Con la crisis de 2008 fue necesario inyectar  ingentes cantidades de dinero público para evitar la quiebra  del sistema financiero. Por ese motivo, en Europa se nacionalizaron un número considerable  de bancos insolventes. Ahora, alguno de ellos han vuelto a la esfera privada, pero el Belfius Bank, el Royal Bank of Scotland y Bankia aún no se han privatizado y la  sociedad civil se está movilizando para que funcionen como verdaderos bancos públicos. Se ha salvado a los bancos  privados, pero estos no están cumpliendo con su función genuina: traspasar los ahorros que les son confiados hacia las inversiones que necesita la sociedad.

Se ha salvado a los bancos  privados, pero estos no están cumpliendo con su función genuina: traspasar los ahorros que les son confiados hacia las inversiones que necesita la sociedad

La crisis de  2008 fue  una crisis de deuda privada. La causa lejana fue  la desregulación financiera que permitió a los bancos prestar más de lo debido. Ante el peligroso tamaño de sus deudas, las empresas dejaron de invertir y los hogares de consumir, lo que acentuó la caída. Cuanto más pagaban sus deudas, más profunda se hacía la crisis.

Para conseguir la estabilidad financiera, se aprobaron las normas de Basilea III y los bancos centrales del mundo comenzaron a utilizar políticas bancarias  no convencionales: barra libre de liquidez, tipos negativos de interés, compra de activos de  bancos y corporaciones por los bancos centrales… Pero no repercuten en cambios estructurales. 

Los bancos no han cambiado mucho

Actualmente, la financiación está principalmente dirigida al mercado financiero e inmobiliario y apenas al sector productivo, lo que infla los precios de los activos y desestabiliza la economía, junto con malas prácticas. Así por  ejemplo, sigue primando el criterio de maximizar el valor para los accionistas, que prioriza el beneficio a corto plazo y frena la inversión en la economía real y falta, en cambio, otro criterio que dirija el crédito hacia un desarrollo sostenible.

En este contexto y a principios de 2019 se publicó el informe de los investigadores Christine Berry y Laurie Macfarlane para el Partido Laborista Un nuevo ecosistema de banca Pública para el Reino Unido, traducido por la Plataforma por una Banca Pública y divulgado por la Fundación Primero de Mayo, que concreta la banca pública que no tiene el Reino Unido. Para proponer un modelo de banca pública en España que suponga un cambio estructural en el modelo bancario, la lectura de este informe se hace imprescindible. No hay bibliografía conocida sobre propuestas concretas para una nueva banca pública y, aunque el sistema bancario inglés es muy diferente al español, al menos estos tienen dos similitudes:  prácticamente no hay presencia de banca pública en ambos ( lo normal en Europa es que sí la haya) y existe mucha desigualdad territorial en ellos.

Un resumen del informe “Un nuevo ecosistema de banca pública” 

El informe está pensado para poner en marcha una banca pública en el Reino Unido. De él se desprenden  enseñanzas muy útiles para otros países y sobre todo un método de trabajo para hacer informes similares. Se basa en el conocimiento de la realidad de la banca pública, cajas de ahorro  y cooperativas de crédito (los stakeholder banks) en Europa, especialmente en Alemania y Francia, sin olvidar a los bancos públicos de inversión, en concreto el KFW alemán, y al Handelsbanken sueco, un  banco descentralizado privado y de fuerte presencia local que deja al gerente de cada sucursal local la responsabilidad de la gestión.  

Las principales ideas del informe se pueden sacar de su capítulo uno y tres, aunque todo él es provechoso. 

El cambio estructural propuesto en el  informe proviene del apoyo a la banca pública, cajas y cooperativas de crédito (stakeholders banks) y a los principios recogidos  en el  capítulo 3: misión de servicio, banca de proximidad y apoyo en la marcha del negocio de los clientes, alto grado de control democrático y social, exquisita preparación y defensa del interés general por el  personal, descentralización, rechazo al riesgo y al crecimiento  excesivo, operaciones “bancables”... Es de máximo interés la  enumeración de las características de los bancos minoristas y de inversión que han tenido éxito y las orientaciones para que las ayudas públicas europeas lleguen a las pymes, medioambiente o regiones.  

En el capítulo uno, y de acuerdo con  el Manifiesto de 2017 del Partido Laborista, se hacen tres propuestas. La primera es la creación de un banco público minorista extendido por todo el territorio  (el Post Bank) creado  a partir de la red de oficinas de correos. Este banco minorista funcionaría como un banco de proximidad, con sucursales regionales y locales y una  oficina central que  ofrecería  servicios de soporte. Habría  un Consejo de Representantes de las partes interesadas que tendría la misión de asegurar que  el banco cumpla su  mandato de servicio público. En nuestro caso, Bankia está mucho mejor posicionado para convertirse en un banco público minorista pues es un banco de  depósito,  situado en el  cuarto  lugar por sus activos en España y con oficinas bancarias (no de correos) por todo el territorio nacional. Sirve como lección la importancia que se da a las oficinas de correos para poder llevar a la práctica la banca de proximidad, mediante un convenio con Correos para atender a la población allí donde Bankia no llegue.  

A finales de 2021 la ley obliga a privatizar Bankia, pero el Consejo de Ministros puede paralizarla. Sin embargo, mantener a Bankia en la esfera de lo público es un ancla de estabilidad

La segunda  propuesta es la creación de un banco nacional de inversión como palanca para la estrategia industrial del gobierno (economía ecológica, descarbonización, la transformación industrial....), a través de la obtención de financiación en el mercado de capitales emitiendo bonos a largo plazo. De ese banco dependerían los bancos de inversión regionales de desarrollo. Siguiendo el paralelismo con España, un banco de inversión de este tipo necesitaría previamente un plan de inversión pública y coordinación de Bankia con el ICO para que ésta pueda extenderse territorialmente.

La tercera propuesta se refiere al Royal Bank of Scotland, un banco con  una situación complicada. En 2008 era el banco más grande del mundo. Tuvo que ser rescatado con 45.000 millones de libras y fue el que más ayuda mundial recibió durante la crisis y uno de los principales actores en empaquetar  hipotecas basura. Por las ayudas recibidas, fue obligado a deshacerse de su negocio de seguros y vender gran parte de sus sucursales minoristas, adquiridas en su mayoría por el Santander. Actualmente el Estado es propietario del 62,4% de sus acciones y sólo en 2018 empezó a tener unos beneficios cuestionados. La opinión de los autores del informe se decanta por mantener la mayoría de sus acciones en el sector público y, de momento,  centrarse en las operaciones puramente bancarias. En resumen, Bankia no tiene nada que ver con el RBS. Tiene una contabilidad saneada, una rentabilidad razonable  y una correcta organización al haber estado sujeto a un plan de reestructuración bancaria.

Otros apuntes valiosos del informe son los que hacen referencia a los órganos de gestión y control para el Post Bank y para el Banco de Inversión Nacional. En este sentido, para que la población crea en lo público resulta básico evitar  las interferencias políticas en la gestión de los bancos y sucursales regionales y locales.

Llamamiento a un debate sobre el futuro de Bankia 

A finales de 2021 la ley obliga a privatizar Bankia, pero el Consejo de Ministros puede paralizarla. Sin embargo, mantener a Bankia en la esfera de lo público es un ancla de estabilidad. No necesita el 10% de rentabilidad para sobrevivir. Le sobraría con el 6% obtenido hasta septiembre de 2019, porque no repartiría dividendos. El sistema financiero necesita bancos solventes pero que funcionen con el criterio de beneficiar a los más.

Por estos motivos, la Plataforma por la Banca Pública hace una llamada al Gobierno, a los sindicatos, organizaciones y partidos políticos para iniciar un debate sobre el futuro de Bankia con el fin de paralizar su venta e ir preparando una propuesta de banca pública para España a partir de Bankia. Un debate de esa naturaleza también se está abordando en el Reino Unido, liderado por el  Partido Laborista y los sindicatos, y en Bélgica, con el Belfius Bank. Los franceses llegan más lejos: han firmado un protocolo de acuerdo vinculante entre el Estado, la Caisse des Dépôts, la Banque Postale y La Poste para la creación de un nuevo polo financiero público de depósitos,  además del polo liderado por el  Banco Público de Inversión.  

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Aurora Martínez es profesora de economía jubilada y miembro de la Plataforma por un Banca Pública.