de las residencias el 26 de marzo, justo después de dar la tabla de datos de fallecidos por residencias, por lo que fuentes de la formación naranja creen que ese fue el verdadero motivo. La Consejería de Sanidad montó un plan de choque, aún vigente, que consiste en la inspección de los centros y la vigilancia del cumplimiento de las normas de separación e higiene, así como su dotación de personal médico y material de protección. Desde entonces y hasta un mes después, equipos multidisciplinares de seguridad habían visitado decenas de residencias y habían medicalizado 204, según la información de ese departamento. 

Pero Alberto Reyero no está de acuerdo con este último dato y en una comisión telemática de la Asamblea de Madrid aseveró que “una residencia medicalizada no es una residencia con atención sanitaria, es algo más”. Semanas antes ya había chocado con la presidenta cuando pidió desesperadamente que médicos del Ejército acudieran a las residencias y esta le respondió que no hacía ninguna falta. En una entrevista en la cadena Ser fue más allá. Apuntó que “no había ninguna” residencia medicalizada y se quejó de que sanitarios del Samur marcharan a Soria y Segovia a ayudar a sus geriátricos con la situación que se estaba viviendo en Madrid. 

Durante esas primeras semanas el personal de las residencias, más de un 80% mujeres, se convirtió en vector de contagio del interior al exterior, y viceversa

Estas declaraciones levantaron ampollas en los consejeros del PP e incluso Díaz Ayuso valoró su cese, aunque eso dinamitara el pacto de Gobierno (Cs elige a sus consejeros y el PP a los suyos). El vicepresidente Ignacio Aguado le recordó que eso “no le competía”. Finalmente, en un debate parlamentario, la presidenta madrileña acabó respaldando a Reyero frente a las peticiones de dimisión de Vox. Pero los problemas de la presidenta no acaban ahí. A la vista de lo ocurrido, varios alcaldes del sur de la Comunidad han reclamado a la Justicia la medicalización efectiva de las residencias de sus municipios. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha dado la razón a Alcorcón y exige al Ejecutivo autonómico que actúe ya.

Intervención de las residencias

En esta travesía en el desierto, la Consejería de Políticas Sociales ha intervenido en 14 geriátricos privados o concertados “en estado crítico” por un “incremento no esperado de fallecimientos”, según comunicó al Ministerio. Se trata de DomusVi Espartales, Casaquinta Ciempozuelos, Isabel La Católica, Fundación Reina Sofía Alzheimer, Sergesa Boadilla; Vitalia Home Leganés, Monte Hermoso, Residencia de Usera, Geriatel Rivas, Orpea Santo Domingo; Santísima Virgen y San Celedonio, La Purísima Concepción, Santa Teresa Jornet y Las Golondrinas de Robledo de Chavela. 

La intervención consiste en enviar un funcionario, que se centra en un “exhaustivo y diario control” de todas las gestiones del centro, en la información y participación activa en la toma de decisiones, y en la demanda de atención adecuada “tanto a los médicos de la plantilla como a los geriatras y hospitales de referencia”. Esta supuesta decisión no gustó, lógicamente, a las empresas. “La gente lo escucha y se asusta. La situación no es crítica y está controlada”, explicaba el director de Márketing del Grupo Orpea, que negaba que la intervención supusiera apartarles de la dirección de sus centros: “Más bien es un trabajo de inspección”.

El consejero Reyero ha defendido que este instrumento administrativo ha ayudado mucho a reducir el número de fallecidos en estos centros, aunque también ha reconocido que con algunas direcciones tuvo problemas. Con datos oficiales a fecha 1 de mayo, 635 ancianos han fallecido en las 14 residencias intervenidas, casi el 10% del total en toda la región. Siguen viviendo allí 1.449 ancianos, 430 de ellos con coronavirus confirmado por test y 161 con síntomas pero sin confirmación. Además, otros 536 están también aislados sin síntomas por haber mantenido contacto con infectados.

Se descubrió que en residencias privadas habían muerto 301 ancianos, en las concertadas 632, en las de gestión indirecta 66 y en las públicas 102

Del resto de residencias no hay datos completos. Lo único que se sabe es que el 40% de los 6.800 test rápidos realizados en geriátricos madrileños hasta el 20 de abril, último día que se proporcionaron datos, dieron positivo por coronavirus. Familiares y trabajadores siguen reclamando pruebas diagnósticas para todos, incluso con caceroladas como las que han protagonizado en la Gran Residencia de Carabanchel. La falta de test aumenta el miedo al contagio de los trabajadores e impide la incorporación de personal de baja, pero también un deseo que va en aumento entre los familiares: sacar a sus seres queridos de determinados centros. Sin resultado negativo en covid-19 no es posible hacerlo.

De momento, 90 personas han abandonado las residencias públicas durante la pandemia, según una portavoz regional, por lo que serán muchas más las que se hayan marchado del resto de geriátricos. Otros no han dado ese paso por miedo a perder la plaza pública o concertada –difícil de conseguir tras listas de espera y sensiblemente más barata que en las privadas– o porque no tienen tiempo ni cuentan con los medios para atender a una persona dependiente. “Afortunadamente mi madre no es muy mayor y ha podido venir a mi casa. Lo que no quería era que acabara como otras personas en residencias, desatendidas y aisladas del mundo. O fallecidas solas como perros tras varios días de fiebre y penurias. No me arrepiento. Ha sido la mejor decisión de nuestras vidas”, cuenta la familiar de una usuaria de un geriátrico de Alcorcón, que prefiere no dar su nombre.

Del 8 de marzo al 1 de mayo murieron en la Comunidad de Madrid 7.092 personas en residencias, 5.688 por coronavirus, según datos oficiales. Muchos de ellos no han sido contabilizados en las estadísticas del Ministerio de Sanidad porque no fueron hospitalizados y murieron en sus camas de geriátrico por “posible covid” o sin alusión a la enfermedad en sus partes de defunción. Madrid es la región española con más decesos totales por coronavirus, y también encabeza el ránking de letalidad en residencias de ancianos. Le sigue a gran distancia Cataluña, con 3.044 fallecidos en estos centros. Las últimas cifras reportadas revelan una sustancial bajada de mortalidad, por lo que parece el virus tiende a controlarse también aquí.

Para cuando pase la pandemia, diversos políticos y expertos reclaman ejecutar cambios importantes en la gestión de residencias y centros de día de todo el país, y especialmente en Madrid. Sus recetas pasan por un medicalización real, una mayor inversión e intervención pública, unos ratios de personal acordes con el volumen de usuarios y una mayor preparación ante pandemia y epidemias venideras. Otros apuestan por poner en marcha un nuevo modelo de asistencia a la tercera edad, alternativa al aparcaancianos residencial, que les proporcione asistencia médica, alimentación, servicios comunes y compañía en pisos o instalaciones más pequeñas donde cada persona tenga mayor independencia, como ocurre en otra partes de Europa. Es indudable que esta crisis obligará a planear estas y otras opciones y tomar medidas a un corta plazo, algo hasta ahora inimaginable.