“No son suicidios, son asesinatos”. Con esta consigna se realizó una manifestación en Barcelona para denunciar el suicidio de Segundo Fuentes, un vecino del barrio de Sants de Barcelona que iba a ser desahuciado el pasado lunes 14 de junio.

Segundo, de 58 años, se lanzó al vacío por el patio de luces cuando la comitiva judicial llamó al timbre para cumplir una orden de desahucio. El juzgado de primera instancia número 3 de Barcelona desestimó un informe municipal de vulnerabilidad de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona para la suspensión del lanzamiento porque según decía no cumplía con las exigencias que requiere la ley (sic).

El vecino de Sants llevaba tres años en el desempleo y cobraba una prestación insuficiente para pagar el alquiler de 800 euros. Llevaba un año sin poder pagar el alquiler y fue denunciado por la propiedad. El Ayuntamiento emitió un informe e intentó mediar con la propiedad sin éxito.

Posteriormente, ha trascendido que se había presentado a ocho ofertas de empleo y no logró ningún empleo. Fue también un usuario de Cáritas, la entidad caritativa ligada a la Iglesia católica del reino de España.

No ha sido el único caso o un “caso aislado” como algunos pueden interesadamente decir. En los últimos años hemos tenido decenas de suicidios por desahucios y esto aún no se ha acabado.

Barcelona es la ciudad del Estado con más ejecuciones hipotecarias y Catalunya lidera el ranquin de desahucios de todo el reino de España. El año pasado fueron desahuciadas 5.737 familias, la mayoría de ellas por no poder pagar el alquiler.

Un reconocido psicólogo catalán decía hace pocos días en relación a este suceso que: “No se trata de establecer una relación automática entre desahucio y suicidio, pero es evidente que la exposición a situaciones de desamparo es un factor de alto riesgo, como lo prueba el hecho de que en muchos sujetos la perdida de la casa por el motivo que sea, suele ser uno de los primeros pasos de un proceso de desinserción social”.

A la configuración del sistema de vivienda que padecemos en nuestro país, junto a las consecuencias que tuvo para millones de personas la gran crisis del 2008, habrá que sumarle ahora la crisis derivada de la covid-19. Todo ello se ha traducido en los últimos años en un aumento en Catalunya de los desahucios y de la exclusión residencial por motivos económicos.

El impacto de un desahucio en la salud puede ser muy considerable. Los problemas para pagar la vivienda se relacionan con un deterioro de la salud mental que se expresa en síntomas como el estrés crónico, la ansiedad, la depresión que afectan la calidad de vida de los miembros del hogar. Hay estudios que muestran que los niños y niñas de familias en riesgo de exclusión residencial padecen una mayor proporción de enfermedades de salud mental. La situación que padece una parte importante de la sociedad en el paro y las dificultades que esto supone para afrontar el pago de las hipotecas es uno de los factores que generan problemas más considerables de salud. Esta doble situación provoca un efecto combinado y “alrededor de un tercio de los problemas de salud mental en la población atendida por estos desórdenes puede deberse al riesgo combinado del desempleo y las dificultades para pagar la hipoteca” afirmaba Martin Mackee el año 2013, en plena crisis.

En esas fechas críticas, en las que ya hubieron varios suicidios derivados de desahucios, el catedrático de Psiquiatría y coordinador científico de la Estrategia nacional de salud mental Manuel Gómez-Beneyto, en una entrevista recomendable, manifestaba que: “Hay gente que estando en sus cabales toma decisiones racionales para quitarse la vida en circunstancias insostenibles y de gran sufrimiento, y esto es aplicable a los desahucios”.

El incremento de ejecuciones hipotecarias va asociado a una disminución de la salud mental y a un aumento de las frecuencias de los suicidios como han puesto de manifiesto en los últimos años unas cuantas investigaciones.

La misma OMS, en un comunicado reciente este jueves 17 de junio dice textualmente: “Cada año pierden la vida más personas por suicidio que por VIH, paludismo o cáncer de mama, o incluso por guerras y homicidios. En 2019, se suicidaron más de 700 000 personas, es decir 1 de cada 100 muertes. No podemos–ni debemos– dejar relegado el suicidio”, ha señalado el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. “Cada uno es una tragedia. Prestar atención al suicidio es incluso más importante ahora, después de muchos meses inmersos en la pandemia de la COVID-19 y cuando muchos de los factores de riesgo del suicidio –pérdida de empleo, apuros económicos y aislamiento social– siguen estando muy presentes”.

En otras ocasiones en estas páginas he escrito algunos artículos sobre los suicidios aquí y aquí pues es un problema de salud pública y especialmente lacerante entre la población joven y que considero desde hace años que debería merecer una especial atención pues es la principal causa de muerte externa en el reino de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2020.

En uno de estos artículos decía:

“Según datos de la Unión Europea, el aumento del paro no hace crecer las cifras de suicidio cuando se gastan en programas sociales más de 190 euros por persona y año. La misma hipótesis en sentido inverso se ha encontrado al descubrirse una asociación entre el incremento del suicidio y la reducción del gasto en políticas sociales. Estamos ante un problema de salud pública de primer orden y que requiere de una intervención pública masiva para mitigar y revertir la gravedad de la situación. Una seguridad económica para la población sería un gran factor preventivo y contribuiría a un aumento de la libertad para elegir proyectos de vida que no tengan que girar entorno de una identidad relacionada con el empleo. La presión tan dura a la que se ven sometidas muchas personas para “integrarse” en una sociedad que considera el empleo como el eje de nuestras vidas, sobre el que orbitan determinados derechos, y al que no pueden acceder, es otra buena razón para plantearse una prestación que garantizaría de entrada la existencia material como la Renta Básica incondicional y sin la esclavitud a tiempo parcial que supone para muchos el escaso empleo (y precario) existente”.

Unas palabras que siguen siendo de plena actualidad. Añadiría, por supuesto, las demandas que realizan la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Inquilinos e inquilinas por la defensa del derecho a la vivienda y un alquiler asequible, estable, seguro y digno.

No tomar medidas al respecto ante estos graves problemas sociales, de vivienda y de salud pública o seguir haciendo las mismas políticas fracasadas de protección social de siempre es de una grave irresponsabilidad política, pues “no son suicidios, son asesinatos”.

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Este artículo se publicó originalmente en Sinpermiso.info.