La aprobación de la denominada “Ley Rider” requiere celebración, en tanto que responde, no sólo a aportar certeza para un grupo de personas empleadas que no se habían reconocido como tal, sino que sienta un precedente y una cortapisa para uno de los marcos de mayor desregulación y precarización del mercado laboral. El caso de los riders es el más visible y voraz, pero ni mucho menos el único. Por ejemplo, en la disciplina psicológica, desde la que escribimos este artículo, la figura de falso autónomo se extiende desde hace décadas de manera generalizada en la atención clínica. En un vistazo rápido a cualquier recopilador de ofertas laborales relacionadas con esta actividad, observamos el alta en el RETA (Régimen especial de trabajadores autónomos) como condicionante de los puestos ofrecidos. Ello indica que este cambio legislativo representa un paso inicial de lo que será una larga y costosa travesía. 

Sin embargo, basta echar un vistazo al debate surgido en torno a la “Ley Rider” para apreciar que no ha orbitado sobre los derechos laborales, sino que se la discusión se ha reducido a identidades y narrativas. Posiblemente esto sea más problemático que la regulación administrativa, porque bebe del margen ideológico y se arraiga culturalmente. En la rueda de prensa pública en la que la vicepresidenta, Yolanda Díaz, presentó esta modificación del Estatuto de los trabajadores, la intervención no fue tanto una celebración de conquista, sino más una delimitación de concepto. Comenzó recordando que  “un joven que va en una bicicleta con una app, o con un dispositivo móvil, no es un emprendedor”. La modificación hace referencia a dos cuestiones de calado, sencillas de comprender: estas personas deben ser contratadas en el régimen general, e impone que sus representantes sindicales conozcan los criterios –algoritmos– que rigen su desempeño laboral, autonomía como personas empleadas y evolución en la empresa. Sin embargo, cabe centrar la atención de nuevo en las declaraciones. Puede que tengamos tan inserto en nuestro acervo el emprendedurismo, que merezca la pena detenerse a estudiar lo que implica este punto de partida. 

Las empresas tratan de articular una legitimación de su modelo desregulador, fácilmente asumible por la ideología meritocrática

El emprendedurismo como elemento identitario se ha convertido en un paradigma aspiracional que las personas abrazan ante la posibilidad potencial de éxito. Abrazar el rasgo de identidad: “yo soy emprendedor”, discursivamente, supone situarse en un margen de mayor valoración social inmediata, y una posibilidad de éxito futuro indiscutiblemente, más inflada de lo que en realidad es. El puesto de rider es desempeñado prioritariamente por gente joven, enfrentada a un mercado laboral con el 33% de desempleo, entre los 16 y 24 años, según el informe sobre Juventud y mercado de trabajo, publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en junio 2020. Entre quienes tienen empleo, un 67,5% lo hace con un contrato temporal, frente al ya poco sostenible 25% de la población general. El futuro para la gente joven resulta desesperanzador, y ello lo evidencia un 15,7% de jóvenes que, según este informe, no busca empleo porque cree que no tiene ninguna posibilidad de acceso al mercado laboral. Todo ello tiene como consecuencia que el grupo de edad entre 16 y 29 años es el que registra mayor tasa de pobreza y exclusión social (uno de cada tres según la EAPN-ES) y a ello hay que sumar la imposibilidad de acceso a la vivienda, y una expectativa de futuro truncada por una crisis que enlaza con otra. Ante esta situación, es fácil que cale cualquier discurso que ofrezca una salida de éxito ante una realidad desoladora y que se utilice, además, con fines manipuladores. Eso da pie al riesgo palpable de que sea preferible instalarse en una expectativa de futuro –aunque sin duda sea ilusoria–, que en un presente baldío ya conocido. 

Sin embargo, ¿qué posibilidad hay de que un rider, con una relación laboral no regulada, se convierta en una persona con un alto nivel de ingresos y de vida? La probabilidad oscila entre mínima y absolutamente inexistente, pero discursivamente se muestra como potencial plausible. 

Estas plataformas han utilizado con pericia la lógica narrativa del emprendedurismo como disciplina laboral. Una muy férrea, en tanto que hasta ahora ni siquiera implicaba contratación. Hay una doble trampa, y es que se esgrime como instrumento de legitimación de la libertad individual y, a la vez, funciona como una herramienta de precarización. 

Los repartidores de plataformas han sido invitados, de forma recurrente, a seminarios de emprendedurismo, coaching, liderazgo… Un desarrollo competencial aparentemente absurdo para una actividad como la que desarrollan, pero absolutamente necesario para diseñar una expectativa de vida prometida. El emprendimiento navega en eslóganes motivacionales vacíos, ofreciendo una receta psicológica torpe pero efectiva: el que lucha, gana. Ello se acompaña, en estas plataformas, de una jerarquía de objetivos laborales hipervitaminada, que alimenta la actividad de las personas que reparten con éxitos inmediatos y sensación vacía de desarrollo. Como en un videojuego, los repartidores de la empresa “suben y bajan de nivel” cada día, sin que nunca, en todo el proceso, varíen de categoría profesional en el organigrama formal de su empresa. ¿Qué función cumple este trabajo por objetivos y metas inmediatas, pero infinitas? Proporcionar una difusa verosimilitud a los eslóganes sobre el emprendimiento. Todas las piezas se articulan en un plano simbólico y aspiracional, ya que en ningún momento hay una progresión próxima a lo que se puede conocer como desarrollo de carrera interna en una relación laboral convencional. Además, este sistema de objetivos genera un ranking que empuja la relación de competitividad entre las diferentes personas que participan de la actividad. 

Este modo de trabajo en plataformas supone el reflejo inmaculado de la posmodernidad: se fragua en una identidad con aspiración de éxito que da lugar a relaciones competitivas. Los derechos laborales están muy lejos de la ecuación, y aquí entra la función más importante de este modelo: la disciplina precarizante. 

Utilizar la etiqueta de  emprendedores para personas cuya labor consiste en repartir para una empresa supone situar el foco sobre la identidad a la que aspiran, y apartarlo de las condiciones materiales inmediatas. Con la ley, estas condiciones materiales inmediatas van a mejorar sustancialmente, pero el espejismo aspiracional se esclarece, desvaneciéndose. Sobre este argumento simbólico, las empresas tratan de articular una legitimación de su modelo desregulador, fácilmente asumible por la ideología meritocrática. Su función, no obstante, no es otra que apartar el foco de que el grueso de personas que trabajan para estas plataformas lo hacen en condiciones de subsistencia, en el mejor de los casos; hostigadas por aplicaciones opacas en términos de ordenación del empleo, y sin ninguna autonomía para el desarrollo de su actividad. Esto genera una relación agresiva para las personas que trabajan: la promesa de éxito inicial de este tipo de actividad es una luna de miel que rápidamente se convierte en el desempeño de una labor insidiosa y exigente para mantener el mínimo de ingresos necesarios para sobrevivir. 

No centrar el debate en la situación material de las personas empleadas en el sector, sus condiciones materiales y las protecciones y derechos laborales de los que disponen, deja el camino libre a argumentaciones identitarias manufacturadas como justificación pública y privada para la precariedad más salvaje. No sólo la precariedad que amarra materialmente a un puesto de trabajo indeseable, sino también psicológicamente a una expectativa de futuro imposible de satisfacer. 

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Jose Antonio Llosa. Equipo de investigación Workforall, Universidad de Oviedo.