En las últimas semanas se vienen realizando entrevistas en el Congreso de los Diputados para elegir a los miembros del Consejo de Administración y al presidente o presidenta de la Corporación de Radio Televisión Española (RTVE). Una elección de gran importancia que quizá sea la última oportunidad para lograr que en nuestro país dispongamos del servicio público de radiotelevisión independiente y plural que la democracia necesita.

En los debates sobre teoría y política de la comunicación se discrepa sobre la conveniencia de que los medios públicos tengan una mayor o menor presencia en nuestras sociedades. Con independencia de cuál sea la preferencia de cada cual, lo cierto es que tienen una función muy diferente a la que pueden desarrollar los medios de propiedad privada, de modo que su ausencia o inadecuado funcionamiento supone un desequilibrio de importantes consecuencias en el sistema audiovisual de nuestro tiempo.

Los medios privados persiguen, con toda legitimidad, la satisfacción del interés particular, bien sea económico, político o ideológico, de sus propietarios. No se les puede pedir, por lo tanto, que sean plurales o de libre acceso para cualquier persona u organización social. Son, por definición, dependientes y es lógico que eso se traduzca en el tipo de servicio que ofertan e incluso en los contenidos de la información que proporcionan. Si se quiere que la sociedad disponga de medios que divulguen información objetiva, independiente y plural, que garanticen igualdad de acceso a la difusión y al consumo de sus contenidos y a los que se les pueda pedir cuentas por el tipo de actividad que realicen, estos medios han de ser de titularidad pública.

Como hemos dicho, se puede preferir que semejante condición se dé o no en el sistema de comunicación social. Pero lo que resulta evidente es que, sin medios de titularidad pública o con algunos que simplemente se dejen arrastrar y reproduzcan lo que hacen los privados, la pluralidad, la independencia y la satisfacción de las necesidades generales en materia de comunicación social no quedan garantizadas. Algo que, a nuestro juicio, supone un grave déficit democrático y una merma de la libertad efectiva, pues sin ellos no se puede asegurar que las preferencias de la ciudadanía –la opinión pública que es la pieza angular de nuestras democracias– se conformen y se expresen en igualdad de condiciones. Este déficit resulta especialmente patente e importante cuando tiene que ver con medios de tan extraordinaria influencia en nuestro tiempo como la radio y la televisión y cuyas consecuencias se perciben claramente en nuestro caso.

Televisión Española se diseñó, comenzó a funcionar, creció y se desarrolló en una dictadura, y no dispuso de un primer estatuto homologable al de las democracias hasta 1980, mucho después de que los países más avanzados de nuestro entorno hubiesen asumido y hecho realidad –con desigual fortuna pero de hecho, en todo caso– el concepto de auténtico servicio público en el audiovisual. 

Ese origen hizo que la dependencia del poder político, la falta de pluralidad e incluso el nepotismo hayan arraigado en RTVE como una especie de condición natural. En realidad, algo intrínseco a un medio de comunicación cuyo carácter público era solo nominal, pues seguía respondiendo al significado prostituido que el término tiene en toda dictadura. 

La injerencia del partido mayoritario, la manipulación y la censura, el servicio más o menos encubierto o descarado al gobierno de turno de la programación en general y, sobre todo, de los informativos, han sido prácticamente constantes en la historia de nuestra radiotelevisión pública. Una gubernamentalización y uso partidista de un medio público que, si bien se podría haber admitido en los primeros años democracia, es ya inaceptable cuando han transcurrido más de cuarenta años desde su primer estatuto.

Si se quiere que la sociedad disponga de medios que divulguen información objetiva, independiente y plural, estos han de ser de titularidad pública

En todo este tiempo ha habido avances, sin lugar a dudas, pero que no solo no se han consolidado sino que siempre se han paralizado para ser seguidos de retrocesos que han ido reduciendo la calidad, la audiencia, la independencia y la pluralidad de RTVE. Al Estatuto de 1980 que acabó con la TVE de la dictadura siguió una etapa negra de Calvo Sotelo; los aires democratizadores que vinieron con la llegada del PSOE al gobierno en 1982 se difuminaron enseguida; e incluso la reforma auténticamente democrática y avanzada de Rodríguez Zapatero de 2006 fue seguida pronto de otras que, primero, limitaron su independencia efectiva al privarle de la financiación comercial sin proporcionarle recursos alternativos (2009) y luego dieron prioridad al sector comercial del audiovisual (2010). Más tarde, la ley del gobierno socialista de 2017 anuló el partidismo extremo de la reforma de 2012 de Rajoy, quien había eliminado el requisito de mayoría reforzada de dos tercios para no tener que pactar la dirección de RTVE con la oposición. Sin embargo, ni aquel gobierno de Pedro Sánchez ni el actual de coalición han sido capaces de culminar el proceso y llevamos dos años y medio de impresentable interinidad. Algo que es achacable solo en parte, aunque sea grande, al bloqueo que suele realizar el Partido Popular cuando está en la oposición a la hora de renovar los nombramientos en órganos e instituciones de extracción parlamentaria.

La elección del nuevo Consejo de Administración y de la Presidencia de RTVE es una oportunidad más, quizá la última, para consolidar el cambio auténtico que se necesita y acabar con un fracaso en la consolidación de un auténtico servicio público de radio televisión en España al que le ocurre igual que al rayo de Miguel Hernández que “ni cesa, ni se agota”. O, por utilizar la expresión del profesor Enrique Bustamante, para salir del atolladero en el que se encuentra RTVE y escapar para siempre de la “maldición” que le afecta.

Convertir de una vez y para siempre a nuestra radio y televisión públicas en lo que deben de ser, un servicio audiovisual de interés público, independiente, plural y de calidad, no sólo es un prerrequisito de la democracia auténtica, como venimos repitiendo. Es un reto que se tiene al alcance de la mano si hay determinación y voluntad política, que es factible, y que, cuando se consigue, como ya ha ocurrido en algún momento, produce efectos que enriquecen a la sociedad en su conjunto. La mejor prueba de ello es lo que ocurrió en la etapa mencionada de Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. La independencia y pluralidad de RTVE en ese periodo fue lo que le permitió mejorar su credibilidad y calidad, aumentar constantemente las audiencias, e incluso lograr que uno de sus informativos fuese premiado como el mejor del mundo.

En estos momentos, RTVE se encuentra en una peligrosa encrucijada. Si no se convierte en el referente del sistema audiovisual como fuente de información veraz, precisa, relevante, plural, contrastada, imparcial y respetuosa con los derechos de la ciudadanía, lo que –insistimos– no puede garantizar, por definición, el audiovisual privado, y si no innova y se transforma en un servicio multimedia y multiplataforma con tecnología de vanguardia, RTVE corre el riesgo de desaparecer. 

No hace falta que digamos qué supondría esto último para nuestra democracia en una época de fake news y de extraordinaria desigualdad y concentración del poder económico y financiero. Las lectoras y lectores lo descubrirán fácilmente si miran a su alrededor y constatan por sí mismos quiénes defiende hoy día la desaparición de los medios públicos audiovisuales.

Acabar cuanto antes con la interinidad, finalizar con la injerencia gubernamental en RTVE, garantizar que sea realmente independiente y plural, actualizar el mandato marco y los consiguientes contratos-programa y dotarla de recursos suficientes y estables para ello es un reto inexcusable y prioritario para un gobierno que se precie de ser progresista y auténticamente democrático.

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Emelina Fernández Soriano es doctora en Comunicación Audiovisual y expresidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.