El caso Bankia representa como ningún otro las miserias del capitalismo de amigotes al servicio de políticos neoliberales. Con la crisis financiera ya encima, la antigua Cajamadrid vivió feroces luchas intestinas en el PP por hacerse con el control de la entidad y del dinero de decenas de miles de ahorradores.

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Luego todo se desmoronó, desde la salida a bolsa, con la pérdida incesante del valor de las acciones, hasta la intervención del Estado, que puso 22.000 millones de euros del dinero de todos los ciudadanos para salvarla. Bankia se convirtió así en la prueba del delito que debían pagar los responsables de aquella catástrofe. Así ha sido percibida en el imaginario de los españoles, que, a la vez, exigían recuperar el dinero público invertido en ella. Nada representó con más justicia y consenso social el objetivo de cerrar las heridas de la crisis que las protestas y las demandas judiciales encabezadas por el colectivo 15MPaRato por aquel saqueo de diseño, que supuso el abrupto final de las obras sociales de las cajas.

Ahora, en pocas semanas, nos hemos enterado de que el Estado no recuperará el dinero gastado en Bankia. La entidad desaparece absorbida por Caixabank. Y para no dejar ningún cabo suelto, los responsables de la entidad arruinada acaban de ser absueltos de toda culpa por la Audiencia Nacional.

Desde Rodrigo Rato, presidente de Bankia entonces, hasta 34 personas, entre ellos el exministro Ángel Acebes, el expresidente del Consejo Superior de Cámaras, José Manuel Fernández Norniella, el que fue máximo dirigente de la patronal de Madrid, Arturo Fernández, o el expresidente de la Generatitat Valenciana, José Luis Olivas, todos quedan exculpados de las acusaciones de estafa y falsedad contable por la salida a bolsa de la entidad.

La sentencia de la Audiencia Nacional argumenta para absolver a todos que la operación contó con la aprobación de todos los supervisores, el Banco de España, la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), el FROB, el organismo del Estado que puso el dinero para salvar a Bankia, y la EBA (Autoridad bancaria de la Unión Europea). Ninguna de estas instituciones, que dieron su visto bueno al engañoso folleto que explicaba la salida a bolsa, fueron imputadas y llevadas a juicio.

El argumento que, sin mencionarlo expresamente, se extrae de la sentencia es que difícilmente se puede condenar a los 34 encausados si se han librado de ser juzgados quienes les autorizaron a hacer la operación.

La salida a bolsa de Bankia el 20 de julio de 2011 fue la solución para conseguir dinero de inversores a cambio de venderles acciones de la entidad. Aquel día Rato tocó la campana al más puro estilo de Wall Street para festejar la buena nueva. 347.000 accionistas, la mayoría pequeños inversores, compraron los 800 millones de acciones, que en pocos minutos comenzaron a bajar de valor. Un año después habían caído el 80%. Y con el plan de recapitalización, tras ser intervenida por el Estado, los títulos de los que fueron a bolsa tenían el precio simbólico de un céntimo.

La sentencia de la AN no es un caso aislado. Los responsables de las catástrofes bancarias más importantes de la anterior crisis se libraron en todas partes, con la excepción de algunos a los que se les pescó en desfalcos y robos directos. Basta recordar Lehman Brothers, el banco de negocios estadounidense cuya quiebra fue el detonante de la Gran Recesión. Su presidente, Richard Fuld, compareció ante los tribunales, lo mismo que los presidentes de los otros bancos estadounidenses rescatados. Hubieron de escuchar los gritos de ira de los ciudadanos, y ahí se acabó todo. Ahora siguen a lo suyo, que es ganar dinero en negocios financieros.

Quien pensase que la cosa funciona de otra manera, quien creyese que hay mecanismos para evitar estos “atracos” de grandes instituciones financieras, se equivoca de punta a punta. El principal enjuiciado por Bankia, hoy absuelto, Rodrigo Rato, lo explicó muy claro el día en que acudió al Congreso a dar su versión de los hechos: “Es el mercado, amigo”, dijo Rato resumiendo con precisión el funcionamiento de un ecosistema que se sabía impune. No le faltaba razón. Él, que pasó de ser el milagro español a viajar repetidas veces a Suiza sin el menor problema cuando su procesamiento parecía ya inevitable, sabe mejor que nadie que así está montado el capitalismo posmoderno. Todos son culpables, luego ninguno es culpable. Salvo los incautos accionistas que lo pierden todo. La estructura de poder capitalista no está diseñada para vigilar, regular, reducir y controlar el mercado, sino para lo contrario: para mantener la impunidad, sea cual sea la magnitud del delito cometido, de las empresas de calificación, los auditores, los reguladores, los comités de vigilancia y ética y, finalmente los altos ejecutivos y los poderosos asesores que diseñan las operaciones que acaban arruinando a miles de personas.

¿Qué Tribunal en el mundo puede atreverse a condenar de golpe a media oligarquía financiera? Si son ejecutivos más o menos cutres y usan algunas tarjetas black sin control, puede ser. Pero por privatizar un banco y sacarlo a Bolsa sabiendo que la operación sería un naufragio, imposible. Para evitar ese riesgo, la estructura capitalista se blinda en compartimentos estancos, pero dependientes y escalonados entre ellos: la suposición es que así, si uno se equivoca, los demás estarán ahí para decirle que eso no se hace. Pero el sistema funciona justo al revés. No es un modelo de supervisión y rendición de cuentas sino un sistema de estirpe mafiosa en el que todos pueden delegar su responsabilidad en los demás escalones para protegerse. De manera que, como en este caso, en el que todos son culpables, el único resultado posible sea que no hay culpables. Too big to fail, too many to jail. (Demasiado grande para quebrar, demasiada gente para ir a la cárcel). 

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