Reconozco no haber encontrado, en la búsqueda de una analogía que me ayudara a transmitir gráficamente la idea que quiero exponer, una categoría espacial que pudiera englobar aquellos hipotéticos lugares en los que absolutamente todo está permitido. De entre diversas posibilidades, he optado por utilizar la metáfora de las “zonas francas” (o los “puertos libres”) porque son espacios en los que en algún ámbito se da un cierto relajamiento de la legislación general del territorio en el que se encuentran. Servirían también las “guaridas fiscales”, pero, por algún motivo, me ha parecido más oportuno utilizar el nombre de estas áreas especiales a las que, si tuviesen sentimientos, pediría perdón por la injusta extensión que con fin metafórico voy a dar aquí al concepto. 

En España existe una posición institucional unipersonal, la Jefatura del Estado, que está libre de control político y judicial y que, según hemos podido cuando menos intuir en los últimos años, ha podido crecer hasta convertirse de facto en un espacio de cierta extensión. Como si una especie de paraguas penal (un parapenas) hubiera devenido en carpa. Aunque no conocemos lo sucedido con el detalle que sería deseable, me parece importante tomar conciencia de lo que ha aflorado con la actual situación, al menos como posibilidad: que la inviolabilidad del rey contemplada en la Constitución es susceptible de ser convertida en zona franca para la ocultación de movimientos de capital y operaciones irregulares. Así permite plantearlo el cúmulo de informaciones periodísticas que relacionan de una u otra forma al rey Juan Carlos I con algunos de los más importantes casos de corrupción de nuestra democracia. Y es que una ardilla podría cruzar el mapa de la corrupción española saltando de uno a otro de esos casos en los que de algún modo aparece el exmonarca. Comprobémoslo con un breve ejemplo que podemos comenzar con el caso Gürtel, emblema de la corrupción reciente que llegó a tumbar un Gobierno. 

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, explicó en 2015 que Ramón Blanco Balín le presentó a Arturo Fasana y le aconsejó que pusiera su dinero en los fondos que este controlaba, pues “la importancia de los clientes y de uno en concreto hacía imposible cualquier problema judicial”, razón por la cual él debía estar muy tranquilo. Según Correa, “la impunidad que me ofrecía Blanco Balín a mí no me alcanzaba, pero sí a sus otros clientes de la cuenta Soleado”. Cinco años después de esa confesión, el 12 de marzo de este año (tres días antes de que el rey anunciase el apartamiento de Juan Carlos I), Correa testificó ya ante sede judicial que por la cuenta Soleado gestionada por Fasana pasaba el dinero de “las grandes fortunas de este país, incluida la del rey de España”. 

Asimismo, tres días antes de esta confesión, realizada en el juicio de la pieza de la trama sobre la visita del Papa, se hizo público el auto con el que el juez José de la Mata finalizó la instrucción de la pieza principal del caso Gürtel. La investigación fue sobreseída para algunas personas, entre las cuales se encontraba Arturo Fasana, contra quien el magistrado no vio suficientes indicios de delito. José de la Mata es también el juez que ha instruido el caso Pujol, cuyo principal protagonista, el expresidente de la Generalitat, ya adelantó amenazadoramente en el Parlament que “si vas cortando la rama de un árbol, al final cae toda la rama, todos los nidos que hay, no es que solo caerá aquel de allá, no, no, caerán todos”. El sumario contiene notas policiales que advierten de una negociación entre el CNI y Jordi Pujol para pactar con el expresidente su silencio sobre Juan Carlos I a cambio de un trato favorable. El comisario Villarejo manifestó entonces que “algunos responsables del CNI negociarían con el propio Pujol ayudarle a cambio de que no revelara las relaciones de altas personalidades del Estado español con la cuenta Soleado”. 

Los Pujol, según dijo Javier de la Rosa a Francisco Nicolás Gómez, movían dinero a través de Arturo Fasana. Como Fasana ya ha aparecido anteriormente, podemos seguir nuestro camino por el citado Javier de la Rosa, que era uno de los empresarios que, según se ha informado, regaló a Juan Carlos I un coche de lujo. De la Rosa protagonizó otro de los más sonados escándalos de corrupción de la historia reciente de España, el caso KIO, en el que destacó también especialmente la implicación de Manuel Prado y Colón de Carvajal, uno de los principales hombres de confianza del rey Juan Carlos. En marzo de 2006, según informó Jesús Cacho, De la Rosa le lanzó a Prado y Colón de Carvajal, que guardó silencio, una serie de preguntas que insinuaban la existencia de entrevistas entre Juan Carlos I y mandatarios kuwaitíes y la participación del rey en las gestiones para la obtención de una suculenta comisión de 100 millones de dólares. De esos 100 millones, Prado se habría quedado con 45 mientras que 50 habrían sido ingresados en una cuenta del banco Coutts.

La operación por la que el mencionado grupo KIO se hizo con los terrenos sobre los que levantó sus torres en Madrid les valió a otros dos estrechos amigos de Juan Carlos I, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, una condena del Tribunal Supremo por estafa a los socios minoritarios. Pero el Tribunal Constitucional finalmente los absolvió en 2008 por la diferente interpretación que los magistrados hicieron sobre la prescripción del delito. Según ha publicado El Español, los Albertos celebraron la sentencia trasladándose en helicóptero al palacio de la Zarzuela. Los Albertos fueron los grandes beneficiados de la venta del Banco Zaragozano a Barclays, una operación muy cuestionada que, según el diario británico The Telegraph, fue posible gracias a la intervención de Álvaro de Orleans, que se llevó una comisión de 50 millones de francos suizos.

Álvaro de Orleans, primo lejano y amigo del rey Juan Carlos, es el responsable de la fundación Zagatka de Liechtenstein, que tiene como gestores a Arturo Fasana y Dante Canonica y que sufragó los vuelos privados de Juan Carlos de Borbón, lo que ha hecho sugerir la posibilidad de que Orleans fuera un mero testaferro. Eso es, de hecho, lo que apuntó Corinna Larsen en la conversación con Villarejo que consta en las famosas grabaciones del comisario de las cloacas. Según la expareja de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans es “el banco” del exrey. 

Los delicados asuntos que unen a Larsen con Juan Carlos de Borbón son ya muy conocidos. Se sabe que la empresaria recibió 64 millones de euros de Juan Carlos I provenientes de la donación que el rey Abdulá de Arabia Saudí le había hecho al rey español poco después de llegar España (el Estado del que el último era jefe) a una serie de acuerdos con aquel país, y después de concederle al monarca árabe el Toisón de Oro. La fundación panameña Lucum, en cuyas cuentas también gestionadas por Arturo Fasana y Dante Canonica se ingresó el dinero del rey, había recibido asimismo 1,7 millones que Juan Carlos I obtuvo del sultán de Bahréin. Las investigaciones judiciales en curso han relacionado el movimiento de esos 64 millones con la adjudicación del Ave a la Meca a un consorcio en el que la constructora OHL figura como una de sus principales empresas. OHL pertenece a Juan Miguel Villar Mir, a quien Juan Carlos I otorgó un marquesado en 2011, fecha cercana a la del cierre de la controvertida operación. Villar Mir fue exonerado de los casos Son Espases y Papeles de Bárcenas después de ser investigado en ambos, pero posteriormente fue imputado en las tramas Púnica y Lezo, vinculadas, como las anteriores, a la financiación irregular del Partido Popular. En el caso Púnica está también imputado el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, íntimo amigo de los actuales reyes y célebre compiyogui de Letizia Ortiz, que en un mensaje le mostró el apoyo de los monarcas reinantes cuando se conoció su implicación también en el caso de las tarjetas black de Bankia, por el que fue condenado (como Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey), aun cuando el Supremo apreció finalmente una atenuante por reparación del daño. La amistad de López Madrid con Felipe VI lo llevó a ser considerado invitado imprescindible en la despedida de soltero del entonces príncipe heredero que organizó Iñaki Urdangarín. De este último, cuñado encarcelado del rey de España, poco hay que añadir, por ser su implicación en el caso Noos de sobra conocida. Durante el juicio de esa trama, Diego Torres, que basó parte de su estrategia en el manejo de documentación sensible, afirmó que el abogado del rey Juan Carlos supervisaba las actividades del instituto. 

Esto es, brevemente esbozado, una parte de lo publicado en tiempos recientes, sin considerar informaciones sobre cobro de comisiones ya desde la dictadura. El periodista Jaime Peñafiel, por ejemplo, dice que desde Franco hasta el mandato de Aznar el rey Juan Carlos cobraba comisiones por barril de petróleo, lo que Roberto Centeno afirma haber comprobado tras decírselo el entonces ministro de Hacienda (y luego ministro de Exteriores de Felipe González) Francisco Fernández Ordóñez. En todo caso, nadie nos puede asegurar a los ciudadanos que, habiendo sucedido todo esto en los alrededores más o menos cercanos de ese espacio infranqueable, lo que se ha podido investigar no sea solo una mínima parte de lo existente. Porque en los casos en los que ha sobrevolado la figura del rey, esa vía de investigación ha aparecido barrada por la inviolabilidad, si no es que ha sido impedida de raíz a la vista de lo importante que resultaba para la “estabilidad institucional” y la “imagen de España” que no se revolviera en los nombres de alguna cuenta suiza. La UDEF, de hecho, se quejó durante la investigación de la trama Gürtel en 2013 de que los tachones aparecidos en los nombres de la cuenta Soleado, que solo dejaban a la vista los de Francisco Correa y Ramón Blanco Balín, impedían “reconstruir la dinámica seguida por la posición bancaria”. 

Y es así como, en el plano teórico, en el que es necesario especular para prever todas las posibilidades contenidas en nuestro sistema constitucional, emergen los contornos escurridizos de un espacio inviolable susceptible de ser convertido, potencialmente, en una zona franca para los entramados corruptos. Un escenario que resulta más inquietante al conocer que, en el interior de ese espacio opaco, la persona que ha gozado de inviolabilidad ha movido grandes cantidades de dinero al margen de la Hacienda española, ha sido beneficiaria de estructuras que operan en guaridas fiscales, y ha tenido conocidos vínculos con personas investigadas o condenadas por corrupción. Por descarnado que pueda resultar el formularlo, es imprescindible afrontar políticamente la posibilidad de que la inviolabilidad de la jefatura del Estado pueda devenir la clave de bóveda de la corrupción nacional; la posibilidad de que, contando con un espacio al margen de la ley y del escrutinio público, España no pueda acabar de atajar la ilegalidad en las prácticas políticas y económicas. Replantear el diseño constitucional de la jefatura del Estado no es solo importante, en consecuencia, para evitar la corrupción en la Corona, sino, potencialmente, para evitar la corrupción en general. Y por eso nadie puede enarbolar la bandera de la regeneración, la lucha contra la corrupción, si a la vez defiende mantener una estructura que permite que haya espacios (se utilicen o no) en que no sea perseguible. El de Juan Carlos de Borbón no es, en ese sentido, un caso más. 

Si la Corona se configura como una especie de zona franca no es únicamente por la protección jurídica de la que disfruta, como recientemente han vuelto a mostrar muchos movimientos políticos y mediáticos. Desde su abdicación en 2014, el rey Juan Carlos no es inviolable (y por ello ha tenido que contratar los servicios del abogado Javier Sánchez-Junco, que fue fiscal anticorrupción en la instrucción del caso Banesto, otro de los casos relacionados con algún amigo del rey, en este caso, Mario Conde), pero las instituciones españolas, al menos en parte, parecen empeñadas en extender los efectos de la pasada inviolabilidad, como se ha visto en el caso de las comisiones de investigación propuestas por algunos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Y es que resulta destacable que la opacidad se prolongue más allá de donde la ley dispone, cosa que se vio el pasado martes cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negó a dar explicaciones sobre la participación del Ejecutivo en las decisiones relativas a Juan Carlos I escudándose en la “confidencialidad” que debe rodear las relaciones con el jefe del Estado. La zona franca de nuestra Corona no es solo judicial: es también política, mediática y “social”, pues la protección contra la transparencia tiene múltiples capas.   

En mi modesta opinión, la crisis institucional abierta por el desvelamiento de las actividades de Juan Carlos I, con el consiguiente aumento del desafecto popular, no se puede resolver, como tampoco el problema democrático que se halla detrás, sin un cambio sustancial en la Jefatura del Estado. Y por lo expuesto, me parece obvio que el cambio que, como mínimo, debe abordarse para asegurar la supervivencia en condiciones aceptables del régimen constitucional es la eliminación de la inviolabilidad del jefe del Estado y su sustitución, por ejemplo, por un régimen jurídico y de transparencia análogo al que existe para el presidente del Gobierno. Responsables del desafecto hacia las instituciones y de sus consecuencias (así como de lo que ocurra en la Corona) serán quienes por intereses particulares se nieguen a emprender las reformas constitucionales que España necesita con urgencia. 

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Carlos Bitrián es profesor de Teoría de la Arquitectura en la UPC y opinador político.