La tarde del viernes 18 de septiembre, en una rueda de prensa que se había pospuesto dos veces aquel día, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el confinamiento parcial de 37 áreas sanitarias de la región. Las restricciones que afectan a gran parte de las zonas más pobres del territorio irían acompañadas, según explicó Ayuso, de la realización de casi un millón de test rápidos. Las pruebas se harían a 857.193 personas, el 13% de la población. Según la Comunidad, en las 37 zonas casi confinadas se producen el 25% de los contagios totales.

Doce días antes, el domingo 6 de septiembre, la presidenta de la Comunidad anunciaba en su cuenta de Twitter la compra de dos millones de tests rápidos a la compañía farmacéutica estadounidense Abbott. “En breve contaremos con una potente herramienta que nos ayudará a controlar mejor la pandemia: el test de antígenos. Serán 2 millones de unidades que harán posible un rastreo mucho más rápido y por lo tanto, mucho más eficaz”.

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Un día después, Abbott hacía público que había recibido la certificación CE para su dispositivo Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device, indicado, según los propios laboratorios, para la detección del virus SARS-CoV-2 en personas que se sospecha que tienen covid-19.

Abbott explicó en la nota de prensa que se trata de “una herramienta fiable y asequible para que los profesionales sanitarios detecten infecciones activas por el coronavirus a gran escala”. En la promoción del test Panbio que Abbott muestra en su página web, el laboratorio da más detalles y explica que la prueba está indicada “para pacientes con sospecha de infección actual por COVID-19”: 

Abbott añade que los tests, similares en aspecto a un test de embarazo, están pensados para ser realizados a pacientes sintomáticos durante la primera semana, y advierte sobre los falsos negativos: “Los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y no se pueden utilizar como el único fundamento para un tratamiento u otras decisiones de gestión”.

A pesar de estas advertencias, y a pesar de que el día del anuncio de la compra de dos millones de tests, la Comunidad de Madrid afirmaba en ABC que las pruebas se repartirían entre residencias, centros de salud y hospitales, Díaz Ayuso cambió de idea sobre la marcha y pocos días después afirmó que su plan era realizar casi un millón de tests en una semana en las zonas restringidas.

Sus palabras han suscitado acusaciones de populismo epidemiológico y grandes dudas entre la comunidad científica. La Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) considera que “el cribado con test de antígenos a toda la población de las zonas con mayor incidencia, además de suponer un nuevo dispendio económico, puede resultar contraproducente”.

Según la asociación, “con prevalencias bajas de infección, los falsos positivos, que tendrán que hacer cuarentena de forma innecesaria, se contarán por millares, y tampoco será desdeñable el número de falsos negativos, que podrán seguir transmitiendo la enfermedad confiando en que no están contagiados”.

Además, “la realización de estas pruebas a toda la población y la necesidad de confirmar los diagnósticos mediante PCR solo contribuirá a colapsar aún más la atención primaria”, concluyen.

Pese a estas voces de alarma, otras Comunidades han comprado el test de antígenos de Abbott. La Consejería de Salud y Familias de Andalucía anunció la adquisición de un millón de unidades el 7 de septiembre, solo 24 horas después de que lo hiciera Madrid, y ya las está utilizando en las residencias de mayores. Aragón comunicó este 22 de septiembre que ha comprado 100.000 kits, aunque la intención de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, es comenzar a usarlos solo en pacientes sintomáticos, tal y como recomienda el laboratorio que los fabrica.

Siguiendo los pasos de Trump

Lo que no se puede negar a la presidenta madrileña, confesa amante de la colaboración público-privada, es su rapidez al comprar las nuevas pruebas, que son en efecto mucho más baratas (4,5 euros de coste contra 65) y rápidas (los resultados se pueden conocer in situ y en 15 minutos) que las PCR, aunque apenas han sido testadas (Abbott hizo un ensayo clínico con 240 personas), y aunque su uso masivo e indiscriminado presenta muchas incertidumbres.

La presidenta madrileña no tardó ni diez días en seguir los pasos de Donald Trump. El 27 de agosto, Abbott anunció en Estados Unidos el lanzamiento de un nuevo test de antígenos llamado BinaxNOW, que se comercializa asociado a una inquietante aplicación digital llamada NAVICA, una especie de salvoconducto que, según el laboratorio, servirá para que las personas que dan negativo en el test puedan acudir a sus centros de trabajo o estudio y circular entre zonas confinadas. El eslogan de Abbott recuerda mucho al de los partidarios del Brexit: “Take back some control of your life”.

BREAKING: We’re launching an innovative COVID-19 rapid antigen test and mobile app. BinaxNOW is fast and reliable for frequent mass testing, and results pair with the NAVICA app’s digital pass to help get back to life with a bit more confidence. https://t.co/LKefDGEx3f pic.twitter.com/SL7SWdrj9t

— Abbott (@AbbottNews) August 26, 2020

Ese mismo día, la Casa Blanca anunció la compra de 150 millones de tests rápidos a Abbott Laboratories por 750 millones de dólares. El presidente Trump dijo que su Gobierno se asociará con Abbott para producir masivamente “tests baratos y fáciles de usar” de la marca BinaxNOW. “Esto ayudará a salvar más vidas al proteger aún más a los más vulnerables de Estados Unidos y permitirá que nuestro país permanezca abierto, que los estadounidenses vuelvan a trabajar y que los niños vuelvan a la escuela”, explicó la Casa Blanca.

La prueba de antígenos para el mercado de Estados Unidos, que tiene la forma y el tamaño de una tarjeta de crédito, había sido aprobada solo unas horas antes, el 26 de agosto, por la FDA (Food and Drugs Administration) por el procedimiento de urgencia, lo que produjo subidas espectaculares de las acciones de Abbott. Hace unos días, los analistas de Credit Suisse han estimado que el laboratorio patrocinado por Trump aumentará sus ventas previstas para este año en 9.500 millones de dólares gracias al test BinaxNOW.

La sombra de BlackRock, el rey del Ibex35

Abbott es un imperio farmacológico más que centenario, fundado en 1888 en Illinois. En los últimos meses, ha patentado y comercializado seis tipos distintos de tests para la covid y se ha convertido en el objeto de deseo de los fondos buitre. El primer accionista de la farmaceútica es The Vanguard Group, el mayor gestor de fondos de inversión del mundo. El segundo mayor accionista de Abbott es BlackRock, apodado el “gigante silencioso” por The New York Times, y que maneja unos activos globales de unos 6 billones de euros, cuatro veces el PIB español.

BlackRock es un gestor de fondos invisibles muy influyente en España desde 2012, cuando el Banco de España contrató a BlackRock y a Oliver Wyman para realizar la tasación y el diseño del Sareb (el banco malo) que debía gestionar los activos tóxicos inmobiliarios de las entidades bancarias. Desde entonces, la pujanza del gestor de fortunas opacas en las compañías españolas es cada vez más grande.

Según informaba en marzo eldiario.es a partir de datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BlackRock participa en 21 grandes empresas cotizadas españolas. 18 pertenecen al Ibex35. Su participación más relevante es el 5,132% de Iberdrola. En Repsol es el tercer accionista con cerca de un 5%, y tiene también presencia en Red Eléctrica (3%) y Enagás (3,383%). Es también el primer accionista individual del Santander, con un paquete del 5,426%, y controla un 5,917% de BBVA, un 3,067% de Caixabank y un 5,226% del Sabadell.

BlackRock posee además una participación en Telefónica del 4,983%; un 6,153% de Amadeus, un 3,2% de Aena, un 4,399% de Grifols, un 3,15% de Ferrovial, un 5,026% de ACS, un 3,767% de Colonial y un 3,996% de Merlin Properties.

¿Ha ayudado el enorme poder en la sombra que acumula BlackRock sobre la escena económica española a que Pedro Sánchez apoyase a Díaz Ayuso en la criticada rueda de prensa conjunta de las banderas? No es fácil saberlo. Lo que sí se sabe es que, a lo largo del último trimestre, BlackRock ha ampliado de forma significativa su participación en Abbott, que en lo que va de año ha ganado ya un 21% en Bolsa (dato del 21 de septiembre). Hoy, BlackRock controla un paquete de Abbott valorado en 9.500 millones de dólares.

Tras ganar la carrera de los tests baratos y rápidos a la francesa Roche, que el 22 de septiembre dijo que lanzará su prueba de antígenos para finales de mes, Abbott ha entrado como un cohete en España y con menos potencia en el mucho más proteccionista mercado francés. El ministerio de Sanidad galo ha publicado un decreto autorizando a utilizar los tests de antígenos a gran escala, y Abbott ha anunciado que se encargará de hacer pruebas en centros médicos y aeropuertos. No cotiza en las apuestas que Barajas, una de las mayores obsesiones de Díaz Ayuso, acabe usando estos tests más temprano que tarde.

¿Y qué dice Fernando Simón?

En su primera rueda de prensa tras el confinamiento de una parte de Madrid, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, aplaudió las medidas adoptadas por la Comunidad. “Madrid hace el doble de PCR que muchos países de la UE”, dijo. Lejos quedaron sus preocupaciones de agosto por la cifra tan baja de asintomáticos que presentaba la Comunidad, “muy por debajo de la media nacional”.

Sobre los test rápidos, que ya han sido validados por el Instituto Carlos III, Simón ha explicado que su sensibilidad es muy alta, e incluso “cercana a la que ofrecen los test PCR”, aunque “en cribados masivos, es posible que después haya que realizar una PCR a estas personas”.

El 22 de septiembre, la Comisión de Salud Pública anunció que aprobaba la actualización de la “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19”. El texto incluye, entre otras novedades, la incorporación de los test antigénicos como herramienta de diagnóstico y cribado.

Según dijo Díaz Ayuso en su conferencia de prensa con el presidente Sánchez, “en España no hay médicos”. Mientras, la Comunidad compra pruebas rápidas a granel sin saber muy bien qué hacer con ellas y busca médicos dispuestos a trabajar gratis en el santuario de Ifema.

Más de seis meses después del comienzo del estado de alarma que vino acompañado del total confinamiento del país, Ángel Garrido, consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras y expresidente de la Comunidad de Madrid, anunció la instalación de dispensadores de hidrogel en las 50 estaciones más transitadas del Metro: “Seguimos trabajando para que el transporte público sea cada vez más seguro”. Y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recomendado a los madrileños que no salgan de casa si no es imprescindible. 

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