Hace semanas que las estoy esperando. ¿Te han llegado ya? –pregunta ella, insistente, por Whatsapp, y no tengo más remedio que responder que no, que siguen sin aparecer, que todo viene con retraso o directamente se pierde por el camino. Mi madre, al otro lado del Atlántico, suena preocupada: sabe que si no recibo las mascarillas que aquí no consigo encontrar –las famosas FFP2– es menos probable que me decida a ir a verla. Yo suspiro, pero me acuerdo de la cantidad de familias que dependen del servicio postal para hacerse con los medicamentos que necesitan o cobrar la nómina en forma de cheque, casos sin duda más urgentes que el mío. No soy la única residente en Filadelfia que ha acusado demoras en el correo, ni tampoco en el país. Si en un principio pensé que se trataba de otra jugada de la covid, esa enfermedad que, a base de minar al personal trabajador, ha provocado escasez de alimentos en los supermercados y nos ha dejado sin recogida de basura varias semanas, después me di cuenta de que el problema era más complejo y, a la vez, congruente con el espíritu dictatorial de esta Administración: estoy refiriéndome a los esfuerzos presidenciales por restringir a toda costa el voto por correo, lo cual podría favorecer a los republicanos en las próximas elecciones. 

Trump ha hecho pública innumerables veces la errada creencia de que el voto por correo conduce al fraude electoral y, en unas declaraciones recientes, afirmó que se negaba a subsidiar el USPS (el servicio postal de Estados Unidos, en sus siglas en inglés) precisamente para impedir esta forma de participación política. La subvención a Correos sería parte de un paquete de ayudas económicas que se ha quedado estancado en el Congreso en una época en la que la mayoría de los representantes está de vacaciones.

USPS es una agencia federal que arrastra pérdidas millonarias desde hace años; sin embargo, ahora está en juego la reelección en los comicios de noviembre, y el presidente no ha tenido ningún reparo en desvelar su estrategia para impulsar unos resultados favorables. El pasado junio contrató a Louis DeJoy, un republicano convencido y donante en sus campañas electorales, como director de Correos y, desde que esto ocurriera, los cambios para asfixiar aún más a la moribunda agencia no se han hecho esperar, desatando todo tipo de críticas. Tras tomar posesión del cargo, DeJoy emitió un comunicado dirigido a sus trabajadores donde anunciaba retrasos en las entregas. Su plan también ha consistido en denegar el pago de horas extras a empleados que esperan un incremento en el volumen de envíos, así como en la retirada de cientos de máquinas procesadoras de correo, necesarias para la eficacia del servicio –éstas pueden llegar a clasificar hasta 35.000 cartas por hora, dejándolas listas para ser repartidas–.

En las redes están circulando fotos en las que es posible contemplar decenas de buzones siendo arrancados de las calles y transportados a quién sabe qué almacén. USPS ha comunicado directamente a casi todos los estados que probablemente no sean capaces de repartir las papeletas a tiempo, puesto que los plazos establecidos por las leyes de cada territorio son incompatibles con los de la misma oficina de Correos. En un amasijo burocrático que consiste en ralentizar las entregas si no se contrata un envío exprés, más caro, la agencia parece advertir de que no se compromete a que los millones de votos que se esperan por correspondencia lleguen puntuales a su destino. Se podría pensar –justamente– que las medidas adoptadas también afectan a su electorado; no obstante, en el votante de Trump ha calado los constantes mensajes que animan a desestimar el virus como una amenaza, a considerarlo una conspiración y, por lo tanto, a desdeñar las medidas sanitarias de precaución. Como indica un informe del Centro de Investigación Pew, sólo el 17% de los republicanos prefiere el voto por correo, mientras que el 58% de los demócratas optaría por este medio. 

Sólo el 17% de los republicanos prefiere el voto por correo, mientras que el 58% de los demócratas optaría por este medio

A Estados Unidos lo lastra una larga historia de privación del voto que se remonta a sus orígenes como república esclavista y llega hasta nuestros días. Si Sísifo se nos apareciera en versión americana, probablemente bautizaría con esta historia a su piedra, que rodaría rauda y pesada hasta aplastar las páginas de la Carta Magna. Como explica el politólogo Roger Senserrich, “el derecho al voto a nivel federal sigue sin estar protegido constitucionalmente; sólo lo protege una ley”, el Voting Rights Act de 1965, lo que ha dado lugar a que existan todo tipo de restricciones implementadas para evitar que las decisiones políticas de miles de ciudadanos alcancen las urnas. Es habitual en multitud de estados negar el acceso al sufragio a quien se encuentre en la cárcel, y algunos hasta perpetúan esta prohibición una vez que los presos han cumplido condena. En un país que cuenta con la mayor población reclusa del planeta es significativo el esfuerzo institucional por eliminar su naturaleza como sujetos políticos. Son conocidos también los múltiples requisitos administrativos que se exigen a cualquier ciudadano para votar, desde carnés específicos hasta el registro previo en el censo electoral.

Por otra parte, y tratándose de una democracia consolidada como la norteamericana, sorprende un fenómeno como el gerrymandering, que consiste en trazar interesadamente los distritos electorales con el objetivo de beneficiar a un partido o a otro. Si bien aquí no estaríamos hablando de una restricción propiamente dicha a la hora de ejercer el derecho a acudir a unos comicios, se trataría de un falseamiento de la voluntad popular en detrimento de sus intereses. Finalmente, y aunque pueda sonar baladí, la celebración de elecciones en días laborables impide de facto que se acerquen a las mesas electorales quienes detentan trabajos precarios, sin vacaciones pagadas o días libres, lo cual afecta –como en el caso de las anteriores limitaciones– a las poblaciones más vulnerables, los negros, los latinos, la clase baja del país.

La celebración de elecciones en días laborables impide que se acerquen a las mesas electorales quienes detentan trabajos precarios

Mediante el constante establecimiento de barreras entre el ciudadano y las urnas, Trump no hace sino expandir un continuum histórico arraigado en este suelo desde su fundación como nación. El ataque al servicio postal no debe leerse únicamente como el arrebato excepcional de un presidente que persigue a toda costa perpetuarse en su mandato, sino más bien como la ampliación premeditada de una tendencia que ha excluido tradicionalmente a los más desfavorecidos –económica y racialmente–, privándolos de una participación a todas luces legítima en los asuntos de la res pública. El desmantelamiento de una agencia federal inviable en términos financieros no resultaría extraño si no fuese porque nos encontramos enfangados en una pandemia que, por estos lares, se ha cobrado más de 170.000 vidas y sigue su curso sin apenas obstáculos. De hecho, la destrucción de Correos comenzó años atrás, cuando el gobierno de George W. Bush impuso una cláusula que los obligaba a mantener un fondo de inversión insostenible destinado a la sanidad de sus trabajadores –un requisito no exigido a ninguna otra agencia federal y que condenó al USPS a la bancarrota. Ahora, ya en ruinas e insolvente, bastaba contratar al capo que diera la última estocada: hurgar en las zonas grises para que la faena fuese legal, reconocerlo en público. El correo, mis mascarillas, no llegan; obviamente, la democracia tampoco.