¿Nos parecería bien que, en aras de la libertad de empresa, un productor de chucherías infantiles vendiese en la puerta de los colegios caramelos que creasen adicción al alcohol, al café o a cualquier otra sustancia de consumo nocivo, sin advertir de su peligro? Y, sobre todo, ¿admitiríamos que siguiera haciéndolo si eso estuviera prohibido por la ley?

¿Por qué, entonces, consentimos en España que otra industria, la audiovisual, pueda emitir cualquier tipo de contenido, conociendo el impacto tan grande que sus medios tienen sobre nuestras mentes y si, además, hay leyes que lo prohíben?

La influencia decisiva de los medios de comunicación en la conformación de la conciencia social, la opinión pública y las preferencias ciudadanas es bien conocida. En nuestra época, el 65% de las personas somos aprendices visuales y un 30% verbales, lo que da idea del enorme poder de control sobre nuestras mentes que tiene la industria audiovisual en un país, como el nuestro, en el que hemos llegado a estar viendo televisión más de cinco horas diarias de media en marzo de 2020, y cuatro horas y seis minutos durante todo el año.

Si el editor de la página de opinión del Wall Street Journal, Robert L. Bartley, podía afirmar hace años que se necesitan 75 editoriales para aprobar una ley, hoy día sabemos, y es un lugar común, que los medios audiovisuales condicionan nuestros gustos, las pautas de consumo e incluso las preferencias políticas de la población. Y, por esa razón, en las democracias más asentadas del planeta hay algún tipo de autoridad independiente que controla a esos poderosos controladores de mentes (en Estados Unidos desde 1934, en Alemania desde 1987 y en Francia desde 1989), para evitar que los medios se salten las leyes o que difundan producción audiovisual que atente contra los valores que sostienen la democracia y nos permiten vivir con respeto y en libertad.

Hemos llegado a estar viendo televisión más de cinco horas diarias de media en marzo de 2020, y cuatro horas y seis minutos durante todo el año

España, sin embargo, es el único país de la Unión Europea donde no existe esa autoridad independiente, salvo en Andalucía y Cataluña donde hay Consejo Audiovisual. Y lo más lamentable de nuestra situación no solo es que carezcamos de autoridad del audiovisual sino que incumplimos nuestras propias normas y compromisos así como la directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Unión Europea.

En 1995 se aprobó en el Senado por unanimidad su puesta en marcha; en 2000, el Consejo de Europa recomendó su creación y en 2006 el Parlamento Europeo lo exigió; por fin, la Ley Audiovisual de 2010 creó el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales pero no se llegó a constituir; y en 2013, el Partido Popular derogó el artículo de la ley que lo creaba y trasladó parte de sus competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Una alternativa regulatoria, como comentaremos enseguida, que ni es eficaz, ni buena, ni homologable al resto de las autoridades europeas, ni acorde con lo establecido en la directiva europea. Y todo ello, a pesar de que el punto 50 del Pacto de Estado en materia de violencia de género de 2017 acordó “Recuperar la figura del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como autoridad audiovisual independiente, siguiendo el modelo del resto de países europeos y de algunas comunidades autónomas”.

Es fácil deducir que la negativa a crear una autoridad especializada e independiente que vigile que la industria audiovisual produzca contenidos respetando las leyes y sancione su incumplimiento es el resultado de la presión que ejercen los grandes grupos de poder económico, financiero y mediático.

La negativa a regular los contenidos del audiovisual no se sostiene como defensa de los principios de la libertad de empresa, tal y como se quiere hacer creer. La producción de las empresas está sometida a algún tipo de vigilancia o control en todas las industrias y en cualquiera de los grandes países del mundo. En la Unión Europea, generalmente ex ante, es decir, estableciendo normas que impiden que salgan al mercado productos que puedan producir daños de algún tipo cuando se consuman. En Estados Unidos, más bien ex post, sin apenas control o prohibiciones previas pero estableciendo sanciones a menudo muy fuertes cuando los daños se han producido. No hay, pues, razón “de mercado” alguna que justifique la renuncia a vigilar la producción audiovisual.

No puede haber libertad sin combatir la violencia en todas sus dimensiones, también la verbal o más sutil de tantos programas televisivos

Y tampoco la hay desde el punto de vista de la defensa de la libertad, como también se argumenta. No puede haber libertad sin combatir la violencia en todas sus dimensiones, no solo la brutal del terrorismo sino también la verbal o más sutil de tantos programas televisivos, tampoco si la falta de respeto y educación se convierte en el modus operandi de las relaciones personales y sociales, o si se banalizan la mentira y la grosería que degradan la convivencia. Libertad no es vía libre para convertir en espectáculo el dolor, la miseria humana o la tragedia. No puede haber libertad si se ahoga el pluralismo y se permite que solo unos pocos emitan a su puro antojo.

¿Alguien puede creer, de veras, que el tratamiento que algunos medios dieron a la muerte del pequeño Gabriel o a los asesinatos de Diana Quer o Marta del Castillo fue un ejercicio de libertad? ¿No hacer nada y dejar que quien está al mando de un ayuntamiento disponga el 95% del tiempo de palabra en los informativos de televisión local, como ocurre en muchos municipios, es defender la libertad? ¿Convertir la violencia de género en un espectáculo, en un auténtico circo audiovisual, inducir reacciones a favor o en contra a base de emociones, como está pasando estos días con el caso de Rocío Carrasco, es informar con objetividad, entretener con sabiduría o formar en los valores del respeto a la justicia sin el cual no es posible vivir en libertad?

No vale tampoco el argumento de que la autorregulación es suficiente. Primero, porque se ha comprobado hasta la saciedad que no funciona, ni siquiera en un ámbito tan necesitado de cuidado, respeto y protección, como es la infancia. No es casualidad que España sea el país de la Unión Europea que más incumple el horario de la franja de protección de menores. Y segundo, porque incluso si funcionara en la mayoría de los casos (lo que no ocurre) dejaría sin compensar el daño producido en aquellos en los que la ley se incumple, la convivencia se degrada o se dinamitan los valores que cohesionan y nos permiten vivir en paz.

Y, por último, es igualmente tramposo decir que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que ya se encarga en España de vigilar y controlar a la industria audiovisual. Ni por especialización, ni por funcionalidad, ni por medios, es posible creer que la CNMC pueda llevar a cabo la función que en otros países desarrollan los consejos o autoridades audiovisuales. Si su presidenta reconocía hace poco que la Comisión apenas dispone de 15 personas para supervisar a youtubers e influencers, es fácil imaginar hasta qué punto sería imposible que pueda hacerlo con toda la producción audiovisual española. Además, es una alternativa que se sabe que no funciona y que por ello está en contra del amplísimo consenso existente sobre la conveniencia de que la regulación de las infraestructuras esté separada de la que afecta a los contenidos. Y, en todo caso, nunca se trataría –como es deseable– de una autoridad verdaderamente independiente, tal y como exige la mencionada directiva de 2018, pues sus componentes son nombrados por el gobierno.

No es casualidad que España sea el país de la Unión Europea que más incumple el horario de la franja de protección de menores

La ausencia de una autoridad de supervisión de la industria audiovisual que vele por el pluralismo, el respeto a las leyes y a los valores constitucionales y el fomento de la convivencia es una anomalía en España, un grave déficit de nuestra democracia y un obstáculo para el pleno disfrute de la libertad que habría que superar cuanto antes.

Podría asumirse que el gobierno de Rodríguez Zapatero, que creó en 2010 el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, no lo constituyó por falta de tiempo, pero ahora sería verdaderamente inexplicable que el actual gobierno progresista no lo recupere, tal y como prometiera Pedro Sánchez en diversas ocasiones.

En este momento, España tiene pendiente la transposición de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 que, entre otras cosas, obliga –como hemos dicho– a que los Estados dispongan de una autoridad reguladora independiente, de modo que estará más justificado que nunca dejar de ser el único país de Europa sin esta autoridad audiovisual.

Ni siquiera así será una operación fácil. Basta echar un vistazo a cualquier navegador para comprobar cómo se pretende asociar a la autoridad independiente audiovisual con la censura, la policía cultural, el intervencionismo desmesurado y maligno o la destrucción de la libertad... a pesar de que es algo que existe en todos los países de la Unión Europea. Pero eso no puede justificar que España siga siendo una excepción a la hora de garantizar el respeto a las leyes, el pluralismo, la promoción de la igualdad y la protección de los menores y colectivos más vulnerables en la industria audiovisual.

------

Emelina Fernández Soriano es doctora en Comunicación Audiovisual y ex presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.