No se han secado aún las lágrimas vertidas por la muerte de Ruth Bader Ginsburg, la jueza del Tribunal Supremo enterrada hace unos días, cuando Trump ya ha corrido a nominar a quien podría ser considerada la antítesis ideológica de la heroína feminista: Amy Coney Barrett. La gravedad de la elección no sólo radica en que se efectúa a poco más de un mes de los comicios presidenciales, o en la hipocresía republicana respecto a las candidaturas al Tribunal en año electoral –que no aceptaron en 2016, pero sí ahora–, sino, sobre todo, en la deriva ideológica general de unas cortes encargadas de decidir el futuro político de un país cuya influencia mundial es innegable. Si se confirma el cargo de Barrett, el Tribunal estaría compuesto de tres magistrados de orientación relativamente progresista y seis conservadores, lo cual constituye la receta perfecta para la derogación de conquistas importantes en materia de derechos humanos y el empuje hacia posiciones aún más retrógradas de una nación que cada vez se asemeja más a un régimen autocrático. A toda prisa, quemando motores, Trump ha afirmado que la sesión en el Senado –donde se espera que la jueza salga oficialmente elegida– se producirá antes del 3 de noviembre, pero, aunque legalmente no hubiese tiempo de acelerar el proceso, el Presidente gozaría del llamado ‘interregno’ – desde la cita electoral hasta el 20 de enero– para lograr su propósito. No habría nada ilegal en dicha correría, como tampoco lo hubo en el hecho de que se hiciese con la presidencia sin haber logrado el voto popular. Las bases institucionales de la democracia americana –entre otras– contienen los suficientes entresijos antidemocráticos como para que este tipo de abusos se produzcan, aunque a veces pasen por romper innumerables códigos no escritos implícitos en el decoro político, como ya demostró al utilizar la Casa Blanca como escenario propagandístico en la reciente Convención Republicana.

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En el mismo jardín donde se celebró el acto multitudinario sellado con música en directo y fuegos artificiales, entre un gentío sin mascarillas ni distancia de seguridad, Amy Coney Barrett aceptaba orgullosa su nominación mediante un discurso que subrayaba, especialmente, su papel como madre. Progenitora de siete criaturas –dos de ellas adoptadas, procedentes de Haití–, alababa la Constitución tanto como destacaba su rol de “organizadora de fiestas de cumpleaños” en un encomio habitual de la familia que los demócratas comparten. Más relevante es su posicionamiento respecto a cuestiones clave: de ella sabemos que considera inmoral el aborto, que es partidaria de desregularizar aún más el uso de armas de fuego y muy crítica con el programa sanitario llamado Obamacare, el cual, a pesar de sus deficiencias, ha proporcionado seguro médico a millones de personas y evitado que estas mismas compañías de seguro discriminen a sus clientes por razones de género o estado de salud –antes del Obamacare, era habitual que se rechazase la cobertura de las personas con enfermedades crónicas–. De hecho, quizá este tema se convierta en su estreno en el nuevo cargo: una semana después de los comicios, el Tribunal Supremo tiene previsto reunirse para decidir el futuro de la medida sanitaria. Junto a su derogación, podrían venir la del veredicto de Roe v. Wade, el caso histórico que despenalizó el aborto en 1973, e incluso la reciente sentencia que garantizaba temporalmente el estatus legal de los llamados Dreamers, inmigrantes protegidos por el programa DACA. Esta aplastante erradicación de derechos no sólo es factible sino también altamente probable; los resultados, no cabe la menor duda, afectarán a la población más vulnerable, en una acepción de la vulnerabilidad que se amplía por momentos incluyendo cada vez a más gente.

Fanatismo religioso

De Barrett se ha criticado asimismo su catolicismo, no necesariamente como fe practicada en privado, sino como doctrina que articula cada aspecto de su vida, incluida su carrera. Ya en su confirmación como jueza del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, la senadora demócrata Dianne Feinstein le reprochó: “El dogma habita fuertemente en ti”, cuestionando que fuese capaz de dejar a un lado sus creencias en el ejercicio imparcial de la ley que se esperaba de ella. Esto, que constituye en sí una falacia en la que también caen, uno tras otro, muchos medios de comunicación –pues, como arguyera el famoso teórico Edward Said, el “conocimiento no puede ser no político”–, revela una preocupación más profunda que guarda relación con el fanatismo de su catolicismo y no tanto con la adscripción religiosa en particular. Graduada de la universidad católica Notre Dame, donde también ejerció como profesora, Barrett ha afirmado en alguna ocasión que la carrera legal era un medio “para construir el Reino de Dios”, y es conocida su afiliación a People of Praise, un grupo tan selecto como sectario cuyo ideario se cimienta en la inferioridad femenina. Por otra parte, la magistrada ha defendido abiertamente los postulados del originalismo, que propone una hermenéutica de los textos legales según el significado que éstos habrían tenido en el momento en que fueron escritos. Huelga decir que, similar a lo que ocurriera con su fervor religioso, es imposible descartar el código de valores actual –personal y colectivo– desde el que se interroga cualquier huella del pasado. Además de una aporía, el originalismo es también un intento académicamente legitimado de aniquilar ciertos logros históricos: lo que inauguró la Constitución de Estados Unidos fue una república esclavista.  

Adepta a un pasado imposible de restituir, movida por una carga ideológica contraria a la igualdad de género, y nominada en un ambiente de dudosa moral política, Barrett podría suponer un nuevo hachazo a las actualizadas garantías constitucionales que ha de defender, así como un impulso electoral de Trump destinado a granjearle votos entre evangélicos y mujeres de las áreas suburbanas –un electorado que lleva tiempo persiguiendo–. Su elección, la tercera del presidente, probablemente desequilibre el Tribunal Supremo y lo conduzca hacia la línea de salida de una catástrofe política y humanitaria sumada a las presentes y destinada a durar décadas. Ruth Bader Ginsburg, junto a muchos de los que quedamos vivos, se retuerce en su tumba. 

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