La huida del rey emérito y el interrogatorio de Rodolfo Martín Villa (RMV) ante la jueza Servini han provocado todo un despliegue mediático con altisonantes declaraciones y cartas de ex jefes de gobierno, ex ministros y otros altos cargos. De entrada, es chocante la desproporción entre ese poderoso reflejo defensivo y la realidad a la que responde. Porque Juan Carlos de Borbón se ha ido de España por propia voluntad y ahora se halla en un lejano resort de lujo, no de rodillas esperando la guillotina. Y a RMV no le van a meter en la cárcel mañana, pues no le faltarán los auxilios políticos y judiciales que le han venido asistiendo desde que la jueza le convocó por primera vez, sin éxito, en 2014.

Llama también la atención la inconsistencia política, moral y jurídica de esas manifestaciones. Véase, por ejemplo, la de Fernando Savater, uno de nuestros filósofos de guardia: “Ha hecho mal [el ex rey], pero de quedar mal a ser un delincuente hay mucha diferencia. Aquí, realmente, hay mucha corrupción y no solo real” (El País de 23/8/2020). Así pues, admite que el rey es corrupto (no solo el rey, pero también el rey) y cree que eso se justifica porque también otros son corruptos. Y este es el Savater que no hace tanto nos daba lecciones de ética.

Pero lo más notable en este juego de peones del rey ha sido el manifiesto de 75 exministros y altos cargos que presumen de servicios a la democracia (alguno de los firmantes, como RMV, Sánchez Terán u Oreja Aguirre, ya los prestaron al régimen anterior). No entraremos en lo que dice este manifiesto, que desbarra hasta invocar la “defensa de la integridad política y territorial de la nación”, supuestamente en peligro, igual que “el legado del Rey (sic) Juan Carlos”, identificado como “motor” de la democracia y de la convivencia, etc. Pues más bien destaca lo que calla y solo alude con circunloquios lejanos a la cuestión. Pues, ¿de qué se supone que estamos hablando? De “determinadas actividades del rey, que han excitado la proliferación de condenas” (dice el manifiesto de los 75); y de “ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada” (reza la última carta del emérito a su hijo Felipe VI), lo que nos recuerda aquello de “esa persona de la que usted me habla”, del inefable M. Rajoy. Pero es enriquecimiento ilegal, tráfico de influencias y cosas así las que señalan el vulgo y la prensa, y es eso lo que investigan los fiscales españoles y extranjeros.

Los defensores de RMV tampoco afinan en su argumentario. Véase, por ejemplo, el reciente artículo de Ignacio Sánchez-Cuenca en CTXT (“¿Juicio a la Transición?”). Comienza haciendo una aguda analogía: como la derecha no es justa acusando a Otegui y a otros ex etarras una vez que han dejado la vía violenta y ETA se ha disuelto, tampoco cabe denunciar a RMV y otros ex franquistas por su ejecutoria antes de convertirse en demócratas. Ambos comparten al final la fe del converso en la democracia, y con eso redimen pasados pecados. Sin embargo, Sánchez-Cuenca no tiene en cuenta un pequeño detalle: Otegi ha sido perseguido, juzgado y encarcelado (incluso, dice Ignacio, excesivamente) por esa ejecutoria anterior, cosa que no ocurre por la otra parte.

A RMV le faltó tiempo, siendo ministro de Gobernación y una vez que Suárez decretó la disolución del Movimiento, para ordenar la destrucción de sus archivos

Y lo que hay en ese pasado no es moco de pavo. Por seguir al propio Sánchez Cuenca, RMV “en ocasiones dejó hacer, (…) no quiso enfrentarse a las tramas policiales, o  (…) en algún caso pudo dar su aprobación a operaciones que eran crímenes de Estado, parece claro, pero eso queda bastante lejos de lo que se entiende por crímenes de lesa humanidad”. Tal conducta criminal, según el autor, quedaría en una “zona gris” que es valorada en esa misma tonalidad moral e intelectual, sin que se llegue a ninguna calificación delictiva y, por tanto, cabría la exculpación.

El análisis se refiere preferentemente al periodo anterior a 1981, incluyendo los sucesos de Pamplona, San Sebastián y Rentería de 1978, con dos paisanos muertos y muchos otros heridos por balas de la policía en el curso de sendas manifestaciones, con RMV en Interior. Como Fraga tras los muertos de Vitoria, este hizo entonces declaraciones que le retratan: “Al fin y al cabo, lo nuestro serán errores, lo otro son crímenes”. Y “a nadie debe extrañar que pierdan la serenidad en raras y muy contadas ocasiones quienes debieran ser servidores de la serenidad”. (La Vanguardia, 8-11-1978). La alusión implícita es a ETA, cuya actividad mortífera parecería justificar, según el ministro, la violencia policial contra la población civil manifestante. (Huelga decir que no hubo investigación alguna de los hechos).

Por lo demás, el propio Sánchez-Cuenca registra 231 muertos entre los finales de 1975 y 1982 a manos de fuerzas de seguridad o de grupos de ultraderecha; datos que pueden ser completados con los de Sophie Baby en Le mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982).  Esta autora señala las extraordinarias dificultades en las que avanzó la transición, así como el afán democrático de los dirigentes del Movimiento reformista –cosa que nadie discute–, pero, por otro lado, destaca su laissez faire (sic) respecto de la violencia de extrema derecha (no perseguida a fondo hasta después del 23-F), la práctica ocasional de la tortura en comisarías y cárceles (documentada en los informes de Amnistía Internacional de esos años) y el ningún escrúpulo a la hora de echar mano de policías carniceros como Roberto Conesa, González Pacheco o M. Ballesteros, a los que RMV atribuía una “competencia profesional excepcional”, según su testimonio a la autora (razón por la cual algunos de ellos fueron condecorados).

Pero Sánchez-Cuenca pasa sobre ascuas sobre otro periodo clave. Antes de la transición, RMV fue mando destacado del Movimiento: jefe nacional del SEU, secretario general del sindicato vertical, consejero del reino, gobernador civil… Todo lo cual, al parecer, no serían sino peccata minuta teniendo en cuenta su posterior conversión a la democracia y sus servicios prestados a la transición. Y en este punto Sánchez-Cuenca vuelve a patinar, al desautorizar la tesis de Pérez Royo (en un artículo de El Diario), según la cual “hubo un pacto para encubrir el genocidio franquista, llegando a concluir que en tal operación de encubrimiento sí tuvo responsabilidades políticas Rodolfo Martín Villa”.

Porque si no hubo un pacto expreso de silencio, el gobierno de Suárez sí tomó algunas decisiones políticas en ese sentido. A RMV le faltó tiempo, siendo ministro de Gobernación y una vez que Suárez decretó la disolución del Movimiento, para ordenar la destrucción de sus archivos, cómo recordaría Sánchez Terán, entonces gobernador Civil de Barcelona. Este, tras eliminar todo el papelamen archivado de su departamento, hace la siguiente reflexión: “Hacer un trabajo de investigación hubiera resultado arduo y tal vez inútil. Por eso decidimos destruirlo todo”. (S. Sánchez Terán, La transición. Síntesis y claves). Los gobernadores civiles, como jefes provinciales del Movimiento, mandaban sobre las fuerzas policiales, y eran el epicentro de la represión franquista.

Todavía hoy los investigadores tienen problemas de acceso a determinados fondos de las fuerzas de seguridad, Asuntos Exteriores, ejércitos, servicios de inteligencia, etc., y sigue operante una Ley de secretos oficiales de 1968. Otros han sido destruidos o privatizados, como ocurre con los de los ex presidentes. Y, sin embargo, circula desde hace décadas la opinión mostrenca de historiadores áulicos de que, desde la transición, no hubo veto para hablar, debatir y publicar cuanto se quisiera acerca de la Guerra civil y del franquismo. Por eso buena parte de los libros que se han escrito acerca de la represión franquista han tenido que recurrir principalmente a los testimonios personales de víctimas y familiares.

Hubo ahí una incipiente memoria histórica de los vencidos, pronto abortada. En la de RMV (Al servicio del Estado) se lee que “sería injusto, radicalmente injusto, política y moralmente, un proceso como el que nosotros conducíamos permitiera la más mínima depuración”. Por ello se gestó la Ley de “punto final” y se trató de destruir posibles pruebas de cargo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo, descartando de antemano que la democracia en ciernes tuviera el más mínimo prurito de justicia histórica o de referencia positiva a la II República. Como ha repetido después Felipe González, “decidimos no hablar del pasado” (El País, 22-4-2001). Y ese fue el comienzo de la larga impunidad por los crímenes del franquismo y de la desatención a sus víctimas, que aún hoy está pendiente de una adecuada atención.

Es el propio RMV quien recuerda en sus memorias el singular trato de favor que recibió el PSOE del gobierno en la transición, con Fraga y RMV en Interior

No es de extrañar que haya sido precisamente Felipe González uno de los más ardorosos defensores de RMV ante la justicia argentina, afirmando que quienes deberían depurar responsabilidades son los que iniciaron esta querella “de mala fe y sin sentido”, y no RMV, cuya conducta fue “impecable y fuertemente comprometida con el Estado de Derecho”. Veamos en esta actitud, más allá de las ganas de épater y pontificar características de FG, el cable echado a un viejo amigo al que se agradecen los servicios prestados. Es el propio RMV quien recuerda en sus memorias “el singular trato de favor” que recibió el PSOE del gobierno en la transición, con Fraga y RMV en Interior. Así, por ejemplo, se autorizó la celebración del XXX Congreso de la UGT en Madrid en abril de 1976 y el XVII Congreso del PSOE a primeros de diciembre del  mismo año, con asistencia de Willy Brandt, secretario de la Internacional Socialista, Pietro Nenni, Olof Palme y otros líderes europeos; mientras, los dirigentes socialistas alternaban las reuniones con la Platajunta Democrática y los contactos con miembros del gobierno y de los servicios secretos. En cambio, CC.OO., sindicato ampliamente mayoritario en los centros de trabajo y en las movilizaciones (y entre los presos políticos, de los que casi ninguno era de la familia PSOE/UGT), siguió siendo perseguido y debió esperar un año más para celebrar su congreso, lo mismo que el PCE, legalizado en abril de 1977, poco antes de las primeras elecciones generales.  Aunque sea una anécdota, conviene recordar que Santiago Carrillo fue encarcelado durante unos días pocas semanas después del congreso del PSOE. Pero no es anécdota la dureza represiva frente a las movilizaciones populares y, muy especialmente, a las huelgas obreras y los líderes de CC.OO, que apecharon con la mayor parte de los castigos gubernativos. Así mismo, conviene recordar el veto inicial y la persecución de los grupos de extrema izquierda: MCE, ORT, PTE, trotskistas, etc., así como de republicanos y abertzales vascos, todos los cuales habían tenido un papel relevante canalizando las aspiraciones políticas de la ciudadanía (y del exilio).

RMV y, más en general, los gobiernos de Arias y Suárez y el rey Juan Carlos trataban de marginar así a todo ese espectro político para erosionar lo menos posible el statu quo del Occidente liberal capitalista y no suscitar la enemiga de las oligarquías franquistas, aún ampliamente dominantes. (Por lo que al rey emérito se refiere, puede verse mi artículo “Los dudosos inicios del rey emérito”, en el blog Conversación sobre la historia). El plan era parecido al que había elaborado Fraga tras su conversión al “liberalismo” y contaba con la aquiescencia del Departamento de Estado de EE.UU., ocupado por el halcón Henry Kissinger, y el patronazgo de la socialdemocracia alemana. Así lo reconoció Von Brauchitsch, representante de Friedrich K. Frick, ante una comisión del Congreso, cuando Carrillo le preguntó por qué los sindicatos socialdemócratas alemanes habían financiado el PSOE: “Tratábamos de cerrar el paso al comunismo –respondió–. Y el partido mejor situado era el PSOE”. (S. Carrillo, Memorias, p. 608).

Mediante asesoramiento y mucho dinero (unos 3.000 millones de pesetas entre 1975 y 1985) el “amigo alemán” consiguió extender la organización socialista, que pasó a tener presencia en casi todas las provincias a finales de 1976 (a comienzos de ese año solo la tenía en 27); poner en pie una poderosa oficina de propaganda, dirigida por Julio Feo, Guerra y Tezanos, y proyectar la imagen moderna del PSOE en el exterior organizando actos públicos y contactos con la prensa de los líderes socialistas. (Ver Antonio Muñoz Sánchez, El amigo alemán. El SPD y el PSOE, de la dictadura a la democracia, 2012).

Al final, resulta que en los alegatos a favor del rey y de RMV hay mucha logomaquia y rasgado de vestiduras, pero no se entra en la realidad de los hechos y de los antecedentes. Y así todo parece más bien una excusatio non petita de la que deriva una manifiesta acusación, ya no solo al emérito y a RMV, sino a cuantos tratan de exculpar posibles conductas delictivas y/o criminales contándonos otra vez el cuento de hadas de la transición modélica. Lo más lamentable es que los declarantes otorguen la paternidad de nuestra democracia a sujetos como los mencionados en los procesos judiciales: es como hacerla un tanto bastarda e indecente.